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Fran, el falso casero de Airbnb que factura un millón con más de 300 pisos sin licenciaEl perfil de la plataforma online de Fran y Marta se presenta como una familia feliz que alquila su piso. Sin embargo, detrás de este núcleo familiar existe una empresa dedicada a la gestión de pisos turísticos en Madrid, Sevilla, Málaga y MurciaA simple vista, Fran y Marta son una familia feliz, acogedora y sencilla. Su pasión, según su perfil de Super Anfitrión en Airbnb, es "ver crecer" a su hija. La pareja está enamorada de su criatura, la pequeña Azahara. En la fotografía de su cuenta, aparecen ambos progenitores –radiantes, sonrientes, risueños– con un bebé de no más de un año. Su descripción en la plataforma aporta algunos detalles más de la vida de este núcleo familiar. Tienen "dos perritas, Nala y Leah", hablan inglés y español, estudiaron en Murcia y desayunan pan, tomate y jamón. "¡El apartamento de Fran y Marta es perfecto!", versa una reseña en la web de la app. Para ambos, su pisito en Madrid es "único" porque tratan de "hacerte sentir como en casa". Sin embargo, Fran y Marta ofertan 247 apartamentos en la ciudad a través de Airbnb. Por su parte, el usuario de Marta y Fran –con la misma foto y descripción– alquila otros 89. Son, de largo, los caseros más importantes de Madrid. A lo largo de los años, Fran y Marta se han convertido en una leyenda de Twitter: ¿cómo puede una pareja con un bebé gestionar 336 inmuebles solo en la capital? Porque en realidad la dulce familia es una empresa dedicada a la gestión de pisos turísticos en Madrid, Málaga y Murcia. En solo tres años su mercantil, The Key Host, se ha hecho con el control de casi 400 inmuebles por toda España, que le generan una facturación de más de un millón de euros.A la cabeza de The Key Host está el pater familias, Fran, pero lejos de ser el propietario de los pisos –como deja entrever en el perfil de Airbnb–, tan solo los gestiona. Entrega las llaves, responde a los comentarios y organiza la limpieza por un 20% de los beneficios. Este falso casero detalla a El Confidencial que no siempre se dedicó a este negocio: antes recurría a la plataforma para poner en alquiler sus propias viviendas, pero la llegada de la pandemia le abrió los ojos para iniciar un nuevo modelo de negocio. "Aquí no hay nada raro. Somos una empresa familiar, tengo a mis hermanos y mi núcleo de trabajo. Como lo hemos hecho bien, cada vez más propietarios confían en nosotros", explica. En ocasiones son Fran y Marta, otras Fran y Natalia, depende del momento.El empresario murciano justifica su presencia en la plataforma como una estrategia comercial: "Hay muchísimas firmas como nosotros. Lo único es que, en vez de mostrarnos con un nombre de empresa, preferimos personalizar el servicio", explica. Nada de esto sorprende si se echa un vistazo a otros de los grandes hosts de la app. Por ejemplo, un tal Rodrigo es el anfitrión de 141 pisos, Raúl de 116 y Diego de 89. The Key Host maneja también 10 inmuebles en Málaga y al menos uno en Murcia. Además, cuando alguno de los huéspedes tiene algún inconveniente, Fran detalla que suele ser él quien acude a atender sus demandas. ¿Y quién es Marta? "Mi mujer", afirma. Sin embargo, en la web de la empresa no aparece ninguna empleada con ese nombre. Lo que sí aparece en Airbnb es otra cuenta llamada Marta y Fran con la misma apariencia. De hecho, existe una reseña de Marta y Fran recomendando el