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La investigación ‘irregular’ -según el Ministerio del Interior- del ático que alquila Ignacio González en Guadalmina se ha cobrado la primera víctima y no ha sido, precisamente, el vicepresidente madrileño sino el comisario encargado directamente de las ‘pesquisas’. Hermes de Dios ha durado poco más de un año al frente de la Comisaría de Marbella: ahora, tras una investigación de Asuntos Internos, irá de segundo a una comisaría del centro de Madrid.
El comisario que inició el affaire contra Ignacio González era un habitual de la sede del PP- En una empresa de seguridad del comisario trabajó el marido de un alto cargo popular- El inmueble donde está el ático de González, investigado por posibles "hechos delictivos"Manuel Ángel Menéndez 25/04/2012El comisario Agapito Hermes de Dios Herrero, que inició la investigación contra Ignacio González, 'número dos' de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, era un habitual de la sede del PP en la calle de Génova, a la que 'visitaba' cuando Rajoy iba a ganar las elecciones, según ha confirmado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en respuesta a la propia Aguirre. El SUP ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción porque el propietario de la casa de veraneo de González en Guadalmina podría estar incurso en una serie de delitos.La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido al Sindicato Unificado de Policía (SUP) que explique qué otras investigaciones "ilegales" ha llevado a cabo la Policía además de la que, a su juicio y según ha dicho el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha hecho al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. Esta exigencia de Aguirre ha motivado una dura respuesta del SUP en la que, entre otras cosas, le sugiere que busque respuestas en su propia 'casa' de la calle Génova, porque el comisario que inició la investigación era un asiduo de la sede nacional del PP.La investigación contra la casa alquilada por Ignacio González -hombre de confianza de Aguirre- en Guadalmina, entre Marbella y Estepona, fue iniciada por el comisario Agapito Hermes de Dios Herrero, a quien el SUP criticó en su "Carné x puntos" de enero pasado -una publicación de este sindicato con enorme difusión entre la Policía- por "haber sido visto entrando en la sede del PP en Génova". Según el SUP, Hermes está afiliado a la CEP, el "sindicato próximo al PP de Madrid", formación a la que "ha financiado la Comunidad de Madrid, aunque haya sido a través de la instalación de una Oficina de ayuda a las mujeres maltratadas en la sede de dicho sindicato en dependencias del Ministerio del Interior. (3 psicólogas y 3 abogadas con sus respectivos sueldos, y nunca vimos entrar en esa oficina a ninguna mujer maltratada)".Diariocrítico, por su parte, ha podido saber que el comisario citado, que ha sido cesado de la Comisaría de Málaga y traído de segundo a la de Usera, en Madrid, por el ministro del Interior, Jorge Fernández Días, ya estuvo en la seguridad del Palacio de la Moncloa con José María Aznar y, cuando ganó Zapatero las elecciones en 2004, pidió la excedencia y montó una empresa de seguridad. Una empresa en la que, según el SUP, ejerció como consejero el marido de un alto -altísimo y poderosísimo- cargo del PP."La seña de identidad de un político decente no está en defenderse de cualquier ataque o acusación sin la mínima objetividad o reflexión crítica, sino en exigir aclarar las zonas opacas o faltas de transparencia a los políticos que les rodean, porque luego no podrán alegar, como hizo un político socialista en su día, que la corrupción prosperó porque tenía absoluta y plena confianza en sus colaboradores", ha replicado finalmente el SUP a Aguirre.¿Blanqueo de dinero negro?Precisamente, con fecha 24 de abril, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, presentó un escrito a la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso de la casa alquilada por Ignacio González. La denuncia, a la que ha tenido acceso Diariocrítico -y que pueden ver íntegramente Pinchando Aquí- no tiene desperdicio. Esta denuncia es la que ha motivado la reacción airada de Esperanza Aguirre, en defensa de su 'número dos'.En resumidas cuentas, el SUP le dice al fiscal anticorrupción que han tenido conocimiento de la existencia de una operación de "movimiento de dinero de dudoso origen", con ocasión de una operación de compra venta de un inmueble