Criminales desmantelando la sanidad (han empezado por Cataluña)

[will]

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/nuevo-hospital-de-vigo-el-cuento-de-nunca-acabar/20130517131041092249.html

Nuevo hospital de Vigo, el cuento de nunca acabar



La atención hospitalaria del área sanitaria de Vigo presenta desde hace años importantes deficiencias como consecuencia del envejecimiento del Hospital Xeral (uno de las más antiguos de España, sometido a múltiples trasformaciones y parcheados) del limitado desarrollo del Hospital Meixoeiro, consecuencia de la presión e influencia sobre las administraciones sanitarias del Hospital privado POVISA, para hacerse con una parte de los servicios y participar en el reparto de la tarta sanitaria del área, que culminó con un Concierto Singular que le otorga la atención especializada de una población de más de 124.000 habitantes.

El Consello de la Xunta aprobó la creación de un Nuevo Complejo Hospitalario, para acabar con la carencia de camas del área e integrar la atención a la población atendida por POVISA, evitando la discriminación que supone la adscripción a un centro con una dotación de recursos inferior y una lista de espera tres veces superior a la del resto de centros públicos. El proyecto contemplaba que el centro fuera referencia en oncología, maxilofacial, quemados y cirugía especializada, con una apuesta clara por la docencia y la investigación. Con esta finalidad el Consello de la Xunta de Galicia, gobernada por la coalición PSdeG-PSOE y BNG, aprobó el 26 de febrero del año 2009 un Plan Económico-Financiero por el que se consignaba por parte de la empresa pública SPI (Sociedad Pública de Inversiones) un presupuesto de 300 millones de euros para acometer la financiación de esta infraestructura fundamental para Vigo, en un período de 5 años (del 2009 al 2013) a pagar en  quince años y con una coste final de 457, 6 millones de euros. 

Con la vuelta al gobierno de la Xunta del Partido Popular, se produce un giro radical en el proyecto, abandonando el modelo de financiación y gestión pública y recurriendo a la figura de Concesión Administrativa de Obra Pública tipo PFI (Iniciativa de Financiación Privada). Se aprovechaba la gestión urbanística ya realizada (Proyecto Sectorial) así como el proyecto arquitectónico básico, aunque se  introducían importantes cambios en el Plan Funcional y en la Ordenación Integral del Área. Se reducían las camas previstas (406 camas menos de hospitalización médico-quirúrgica, 70 de oncología) y los quirófanos, y desaparecen los módulos de docencia e investigación, el hospital de pacientes y los servicios de quemados, cirugía de la mano y máxilo-facial, todo ello con la finalidad a abaratar costes y mantener al hospital POVISA como hospital de área y de referencia especializada. Las obras deberían haber   comenzado en el año  2009 y tener un 40% ejecutado en el 2010.


El proceso de financiación privada ha estado repleto de trampas e irregularidades:

El proyecto se presentó por el Trámite de Urgencia para no tener que  presentar un estudio comparativo de las diferentes posibilidades de financiación y construcción de la infraestructura pública, exigencia ineludible en caso Trámite Ordinario. Esta urgencia contrasta con el retraso del inicio de la obra.

El 27 de Septiembre de 2010, la Dirección de Recursos Económicos del SERGAS adjudicó a Price Waterhouse Coopers (PWC) un contrato para asesorar la evaluación de las ofertas de licitación del proyecto del nuevo hospitaly para la selección de las empresas que deberían financiarlo y construirlo,  por un montante de 220.660 euros.

El contrato fue adjudicado por la consultora a un Consorcio integrado por Acciona, Altair Ingeniería, Concessia Cartera, Puentes y Calzadas y OCA SA (Obras, Caminos y Asfaltos) y por un grupo de entidades financieras entre las que destaca BANKIA y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidades que en aquel momento habían recibido las peores calificaciones de solvencia por parte del Banco de España. Llama la atención que en una de las empresas constructoras seleccionadas (OCA) ocupara un puesto de máxima responsabilidad el exconselleiro Agustín Hernández, que posteriormente vuelve al Gobierno de la Xunta (PP) y que al comienzo de la obra se subcontratara la empresa Hierros Santa Cruz cuyo administrador único era Telmo Martín, concejal popular en el ayuntamiento de Pontevedra y principal defensor de la privatización de su hospital público y posteriormente elegido diputado al congreso por el PP.

Para favorecer el pelotazo económico a estas empresas concesionarias, con un derroche de recursos especialmente grave en tiempos de crisis y de restricciones en la sanidad pública, la PWC establece unas condiciones que obligan a la Consellería a pagar a la Concesionaria 1.566,4 millones de euros (canon de 71 millones de euros anuales) a los que habría que añadir 256,1 millones de euros de la  explotación del aparcamiento, tiendas y locales comerciales. Esto supone un total de 1.108, 8 millones por encima de la financiación pública (SPI) inicialmente prevista. A las empresas concesionarias se les garantizaba un beneficio empresarial del 8%, sin asumir ningún riesgo.

Recortes en el proyecto PFI

El proyecto inicial contemplaba una dotación de 1.465 camas, 35 quirófanos, 160 consultas externas y 62 salas de diagnóstico por imagen. Sin embargo la WEB de la empresa encargada de la vigilancia y asistencia técnica de las obras, Gerens Hill International, mostraba que el proyecto privado del hospital iba a contar con 900 camas.

En estudios posteriores de la propia administración se reconocía que la superficie se reducía en 70.000 metros cuadrados así como en la mayoría de los servicios previstos.

También se introducían cambios en las vías de acceso, en el aparcamiento, que pasa de 4.350 a 3.600 plazas y en el contorno ambiental. También se deciden recortes en las terminaciones de las consultas, quirófanos, UCI, salas de exploración, salas de resonancia magnética, habitaciones de pacientes, guardería infantil, boxes de urxencias y demás dependencias. Existen cambios en las fachadas, ventanas y cierres;  modificaciones en los pavimentos, pinturas, revestimientos interiores, falsos techos, mobiliario fijo y grandes instalaciones energéticas, todo ello con la finalidad de abaratar costes a las constructoras, reduciendo los recursos, el equipamiento  y la calidad de la construcción. Pese a esto no se modificaba la cuantía del canon a pagar por la administración pública a las adjudicatarias privadas.

Por otro lado el Ayuntamiento de Vigo se niega a asumir las acometidas de la infraestructura, suministro eléctrico, saneamiento y abastecimiento, en base a la defensa del carácter público del Nuevo Hospital y en desacuerdo con la privatización del proyecto por el Gobierno de la Xunta de Galicia.

El centro se inaugura repetidas veces, pero en realidad se encuentra parado

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, acudió a Vigo a inaugurar las obras del nuevo hospital el 21 de marzo del 2011 -dos meses y un día antes de las elecciones municipales- cuando las obras todavía no habían comenzado formalmente, y volvió a inaugurarlas el 20 de septiembre de ese año -dos meses antes de las elecciones generales. Pese a todo la obra comenzó oficialmente el 25 de junio del 2011, seis meses después de lo previsto. En esa misma fecha se acordó la suspensión del inicio del cómputo del plazo de ejecución de las obras durante tres meses, como reconoce en su memoria anual de cuentas la empresa adjudicataria, auditada por la consultora Ernst Young.

Como consecuencia del abandono de Bankia y CAM del compromiso de financiación de la obra, la Concesionaria tiene problemas para conseguir créditos con los que financiar los trabajos. El precio de la construcción está calculado en 375 millones de euros, de los cuales el 75% (281) deberían venir de créditos bancarios a largo plazo, según figura en el contrato de Licitación. Las empresas constructoras ya han desembolsado los 63 millones que les correspondían (20% del coste) lo que permitió iniciar la obra. Sin embargo, la falta de liquidez de la Concesionaria ha obligado a los socios de las empresas  a prestar dinero a su propia sociedad. El 20 de diciembre del 2011 los accionistas acuerdan un préstamo de 7,88 millones de euros y menos de un mes después (el 12 de enero) otros 7,88 millones, según han trasladado al registro mercantil.