apartamento de Fran y Marta.La empresa de Fran factura más de un millón de euros al año. Argumenta que su perfil de cliente es el del pequeño propietario que quiere rentabilizar su segunda vivienda. Básicamente, la entidad echa una mano a todos aquellos que no tienen tiempo de mantener el piso bonito para los huéspedes. "No cogemos un apartamento y echamos a gente de su casa para poner un Airbnb", defiende Fran, marido de Marta, padre de Azahara y CEO de la empresa.Contra el espíritu de AirbnbAunque sean habituales, este tipo de prácticas van contra el espíritu de Airbnb. Tres estudiantes de San Francisco fundaron el negocio en 2008 con un colchón hinchable y una habitación libre, de ahí el “air”, (porque el inquilino tenía que inflar su propia cama), y el “bnb”, una contracción del clásico bed and breakfast. La idea siempre fue la de alquilar habitaciones libres, no competir con los hoteleros ni el alquiler clásico, ya que podrían haber incurrido en competencia desleal. Es más, aún hoy la plataforma sigue apelando a los propietarios (“pon tu casa en airbnb”) y nunca a empresas y grandes tenedores. Fran sostiene que no gestiona pisos de fondos de inversión, como podría apuntar su disparado crecimiento, sino de propietarios individuales. "Son segundas viviendas", explica. En los gráficos anteriores se puede comprobar que dispone de oferta en toda la ciudad, desde pisos en pleno corazón de Madrid, hasta otros en barrios de moderneo como Lavapiés o incluso en Carabanchel o Ciudad Lineal. Al acumular tantos pisos en sus manos, y tener la capacidad de establecer precios, Fran puede calentar el mercado del alquiler turístico, e incluso del alquiler clásico, con solo decidirlo. De todos ellos, el 92% opera sin la licencia necesaria. De los 336 que oferta en Madrid, solo 25 muestra su número de autorización y dos afirman que están en proceso de conseguirla. Los otros 309, con la ordenaza que aprobó el ayuntamiento en 2022, podrían ser clausurados en cualquier momento. Es muy complicado que suceda, en tanto que la normativa sobre Airbnb fue redactada por el anterior gobierno municipal, dirigido por Manuela Carmena, pero Martínez-Almeida nunca ha mostrado interés por ejecutarla. En el último año solo se cerró el 1% de los inmuebles infractores.No obstante, se espera que durante el mes de mayo, o de la semana que queda de abril, Almeida lleve al pleno un nuevo reglamento para los pisos turísticos. El sector espera que sea menos restrictivo que el actual, que reclamaba un acceso separado para los pisos turísticos, lo que hace imposible operar desde ningún inmueble que dé a un portal comunitario. La situación es crítica: desde 2017 se ha triplicado este tipo de negocios en Madrid y el 95% incumplen la normativa.A simple vista, Fran y Marta son una familia feliz, acogedora y sencilla. Su pasión, según su perfil de Super Anfitrión en Airbnb, es "ver crecer" a su hija. La pareja está enamorada de su criatura, la pequeña Azahara. En la fotografía de su cuenta, aparecen ambos progenitores –radiantes, sonrientes, risueños– con un bebé de no más de un año. Su descripción en la plataforma aporta algunos detalles más de la vida de este núcleo familiar. Tienen "dos perritas, Nala y Leah", hablan inglés y español, estudiaron en Murcia y desayunan pan, tomate y jamón. "¡El apartamento de Fran y Marta es perfecto!", versa una reseña en la web de la app. Para ambos, su pisito en Madrid es "único" porque tratan de "hacerte sentir como en casa".