que pertenece a una urbanización situada entre los términos municipales de Marbella y Estepona.De esas informaciones se desprende, según la denuncia, que a través de una inmobiliaria del Centro Comercial Guadalmina, interviniendo un ciudadano extranjero que se autopromociona como fiduciario habitual llamado Rudy Valner, en nombre de una sociedad off shore llamada Coast Investors LLC, radicada en Delaware (EEUU), adquirió el ático 11, Bloque 11, Fase III de Alhambra del Golf, así como tres plazas de garaje en el mismo edificio, por un precio estimado que superaría el millón de euros, siendo el vendedor el hermano del constructor de todo el edificio.Según la información que el SUP ha puesto en manos del fiscal anticorrupción, dicha adquisición "no figura inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente, ni aparece declarada la entrada de tan significativa cantidad ante el Banco de España, ni por tanto el SEPBLAC (Servicio Prevención de Blanqueo de Capitales) ha verificado el correcto movimiento de capitales, ni el propio vendedor comprende cómo el referido inmueble continúa registrado a su nombre, dando como explicación a diversos medios de prensa, que el nuevo propietario tal vez no lo habría inscrito por 'tema de impuestos'". Del citado inmueble forma parte el ático alquilado por Ignacio González.El SUP ofrece números de cuentas corrientes y sociedades donde se hacen los ingresos y se libran los pagos, todas radicadas fuera de nuestras fronteras, y dice que "dado que de nuestras informaciones se desprende que pudieran haberse producido hechos delictivos, tanto por el origen del dinero como por la clara ocultación de la verdadera identidad del autentico propietario, así como por la ocultación total ante Hacienda Pública, Banco de España y demás organismos que deben regular el movimiento de capitales en el territorio nacional, se pone en conocimiento de su Autoridad" para que la Fiscalía Anticorrupción lo investigue.
Un juzgado de Estepona reabre el caso del ático de GonzálezPide a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía Anticorrupción información fiscal de Coast Investors LLCANA TERRADILLOS 16-01-2013Un juzgado de Málaga reabre el caso del ático de lujo que Ignacio González tiene alquilado en Marbella (Málaga). Este juzgado de Estepona ha pedido a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía Anticorrupción que le remitan toda la información fiscal de la sociedad norteamericana Coast Investors LLC. Esta empresa es la supuesta propietaria del inmueble que el Presidente de la Comunidad de Madrid tiene alquilado en Marbella. El juzgado de Málaga que retoma la investigación tiene dos informes de la UDEF que señalan que la titularidad del ático está a nombre del primer propietario del inmueble y que el origen de los fondos para realizar la compra que hizo Coast Investors LLC se encuentra en cuentas bancarias abiertas en el extranjero.La investigación judicial ya está en marcha. Se trata de averiguar quién es el verdadero propietario del ático de lujo de Marbella que alquila el Presidente de la Comunidad de Madrid. El juzgado de instrucción número 5 de Estepona ha pedido a la Agencia Tributaria todos los datos fiscales de Coast Investors, una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU) y administrada por el mexicano Rudy Valner a quien la policia le investiga como posible testaferro que controla entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles. Exactamente se investiga la titularidad del ático de lujo que el Presidente de la Comunidad de Madrid alquila en Marbella y el origen de los fondos utilizados para realizar la compraventa.Se han hecho ya diligencias previas y la SER ha tenido acceso a los informes de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción que han sido incorporados a esta causa. Uno de los informes de la UDEF del pasado junio señala que a pesar de que la compraventa se realiza por cuenta de esta sociedad norteamericana la titularidad del piso sigue figurando a nombre del primer propietario, de Pedro Javier Villate Pérez. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía señala en este mismo informe que los pagos del ático los hizo el mexicano Valner a través de la entidad US Bank en dos pagos de cien mil y seiscientos cincuenta mil euros. La policía aporta otro dato interesante que ya denunció el SUP (el Sindicato Unificado de Policía): esta cuenta desde la que se realiza la transferencia es la misma desde la que Coast Investors LLC realiza los pagos de la comunidad de propietarios del ático de González durante el primer y segundo trimestre del pasado año.Hay más novedades en estos informes policiales. Agentes de la UDEF entrevistaron el pasado 25 de junio al vendedor del piso. Javier Villate Pérez asegura que "la operación de compraventa fue llevada a cabo directamente por él y no a través de ninguna inmobiliaria". Villate Pérez asegura además que desconoce el motivo "por el que no se realizó el trámite del cambio de titularidad en el inmueble de Marbella".El caso del ático que alquila Ignacio González motivó en julio una remodelación policial y varias destituciones. El primero en caer fue el comisario general de policía judicial, Enrique Rodríguez Ulla que sólo duró seis meses en el cargo. El Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, le destituyó por la apertura de una investigación secreta y oficial sobre el ático de lujo que usaba el que entonces era Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre. El cese de Rodríguez Ulla tuvo lugar días después de que la Fiscalía Anticorrupción archivase la investigación abierta por este comisario. Anticorrupción ha archivado dos veces este caso tras una denuncia del SUP (Sindicato Unificado de Policía). En este contexto también cayó el entonces jefe de la UDEF, el comisario Jose Luis Olivera. Dirige ahora el CICO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) y fue el investigador principal de Gürtel o del caso Malaya. El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró también el pasado abril que "González había sido sometido entre finales de julio y principios de agosto del año 2011 a una investigación "ilegal".El Presidente de la Comunidad de Madrid siempre ha defendido que es un mero inquilino del ático. 2000 euros al mes por un ático de 450 metros. Mientras los informes de la policía y las denuncias del SUP señalan que su presunto propietario, la firma Coast Investors de Delaware, es solo un testaferro. González siempre ha dicho que tiene toda la documentación sobre los pagos de su alquiler.
El juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha solicitado a Hacienda que le remita toda la información fiscal que posea sobre la entidad Coast Investor LLC, la empresa que figura como propietaria del ático alquilado en Marbella por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.(...)El sindicato subraya que Coast está inscrita en Delaware, estado que "permite la creación de empresas en mínimo tiempo, permitiendo su constitución que parece públicamente como socio y administrador, en tanto el beneficiario de la misma sea una tercera persona, como parecer que es el caso que nos ocupa".La denuncia explica que, al parecer, la propietaria de Coast es la sociedad Waldford Oversead Investements, "titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá con ciudadanos españoles como últimos beneficiarios".
WALDORF OVERSEAS INVESTMENTS INC.Full DetailsDirectorsORLANDO HEILBRON BARRANTES (google)WALTER CESPEDES ALPIZAR (google)IRENE ROIG VARGAS (google)SubscribersDULCAN INC.WINSLEY INC.AgentMOSSACK FONSECA & CO.Date Registered2000-08-23
En varias de esas sociedades panameñas nos encontramos con DULCAN INC. y WINSLEY INC.Como por ejemplo esta:CitarART MOROCCO HOLDING CORP.Directors ERNEST SASSON (google) FLORA KARASSO RUPF (google) SOLITA SALTIEL (google) Subscribers DULCAN INC. WINSLEY INC.Agent MOSSACK FONSECA & CO.Date Registered2005-02-21http://ohuiginn.net/panama/company/id/476863 DULCAN INC. y WINSLEY INC. nos llevan a la GÜRTEL, a MARTINSA y a IGNACIO GONZÁLEZ a través de Arturo FasanaCitarCita de: CdE en Marzo 22, 2012, 08:43:02 amCitarEl misterio del área 124 Tag: Espías de Madrid,La semana,PP — Ignacio Escolar @ 12:54 am « Oda a la separación de poderes | Gonzalo López Alba en Públic… »El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga. Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado. Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo. “Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González. Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional. El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?http://www.escolar.net/MT/archives/2009/03/3626.htmlTrama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en ColombiaCitarLa 'Gürtel' cobró 13 millones de comisión por un pelotazoEl juez Pedreira desvela la existencia de un pago multimillonario a Francisco Correa sin precedentes en el caso por hacer de 'conseguidor' en una operación inmobiliaria de Martinsa en Arganda (Madrid)ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 11/01/2011 08:20Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, recibió en 2006 en una cuenta de Suiza un pago de 12.870.000 euros. Y los documentos remitidos por ese país presentan esa transferencia como el "cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda (Madrid) relacionado con la sociedad Martinsa". Así consta en la nueva solicitud de asistencia dirigida ayer a Mónaco por el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira. Esos 12,8 millones, cantidad inédita en el caso, se enviaron desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa cuyos fondos ha bloqueado Suiza. http://www.publico.es/espana/355581/la-gurtel-cobro-13-millones-de-comision-por-un-pelotazoCitarGOLDEN CHAIN PROPERTIES S.A.Directors ARTURO FASANA (google) HARMODIO TEJEIRA (google) BERTRAND HAGGER (google) Subscribers DULCAN INC. WINSLEY INC.Agent ABA LEGAL BUREAUDate Registered2005-04-12http://ohuiginn.net/panama/company/id/482678http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/arturo-gianfranco-fasana/msg21874/#msg21874
ART MOROCCO HOLDING CORP.Directors ERNEST SASSON (google) FLORA KARASSO RUPF (google) SOLITA SALTIEL (google) Subscribers DULCAN INC. WINSLEY INC.Agent MOSSACK FONSECA & CO.Date Registered2005-02-21
Cita de: CdE en Marzo 22, 2012, 08:43:02 amCitarEl misterio del área 124 Tag: Espías de Madrid,La semana,PP — Ignacio Escolar @ 12:54 am « Oda a la separación de poderes | Gonzalo López Alba en Públic… »El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga. Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado. Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo. “Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González. Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional. El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?http://www.escolar.net/MT/archives/2009/03/3626.htmlTrama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en ColombiaCitarLa 'Gürtel' cobró 13 millones de comisión por un pelotazoEl juez Pedreira desvela la existencia de un pago multimillonario a Francisco Correa sin precedentes en el caso por hacer de 'conseguidor' en una operación inmobiliaria de Martinsa en Arganda (Madrid)ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 11/01/2011 08:20Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, recibió en 2006 en una cuenta de Suiza un pago de 12.870.000 euros. Y los documentos remitidos por ese país presentan esa transferencia como el "cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda (Madrid) relacionado con la sociedad Martinsa". Así consta en la nueva solicitud de asistencia dirigida ayer a Mónaco por el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira. Esos 12,8 millones, cantidad inédita en el caso, se enviaron desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa cuyos fondos ha bloqueado Suiza. http://www.publico.es/espana/355581/la-gurtel-cobro-13-millones-de-comision-por-un-pelotazoCitarGOLDEN CHAIN PROPERTIES S.A.Directors ARTURO FASANA (google) HARMODIO TEJEIRA (google) BERTRAND HAGGER (google) Subscribers DULCAN INC. WINSLEY INC.Agent ABA LEGAL BUREAUDate Registered2005-04-12http://ohuiginn.net/panama/company/id/482678
CitarEl misterio del área 124 Tag: Espías de Madrid,La semana,PP — Ignacio Escolar @ 12:54 am « Oda a la separación de poderes | Gonzalo López Alba en Públic… »El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga. Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado. Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo. “Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González. Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional. El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?http://www.escolar.net/MT/archives/2009/03/3626.htmlTrama de espionaje PePera: Grabación de Ignacio González en Colombia
El misterio del área 124 Tag: Espías de Madrid,La semana,PP — Ignacio Escolar @ 12:54 am « Oda a la separación de poderes | Gonzalo López Alba en Públic… »El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga. Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado. Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo. “Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González. Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional. El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?
