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El Consello da Xunta del pasado 24 de noviembre acordó perdonar una sanción de 3.055.841 euros a la empresa Construcuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado Telmo Martín, ahora diputado del PP en el Congreso y antes alcalde de Sanxenxo, por la construcción en este municipio de un edificio de seis plantas que invade el dominio público de la playa de Silgar. La Xunta silenció ese acuerdo en la referencia pública de los adoptados en esa sesión del Consello. La decisión ignora la propuesta de sanción de tres millones del técnico que instruyó el expediente, en 2005, y da por bueno otro informe solicitado a mayores de Cristina Paz-Curbera y Llovet, a la sazón jefa del servicio de Gestión de Dominio Público y luego de la Demarcación de Costas de Pontevedra, cargo al que está previsto que vuelva la próxima semana.La Xunta, para oficializar el perdón de los más tres millones de euros a la constructora de la que fue socio Telmo Martín hasta hace unos meses, convalidó en noviembre una resolución del conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos \[Enrique López Veiga\] de 18 de febrero de 2005, días antes de que el PP perdiera las elecciones autonómicas, y que fue recurrida en los tribunales.La resolución del expediente abierto a Construcuatro era competencia del Consello de la Xunta y no del conselleiro, sentenció el Tribunal Supremo en firme el pasado mes de junio. El conselleiro lo anticipaba ya en los fundamentos de su propia resolución, que no obstante determinó el sobreimiento “del expediente sancionador”. El Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo acordó “convalidar la resolución \[de López Veiga\] y acordar así el sobreseimiento del citado expediente seguido contra Construcuatro SA por la realización de obras en la zona de servidumbre de protección marítima en Sanxenxo”.La obra es un edificio residencial de seis plantas a pie de la glamurosa playa de Silgar y en el que el propio Telmo Martín se reservó un piso con dos terrazas. Invade entre uno y 2,69 metros el dominio público desde la línea de playa, que debería ser, como establece la Ley de Costas, de 20 metros. Fue denunciado por la ONG Salvemos Pontevedra y el instructor, dependiente entonces de la Consellería de Pesca que presidía López Veiga, formuló “los hechos imputados, los preceptos infringidos, los preceptos sancionadores y la posible sanción” que fueron comunicadas a las partes. Tras recibir sus alegaciones, propuso la sanción.El Gobierno gallego ocultó el acuerdo en la referencia pública del ConselloPero López Veiga recabó un “informe aclaratorio” de la Demarcación de Costas de Pontevedra, que a la sazón dirigía José Antonio Rueda Crespo, exsenador del PP y exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra, fallecido el pasado mes de enero. Era el padre del actual conselleiro de Presidencia y secretario general del partido en Galicia, Alfonso Rueda. El trámite se realizó con sorprendente celeridad.Paz-Curbera, subordinada de Rueda Crespo, realizó el informe, atribuyendo la invasión de Construcuatro del dominio público a “un error en el grafiado” de los planos, ya que la servidumbre de protección, dice Paz-Curbera, “en un primer momento se marcó a 19 metros cuando su correcta medición en este tramo es de 20 metros”.Pero no se entiende por qué se grafiaron 19 metros en lugar de 20, cuando la Ley de Costas es taxativa en ese sentido. Además, según fuentes consultadas por este periódico, cuando se incoa un deslinde, se facilita una línea de dominio público y una línea de servidumbre de protección —20 metros en zonas urbanas y 100 metros en los demás casos— que se comunican, entre otros organismos, al Ayuntamiento correspondiente y a la Xunta. Esas líneas dan la plena validez legal hasta que se aprueba el deslinde definitivo. Cualquier otro plano que se utilice entre la incoación y la aprobación definitiva del deslinde carece de validez legal, nadie puede esgrimirlos como planos de deslinde. Los de Sanxenxo están aún sin aprobar, aunque el deslinde fue incoado ya en 1998.El edificio de seis plantas invade el dominio público de la playa de SilgarPor lo demás, la línea de dominio público de la playa de Silgar fue siempre la misma. La constructora pudo fácilmente medir sus lindes y comprobar si cumplían el mandato legal. “Con o sin errores, con o sin planos, las referencias estaban claras y las distancias también”, aseguran los expertos. López Veiga, sin embargo, a la vista del informe de Paz-Curbera y pese a reconocer que la imposición de multas de más de 601.000 euros correspondía al Consello da Xunta y no a él, sobreseyó el expediente sancionador “por presuntas obras abusivas en la zona de servidumbre de protección”.Los sucesivos recursos de las