Se buscan socios con dinero, que no aparecen

Para afrontar esta situación de insolvencia económica la Conselleria de Sanidad ha realizado diferentes reuniones con entidades bancarias, aunque ninguna ha accedido a participar en el proyecto. Como consecuencia la Xunta de Galicia ha solicitado un crédito al Banco Europeo de Inversiones (BCI) por 180 millones de euros para financiar la obra, incumpliendo de nuevo el contrato (Licitación) que especificaba que la financiación del centro era a riesgo y ventura de la Concesionaria. Hay que recordar que la justificación de recurrir a la financiación privada (PFI) era que la Xunta no podía endeudarse y sin embargo ahora lo hace para cubrir el 58% de la misma. De todas formas, el BCI no da el dinero si la parte privada no afronta el 42% de los 375 millones que cuesta la obra del hospital, pero ni la Concesionaria es incapaz de afrontar ese gasto ni se consiguen nuevos bancos dispuestos a invertir.

Ahora, y por si fuera poco, la empresa Obras Caminos y Asfaltos (OCA) ha presentado suspensión de pagos, lo que agrava aún más el problema financiero de la Concesionaria. La constructora OCA tiene un 10 % del capital (3,1 millones de euros) de la sociedad concesionaria, controlada por Acciona con el 39 % del capital, y de los pagos que no efectúe la constructora tendrán que encargarse el resto de empresas.

Desde hace 10 meses las obras están paradas y parece que la cosa va para largo.

Vigo necesita un Nuevo Hospital de manera urgente

Los problemas asistenciales de Vigo se acumulan con unos servicios de urgencia en colapso permanente y una de las mayores listas de espera de Galicia: el  68,3% de las demoras quirúrgicas superan el año  y un 22,8% de los casos llevan más de dos años pendientes, con un incremento en los últimos cuatro años de un 64%.  Todo  esto plantea la necesidad de disponer del Nuevo  Hospital lo más pronto posible. 

Lo lógico sería que, en base a los incumplimiento de los pliegos de condiciones de la Licitación del NHV por parte de la Concesionaria, tanto en cuanto al proyecto de recursos y equipamiento (que se ha reducido en más de un 30% sobre lo previsto) los plazos de ejecución y sobre todo del compromiso de financiación, la Xunta de Galicia denuncie el contrato  y retome al proyecto inicial de financiación pública a través de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia (SPI) con el apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones. Esto permitiría reiniciar inmediatamente la obra y reducir en más de una  cuarta parte el coste de la construcción, además de recuperar el proyecto inicial, dotar a Vigo de una Hospital avanzado y de referencia y garantizar el carácter público del centro, que sería gestionado de forma integral por la administración pública.

Solo el empecinamiento ideológico y los compromisos inconfesables de Núñez Feijoo, que le convierten en rehén de la Concesionaria, explican la parálisis de esta situación, que incide de forma intolerable en la salud y la calidad de vida de la población de Vigo y de su Área sanitaria.   

[Makhno]

Sanidad confirma el robo de dos colonoscopios en Valencia y Castellón para su posible venta en el mercado negro

http://www.20minutos.es/noticia/1815830/0/

Roban en el Clínico un colonoscopio

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/roban-en-clinico-un-colonoscopio_854806.html

[NosTrasladamus]

Sanidad confirma el robo de dos colonoscopios en Valencia y Castellón para su posible venta en el mercado negro

http://www.20minutos.es/noticia/1815830/0/

Roban en el Clínico un colonoscopio

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/roban-en-clinico-un-colonoscopio_854806.html

Joder, otra historia que ya salió en la pelí "El Crack II" de Alfredo Landa.... la de los peristas que revenden material médico robado...  estos HDLGP nos llevan de cabeza de vuelta a finales de los 70/principios de los 80...

[NosTrasladamus]

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/20/catalunya/1369070904_795930.html

El presidente del Clínic y del Sant Pau es consejero en dos grupos sanitarios privados
Xavier Pomés acaparó nombramientos tras la llegada de Artur Mas a la Generalitat
El alto cargo percibe unos 200.000 euros de ambas compañías
Usó una sociedad instrumental para entrar en un 'holding' sanitario

    Los “intereses” que Pomés se niega a admitir
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/20/catalunya/1369071634_168892.html

Xavier Pomés, elegido por el consejero de Salud, Boi Ruiz, para presidir dos de los mayores hospitales públicos de Cataluña —el Clínic y el Sant Pau— mantiene simultáneamente una intensa actividad en el sector privado como consejero de dos grupos empresariales con importantes intereses sanitarios en Cataluña. Uno es E-Center Network, holding propietario de Ambulancias Reus, concesionaria del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) en las comarcas de Tarragona. El otro, el Grupo MGO, especializado en consultoría, prevención de riesgos laborales y explotación de equipamientos sanitarios. MGO cuenta en Cataluña con una docena de centros médicos, según su memoria del año 2011.

La doble faceta —pública y privada— de Pomés tiene un elemento en común: ambas despegan con la llegada de Artur Mas (CiU) a la presidencia de la Generalitat, en diciembre de 2010, en una coincidencia que hace difícil no relacionar una con la otra. Tras ser consejero de Gobernación, Interior y Salud entre 1995 y 2003 en los Gobiernos de Jordi Pujol, el hoy presidente del Clínic pasó los años en los que la Generalitat estuvo gobernada por los tripartitos de izquierdas en los hospitales de la orden religiosa San Juan de Dios, con la que sigue vinculado. Tras la llegada al poder de Mas, la actividad profesional de Pomés entra en una fase de gran actividad. En marzo de 2011, es nombrado miembro del consejo de administración del Grupo MGO. Ese mismo mes, compra una empresa, Mandel Investments, a través de la cual entrará poco después —junio de 2011— en el consejo de administración de E-Center.

Privatización del Clínic

Todo ello ocurre mientras Boi Ruiz le nombra en abril de 2011 presidente del hospital Clínic, donde debe pilotar el proceso que conducirá hacia la privatización de la gestión del centro. Un año más tarde, en mayo de 2012, el consejero de Sanidad vuelve a pensar en Pomés para presidir el hospital de Sant Pau. En ese centro, el alto cargo busca encauzar la crisis que arrastra el centro con una gestión marcada por la tensión con los trabajadores.

Las buenas relaciones con el Gobierno de CiU y su conocimiento de la sanidad catalana parecen ser un activo muy valorado por las dos empresas que fichan como consejero a Pomés, quien percibe al menos unos 200.000 euros por sentarse en ambos consejos de administración, según se deduce de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. La presidencia de los hospitales Clínic y Sant Pau son, en cambio, puestos sin remuneración.

El cúmulo de cargos de Pomés en lo público y lo privado recuerda al caso Josep Prat, hoy dimitido de todos sus puestos, al que Boi Ruiz nombró —también en 2011— presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) a pesar de que Prat era vicepresidente del grupo hospitalario privado UPS y director de la empresa municipal del Ayuntamiento de Reus, Innova.

Lo más llamativo de la trayectoria empresarial de Pomés en los dos últimos años es, sin embargo, su entrada en el grupo E-Center Network. El embrión de la operación es la empresa de ambulancias Ambuibérica, creada en 2000 por el exalcalde del PP en Mayorga (Valladolid) Carlos Magdaleno y con una destacada presencia —con más de 500 ambulancias— en las dos castillas, Aragón y Galicia. Magdaleno no esconde, sin embargo, que su objetivo es seguir expandiéndose y sella en marzo de 2011 una alianza con la firma de capital riesgo ProA Capital.

ProA toma la mayoría del accionariado de la cabecera del holding —E-Center— y deja a Magdaleno, que mantiene una participación minoritaria, como máximo ejecutivo. Justo en marzo de 2011 es cuando Pomés adquiere la sociedad instrumental Mandel Investments, creada solo un mes antes por un despacho de abogados de Madrid. Este tipo de despachos se dedican a constituir y preparar sociedades para quienes tengan interés en disponer de una inmediatamente. El creador de Mandel Investments, por ejemplo, ha hecho lo mismo con otras 3.800 sociedades, según el Registro Mercantil.

E-Center Network nombra a Pomés, en representación de Mandel Investments, como consejero tres meses más tarde, en junio de 2011, según la documentación de la compañía. A finales de ese año, en noviembre, E-Center Network anuncia por todo lo grande la compra de dos empresas del grupo STS, con sede en Reus. Una es Ambulancias Reus, con más de 100 vehículos y concesionaria del SEM en las comarcas del Baix y Alt Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Priorat y Baix Penedès. La Comisión Nacional de la Competencia, que examina y aprueba la operación, recoge en su informe que “más del 90%” de su facturación —20,7 millones de euros en 2011— proviene de su contrato con el CatSalut. La otra empresa del Grupo STS comprada por la empresa de Pomés es STS Gestió, propietaria de residencias, centros sociosanitarios y pisos asistidos en Reus, Lleida y Salou.