La 'Gürtel' cobró 13 millones de comisión por un pelotazoEl juez Pedreira desvela la existencia de un pago multimillonario a Francisco Correa sin precedentes en el caso por hacer de 'conseguidor' en una operación inmobiliaria de Martinsa en Arganda (Madrid)ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 11/01/2011 08:20Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, recibió en 2006 en una cuenta de Suiza un pago de 12.870.000 euros. Y los documentos remitidos por ese país presentan esa transferencia como el "cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda (Madrid) relacionado con la sociedad Martinsa". Así consta en la nueva solicitud de asistencia dirigida ayer a Mónaco por el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira. Esos 12,8 millones, cantidad inédita en el caso, se enviaron desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa cuyos fondos ha bloqueado Suiza.
GOLDEN CHAIN PROPERTIES S.A.Directors ARTURO FASANA (google) HARMODIO TEJEIRA (google) BERTRAND HAGGER (google) Subscribers DULCAN INC. WINSLEY INC.Agent ABA LEGAL BUREAUDate Registered2005-04-12
Demos otra vuelta de tuerca al asunto.Uno de los bufetes de abogados panameños recurrente en la red es Mossack Fonseca & Co, investigado por blanqueo de grandes tramas internacionales que alcanzan a varios presidentes suramericanos.Casualmente, la firma se funda en 1977, la misma fecha en la que, según la prensa, empieza a operar GPF SA -posteriormente hemos comprobado que la fecha real es 1994-CitarEn la mira. La sociedad utilizada por BordaberryEstudio panameño es investigado por lavado El estudio jurídico panameño que constituyó la sociedad anónima utilizada por Pedro Bordaberry es investigado por lavado de dinero en varias partes del mundo. La firma de abogados Mossack Fonseca & Co tiene representación en Uruguay y también participó en maniobras en Argentina, Perú, Nicaragua y Estados Unidos. Escrito por: Víctor Carrato Martes 06 de octubre de 2009 | 4:32 La sociedad panameña que utilizó el candidato colorado Dr. Pedro Bordaberry para realizar una presunta maniobra de simulación por el arrendamiento de las tierras de Rausa fue constituida por el estudio Mossack Fonseca & Co.Según datos brindados por la DEA se trata de un estudio jurídico investigado por fabricar empresas de papel para el lavado de dinero en varias partes del mundo. La firma de abogados Mossack Fonseca & Co, cuya especialidad según su propia publicidad es formar empresas “offshore” en paraísos fiscales, es investigada en varias partes del mundo por presuntas maniobras de lavado de dinero, esconder activos, evadir impuestos y mantener bien resguardado el nombre de los verdaderos dueños del paquete accionario de las firmas fantasmas. El bufete de letrados tiene una corresponsalía en la calle Juncal 1305-Of. 902, con teléfonos (598-2) 9160588/916 y fax (598-2)9160642. Además, posee otros agentes en paraísos fiscales como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Samoa (en el Pacífico Sur), Seychelles (en el océano Indico) y British Anguilla. En Uruguay, las representantes del estudio panameño Mossack Fonseca & Co son dos mujeres, la uruguaya Odile Frederik y la argentina Lorena Miranda. Odile Frederik nació en Montevideo, Uruguay, el 8 de febrero de 1962. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y es integrante del estudio Mossak Fonseca & Co desde 1996. Lorena Miranda nació en Buenos Aires en 1975, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y también ingresó al estudio Mossack Fonseca & Co en 1996. Mossak Fonseca & Co fue fundada en 1977 como firma de abogados en la República de Panamá. En su página web afirma que “desde esa fecha hemos establecido otras oficinas titulares de licencias que les permiten ofrecer servicios de incorporación de sociedades/agente registrado/oficina registrada” en los paraísos fiscales mencionados más arriba. Además, dice la página web: “Brindamos una gama completa de servicios legales en general que incluyen fundaciones de interés privado; registro de naves y yates; hipotecas navales; aeronaves y marcas; solicitud de licencias; litigios; propiedad industrial y derecho de autor; y demás servicios legales”. El grupo internacional Mossack Fonseca & Co tiene además una red bien estructurada de numerosas subsidiarias y oficinas representativas en las principales capitales financieras de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Africa y Oriente. El equipo del estudio está compuesto por más de 420 personas; incluye abogados, asesores fiscales, administradores de empresas y contadores. “Estos especialistas multilingües colaboran juntos para brindar a nuestra clientela internacional un servicio expedito y eficiente”, dice su propia publicidad. La página web “Noticias justo juicio” denunció el viernes, 18 de setiembre de 2009 que una de las integrantes de la sociedad panameña utilizada por Bordaberry, Leticia Montoya, acompañaba a la abogada uruguaya Odile Frederik en la representación legal de la sociedad panameña Keynes Ltd utilizada en Argentina para adquirir derechos y acciones de la sucesión de Juan Feliciano Manubens Calvet, fallecido en 1981, una de las herencias más grandes y más disputadas de la historia argentina. Lorena Miranda compartía la dirigencia de otra sociedad offshore denominada Walden Ltd con la señora Catalina Greenlaw. La firma había sido constituida en una lejana isla ubicada en el Pacífico entre las Islas Cook. La disputa por la herencia que incluía dinero, títulos y acciones bajo custodia judicial también apuntaba a la estancia que pertenecía a Lisandro de la Torre que con sus 105.000 hectáreas es el latifundio más grande de América del Sur y cinco establecimientos rurales de entre dos mil y cinco mil hectáreas en la zona de Río Cuarto. “Las tierras de los Manubens Calvet producen una vaca cada dos horas”, dijo uno de sus parientes. Durante muchos años e interminables trámites judiciales, la Justicia decidió que los únicos herederos de Juan Feliciano Manubens Calvet son sus 35 sobrinos y sobrinos nietos, que pugnaban por una gigantesca fortuna, estimada entre U$S 150 millones y 500 millones. Una mujer paraguaya “que se hacía llamar Dolores Manubens Calvet” estuvo detenida y prófuga tras haber recibido “junto con quienes la acompañaron en su presentación judicial” una sentencia de seis años de prisión por “fraguar identidad para apropiarse de patrimonio ajeno”. Un ciudadano correntino de apellido Maidana había entablado un juicio por filiación para intentar demostrar que era hijo biológico de Manubens. En 2004 el bufete de abogados panameños Mossack, Fonseca & Co, responsable de crear varias sociedades de papel, offshore, se vio involucrado en la creación de empresas similares relacionadas a un ex asesor del entonces presidente peruano Alejandro Toledo. En Nicaragua también se investigó al estudio panameño Mossack, Fonseca & Co por lavado de dinero en el caso vinculado al ex presidente Arnoldo Alemán, que fue procesado y finalmente sobreseído el 17 de enero de 2009, en lo que se consideró un acuerdo con el gobierno actual. En algunos de estos casos también aparecía la panameña Leticia Montoya, que figura en la sociedad de Bordaberry. El estudio Mossack, Fonseca & Co también es investigado por autoridades federales de Argentina, por crear empresas de papel para el presunto lavado de dinero en ese país. Tan sólo en un condado de Miami se cuentan por decenas los casos de sociedades de papel constituidas por Mossack Fonseca & Co que están siendo investigadas.http://www.lr21.com.uy/politica/383061-estudio-panameno-es-investigado-por-lavado.
