Hacienda investiga a más de 200 firmas por el millonario fraude fiscal

[anduriña]

La juez imputa a medio centenar de empresarios en un fraude fiscal de más de 10 millones de euros

U.FOCES / M.FONTÁN El Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo investiga el considerado como el mayor o uno de los mayores fraudes fiscales de facturas falsas destapados en Galicia por la Agencia Tributaria, que superaría ya los diez millones de euros, si bien según una de las actas que constan en la causa podría elevarse a 50 millones. La investigación judicial comenzó en 2009 y por el momento están implicadas más de medio centenar de empresas privadas, fundamentalmente del sector de la construcción que se dedican tanto a obra pública como privada, con sede social en Vigo, en otras ciudades de la provincia de Pontevedra y también en la de A Coruña. Responsables de estas firmas han sido imputados por la magistrada, al igual que algunos empleados bancarios y trabajadores autónomos. Los investigadores sitúan a una conocida empresa viguesa en el núcleo de esta compleja trama, que supuestamente emitiría las facturas falsas al resto de implicados para que estos pudiesen evadir impuestos a Hacienda. A su vez, esta firma habría utilizado a ciudadanos rumanos que trabajaban como autónomos para ellos para cerrar el círculo del supuesto fraude, sin que estas personas aparentemente lo supieran.
La causa que instruye el tribunal vigués se sigue por tres tipos de delitos: presunto fraude fiscal de defraudación de IVA, de defraudación del Impuesto de Sociedades y/o un tercer delito de falsedad documental. Las diligencias judiciales se abrieron en el año 2009 tras la presentación en el juzgado de una denuncia por parte de la Fiscalía, aunque la Agencia Tributaria, que fue quien destapó el caso, ya lo investigaba desde tiempo atrás por vía administrativa. Los expedientes en los que se habría incurrido en irregularidades, según pudo saber este periódico, corresponden a los ejercicios fiscales de 2005, 2006 y 2007, si bien la causa podría ampliarse a 2008 ya que Hacienda sospecha que el fraude continuó al menos en ese año.
La Agencia Tributaria sostiene que la firma Cinco Jotas, de los cuatro hermanos vigueses Costas, y su grupo de empresas en las que la acusación centraliza la trama –que se dedican a proyectos inmobiliarios y están vinculados a empresas de subcontratas de obras públicas y privadas– habría emitido facturas falsas a numerosas empresas que tenían una elevada facturación pero pocos gastos, de forma que estos últimos se incrementasen ficticiamente y sus beneficios se redujesen. Todo con apariencia de veracidad, ya que se realizarían transferencias reales de dinero. De esta forma, las firmas implicadas habrían deducido por gasto que en realidad no existe, distrayendo gran cantidad de dinero en perjuicio de la Hacienda Pública en los impuestos del IVA y Sociedades.
El grupo empresarial vigués, por su parte, que con estos movimientos evidenciaba una elevada facturación, incrementaba a su vez ficticiamente sus gastos con facturas que presuntamente le emitían para su cobro numerosos trabajadores autónomos rumanos. Sin embargo, estos ciudadanos extranjeros al parecer eran ajenos al entramado. Al menos esto es lo que sospecha Hacienda y la acusación, ya que aunque la mayoría de ellos fueron citados a declarar como imputados, negaron ante la juez haber emitido tales recibos y aseguraron desconocer de qué les hablaban. De hecho a casi todos se les retiró la acusación. La principal hipótesis es que el propio grupo empresarial presunto cabecilla eran los autores de los facturas.
El supuesto fraude presentaría varias ramificaciones, desde la deducción o compensación del IVA en función de datos no reales, a la contabilización de gastos que no son tales porque ni siquiera existieron. Es una investigación laboriosa ya que hubo que examinar todas las facturas emitidas y recibidas por el grupo empresarial vigués y el resto de firmas. El delito fiscal se produce cuando hay un fraude superior a 120.000 euros por impuesto y ejercicio –cuantías inferiores son infracción administrativa–. Está penado de uno a cuatro años de cárcel y multas de hasta el séxtuplo de lo defraudado. A algunos implicados se le imputan todos los delitos y a otros, solo alguno.