M&S pension scheme faces hefty losses as FCA probes Home REIT sister fundThe Marks & Spencer (M&S) pension scheme is facing huge potential losses after pumping cash into a Home REIT sister fund that is now under investigation by the Financial Conduct Authority (FCA), City A.M. can reveal.Home Long Income Fund (HLIF), a vehicle set up by investment manager Alvarium in 2018, provided the basis for the now scandal-hit former FTSE 250 firm Home REIT, which Alvarium floated on the London Stock Exchange in 2020.HLIF attracted hundreds of millions of pounds from City investors, including fund managers handling M&S pension cash, on the promise of alleviating homelessness and providing a steady return to investors.However, the management of the fund is now under investigation by the FCA after its value halved to around £200m between June 2022 and the end of 2023, according to previously unreported regulatory filings from its parent group Alti. Alvarium merged with Tiedemann at the start of last year to become Alti, which is listed on New York’s Nasdaq stock exchange.The FCA announced an investigation into Home REIT in January but did not reveal that it was also probing the management of Alti’s other social housing fund HLIF.“HLIF pursues a similar investment strategy to Home REIT and its financial performance has similarly declined significantly since the end of 2021,” Alti said in the filings to the US regulator, the Securities and Exchange Commission. “The historic management of these funds by certain legacy Alvarium entities is now the subject of investigations by the UK FCA.”Alvarium set up Home REIT with a similar tenant base to HLIF, City A.M. understands. The fund pursued the same investment strategy of buying social housing and letting the properties to charity tenants, who would in turn provide accommodation to homeless and vulnerable people.Home REIT’s implosion has played out publicly as a string of charity tenants have gone bankrupt and its rental take has evaporated. In filings to the London Stock Exchange earlier this year, Home REIT revealed its portfolio had fallen by around 60 per cent in value.However, the privately-owned HLIF has avoided public scrutiny due to the minimal reporting requirements placed on such funds. Alti has been forced to disclose the state of HLIF’s portfolio due to the FCA’s probe and the potential reputational and legal damage it could inflict on the firm.Should the FCA “seek to impose financial penalties or other sanctions” over the management of Home REIT and HLIF, it may “adversely affect our business, financial condition or results of operations,” Alti warned.An FCA spokesperson told City A.M. that it was “aware of the filings in the US” and “cannot comment on individual cases based on legally binding restrictions placed on us.”The disclosures point to the headache still facing Alti over the Home REIT fiasco despite public attempts to distance itself. Alvarium spun off the arm responsible for managing Home REIT prior to listing on the Nasdaq, but it still owns Social Housing Income Advisors(SHIA), which manages HLIF.Home REIT sacked the spun-off Alvarium unit as its investment manager last May.Since listing on the Nasdaq via a Spac deal at the start of last year, Alti itself has slumped by around 50 per cent from a value of more than $1bn.A spokesperson for Alti said it “cannot comment in detail due to the ongoing investigation” but it is “fully cooperating with the FCA.” “In terms of HLIF, Alti installed a new team to manage it, and the former fund management team left prior to the merger that created Alti,” the spokesperson added. “Furthermore, the investigation relates to the historic management of HLIF by certain legacy Alvarium entities. We are in the process of transitioning the management of HLIF to a third-party manager, which was previously disclosed in our 10-K filing.”The tumble in the value of HLIF’s portfolio is also likely to trigger hefty losses for investors that backed the fund, including the M&S scheme. In its investor literature from 2020, M&S touted HLIF as an example of how its investments were having a “positive impact on the planet today”.“Individuals housed through the scheme are given training and rehabilitation to provide the skills and confidence to find long-term accommodation and re-integrate into society,” M&S said of HLIF in its 2020 report.It is unclear how much money the M&S pension scheme invested in the fund in total, but it backed the fund prior to the huge decline seen between 2022 and the end of 2023. Trustees of the pension scheme declined to respond to questions over whether this would impact scheme members or how much money they had lost through their investment in the fund. M&S declined to comment.It is unclear which other investors have backed the fund.