“Con esta operación logramos entrar en Cataluña, que era uno de nuestros objetivos, de la mano de una empresa local con una fuerte implantación en la zona”, explicó entonces Carlos Magdaleno. El montante de la operación, según publicaron varios medios entonces, ronda los 20 millones de euros. Fuentes del sector consultadas confirman el papel de Pomès como el hombre que ha guiado a ProA Capital y Carlos Magdaleno en su entrada en Cataluña en un momento, además, relevante para el sector: el CatSalut ultima la convocatoria de un nuevo concurso para el SEM para toda Cataluña.

Pese a su papel de sociedad instrumental y a no tener aparentemente otra actividad que la de sentarse en los consejos de administración de E-Center Network, Pomès ha obtenido a través de Mandel Investments jugosos ingresos desde el primer momento. Según las cuentas de la empresa de 2011, las últimas depositadas en el Registro Mercantil, la sociedad obtuvo en entre junio y diciembre de ese año unos ingresos de 96.400 euros.

Ser consejero de del Grupo MGO también reporta a Pomès cuantiosos ingresos. Según las cuentas de la empresa, los ocho miembros del consejo de administración del grupo se repartieron en 2011 un total de 726.752 euros. En el documento también consta que Pomès tiene una “participación indirecta” en el grupo que asciende al 1,72% del capital. MGO también tiene a la Generalitat, aunque con varios contratos menores, entre sus clientes.

[Tichy]

Algunos de los detalles de la noticia dan verdadera grima.

La Generalitat obliga al hospital de Sant Pau a presentar concurso de acreedores

"Aunque el hospital es formalmente privado, está financiado casi enteramente por la Generalitat, que cuenta con mayoría en el patronato de la fundación que lo gestiona. Sant Pau está dividido en tres fundaciones: la que controla el hospital, la que maneja su patrimonio y una más pequeña dedicada a la investigación. Tanto el comité de empresa como el patronato gestor habían pedido la intervención, pero Justicia ha ido más allá al instar a solicitar el concurso."

"El comité mantiene que la institución cuenta con un patrimonio “más que suficiente” para hacer frente a la crisis y que el origen del problema es que las rentas generadas por el millar de propiedades donadas al hospital por pacientes y familiares —casi 10 millones de euros al año— no se destinan a la asistencia médica y quedan en manos de la fundación patrimonial, controlada de facto por la iglesia. “Si el hospital presenta concurso de acreedores, el comité de empresa presentará una denuncia por alzamiento de bienes. Están escondiendo el patrimonio”, denunció Pérez."

Como se puede ser tan hijos de puta.

[NosTrasladamus]

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/21/madrid/1371815819.html

TRIBUNALES | Entre ellos los ex consejeros Lamela y Güemes
Imputan a la cúpula de la Sanidad madrileña que inició la privatización

    Por presuntos delitos de prevaricación, fraude, cohecho y malversación

El proceso de privatización de la sanidad madrileña, a los tribunales. El Juzgado número 4 de Primera Instancia de Madrid ha admitido la querella criminal contra la cúpula de la Sanidad madrileña cuando se inició en 2003 el proceso de privatización de tres hospitales de la región, el Hospital de Valdemoro, el de Torrejón y el Rey Juan Carlos.

El juez va a estudiar las irregularidades relacionadas con la privatización de estos centros. Entre las personas imputadas figuran los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes; el todavía hoy director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y empresas como Ribera Salud y Capio, beneficiarias de varios de los contratos de esta privatización.

También tendrán que declarar ante el juez en esa condición Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y Directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Juan Antonio Álvaro de la Parra, en su condición de representante de la Fundación Jiménez Díaz y los representantes de Asisa y de Unilabs, sociedad en la que trabajó el ex consejero Güemes y que abandonó tras publicarse que era consejero y que se había beneficiado de la externalización de servicios en su época de consejero.

Todos ellos tendrán que explicarse ante el juez entre los meses de septiembre y octubre. En el documento no aparece explícitamente la palabra imputación, pero el hecho de que comparezcan como querellados con asistencia letrada significa que lo están, según la Fiscalía de Madrid. Este medio se ha puesto en contacto con Juan José Güemes, que ha afirmado no tener conocimiento de la imputación y no ha querido hacer declaraciones al respecto.

El juez, Marcelino Sexmero Iglesias, el mismo que archivó el escrache a Soraya Sáez de Santamaría, admite a trámite la querella criminal presentada por el Procurador Jorge Deleito García, en nombre y representación de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), por los delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

El Partido Socialista madrileño (PSM) se ha personado en estas diligencias previas y el juez ha admitido que esté en el procedimiento.

ELMUNDO.es ha podido hablar con el abogado que firmó la querella, Rafael Mateo Alcántara, del bufete López Rodó y Cruz Ferrer, quien señala que el juez ha admitido la querella completa. "Ratificamos la querella el pasado jueves y ahora el juez ha decidido que tiene que ir para adelante, y lo ha hecho con un auto muy bien fundamentado", asegura.

Facturación intercentros

Este abogado sostiene que se han detectado irregularidades en el funcionamiento de la gestión de los tres hospitales mencionados. "El problema es que se estableció con los tres centros un precio per cápita para atender a toda la población de referencia. Sin embargo, lo que ocurre es que estos centros derivan a otros de gestión pública todos aquellos pacientes para los que no cuenta con una especialidad en su centro. Como no se estableció ningún sistema para controlar esa facturación intercentros ese dinero se lo han quedado las empresas gestoras, que debían pagar a los hospitales públicos, con lo que hay una malversación de dinero porque las empresas encargadas de la gestión reciben un beneficio doble".

El camino contrario, es decir, cuando un paciente de un hospital público es derivado a uno de gestión privada sí que es bien facturado por este último. "Se ha creado una forma de funcionar a través de las listas de espera y un 'call center' para llamar a todo el que tenga que ser operado en un hospital público y finalmente se le intervenga en uno de gestión privada. Al paciente se le dice que no se le opera en su hospital público porque hay mucha lista de espera y eso, a veces, no es cierto. Lo que ocurre es que se derivan a esos centros porque cobran por eso, por unos servicios que se podrían hacer en el público. Parece que hay una mano negra".

En cuanto a la acusación por coacciones Mateo Alcántara señala que se han detectado correos enviados a centros de atención primaria donde se les instaba a derivar a pacientes a los que se les tiene que hacer ciertas pruebas, como colonoscopias, a un hospital de gestión privada. "Parece como si hubiese un negocio o un mercado para derivar a los pacientes y con esto se está vulnerando el derecho a la libre elección del centro que tiene el paciente en la Comunidad de Madrid".

Este abogado insiste en que, con esta querella, lo que se pretende es que el juez investigue lo que parece una serie de irregularidades en la gestión. Pero también hay más, como la acusación de delito a la Hacienda Pública. "La facturación intercentros tiene que tener una cuenta final de resultados equivalente a cero. Pero lo que vemos en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid es que faltan 53 millones de euros, es decir, la cuenta de facturación intercentros da un negativo de 53 millones de euros. Ese es un dinero que no cuadra".

La acusación de prevaricación y cohecho está relacionada con la vinculación de los ex consejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes con empresas que gestionan servicios que fueron anulados o externalizados cuando ellos estaban al frente de la Consejería. "Lamela, que asistió a la inauguración del Hospital de Valdemoro cuando se externalizó su gestión, se puso a trabajar en una empresa que trabaja para ese hospital, Asignia Infraestructuras, y Güemes, que desmanteló el laboratorio central de Madrid, posteriormente trabajó en Unilabs, que participó en el nuevo laboratorio centralizado", explica el abogado del bufete López Rodó y Cruz Ferrer.

Por otro lado, Capio Sanidad, S. L. (ahora renombrada con IDC Salud), tendrá que explicar ante el juez quién está detrás de las sociedades con las que hizo la ampliación de capital. "Son sociedades opacas, algo que no se puede consentir cuando esta empresa gestiona centros de un sistema público", asegura Mateo Alcántara. También se tendrá que aclarar por qué la Consejería dio gratuitamente a la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Capio, los centros de especialidades Quintana y Pontones.