En la mira. La sociedad utilizada por BordaberryEstudio panameño es investigado por lavado El estudio jurídico panameño que constituyó la sociedad anónima utilizada por Pedro Bordaberry es investigado por lavado de dinero en varias partes del mundo. La firma de abogados Mossack Fonseca & Co tiene representación en Uruguay y también participó en maniobras en Argentina, Perú, Nicaragua y Estados Unidos. Escrito por: Víctor Carrato Martes 06 de octubre de 2009 | 4:32 La sociedad panameña que utilizó el candidato colorado Dr. Pedro Bordaberry para realizar una presunta maniobra de simulación por el arrendamiento de las tierras de Rausa fue constituida por el estudio Mossack Fonseca & Co.Según datos brindados por la DEA se trata de un estudio jurídico investigado por fabricar empresas de papel para el lavado de dinero en varias partes del mundo. La firma de abogados Mossack Fonseca & Co, cuya especialidad según su propia publicidad es formar empresas “offshore” en paraísos fiscales, es investigada en varias partes del mundo por presuntas maniobras de lavado de dinero, esconder activos, evadir impuestos y mantener bien resguardado el nombre de los verdaderos dueños del paquete accionario de las firmas fantasmas. El bufete de letrados tiene una corresponsalía en la calle Juncal 1305-Of. 902, con teléfonos (598-2) 9160588/916 y fax (598-2)9160642. Además, posee otros agentes en paraísos fiscales como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Samoa (en el Pacífico Sur), Seychelles (en el océano Indico) y British Anguilla. En Uruguay, las representantes del estudio panameño Mossack Fonseca & Co son dos mujeres, la uruguaya Odile Frederik y la argentina Lorena Miranda. Odile Frederik nació en Montevideo, Uruguay, el 8 de febrero de 1962. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y es integrante del estudio Mossak Fonseca & Co desde 1996. Lorena Miranda nació en Buenos Aires en 1975, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y también ingresó al estudio Mossack Fonseca & Co en 1996. Mossak Fonseca & Co fue fundada en 1977 como firma de abogados en la República de Panamá. En su página web afirma que “desde esa fecha hemos establecido otras oficinas titulares de licencias que les permiten ofrecer servicios de incorporación de sociedades/agente registrado/oficina registrada” en los paraísos fiscales mencionados más arriba. Además, dice la página web: “Brindamos una gama completa de servicios legales en general que incluyen fundaciones de interés privado; registro de naves y yates; hipotecas navales; aeronaves y marcas; solicitud de licencias; litigios; propiedad industrial y derecho de autor; y demás servicios legales”. El grupo internacional Mossack Fonseca & Co tiene además una red bien estructurada de numerosas subsidiarias y oficinas representativas en las principales capitales financieras de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Africa y Oriente. El equipo del estudio está compuesto por más de 420 personas; incluye abogados, asesores fiscales, administradores de empresas y contadores. “Estos especialistas multilingües colaboran juntos para brindar a nuestra clientela internacional un servicio expedito y eficiente”, dice su propia publicidad. La página web “Noticias justo juicio” denunció el viernes, 18 de setiembre de 2009 que una de las integrantes de la sociedad panameña utilizada por Bordaberry, Leticia Montoya, acompañaba a la abogada uruguaya Odile Frederik en la representación legal de la sociedad panameña Keynes Ltd utilizada en Argentina para adquirir derechos y acciones de la sucesión de Juan Feliciano Manubens Calvet, fallecido en 1981, una de las herencias más grandes y más disputadas de la historia argentina. Lorena Miranda compartía la dirigencia de otra sociedad offshore denominada Walden Ltd con la señora Catalina Greenlaw. La firma había sido constituida en una lejana isla ubicada en el Pacífico entre las Islas Cook. La disputa por la herencia que incluía dinero, títulos y acciones bajo custodia judicial también apuntaba a la estancia que pertenecía a Lisandro de la Torre que con sus 105.000 hectáreas es el latifundio más grande de América del Sur y cinco establecimientos rurales de entre dos mil y cinco mil hectáreas en la zona de Río Cuarto. “Las tierras de los Manubens Calvet producen una vaca cada dos horas”, dijo uno de sus parientes. Durante muchos años e interminables trámites judiciales, la Justicia decidió que los únicos herederos de Juan Feliciano Manubens Calvet son sus 35 sobrinos y sobrinos nietos, que pugnaban por una gigantesca fortuna, estimada entre U$S 150 millones y 500 millones. Una mujer paraguaya “que se hacía llamar Dolores Manubens Calvet” estuvo