'We're Buying This Soft Landing': Former Fed Governor Blames Government Spending For Delaying Rate CutsZINGER KEY POINTS*Former Dallas Fed chief Robert Kaplan believes that an historically expansive fiscal policy is blocking Fed's rate cuts.*Rising debt-to-GDP ratios and potential for interest payments to surpass defense spending alarm Kaplan over U.S. fiscal health.Former Dallas Fed President Robert Kaplan offered a stern critique of current U.S. fiscal policies, suggesting that they are hampering the Federal Reserve’s ability to lower interest rates amidst ongoing economic pressures.In exclusive interview with Market News (MNI), Kaplan highlighted that the expansive fiscal measures, which include unspent funds from various acts like the ARPA, CHIPS, and the Infrastructure Act, have contributed to sustained inflation, particularly in the services sector, leaving the Fed in a position where rate cuts are not advisable in the near term.Impact Of Loose Fiscal SpendingKaplan stressed the contradiction between the Federal Reserve’s efforts to temper demand through tighter monetary policy and the government’s fiscal actions, which continue to stimulate demand.He expressed concerns over the potential economic consequences of these policies, including rising debt-to-GDP ratios and interest payments that could soon surpass national defense spending.Kaplan suggested that the central bank might need to avoid lowering rates throughout this year, citing services inflation propped up by loose fiscal measures as a key concern.“I would be kicking the can down the road and I would not be ready to cut rates until I saw more sustained improvement but I would also be keeping my options open,” Kaplan stated during the interview.“I would be prepared to consider that we might do a couple and I’d be prepared to do zero,” he said, reflecting on the possibilities of future rate adjustments.According to Kaplan, the neutral short-term rate is likely elevated due to the robust and continuous economic boost from government spending.“Monetary policy is highly restrictive, however, fiscal policy is historically stimulative,” he noted, pointing out the discord between the Fed’s intentions and fiscal activities.Kaplan expressed concerns over the economic sacrifices made to possibly achieve a soft landing. He underscored the rising national debt, anticipating that interest payments might soon eclipse defense expenditure.“We’re buying this soft landing,” Kaplan remarked.“These are the kinds of projects you would normally do after you had a recession, and we’re doing it pre-recession, and the cost of it is higher interest rates.”Kaplan attributed the persistence of high services prices to the government’s spending spree, suggesting that “it’s going to remain sticky, as long as you’ve got the fiscal spigot pretty wide.”The Cost Of A ‘Soft Landing’The tension between fiscal and monetary policy is a critical point of contention for Kaplan, who fears that without a recalibration of fiscal spending, the U.S. could face prolonged high interest rates and a potentially destabilizing economic scenario.The International Monetary Fund has also flagged concerns, predicting a fiscal deficit of 7.1% by 2025 and signaling significant risks to the global economy due to the U.S.’s expansive fiscal deficit.Kaplan advocated for a more comprehensive government strategy to combat inflation, which would involve scrutinizing all aspects of economic policies rather than just monetary adjustments.“It would be unfortunate if the answer is everything stays the same and so the Fed is left to either delay much longer or take action” and raise rates, he commented.He also suggested that the Fed should better communicate how fiscal spending impacts economic dynamics, emphasizing that the elevated neutral rate is largely fueled by aggressive fiscal activities.Kaplan believes the real solution may involve either maintaining higher rates longer or moderating fiscal spending to balance economic growth.
Country Garden Extends Bonds to Avoid First Local DefaultCoupon, principal installments were under grace periodFirm already defaulted on dollar debt; liquidation case loomsChinese developer Country Garden Holdings Co., one of the biggest symbols of the nation’s broader property debt crisis, won approval to push back payments on three yuan bonds, people familiar with the matter said, staving off its first local default for now.Noteholders finished voting this week to extend coupon and principal installment payments to September, said the people, asking not to be identified. The company had missed initial deadlines from March 12 through April 12 for the payments. Grace periods of 30 trading days were set to soon expire, after which creditors could have declared defaults if they hadn’t agreed to the extensions.(...)
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12782760/04/24/los-espanoles-deberan-cotizar-cuatro-anos-mas-para-cobrar-la-pension-completa-segun-bruselas.htmlSaludos.
Los contribuyentes que hayan invertido en deuda pública a través del Banco de España durante 2023 deben tener en cuenta que en su borrador de la Renta no estará incluida la comisión por transferencia que aplica el organismo dentro del abono de la amortización de la inversión y sus intereses. Si no se añade los gastos generados en el montante de la operación, de forma manual dentro de la declaración, para no perder ni un euro de la rentabilidad que ofrecieron el año pasado las Letras.