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http://www.lamarea.com/2013/06/23/la-investigacion-ciudadana-pone-en-aprietos-a-los-gestores-sanitarios-catalanes/

La investigación ciudadana pone en aprietos a los directivos de la Sanidad catalana

Albano y Marta, autores de la revista Cafè amb llet. MARÍA ÁNGELES TORRES
Brais Benítez  |  23/06/2013  |  0

BARCELONA// Desde hace unas semanas, varios gestores de la sanidad pública catalana están compareciendo en el Parlament en el marco de una comisión de investigación. Algunos de ellos están imputados por presuntas irregularidades cometidas desde sus cargos de dirección en la sanidad pública, gravemente afectada por los recortes presupuestarios. Parte de estas no se conocieron por la labor de los medios de comunicación ni por las indagaciones de la justicia, sino por la investigación que han llevado a cabo profesionales de la sanidad y ciudadanos.

La revista gratuita Cafeambllet contribuyó a abrir el camino. Sus editores, Marta Sibina y Albano Dante, no son periodistas de formación. Durante dos años indagaron en el funcionamiento de los hospitales y fruto de ello detectaron numerosas irregularidades en su gestión. Si bien recogieron el testigo de otras personas que durante años investigaron en silencio a los gestores sanitarios, la repercusión que tuvo su caso ha servido de inspiración a otros colectivos ciudadanos, que con sus investigaciones han contribuido a abrir procesos judiciales y a que se inicien investigaciones de oficio por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña o la Fiscalía.

El caso más reciente se conoció esta semana, cuando el diario El País daba a conocer las supuestas incompatibilidades que afectan al director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, que a su vez es apoderado de seis empresas privadas que el año pasado facturaron a este organismo (que gestiona casi el 98% del presupuesto de la sanidad) más de 14 millones de euros, lo que incumpliría la Ley de Incompatibilidades para altos cargos de la Generalitat. Padrosa ha alegado desconocer que sus poderes en las empresas no se habían revocado, y el conseller de Salut, Boi Ruiz, defendió que la actuación de su antiguo compañero de junta en la patronal Unió Catalana d’Hospitals, la mayor del sector privado en Cataluña, fue “totalmente reglamentaria”. La investigación realizada por la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS) fue clave para que se conocieran estos hechos.

En la PARS no hay periodistas, ni detectives. Ni siquiera la mayor parte de sus miembros trabajan en el ámbito sanitario, sino que desde otras profesiones les une la voluntad común de preservar el modelo público de salud y, de alguna manera, fiscalizar la actuación de aquellos gestores sanitarios que con el argumento del ahorro y la eficiencia reducen el gasto e impulsan privatizaciones.

La labor de investigación de la PARS tuvo sus bases en la querella presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por diversos colectivos contra el conseller Boi Ruiz y otros tres altos cargos del Departamento de Salud, entre ellos el mismo Padrosa, por, entre otros presuntos delitos, impedir el derecho a la protección de la salud con los recortes aplicados. El tribunal la acabó archivando. “Cuando presentamos la denuncia ya hablábamos de las posibles incompatibilidades de Padrosa. Ni el TSJC ni la Fiscalía quisieron investigar, pero nosotros nunca hemos dejado de intentar hilar los datos a los que íbamos teniendo acceso”, explica Marian Rodríguez, administrativa e integrante de la PARS.

Cuando en mayo de este año, la Generalitat publicó el registro de convenios y contratos del CatSalut, observaron cómo las empresas de las que Padrosa seguía siendo apoderado facturaban directamente con el organismo de la Generalitat. Los documentos que han consultado son de dominio público, como los actos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la web de contratación pública de la Generalitat, el registro de convenios y contratos del CatSalut o las leyes que regulan el régimen de incompatibilidades para altos cargos. “La idea que nos gusta transmitir es que cualquiera que tenga el interés de investigar puede hacerlo, porque nuestra herramienta básica de trabajo es una conexión a Internet y Google”, cuenta Rodríguez.

Información al alcance de todos

Y es que en la red se encuentra, a disposición del que sepa encontrarla, mucha de la información que ha permitido conocer las supuestas irregularidades cometidas por los gestores sanitarios. Por ejemplo, los informes de la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas catalán). En éstos se sumergió un trabajador del Hospital Clínic de Barcelona, que prefiere mantener su anonimato por temor a represalias laborales, cuando comenzaron los recortes y se empezó a conocer la intención de los gestores de iniciar un proceso de privatización.

Fruto de esa investigación, llevada a cabo con ayuda de algunos de sus compañeros y de otros ciudadanos organizados durante el encierro en el hospital, conocieron, entre otros aspectos, que el Clínic había asumido una deuda privada de la empresa que presta el servicio de limpieza, irregularidades en los procesos de contratación del centro o los estrechos vínculos entre directivos como el exconsejero delegado del hospital, Raimon Belenes, con mutuas y empresas privadas del ámbito sanitario.

“Lo que me guió fue ver lo que estaba denunciando Cafeambllet, y dónde estaban encontrando la información. Me puse a mirar los informes de la Sindicatura de Comptes. Lo que encontré me hizo ver las dimensiones del nivel de corrupción que había habido en el Clínic, y el silencio que sobre esto había habido a todos los niveles, desde el sindical hasta fuera de ese ámbito”, explica el trabajador. Las supuestas irregularidades descubiertas están recogidas en un blog: Esclat Clínic, mediante el cual tratan de difundir los hechos que van conociendo.

Esta labor de investigación, sin embargo, requiere una gran dedicación, y ocupar las horas fuera de la jornada laboral. “Cuando empiezas a ver que has encontrado algo interesante, que tienes que seguir buscando, que hay que hilar datos, de repente las cosas se aceleran y al final te acabas acostando cada día a las dos o a las tres de la mañana. Evidentemente es un esfuerzo, pero nosotros estamos encantados de hacerlo y no podríamos hacer otra cosa”, explica Rodríguez.

En el Hospital de Sant Pau, también en la capital catalana, una denuncia del comité de empresa dio origen a una extensa investigación judicial que mantiene imputados a directivos del centro de los últimos 15 años. Pagos ilegales a altos cargos, sobrecostes en obras y adjudicaciones irregulares son algunos de las presuntas irregularidades que investiga la Justicia, y que salieron a la luz gracias al empeño de parte de los trabajadores. Entre ellos la radióloga Carmen Pérez, empleada en el centro desde 1979 y que fue la principal impulsora de las investigaciones que han permitido imputar a la cúpula del hospital.

La movilización genera redes de apoyo y difusión

El aumento de la movilización ha favorecido que se creen redes de apoyo y difusión, que ayudan a que se conozcan las informaciones. También el contacto con algunos grupos políticos que trasladan las denuncias al Parlament y con los medios de comunicación que quieran hacerse eco es clave para que las denuncias adquieran relevancia.

El colectivo de periodistas independientes Sicom (Solidaritat i Comunicació), colabora en la difusión de los escándalos que van saliendo a la luz, aportando sus conocimientos en el campo audiovisual para colgar las noticias en la red. Su presidente, Josep Cabayol, sostiene que esta dinámica ha aparecido en buena parte por la dejadez en sus funciones de los grandes medios de comunicación. “Alguna cosa no funciona en los medios de referencia. Y si los medios no hacen su trabajo es lógico que la ciudadanía, que está viendo que, o se autoorganiza y se autoempodera o no tiene nada que hacer, esté buscando fórmulas de hacer aflorar todas estas cosas que afectan a sus vidas y a su futuro”, defiende.

Cabayol explica que ha encontrado en todas estas personas un profundo sentido de responsabilidad ciudadana. “Es gente con un gran convencimiento de que los derechos no los da nadie sino que los conquista la ciudadanía, y por tanto es gente dispuesta a dedicar una parte de su vida a asegurar estos derechos. Son personas muy sensibilizadas y muy responsabilizadas, con una gran capacidad de trabajo y de sacrificio”, valora.

Su labor, además de ayudar en la difusión, es también comprobar, como periodistas, que los hechos que se denuncian son ciertos. “Nos corresponsabilizamos de la información, eso es importante. Cuando publicamos alguna cosa, porque alguien se pone en contacto con nosotros, toda la información está confirmada, sino no la damos”. En sus videos aportan también la documentación que acredita las presuntas irregularidades detectadas.

Ofrecer las herramientas necesarias a los ciudadanos para que sean capaces de iniciar investigaciones por su cuenta es uno de los objetivos que se plantearon los editores de Cafeambllet cuando publicaron su libro Artur Mas, ¿donde está mi dinero?. “Más allá de las manifestaciones y las pancartas, la investigación y la fiscalización ciudadana deben formar parte de la lucha por la sanidad. La intención es que el libro sirva de guía para cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que quieran comenzar a investigar”, exponen en la introducción de la obra.