detenida y prófuga tras haber recibido “junto con quienes la acompañaron en su presentación judicial” una sentencia de seis años de prisión por “fraguar identidad para apropiarse de patrimonio ajeno”. Un ciudadano correntino de apellido Maidana había entablado un juicio por filiación para intentar demostrar que era hijo biológico de Manubens. En 2004 el bufete de abogados panameños Mossack, Fonseca & Co, responsable de crear varias sociedades de papel, offshore, se vio involucrado en la creación de empresas similares relacionadas a un ex asesor del entonces presidente peruano Alejandro Toledo. En Nicaragua también se investigó al estudio panameño Mossack, Fonseca & Co por lavado de dinero en el caso vinculado al ex presidente Arnoldo Alemán, que fue procesado y finalmente sobreseído el 17 de enero de 2009, en lo que se consideró un acuerdo con el gobierno actual. En algunos de estos casos también aparecía la panameña Leticia Montoya, que figura en la sociedad de Bordaberry. El estudio Mossack, Fonseca & Co también es investigado por autoridades federales de Argentina, por crear empresas de papel para el presunto lavado de dinero en ese país. Tan sólo en un condado de Miami se cuentan por decenas los casos de sociedades de papel constituidas por Mossack Fonseca & Co que están siendo investigadas.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha salido al paso de las informaciones que hoy indican que la juez de Estepona Mariana Peregrina ha ordenado a la Agencia Tributaria a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que investigue quién es el auténtico propietario de la vivienda que disfrutaba en régimen de alquiler el presidente en Málaga.González ha dicho que adquirió el polémico ático en Marbella que hasta ahora tenía alquilado en la localidad de la Costa del Sol el 19 de diciembre del año pasado. El presidente explicó que "en las informaciones que se han publicado hoy, lo único que hay es la petición de si el propietario ha cumplido con las obligaciones fiscales".El presidente pagó por el dúplex de lujo 770.000 euros, de los que, según escrituras, el 80% pertenece a su mujer, empresaria y vicepresidenta de CEIM, y el 20% a él."No tiene nada que ver conmigo y mi persona. Es una actuación que no tiene que ver con mi persona", ha reiterado.El presidente añadió que fue objeto "de una investigación ilegal" por parte de algunos miembros de la policía como dijo el ministro del Interior en una comparecencia parlamentaria.Reiteró que esa investigación fue archivada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. González contó que en abril presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado "y confío en que aclare esos hechos tan graves (la investigación de la que fue objeto)". Explicó que tiene plena confianza en esa investigación."Mi única relación es que era inquilino, pagaba mis alquileres, mi intención era poder comprar ese inmueble y no lo pude formalizar porque no estaba inscrito. Se regularizó y a finales del año pasado he formalizado la compra, que esta pendiente de inscribirse".El presidente aclaró que las escrituras están a disposición de todos los medios de comunicación en la dirección general de Medios.InvestigaciónEl inmueble, un dúplex de 496 metros cuadrados, era propiedad de Coast Investors, empresa radicada en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos) y que está controlada por el testaferro profesional Rudy Valner. La Agencia Tributaria también tiene el encargo de indagar de dónde salió el dinero de la compra de la vivienda, que la Policía cree que sirvió en su día como pago de una comisión.EL MUNDO denunció en marzo del año pasado que la Policía había determinado que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid disfrutaba de un dúplex de lujo de Marbella a nombre de la mencionada sociedad.González se defendió de las informaciones asegurando que el piso no era suyo y que quería ver los informes policiales. "Una vez más la información que publica EL MUNDO es falsa, y de nuevo sin aportar ningún solo documento, el piso no es mío, es alquilado y pago conforme a lo estipulado al propietario, como les acredite a las personas que escriben la información", digo el presidente en marzo de 2012.El Ministerio del Interior negó por aquel entonces la investigación y, cuando este diario probó que sí existía, subrayó por boca del director general de la Policía que se trataba de unas pesquisas "no oficiales".Ignacio González argumentó en su día que paga por el alquiler del dúplex 2.000 euros, entre dos y tres veces menos el precio de mercado en una de las zonas más caras de la Costa del Sol. El presidente de la Comunidad de Madrid tiene un sueldo de 4.800 euros netos al mes.