DERECHO A LA VIVIENDA Desmontando los discursos dominantes en el mercado del alquiler Siempre escuchamos los mismos discursos contra la regulación de alquileres. Argumentos que calan a nivel mediático, pero que carecen de base sólida. Cada vez que se propone regular el mercado del alquiler a favor del inquilinato, reaparecen los mismos argumentos en contra por parte de la patronal inmobiliaria y sectores del arco político. Son argumentos que calan a nivel mediático y en el imaginario social, pero que carecen de base sólida.Entre 2019 y 2023, hemos examinado los discursos de los principales actores involucrados en las modificaciones legislativas del mercado de alquiler: el Gobierno, los partidos políticos de la oposición y las patronales inmobiliarias. En concreto, hemos analizado los preámbulos de las leyes que implementan cambios en el mercado de alquiler, las cuales ofrecen una justificación política de dichas medidas. También hemos revisado los debates parlamentarios en los que se discutieron estas medidas y las notas de prensa y publicaciones emitidas por las patronales inmobiliarias como reacción a estas legislaciones. De este modo hemos identificado tres argumentos principales a los que recurren esos actores para deslegitimar y/o limitar toda medida que pretenda regular el mercado en beneficio de los inquilinos. A estos argumentos los hemos denominado: “el casero vulnerable”, “los efectos contraproducentes” y “la vulneración de los derechos de propiedad”.Estos han sido los ejes argumentativos más recurrentes en los últimos años en contra de iniciativas como la extensión de la duración mínima de los contratos del alquiler, el “escudo social” durante la pandemia, la obligación impuesta a los grandes tenedores para ofrecer alquileres sociales a inquilinos vulnerables y los topes de los precios de los alquileres. Recientemente hemos publicado un estudio donde describimos y cuestionamos estos tres argumentos, y que resumimos a continuación. Argumento 1: el “casero vulnerable”. Para quienes se oponen a las políticas a favor del inquilinato, el casero prototípico se encarnaría en figuras como las de una persona jubilada que complementa su modesta pensión con rentas del alquiler. A su entender, se plantea entonces un problema distributivo: legislar a favor del inquilinato supondría perjudicar en igual medida a los caseros que dependen de estas rentas para vivir. En la sesión de votación de la ley de contención de rentas en el parlamento de Catalunya (Ley 11/2020), por ejemplo, el presidente catalán argumentó que, “tenemos que tener en cuenta tanto la vulnerabilidad de los inquilinos como la vulnerabilidad de los pequeños propietarios”. Ante las medidas del “escudo social”, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), por su parte, alertó que ponían en “riesgo la supervivencia económica de muchos ahorradores privados”.Los datos disponibles, sin embargo, no corroboran este argumento. En el mercado del alquiler opera una transferencia de rentas regresiva entre caseros e inquilinos. Los caseros se concentran en los tramos más altos de la distribución de la renta del conjunto de los hogares, mientras que los inquilinos lo hacen en los tramos inferiores. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (2021), incluso si a los caseros se les restasen los ingresos por alquiler, seguirían casi doblando los ingresos de los hogares inquilinos. En este contexto, los hogares de caseros en riesgo de pobreza representan un mero 0,6% de todos los hogares (informe completo aquí). Los planes de pensiones españoles, por su parte, prácticamente no invierten en vivienda en alquiler en el país. Argumento 2: los “efectos contraproducentes”. Según esta postura, las medidas favorables al inquilinato perjudicarían en última instancia a los propios inquilinos, al provocar que los caseros dejen de invertir y retiren viviendas del mercado. Se deduce, pues, que la restricción de la oferta encarecería aún más los alquileres. Como se considera que este es un mercado competitivo, mejor que se autorregule. De hecho, en la sesión de votación sobre la extensión de la duración mínima de los contratos de alquiler (Real Decreto-Ley 7/2019) en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, el portavoz del PDeCAT alertó del riesgo de que, “algunos propietarios, fruto de la regulación, saquen menos pisos en alquiler”. En la misma sesión, pero en referencia a la perspectiva de controlar precios, el portavoz de Ciudadanos argumentó que, entre expertos, un “amplísimo consenso señala que limitar los precios de los alquileres reduce la calidad y cantidad