Marian Rodríguez concluye: “Esa responsabilidad de la ciudadanía hoy en día está ocurriendo a unos niveles que no son ni mucho menos los ideales. Porque estamos en una situación muy crítica y porque están fallando de oficio todos los mecanismos de la Administración que tendrían que funcionar. Ahora más que nunca es necesario que los ciudadanos estemos atentos”.

[Dr. Zaius]

http://noticiasdelaciencia.com/not/7713/los_recortes_en_sanidad_que_sufre_espana_aumentan_el_riesgo_de_muerte_de_los_pacientes/

Los recortes en sanidad que sufre España aumentan el riesgo de muerte de los pacientes

El conjunto de recortes hechos por el gobierno español podría llevar al desmantelamiento efectivo de grandes partes del sistema de salud del país, con efectos potencialmente perjudiciales sobre la salud de la población, y un aumento en el riesgo de muerte de los pacientes. Así de contundente es la conclusión a la que se ha llegado en un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, y otras instituciones. Este estudio se ha presentado públicamente a través de la revista académica británica BMJ (British Medical Journal), editada por la British Medical Association (Asociación Médica Británica).

Los recortes del 13,65 por ciento (365 millones de euros) en el presupuesto nacional, y los recortes presupuestarios regionales de hasta el 10 por ciento, en los servicios sociales y de salud de 2012, han coincidido con un aumento en la necesidad de la población de usar el sistema de salud, con el resultado de que se han visto particularmente afectados los ancianos y los discapacitados físicos o mentales.

España ya tiene uno de los gastos públicos más bajos en el cuidado de la salud en relación con su Producto Interior Bruto (PIB) en la Unión Europea. Otros recortes, por un total de 1.108 millones de euros, serán realizados en 2013 al fondo de ayudas a la dependencia, destinado a financiar los cuidados que necesitan los ancianos y discapacitados, poniendo a estas personas vulnerables en una situación de riesgo aún mayor.

Los cambios principales realizados por el gobierno español incluyen incrementos en los pagos parciales (copagos) que los pacientes deben hacer para financiar sus tratamientos en lo que se refiere a medicamentos, prótesis y algunos traslados en ambulancia. A los gobiernos autonómicos regionales se les ha exigido que hagan más recortes. En Cataluña y la Comunidad de Madrid esto ha propiciado una política de privatización de hospitales, aumentos en el tiempo transcurrido por los pacientes en las listas de espera para recibir algunos servicios médicos, recortes en los servicios de urgencias, y una reducción de las intervenciones quirúrgicas.

El análisis realizado por el equipo de la Dra. Helena Legido-Quigley, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, es el primero que se ha hecho con esta profundidad sobre el impacto global de las medidas de austeridad en el sistema de salud de España, y los resultados son preocupantes. Muchas de las medidas tomadas por considerarse que ahorrarán dinero no están avaladas por evidencias claras al respecto de ese ahorro. Por ejemplo, la de privatizar sistemáticamente servicios sanitarios; la sanidad pública no necesita tener beneficios comerciales, mientras que la privada sí los necesita o de otro modo no tendría sentido crear o mantener una empresa. Otra medida económicamente discutible es la de retrasar o denegar ciertos servicios de salud a los pacientes; ahorrar hoy el costo de un tratamiento puede conducir a tener que pagar poco tiempo después un tratamiento más caro para el mismo paciente cuyo estado se haya agravado por no haber intervenido a tiempo, o, en el caso de enfermedades contagiosas, tener que pagar el tratamiento de bastantes personas en vez de sólo una.



"Estamos viendo efectos perjudiciales en la salud de la población española y, si no se ponen en marcha medidas correctivas, esto podría empeorar con el riesgo de aumento de infecciones por VIH y tuberculosis, como hemos visto en Grecia donde los servicios de asistencia sanitaria han sufrido recortes severos", explica la Dra. Legido-Quigley.

Como parte del análisis, los investigadores realizaron entrevistas con 34 profesionales de la salud (medicina y enfermería). Muchas de estas personas declararon sentirse “conmocionadas” y “desilusionadas” acerca de los recortes, y expresaron sus miedos acerca de que “los recortes maten gente”. Algunos de estos profesionales también mostraron su preocupación sobre la "clara intención de privatizar y hacer negocio con los servicios sociales y de salud", e hicieron acusaciones de corrupción y conflictos de intereses.

Martin McKee, coautor del estudio, y profesor de Salud Pública Europea en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, argumenta, sobre la crisis que ha conducido a los recortes: "Durante cinco años, las políticas para superar la crisis financiera se han enfocado casi completamente en indicadores económicos. Nuestro estudio arroja algo de luz sobre la carga de sufrimiento humano que ha surgido a partir de estas políticas".

José Martín Moreno, coautor de la investigación y profesor de Medicina y Salud Pública en la Universidad de Valencia en España, explica: "Los recortes en salud pública, los cuales están siendo introducidos en respuesta a una crisis económica general, están llegando en un momento en que los sistemas de salud necesitan más recursos, y no menos, entre otras razones, para luchar contra los efectos adversos sobre la salud asociados con el desempleo". El razonamiento es evidente. Si una persona cuenta con un puesto de trabajo, tiene más probabilidades de poder pagarse servicios de la medicina privada que si está en paro. Si se queda sin empleo, lo más probable es que pase a acudir más a la sanidad pública y menos a la privada. "Los recortes a los servicios esenciales de salud, cuando se realizan sin el asesoramiento suficiente o sin el apoyo de evidencias, pueden desestabilizar el sistema sanitario, amenazando no solamente el acceso igualitario a los cuidados médicos, sino también la calidad del cuidado sanitario, lo que puede generar mayores costos a largo plazo".

En la investigación también han trabajado Laura Otero de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Lleida en España, así como Daniel la Parra y Carlos Álvarez Dardet de la Universidad de Alicante en España.

La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres es un centro con gran prestigio internacional, que cuenta con una plantilla de un millar de personas que trabajan en más de 100 países. La Escuela es una de las instituciones de investigación con mayor prestigio en el Reino Unido, y fue recientemente citada como una de las mejores universidades del mundo en investigación colaborativa.

Por si a alguien le quedaba alguna duda, viendo como les está yendo a los griegos, sobre lo que nos deparará el proyecto privatizador del sistema de salud público aquí está esta seria institución sanitaria británica agitando sus red flags.

Dada nuestra idiosincrasia bananera nacional que a nadie le chirríe el estar en el punto de mira de una escuela de Medicina Tropical 

Un saludo

[NosTrasladamus]

Y luego están a los que no les pasará nada... el del ático en marbella. Y la condesa consorte, que se retiró de la política "por motivos personales"... y a estos seguro que tampoco, si llegasen a ser juzgarlos y los declarasen culpables, bastará con buscar sus nombres dentro de unos meses en las listas de indultados que salen en el BOE...

Edito: Por cierto, Juan José Güemes está casado con Andrea Fabra (la del "¡que se jodan!"), hija de Carlos Fabra (el Presidente de la Diputación de Castellón, el de las gafas de sol, también presidente de la sociedad pública que gestiona el Aeropuerto de Castellón)

http://www.elmundo.es/madrid/2013/10/30/52716d3263fd3db20b8b4571.html

Y el director general de Hospitales y la actual viceconsejera, por malversación
Güemes y Lamela, imputados penalmente por cohecho y prevaricación
Actualizado: 31/10/2013 13:14 horas
Güemes (dcha.) y Lamela (centro), junto a Esperanza Aguirre.

El magistrado Marcelino Sexmero ha definido de qué se acusa a los ex consejeros
Ambos, después en el ámbito privado, se habrían beneficiado de la externalización



Juan José Güemes y Manuel Lamela, ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pueden considerarse ya oficialmente imputados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.

El magistrado del Juzgado número 4 de Instrucción de Madrid, Marcelino Sexmero, concretó este miércoles, según ha podido saber este diario de fuentes judiciales, las imputaciones contra la cúpula sanitaria madrileña que comenzó las privatizaciones del sector público en la región.

Marcelino Sexmero ha concretado las imputaciones en el auto, que previsiblemente se hará público este jueves, en el que responde a varios recursos de reforma interpuestos por varios de los imputados en la causa, desestimándolos.

En este documento, el magistrado, en el candelero en los últimos meses por haber archivado por ejemplo el escrache a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, acota los presuntos delitos que se les imputan a los anteriores gestores de la sanidad pública madrileña.