La juez imputa a medio centenar de empresarios en un fraude fiscal de más de diez millones de eurosl [Faro de Vigo 20/01/2012]

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Hacienda investiga a 200 firmas por fraude fiscal

U. FOCES La trama del millonario fraude fiscal mediante facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo y en la que están implicadas medio centenar de empresas privadas, la mayoría del sector de la construcción, asciende ya a cien imputados según los datos facilitados por el propio juzgado instructor al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Otras 60 personas más prestaron declaración también como imputadas, si bien tras el interrogatorio se retiró la acusación contra ellas.
La Agencia Tributaria audita a a más de 200 empresas por su presunta relación con la trama y sigue presentando nuevas denuncias que se unen a la causa, por lo que el numero de imputados podría incrementarse sensiblemente. Lo mismo ocurre con la cantidad presuntamente defraudada, que ya rondaría los 10 millones de euros aunque un acta de Hacienda que obra en la causa la eleva a 50 millones de euros, lo que convertiría el caso en uno de los mayores fraudes fiscales destapados en Galicia.
La acusación centraliza la trama emisora de facturas ficticias en la firma viguesa de casas prefabricadas Las Cinco Jotas, de los hermanos Costas, y en su grupo de empresas dedicado a proyectos inmobiliarios y a subcontratas. Estas firmas habrían emitido facturas falsas a numerosas empresas –muchas de ellas adjudicatarias de obra pública en Galicia– que incrementaban así sus gastos de forma ficticia y reducían también ficticiamente sus beneficios, lo que conllevaba un menor pago de impuestos de IVA y de Sociedades.
Uno de los presuntos cabecillas de la trama, accionista de Las Cinco Jotas, habría justificado ante la juez la emisión de algunas facturas irregulares en aras de obtener futuras contrataciones y trabajos por parte de las empresas beneficiadas, según pudo saber este periódico.
Entre los 60 implicados iniciales a los que se retiró la imputación tras su declaración judicial, se encuentran numerosos ciudadanos rumanos, dados de alta como autónomos, y que a su vez emitirían facturas al grupo de Las Cinco Jotas para compensar en el apartado de gastos su elevada facturación. Sin embargo estos trabajadores extranjeros serían ajenos al entramado y por eso se les retiró la acusación.
Las empresas implicadas tienen sus sedes en distintos puntos de Galicia, aunque la mayoría se ubican en Vigo, la provincia de Pontevedra y la de A Coruña. Entre ellas figuran algunas de las más importantes del sector, según fuentes conocedoras del caso que cifrarían lo defraudo por algunas de estas firmas en cientos de miles de euros, superando en algunos casos con creces el millón.
Algunas de las firmas investigadas no han sido imputadas al no superar el fraude los 120.000 euros que se requiere para considerarse delito fiscal y han llegado a acuerdos administrativos con Hacienda para pagar y regular su situación. Otras, con pequeñas defraudaciones, siguen sin embargo imputadas penalmente por presunto delito de falsedad en documento. Muchos de los implicados todavía no han declarado en el juzgado.
Debido a lo complejo del caso la instrucción podría alargarse durante todo el año 2012, dado que todavía se está en la fase de toma de declaraciones y se investiga sobre las condiciones en que se producían las facturas supuestamente falsas.
El elevado número de imputado y de testigos, más de 300 personas, ha llevado al Juzgado de Instrucción 6 a fijar un día a la semana para los interrogatorios. De momento hay fechas fijadas hasta el próximo mes de julio y si el número de imputados sigue creciendo –como parece al ampliarse el número de las denuncias presentadas por la Agencia Tributaria–, el cierre de este procedimiento formado ya por miles de folios y casi 30 tomos, tendrá que demorarse.

Hacienda investiga 200 firmas por fraude fiscal [Faro de Vigo 21/01/2012]