de la oferta de vivienda”.El mercado del alquiler, sin embargo, no es un mercado competitivo. Los caseros tienen la propiedad exclusiva de un recurso escaso y de localización única: el suelo. El inquilinato en ciudades como Madrid y Barcelona, por ejemplo, lo constituyen consumidores cautivos, ya que la alternativa a no aceptar una subida del alquiler es marcharse, con todos los costes que esto representa. En lugares así, los caseros pueden extraer rentas monopólicas muy por encima de sus costes de mantenimiento y de las rentabilidades en otros sectores. Hay margen, por lo tanto, para limitarlas con regulaciones adecuadas.Además, esperar que el mercado incremente automáticamente la oferta de alquiler hasta hacer bajar los precios contradice los propios incentivos de este particular mercado. La vivienda no es una mercancía cualquiera que se produzca cuando su precio supera su coste de producción. La vivienda y el suelo operan como activos, con un valor patrimonial independiente de que estén en uso. En un contexto de alza de precios, los caseros y propietarios de suelo no tienen prisa necesariamente por ofertar más vivienda hoy si lo pueden hacer mañana a un precio mayor. Por otra parte, si las perspectivas de mercado se enturbian, echan el freno para evitar pérdidas futuras. El mercado no correrá a cubrir la demanda de vivienda de alquiler asequible que tan urgentemente se necesita. A pesar de esto, ¿podrían las intervenciones públicas en el mercado del alquiler empeorar aún más la situación? Depende del particular diseño e implementación de cada medida y de cómo se complementen las diferentes políticas desplegadas. Una revisión de la evidencia científica sobre la medida más controvertida (el control de precios de los alquileres) demuestra que no existe ningún consenso general sobre sus impactos, más allá de que sí consigue contener los precios del parque de vivienda regulado. Frecuentemente, el fracaso radica en que la medida se quede a medio camino. Desde nuestra perspectiva, el éxito de la regulación se ve comprometido cuando esta se aplica de manera inconsistente e incompleta. La capacidad de los arrendadores para trasladar sus propiedades a otros mercados con el fin de eludir dicha regulación (como al alquiler temporal o turístico), la implementación de controles variables en función del tipo de propietario, o la ausencia de mecanismos sancionadores eficaces que desincentiven a los arrendadores de su incumplimiento, son factores determinantes que pueden conducir al fracaso de la medida. Argumento 3: la “vulneración de los derechos de propiedad”. Quienes defienden esta posición sostienen que los caseros tienen el derecho irrestricto de determinar los usos y los precios de sus propiedades. El derecho a la propiedad se consideraría, así, un derecho absoluto. Por ejemplo, en un informe del Instituto de Estudios Económicos en el que se valora el proyecto de la Ley de Derecho a la Vivienda (Ley 12/2023), se declara que: “En los últimos años han proliferado los experimentos intervencionistas en la regulación en materia de vivienda, que han supuesto un quebranto del derecho de propiedad. (…) Se reconoce el derecho a la suspensión temporal de los desahucios y de otros procesos de recuperación posesoria de la vivienda de hasta cuatro meses de ocupantes, lo que supone una expropiación regulatoria temporal de la vivienda, y, por tanto, una clara vulneración del derecho de propiedad privada”.La propiedad privada, sin embargo, está limitada legalmente por su función social y la vivienda es uno de los pilares de los Estados de bienestar. Las medidas actuales a favor del inquilinato y en otras materias del derecho a la vivienda cuentan, por lo tanto, con numerosos precedentes históricos en la mayoría de países. La historia del constitucionalismo social y del intervencionismo público en el ámbito de la vivienda es un legado que debe de ser revindicado y reactualizado tras décadas de mercantilización neoliberal. Así, los argumentos que claman que se vulnera el derecho a la propiedad, en esencia, buscan deslegitimar cualquier acción que restrinja sus beneficios, incluso si es para establecer derechos a favor de los inquilinos.En conclusión, los tres argumentos principales que repiten reiteradamente los actores dominantes en el mercado del alquiler tienen importantes debilidades empíricas y teóricas. Que reaparezcan argumentos parecidos ante medidas diversas, además, demuestra que las disputas en torno a las políticas de vivienda no se basan en análisis pormenorizados de cada medida, sino en posiciones ideológicas e intereses económicos.