Los recursos interpuestos contra un auto de este juez de antes de verano básicamente pedían que se concretaran las relaciones de los imputados con los delitos, porque el auto reflejaba por una parte a los imputados y por otra la lista de delitos. Aunque en ese auto se podía sobreentender de qué delitos tendría que ser investigado cada imputado, ahora el juez lo concreta.

Y la lista, a grandes rasgos, queda así: Manuel Lamela y Juan José Güemes, ex consejeros de Sanidad, imputados por prevaricación y cohecho; la cúpula actual de la Sanidad madrileña (excepto el consejero Lasquetty, contra el que no va la querella), imputada por malversación de caudales públicos; y las empresas que gestionan privadamente la sanidad pública, imputadas también por cohecho, como parte necesaria para que los consejeros lo hubieran cometido por su parte.

Lamela fue consejero entre 2003 y 2007. Güemes le sustituyó en el cargo, y ostentó esa responsabilidad de junio de 2007 a marzo de 2010. A caballo entre los mandatos de ambos se produjo la primera oleada privatizadora, por la que se querelló contra ellos el sindicato Asociación de Facultativos Especialistas (Afem).

Los querellados, además de Güemes y Lamela, son también, de entre los responsables políticos, Antonio Burgüeño, actual director general de Hospitales, y la actual viceconsejera, Patricia Flores. También se concreta las imputación de malversación de caudales públicos contra ellos.

Sexmero, que llegó a denunciar presiones de la Fiscalía, que se adhirió a los recursos de reforma interpuestos por los querellados, da respuesta así también a lo declarado hace 20 días a Europa Press.

El fiscal jefe de Madrid, el recién llegado José Javier Polo, declaraba entonces a la agencia que «la admisión de la querella puede ser cautelar, pero mientras no se concreten las conductas delictivas no procede llamar a declarar en calidad de imputados a las personas respecto a las que no se han concretado qué conducta delictiva mantienen».

Ahora, la Fiscalía ya sabe de qué se acusa a Güemes, Lamela, Burgueño y Flores, y qué indicios de delito ve el juez Sexmero en su conducta. Aún así, hay un recurso de apelación interpuesto contra la admisión a trámite de la querella, que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid.

Si este órgano revocara la decisión de Sexmero, podría eliminar la única acción penal contra los procesos de privatización que el Gobierno regional, del PP, lleva implementando en Madrid en los últimos años. La decisión de la Audiencia podría tardar aún varios meses en llegar: «Tendríamos suerte si la Audiencia resolviera antes de fin de año», aseguró uno de los abogados personados en el proceso.

Sexmero, en todo caso, ya ha tomado su decisión, y ésta afecta también a las empresas presuntamente favorecidas por los cargos públicos en el ejercicio de sus actos. En concreto son Capio, Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE. A todas ellas se les imputa un delito de cohecho, del que habrían participado al favorecerse, como supuestas corruptoras, de la actividad de los cargos públicos.

La querella penal presentada por los facultativos cursa en orden a varios hechos que se comenzar. El primero de ellos, la puerta giratoria que ambos usaron a su salida de las instituciones. A su salida del Gobierno regional, Lamela creó una sociedad entre cuyos clientes estuvo, entre otros, Capio.

Güemes, por su parte, trabajó para Unilabs, el laboratorio que había conseguido, durante su mandato, el contrato para el recién privatizado servicio centralizado. Además, según Afem, se favoreció a las empresas en la cesión de bienes públicos en dos centros de salud, los de Quintana y Pontones, sin concretar el canon arrendaticio. También se habría orientado a pacientes desde los call center de la sanidad pública a la privada.

Por último, la querella denuncia también fraude en la llamada facturación intercentros, al derivarse a pacientes de la sanidad pública hacia la privada en los hospitales que no tenían determinadas especialidades, sin que eso afectara a las cantidades pactadas entre los dos ámbitos, produciéndose un beneficio doble.

[Republik]

En esto de la financiación pública de la sanidad hay una cosa ue está clarísima: gracias a la "represión salarial" y cierto control que, más por falta de fondos que por voluntad, ejerce el sector público sobre las farmacéuticas, una gran virtud del sistema español es su relativo bajo coste frente a los logros.

Hay ganancias de eficiencia fáciles de materializar centralizando compras y unificando, siquiera de modo "virtual", la gestión de la red hospitalaria de referencia.

Luego uno puede preferir modelos (a mí me gusta el francés con su componente privado en atención primaria y especializada pero con red hospitalaria mayoritariamente pública y financiación estatal para todo, aunque con copago). Pero hay que reconocer que, como el modelo suizo, sale bastante caro sin llegar a las cotas demenciales del estadounidense, donde se juntan todos los vicios posibles e incluso se fabrican a propósito "fallos de mercado" para lucro de unos cuantos lobbies.

[NosTrasladamus]

Que privatizar un servicio público es más barato es simple y llanamente MENTIRA (ya lo hemos visto con el suministro eléctrico y lo estamos viendo con la sanidad). Lo que pasa es que si no está privatizado, los mangarranes no pueden llenarse la buchaca de la misma manera ni expoliar a escala industrial como a ellos les gusta. Otro botón de muestra y van...

http://www.eldiario.es/llamadmeismael/Barcenas-portorriqueno-adjudicatarios-Sanidad-madrilena_6_212838736.html

Bárcenas cobró 900.000 euros de un banco de EEUU vinculado a la mayor adjudicataria de la Sanidad madrileña

El portorriqueño Eurobank financió la expansión por el Caribe de una filial del grupo HIMA San Pablo con más de cinco millones de dólares con garantías dudosas.

El banco quebró en buena medida porque la empresa no devolvió los préstamos y obligó a las autoridades federales norteamericanas a presentar una demanda.

El propio Luis Bárcenas reconoció ante el juez Pablo Ruz que recibió una comisión de Eurobank de 900.000 euros a cambio de colocar el 15% del capital del banco.

El Hospital del Tajo, uno de los tres adjudicados a HIMA, el día de su inauguración. / Efe

El fantasma de Luis Bárcenas aparece en los más inesperados procesos políticos que impulsa el PP. La privatización de la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid no es una excepción. HIMA San Pablo, la sociedad portorriqueña que se ha adjudicado la gestión de los hospitales Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina, en Parla, y Tajo, en Aranjuez, comparte vínculos financieros con el extesorero y exsenador del PP ahora encarcelado en el Centro Penitenciario de Soto del Real.

El nexo entre Bárcenas e HIMA San Pablo es el banco portorriqueño Eurobank. En una de sus múltiples versiones sobre el origen de su fortuna en Suiza ante el juez Pablo Ruz, el extesorero del PP aseguró haber recibido 900.000 euros de Eurobank como comisión por colocar un 15% del capital de la entidad, sin dar más explicaciones.

Pues bien, Eurobank quebró en 2010 y, la versión estadounidense del Fondo de Garantía de Depósitos, FDIC en sus siglas en inglés, ha llevado a HIMA San Pablo a los tribunales portorriqueños como responsable del hundimiento de la entidad bancaria. Eurobank financió con cinco millones de dólares la expansión por el Caribe de una de las filiales del grupo HIMA, Nova Infusión.

HIMA no devolvió el dinero comprometido con Eurobank, y como el crédito se había avalado con garantías insuficientes o ficticias, el impago llevó a la entidad bancaria portorriqueña a la quiebra. La demanda presentada por la FDIC obligó a la Comunidad de Madrid a exigir avales por valor de 12 millones de euros para poder optar a la privatización de los tres hospitales que al final se ha adjudicado.

Bárcenas confesó haber recibido los 900.000 euros de Eurobank en su declaración ante el juez Ruz del 25 defebrero de 2013, cuando aún no había decidido admitir que los fondos que la Justicia le ha localizado en Suiza y en otros paraísos fiscales corresponden en realidad a la contabilidad B del PP y justificaba su fortuna por su condición de as de las inversiones bursátiles, sus actividades en el mercado del arte y su papel como mediador en operaciones empresariales.

La declaración de Bárcenas estuvo a punto de costarle un disgusto, porque Eurobank es una marca más habitual de lo que parece. Existen más bancos denominados Eurobank y que no tienen relación alguna entre sí. Hay un Eurobank en Luxemburgo, otro en Grecia y otro en España, y no existe vínculo alguno entre ellos.

Pero el testimonio de Bárcenas causó revuelo en España porque también existía un Eurobank español, el catalán Eurobank del Mediterráneo, cuya quiebra fraudulenta investiga precisamente el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el del juez Ruz, desde 2003.

