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Hacienda critica la medida con el argumento de que “bajaría el precio de los alquileres” en la ciudad, y abarataría el coste de adquirir una vivienda. Eso “perjudicaría a las familias y ciudadanos que tienen pisos en propiedad”, añade. Y, paradójicamente, aventura además que “una fuerte caída de precios propiciaría la llegada de fondos buitre”.

Las viviendas de protección se abren a todos los públicos

Cantabria permitirá a empresas y particulares con recursos superiores a los requisitos legales comprar este tipo de viviendas, siempre y cuando se las cedan o alquilen a personas con ingresos que no superen 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples

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Cantabria permitirá a empresas y particulares con recursos superiores al límite legal comprar viviendas de protección oficial (VPO) si se las ceden o alquilan a personas con ingresos que no superen 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Es una de las novedades del proyecto de ley de Vivienda Protegida de la comunidad autónoma, la primera que tendrá la región, que acaba de iniciar su tramitación en el Parlamento regional.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez, ha explicado este martes la ley en una comparecencia, a petición del PSOE, en la Comisión del área, en la que se ha escuchado también a representantes de UGT, CCOO y CEOE-Cepyme Cantabria .

Según informa la agencia Efe, entre los aspectos novedosos del texto, destaca la supresión del límite de ingresos para comprar vivienda protegida, que se abre a cualquier persona física o jurídica, y quien deberá reunir el requisito económico será quien resida en ella.

Según Rodríguez, con esta medida se pretende abrir el mercado de vivienda protegida a la inversión inmobiliaria para crear una oferta de VPO de alquiler "equiparable" a otros países europeos.

Además, ha dicho que se facilitará, por ejemplo, que unos padres puedan comprar una vivienda para alquilársela a un hijo.

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La ley atiende también otras "realidades sociales", como las de aquellos propietarios de una vivienda protegida que no pueden pagarla, o la de quienes no encuentran comprador para ella.

La norma agrupará en un único régimen de vivienda protegida los distintos tipos existentes hasta ahora (régimen especial, general, autonómico y de precio concertado).

Fija también un mismo baremo económico (4,5 veces el IPREM) para poder residir en estas viviendas (para comprarlas no hay límite), un tope que hasta ahora oscilaba, según el régimen de protección, entre 2,5 y 6,5 veces el IPREM.

Igualmente, establece una superficie máxima de 90 metros cuadrados para las viviendas de protección y regula los precios máximos, tomando como referencia un módulo máximo autonómico, que será de 758 euros por metro cuadrado.

El coste de una vivienda protegida no podrá superar 1,6 veces ese módulo autonómico -el precio se calculará multiplicando los metros cuadrados, por 758 euros y por un coeficiente multiplicador máximo de 1,6-.

Ese precio se podrá aumentar otro 15 por ciento en los municipios del área POL, así como en Reinosa y Cabezón de la Sal.

Las nuevas viviendas protegidas que se construyan en Cantabria con ayudas públicas directas mantendrán la calificación durante 30 años.

Si no reciben ayudas directas, pero se construyen en suelos transmitidos por administración públicas, la protección será de veinte años, y el plazo se reduce a la mitad si el suelo no es público.

La ley regula también las situaciones en las que se podrán descalificar viviendas protegidas y fija un nuevo régimen sancionador para evitar el "fraude" en su uso.

Las multas para los infractores oscilarán entre 100 y 90.000 euros, según la gravedad. Entre las faltas graves se incluyen subarrendar la vivienda o cobrar un sobreprecio, y se considerará falta muy grave, por ejemplo, vender sin autorización.

Para facilitar el acceso a las viviendas con rentas más bajas, la ley propone prorrogar el IVA reducido a compradores con ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM.

El diputado regionalista José María Mazón ha preguntado al consejero si ha tratado esta cuestión del IVA con el Ministerio de Hacienda, para que no surja un conflicto de constitucionalidad. Y Rodríguez ha confiado en que Hacienda lo "admita".

El consejero ha subrayado que esta norma es "importante" y "necesaria" para Cantabria y, por ello, ha llamado al "consenso" y a aportar todos "lo máximo posible" para conseguir la mejor ley.

Los grupos parlamentarios se han mostrado abiertos al diálogo y a mejorar con enmiendas parciales una ley a la que hacen algunas críticas.

Mazón ha considerado que es "innecesaria en gran parte", y a la vez, tiene "muchas carencias". Reconoce que en algunas cuestiones puede aportar mayor seguridad jurídica, pero cree que con ello "complica muchísimo" la gestión.

El socialista Francisco Fernández Mañanes cree que se ha empezado "la casa por el tejado" y que debería haberse aprobado antes una ley general de vivienda.

Además, propone ponderar entre los requisitos de acceso a la vivienda protegida el número de miembros de la unidad familiar, no sólo el baremo económico, y ha abogado por excepciones al límite de 90 metros cuadrados, por ejemplo, para familias numerosas.

En esta demanda de mayor superficie ha coincidido el vicepresidente de CEOE y presidente de la Asociación de Constructores, Justo Cobo, que, además, ha considerado "bastante escaso" el módulo autonómico para calcular el precio máximo y lo ha comparado con los 1.246 euros por metro cuadrado del módulo ponderado en Navarra, región "parecida" a Cantabria .

Desde UGT, Asunción Villalba ha lamentado que el texto no recoge "ni una sola" de las recomendaciones del informe sobre vivienda social de la UE y ha reivindicado un paquete de medidas para familias con dificultades y desahuciadas.