INMOBILIARIOLa Generalitat deja fuera de la ley el alquiler de temporada en CatalunyaUn decreto del Govern solo permite utilizarlo para asistir a eventos recreativos o turísticosEl Consell Executiu de la Generalitat ha aprobado un decreto ley extraordinario para regular el alquiler de temporada que prohíbe de hecho su uso en Catalunya salvo para la asistencia a eventos recreativos o turísticos. El Govern ha decidido no esperar a que el grupo de trabajo del ministerio de Vivienda acabe sus trabajos para regular este tipo de arrendamientos porque entiende que en Catalunya se ha disparado su “uso fraudulento” para evitar el control de rentas.La consellera de Territori, Ester Capella, explicó en la rueda de prensa del Consell executiu que la Generalitat introducirá un nuevo artículo en la Ley de Vivienda de Catalunya de 2007, que establecerá que los arrendamientos suscritos por motivos profesionales, laborales, de estudios, para recibir asistencia médica o en momentos de transición hasta acceder a una vivienda habitual se considerarán arrendamientos ordinarios de vivienda, con independencia de su duración, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos y en el caso de Catalunya, si están ubicados en zonas tensionadas, al control de rentas.El decreto, explicó Capella, regula también la renta máxima del alquiler de habitaciones, al establecer que el alquiler de todos los elementos de la vivienda no podrá superar el precio máximo fijado por la ley para la vivienda completa.El decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC, esta misma semana, aunque habrá de ser convalidado por la Diputación Permanente del Parlament en un plazo máximo de 30 días. Fuentes del Departament explicaron que los grupos parlamentarios tendrán ahora un plazo de tres días para pedir dictamen al Consejo Garantías Estatutarias, que a su vez tendrá 12 días hábiles para emitirlo, y podría convalidarse entonces en la siguiente reunión de la diputación permanente, a su juicio antes de las elecciones.Portavoces de la conselleria reconocieron que el decreto no cuenta con el apoyo del PSC, necesario para lograr su convalidación, pero se mostraron convencidos de conseguirlo aunque la medida deja en la práctica sin contenido la mesa de trabajo del ministerio de vivienda. Para lograrlo, el decreto incluye también la rebaja del 10% al 5% de las fianzas que retiene el Incasol para devolver a los propietarios, para poder destinar esos fondos a cumplir el acuerdo que alcanzaron la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para financiar la construcción de 600 viviendas de alquiler asequible en la ciudad.El decreto establece también un régimen sancionador, que puede llegar hasta los 900.000 euros por incumplir los requisitos de la ley estatal de vivienda. Esto será cuando se realice una infracción muy grave: alquileres que superen en más de un 30% el índice o que incluyan en el contrato una causa falsa. La infracción será leve cuando la renta supere el índice entre un 10 y el 20% o cundo el contrato no haga constar una causa, o cuando se repercutan al inquilino gastos de gestión, y leve cuando no se haga constar precio del índice, o la última renta, o no se informe de la condición de gran tenedor, o la renta supere en menos del 10% el índice.El alquiler de temporada se ha disparado desde la aprobación de la ley de vivienda en abril del año pasado, y según los datos del portal Idealista ya concentra el 30% de la oferta en Barcelona, donde muchos propietarios lo utilizan para eludir los topes de alquiler.