Como quiera que Bárcenas no precisó a qué entidad se refería durante su declaración ante el juez Ruz, los accionistas de Eurobank del Mediterráneo que ejercen la acusación particular en el proceso por la descapitalización del banco presentaron inmediatamente un escrito al magistrado en el que exigían que el extesorero del PP prestara nuevamente declaración, en este caso en la causa por la quiebra del banco catalán, ya que, de confirmarse que cobró 900.000 euros de la entidad bancaria, se habría hecho con una cuarta parte de los recursos propios de la entidad quebrada.

Así que los representantes de Bárcenas tuvieron que salir inmediatamente al paso de las exigencias de los accionistas de Eurobank del Mediterráneo para dejar claro que el extesorero del PP se refería en su declaración ante Ruz al Eurobank portorriqueño y que no tenía relación alguna con la entidad catalana.
Sin licencia

Pero si es cierto que Bárcenas medió entre el banco portorriqueño y el propietario del 15% del capital de la entidad, es evidente el ascendente que tenía el extesorero sobre las decisiones de Eurobank y que su relación con la entidad es muy anterior a la aparición de HIMA San Pablo como candidata a la privatización de parte de los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid.

Aún así, no consta que Bárcenas tenga licencia de la SEC, la Comisión del Mercado de Valores Estadounidense, para operar como broker, que es lo que hizo cuando se encargó de buscar un inversor dispuesto a quedarse con el 15% del capital de Eurobank, porque aunque Puerto Rico es un Estado libre asociado de Estados Unidos no tiene regulador propio y sus instituciones están supervisadas por la SEC, la Reserva Federal y la FDIC.

¿Pudieron tener algún papel las relaciones de Bárcenas con Eurobank con la selección de HIMA San Pablo como una de las compañías candidatas a adjudicarse parte de los hospitales públicos madrileños? Es algo que tendrán que determinar no sólo el juez Ruz, sino los tribunales portorriqueños que investigan en qué medida HIMA San Pablo es responsable de la quiebra del banco portorriqueño.

Desde luego, su selección no ha tenido que ver con el nivel de satisfacción de los pacientes, porque los responsables de HIMA ya han dejado claro que uno de los principales objetivos en la gestión de los tres hospitales madrileños que se ha adjudicado es atraer turismo sanitario.

[NosTrasladamus]

http://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-privatizacion-lasquetty_0_222578556.html

Javier Lasquetty: el hombre de FAES al que ahogó la 'marea blanca'

Javier Fernández-Lasquetty salta del Gobierno de Madrid por ser el "impulsor" de una privatización sanitaria cuyo precio político ya no está dispuesto a pagar su presidente, Ignacio González

Sus antecesores en el cargo, Manuel Lamela y Juan José Güemes, están procesados por cohecho y malversación en la primera etapa de la "externalización"

Cuando en marzo de 2010 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, eligió a Javier Fernández-Lasquetty como consejero de Sanidad, hubo sorpresa. Saltaba de la consejería más pequeña, la de Inmigración, a la más grande. A gestionar 8.000 millones de euros. Pero Aguirre sabía que fichaba a un neoliberal "de tomo y lomo", como le describen sus opositores en la Asamblea de Madrid. Este licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense había sido también secretario general de la FAES, de modo que su ideario estaba claro y (casualmente) coincidía con el de la líder popular: la eficiencia la aporta la gestión privada.

Lasquetty había estado en el gabinete de la Presidencia de José María Aznar desde 2000 a 2004. Entonces, marzo de 2004, fue elegido diputado nacional. Y apenas un mes después se ponía al frente del think tank popular, el horno ideológico donde se cuecen las políticas neoliberales que impulsa el PP.

Sus credenciales neocon estaban claras, aunque su ruido mediático era escaso. El paso por Inmigración le otorgó una cara amable. Y llegó a Sanidad con la promesa de convertirse en un agente modernizador y un buen gestor. Acababa de salir del Gobierno –por decisión personal, según la versión oficial– el polémico Juan José Güemes. El consejero que despertaba abucheos en los pasillos de los hospitales cuando hacía una visita. El que hoy está imputado por cohecho y malversación junto con su predecesor, Manuel Lamela, por las irregularidades cometidas durante la primera etapa de la "externalización" de la sanidad madrileña.

Lasquetty venía a rematar la faena. Y para ello debía tener carta blanca en el Gobierno de Madrid. Tras anunciar su renuncia, Lasquetty agradeció a Ignacio González su apoyo. Y esto no es un detalle menor. El sucesor de Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño no sólo le mantuvo en el cargo. También escuchó su apuesta privatizadora, que en época de vacas flacas encajaba a la perfección en los planes (y las necesidades) con las que se encontró el flamante presidente.

Así, se decidió entregar la gestión de seis hospitales, decenas de centros de salud y cualquier actividad que no fuera estrictamente sanitaria en el sistema de salud madrileño. Su plan de sostenibilidad era un compendio de concursos para adjudicar las funciones de la consejería a empresas privadas. "Cuantos más licitantes haya, mejor, porque más ahorraremos", abrochaba Lasquetty al presentar su proyecto estrella. El que le ha enterrado políticamente.

Bajo su mandato, los quirófanos han dejado de funcionar por las tardes y se ha superado el límite legal de espera quirúrgica de 30 días. Para justificarse le echó la culpa a una huelga que había calificado de escasa en seguimiento. Jubiló prematuramente a centenares de jefes de servicio, dio entrada a contratistas en la limpieza, la lavandería hospitalaria (con huelga incluida) y las cocinas. Y adjudicó los seis hospitales a tres empresas. Una de ellas, una peculiar compañía puertorriqueña, HIMA San Pablo, especializada en atraer turismo sanitario de EEUU a la isla.

El Gobierno de Madrid, y Lasquetty en particular, se empeñó en defender en todos los foros posibles (en la prensa, en la Asamblea de Madrid, en las redes sociales y, por supuesto, en los encuentros organizados por las empresas de gestión sanitaria) un plan que trasvasaba cada vez más fondos públicos a las arcas de unas cuantas firmas en aras de la eficiencia, mientras dentro de los hospitales, y sobre todo en la calle, crecía una oposición cada vez más generalizada. Incapaz de pronunciar la palabra privatización, se ha empeñado en usar la inexistente "externalización" para definir su apuesta por la gestión privatizada como método de ahorro.

La que él denominó "maraña de recursos" que judicializaron la adjudicación no cambió su posición ni un milímetro. En septiembre de 2013, cuando se conoció la suspensión cautelar de la privatización, dijo que el proceso seguía "adelante". Ahora, la espera ya no es admisible para González.

Lasquetty, la promesa joven del PP neoliberal, salta a sus 47 años del Gobierno madrileño por ser "el diseñador e impulsor de este proyecto que las circunstancias no han permitido llevar a cabo", ha dicho. Su decisión de renunciar "por rectitud y sentido de la responsabilidad" no es un gesto habitual en la política española. Acostumbrado a nadar en la ideología más liberal que alimenta al PP, la 'marea blanca' se lo ha llevado por delante.

[Republik]

La avaricia de estos sujetos se ha cargado la posibilidad de reformas sanitarias en el sentido de arrendar la base (edificación, equipamiento y personal de soporte), algo que, bien hecho (=sin robar, algo que nuestra casta dudo que sepa hacer), algún recorrido podría haber tenido porque la operativa de los hospitales es compleja y nada fácil de manejar desde modelos extrapolados del mundo de las administraciones.

Dada la imposibilidad, me temo, de que en España cualquier compra desde el sector público se materialice en algo que no sea visible corrupción y cara ineficiencia, bienvenido sea este fracaso. Solamente espero que se pongan las pilas los que manejan las 17 taifas porque deben tener claro que en un entorno presupuestario sin expansión nominal posible durante varios años, la gestión de calidad será clave, y para ello deberían:

-Replantearse el modelo de gestión de los centros, pasando a pesupuestos base cero justificados y valorados externamente, a comparativas transparentes entre la sanidad de cada taifa y eliminando el rampante enchufismo vigente, que probablemente es la causa de buena parte de los males del sistema sanitario. La formación de los mandos y directivos debe ser de primer orden (que copien de UK, Suecia, etc) y la eliminación de intereses corporativos también debe estar en agenda (lo mismo los de médicos que de enfermeros).

-Implantar un sistema centralizado de compras que pase por encima de la artificial división del modelo de taifas a despecho, una vez más, de los intereses creados en cada "miniunidad de destino en lo universal".