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Y tanto ella como el representante de CCOO, Óscar Arroyo, se han quejado de que se les ha entregado el proyecto de ley ya redactado y no han tenido opción de hacer aportaciones en la Mesa Sectorial de Vivienda, unas propuestas que la oposición se ha comprometido a estudiar en la tramitación parlamentaria.

También el popular Julio Cabrero ha mostrado esa disposición a escuchar las propuestas y buscar el mayor consenso en torno a una ley que, según dice, pretende articular un marco legal "moderno" que responda a la situación actual y las necesidades de propietarios y demandantes de VPO.

Una de las incógnitas sobre el contenido de la próxima reforma fiscal es si incluirá nuevos incentivos a los planes y fondos de pensiones. Pero lo dicho hoy por dos representantes del Ministerio de Empleo y de Economía confirma que la reforma sí mejorará la fiscalidad de este ahorro.

En concreto, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, confirmó que la reforma fiscal incluirá "algún avance" en los incentivos fiscales que ya existen para la inversión en planes y fondos de pensiones. Y añadió -tras intervenir en unas jornadas sobre pensiones organizadas por la APD- que dichas mejoras no harán distingos entre los distintos modelos de ahorro para la jubilación, con lo que podría mejorar la fiscalidad tanto de los planes individuales como de los colectivos (planes de empleo de las empresas).

En estas mismas jornadas tituladas "Responsabilidad de hoy, pensiones del mañana. La reforma de las pensiones. Novedades e impacto en la previsión social", el subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, José Antonio de Paz, también anunció que "en las próximas semanas nos transmitirán algo" acerca de las novedades que incluirá la reforma fiscal. Y precisó que se esperan novedades respecto al tratamiento fiscal de las "aportaciones, las prestaciones y la trnasformación de patrimonio en renta vitalicia a largo plazo".

Por su parte, Burgos también avanzó que la Seguridad Social "ha cumplido en 2013 su objetivo de déficit", que preveía unos números rojos de alrededor de 14.000 millones de euros (el 1,4% del PIB). Es más, una vez se conozcan las cifras definitivas de la liquidación, la Seguridad Social podría dar la sorpresa y obtener incluso un déficiti una o dos décimas menor al previsto.

Asimismo, el responsable del sistema público de pensiones aseguró que, si se consolida la recuperación, la previsión de déficit de la Seguridad Social para 2014 (1,1%) también podría mejorar a lo largo de este ejercicio.

"El Gobierno utilizará cuantos medios sea posible" para incentivar tanto los planes de pensiones de empleo (los que ofrecen las empresas a sus trabajadores) como los personales, volvió a decir.

Miguel Ferre declara que "no tendría sentido quitarla de golpe y sin alternativas"
La deducción por vivienda beneficia a 5,2 millones de contribuyentes
La futura reforma fiscal del Gobierno puede abrir la caja de pandora para muchos españoles: la eliminación de la deducción por compra de vivienda habitual en el IRPF. Una eliminación de la que el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha declarado hoy en el Foro Cinco Días que "no tendría sentido quitarla de golpe y sin alternativas" y ha añadido que "la deducción por compra de vivienda es una situación de derechos adquiridos y no tendría sentido eliminarla de golpe y porrazo o de forma brusca y sin alternativa".
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/09/economia/1386588052_542453.html

«La constructora nos propuso entregar dinero 'B' y aceptamos, era una práctica habitual»

Uno compró once pisos, su hermana otro animado por él, a su vez, el marido de ésta adquirió otro más y su padre, también se sumó. En total: 14 pisos, sobre plano, en una urbanización que iba a construirse en Mogro. Para formalizar la reserva abonaron por transferencia 3.000 euros más IVA por cada piso y, en metálico, 15.000 euros en dinero 'B' por cada uno. Dinero 'B' porque no se tributó por él ni consta en contrato alguno, porque los denunciantes dicen que salió de sus cuentas bancarias. Llegó el momento de escriturar, todos se echaron atrás porque con la crisis del ladrillo no veían la posibilidad de revender sus inversiones, y la constructora no les devolvió ese dinero. Ahora, los tres socios de la empresa (Vicente D. L., Miguel Ángel F. B. y Santiago V. P.) se enfrentan a tres años y medio de cárcel por un delito de apropiación indebida.

Ayer, los denunciantes indicaron que en aquel momento (año 2005) «era una práctica habitual de las constructoras pedir dinero 'B'», y que «no éramos conscientes» de que estaban defraudando a Hacienda. Esos 15.000 euros de adelanto implicaban que no iban a abonar más cantidades hasta la hora de escriturar. Cuando el cuñado acudió a un bajo de Bezana a dar todo el dinero en mano, 210.000 euros, se llevó a un amigo suyo para que fuera testigo de la entrega, pues sabía que no le iban a dar justificante.

Este hombre indicó en el juicio que fue «la chica que atendía en la caseta de obra», hija de uno de los socios de la constructora, la que le ofreció «que le entregara dinero B, y como yo tenía unos ahorros dije que sí». Pero esta joven, que acudió como testigo, negó este extremo, aunque existen unos folios manuscritos por ella misma en los que se aprecian los cálculos que les realizaba a los clientes y pone «15.000 B». Ella corroboró que era su letra, aunque indicó que eran las «sugerencias que me hacían a mí los clientes».