-Agilizar la unificación de los sistemas de IT y de tarjetas de identificación al tiempo que se elaboran contabilidades analíticas al detalle que permitan la facturación cruzada entre administraciones (una cámara de compensación ligada al sistema de compras podría ser lo óptimo).

Hay que recordar que pese a este resbalón todas las sanidades autonómicas destinan una parte enorme de su presupuesto a la compra corriente de fungibles y de servicios de todo tipo, y lograr eficiencias y ahorros importantes en est capítulo será clave para el sostenimiento del sistema a medio y largo plazo.

[NosTrasladamus]

Un zas en toa la boca para los brazobajistas... ¡sois peores que el enano en el 600 de Gila, joder, y así nos va!
Y que si, que está claro que se ha ganado una batalla y no la guerra, que estos cabrones psicópatas iCEOistas leen a Sun-Tzu (vive hoy, lucha mañana), y que lo intentarán otra y otra y otra vez, cambiarán la legislación y removerán Roma con Santiago para que el nuevo asalto a los servicios públicos esté legalmente blindado... pero habríamos perdido desde la casilla de salida si nadie hubiese hecho nada...
http://www.eldiario.es/sociedad/ganado-marea-blanca_0_222578455.html

El 'sí, se puede' no es un grito, es una estrategia

La marea blanca no son solo las manifestaciones: su trabajo legal y mediático ha tumbado la privatización sanitaria en Madrid

Cogen el teléfono en un lugar llamado vida, donde las noticias no ocurren hasta que no vuelves a casa después de trabajar. Ya ha dimitido el consejero de Sanidad y ellos no se han enterado. El presidente de la Comunidad de Madrid ha anunciado que cede, que pierde el pulso, que los seis hospitales de Madrid que quería privatizar siguen siendo públicos. Pero ellos no saben nada, no han oído nada.

Y entonces Pilar lo oye y llora. "Por fin, por fin...", dice al otro lado del teléfono entre sollozo alegre y grito de rabia. Y entonces Álvaro lo oye y se dedica un segundo de silencio. "Qué emocionante es esto, qué emocionante". Son solo dos de esos activistas que han convertido el 'sí, se puede' en una hipótesis de trabajo durante los últimos dos años.

Es un error concebir la marea blanca como unas manifestaciones que, bueno, duraron lo suyo pero ya se sabe que las manifestaciones no sirven para nada. La marea blanca ha sido, con permiso de la PAH, la movilización más sofisticada desde el 15M. Y, como la PAH aunque con todas sus diferencias, ha desplegado un arsenal de recursos para la victoria que han ido mucho más allá de la convocatoria de concentraciones. Ha habido planificación legal y mediática que han convertido la apuesta de González en insostenible. Ha habido movilización y euforia afectiva, pero también recaudación de fondos, trabajo experto, escisiones y cismas internos a los que se ha sobrevivido, estrategia mediática, calendarios y 'puerta a puerta' en los centros sanitarios.

Por eso la derrota no solo ha sido judicial; de hecho, González se ha dado por vencido cuando los jueces solo habían suspendido el proceso, no ilegalizado aún. La derrota ha sido informativa, moral. La privatización era un lastre político que iba a acompañar a Ignacio González y su equipo durante demasiado tiempo, y ni los votantes del PP compraban ya eso de que, como los funcionarios son vagos, pues mejor vender los pacientes a un grupo reducido y opaco de empresas.

La marea blanca es sofisticada porque nace con memoria, nace con algunas lecciones aprendidas: de la marea verde toma prestado que los funcionarios pueden convencer al resto de la población de que la lucha por el servicio público no es cosa de los empleados sino cosa de los que se benefician de él, una cosa común; de la marea azul hereda directamente la estrategia legal, las fórmulas que buscan legitimidad en lo formal: referendum, recogida de firmas y, por fin, batalla judicial.

En primavera de 2013, Pilar Esquinas lo comentaba delante de un café y una grabadora para recoger lo que luego serían sus impresiones en el libro Las 10 mareas del cambio. Aquel día Pilar ya decía que ante el bloqueo institucional, ante la sordera por el ruido que les llega desde la calle, "la única vía para combatirles", y en ese 'les' caben tantas cosas, "es la inseguridad jurídica, porque es el lenguaje que entienden". Y lo han entendido.

El Hospital de La Princesa fue un Gamonal. Sus doctores de bata blanca y tradición conservadora fueron los primeros en cortar las calles y decirles a los pacientes ven conmigo, que esto va contigo. Defendían un lugar físico para encender la inspiración en otros centros sanitarios de Madrid y de fuera; sucedió. El efecto Princesa desató la ola blanca.

La victoria de la marea blanca solo es posible por otra victoria previa: la del deshielo de los médicos, profesionales de perfil político gélido. La traumatóloga, el pediatra, el médico de familia dijeron basta, y no tenía que ver con su sueldo o con sus horarios. Tenía que ver con mucho más. El problema del plan del dimitido Lasquetty, dice también en Las 10 mareas... un portavoz de AFEM, no es que responda a un modelo liberal, "es que solo responde a un chanchullo mafioso" (en esto no estoy de acuerdo, ni liberal ni mediopensionista ni pollas en vinagre: con la salud no puede hacerse negocio: PUNTO). Es decir, la cosa era indefendible no solo desde la ideología sino desde la decencia. La marea blanca supo centrarse en el que tenía más visos de ganar, el más inclusivo: el de la honestidad y el de las cosas bien hechas. Porque las cosas no están bien hechas si un gobierno presenta como documentación que justifique la privatización un informe de once folios. Sí, once.

" El inmutable plan privatizador del PP desfonda la marea blanca", decíamos el 28 de mayo de 2013, haciendo periodismo amargo. Hubo tiempos donde el personal sanitario se daba por derrotado. Pero en segundo plano, donde no hay grandes fotografías de grandes manfestaciones sino horas de flexo y lenguaje legal, la victoria de la sanidad pública ya estaba en marcha.

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Qué HDLGP, como no han podido salirse con la suya y no pueden canalizar los fondos públicos a las empresas de sus amiguetes, retiran los fondos para que los servicios públicos de salud colapsen:

http://www.eldiario.es/politica/OssorioSanidad-ahorrar-millones-medidas-eficiencia_0_222928301.html

Madrid anticipa un recorte de 130 millones en el presupuesto de Sanidad

Enrique Ossorio asegura que la paralización de la privatización hospitalaria decicida por el propio Gobierno regional supone un coste adicional

En caso de tener que indemnizar a las empresas que ganaron los concursos "sí habrá dinero", ha asegurado

Enrique Ossorio, consejero de Economía de Madrid.

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha manifestado hoy que los presupuestos regionales "contemplaban la posibilidad" de que se paralizara el proceso de privatización hospitalaria, pero que la Consejería de Sanidad "deberá ahorrar ahora 130 millones de euros con medidas de eficiencia".

Enrique Ossorio ha hecho estas declaraciones en Getafe, en la inauguración de una nueva sede de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, donde ha señalado que "cuando se elabora el presupuesto para 2014, el proceso de externalización estaba paralizado, no se sabía qué decisión iban a tomar los tribunales, por lo que contemplaba las dos posibilidades".

El consejero de Economía y Hacienda ha detallado que el presupuesto de Sanidad para este año son 130 millones de euros menos que el presupuesto que tenía para el ejercicio siguiente, ya que esos 130 millones "hubiesen salido de manera natural del ahorro que se producía por la cápita que se pagaba en esos seis hospitales como consecuencia de los concursos".

"Como eso ya no se va a producir, desde esos 6.970 millones de euros la Consejería de Sanidad lo que debe hacer es implantar nuevas medidas de centralización de compras y medidas de eficiencia para conseguir ahorrar esos 130 millones, para así tener el mismo presupuesto para el gasto que tuvo el año pasado", ha explicado.

Según Ossorio, viendo la trayectoria de la Consejería de Sanidad desde 2011, "que ha rebajado de manera muy sustancial el gasto de la sanidad sin rebajar el servicio que presta a los ciudadanos, esos 130 millones se pueden conseguir".

Respecto a si la Comunidad de Madrid deberá indemnizar a las empresas adjudicatarias al haberse cancelado el proceso de privatización, el consejero de Economía ha apuntado que "se ha producido un auto por parte de la sección tercera, hay que analizarlo, ver los procedimientos de contratación y ver cuál sería esa situación".

En el caso de que finalmente deban hacerse efectivas indemnizaciones, Ossorio ha aseverado que "sí habrá dinero" para hacerlas frente