partes, contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de casación ante el Tribunal Supremo, confirmaron que el órgano competente para resolver el expediente sancionador era el Consello da Xunta, que lo oficializó en noviembre como se dice, a la chita callando y sin pronunciarse sobre la reposición de la legalidad urbanística que también, tras rebatir las alegaciones de Construcuatro, requería el instructor en su propuesta de resolución: imponer la sanción “y ordenar la vuelta de los terrenos donde se ejecutaron las obras a su primitivo estado”.Multa en Vigo y más enjuagues en SanxenxoLa Xunta tiene pendiente de ejecutar otra sanción a la empresa Construcuatro de 3,7 millones de euros, de los que 1,23 millones corresponden a la devolución de los sobreprecios que cobró a compradores de pisos protegidos en un edificio que construyó en el polígono vigués de Navia, y 2,47 millones, el doble de las cantidades indebidamente cobradas, por la sanción mínima que procedía aplicar. La empresa ha presentado recurso de alzada y, cuando la Xunta lo resuelva, si confirma la sanción, aún le queda la vía contencioso-administrativa.Telmo Martín fue consejero delegado de la constructora hasta el 23 de diciembre pasado, fecha en la que le reemplazó en el cargo, como en otras de sus empresas, su mujer, María Dolores Táboas Carballal. Él ha abandonado la política local —renunció a su acta de concejal de Pontevedra— para dedicarse intensamente al Congreso, donde consiguió escaño en las elecciones de noviembre y figura como el diputado más rico, con un patrimonio declarado de 21,5 millones de euros.
La investigación abierta por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a la Diputación Ourense por la posible gestión irregular de plantas de tratamiento de residuos en municipios rurales entre 2002 y 2005 (planes Daredo y Deputrans) ha dado un giro político, al situar al Gobierno gallego en el objetivo de las críticas políticas: el actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, era vicepresidente de la institución provincial en aquella tramitación y es ya el segundo caso de presunta mala gestión de fondos europeos en el que está inmerso.Plan Daredo, de construcción de 38 minidepuradoras con una ayuda europea de 2.320.000 euros entre 2002 y 2004; y la gestión del Plan Deputrans, entre los años 2004 y 2005, también para la implantación de 16 plantas de aguas residuales, con cargo a una subvención europea de 1,4 millones de euros.Seara recuerda que Martínez está imputado en otro proceso por los presuntos delitos de malversación y falsificación de documento público en el caso de la construcción de una planta de biomasa
La socialista María Quintas acusó ayer al delegado territorial, Rogelio Martínez, de llevar seis años "intentando dilatar su procesamiento, con vericuetos legales amparándose en la prescripción". Sin embargo, añadió, "no dejó de reconocer estos presuntos delitos". Lamentó por ello que a pesar de que los hechos y las declaraciones de implicados "revelan que presuntamente hubo delito", los procesos "arrastran más de seis años".En todo caso, la imputación formal de Rogelio Martínez, recuerda Quintas, "se produjo en 2008", pero no ha sido hasta ahora, con un auto judicial firmado por tres magistrados "que razona de forma motivada los hechos delictivos", que la situación del delegado adquiere condición de "acusado".El PSOE cree "sorprendente" que el Juzgado de Ribadavia no incluya el delito de fraude "para nosotros muy documentado"."No hay nada formal"El entorno del delegado territorial, manifestó ayer su malestar por la comparecencia de María Quintas y la petición de cese fulminante del cargo público, ya que apuntan que, a fecha de hoy, "no hay ninguna imputación judicial formal" contra Rogelio Martínez por los delitos de malversación y falsedad documental.
La Xunta de Galicia desplazó de forma irregular 411 millones en facturas mal contabilizadas del ejercicio 2010 al 2011. Así lo demuestra una auditoría realizada por el Consello de Contas pendiente de aprobación por el pleno de este organismo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Gracias a esta fórmula, la Xunta logró cumplir con el techo de gasto al reducir en siete décimas el déficit presentado al Ministerio de Hacienda que entonces presidía la socialista Elena Salgado.Según desvela el informe instruido por un exconselleiro de Economía de Fraga, José Antonio Orza, solo el Servicio Galego de Saude invirtió 188,20 millones de euros como “gasto no contabilizado” en 2010 que trasladó irregularmente a los presupuestos de 2011. A ello se suma un análisis aleatorio sobre una importante bolsa de gasto en varias consellerías que reveló que la mayoría de los pagos se imputaron erróneamente de un año a otro, lo que arroja un aplazamiento de gasto de 223 millones. En el resto de departamentos del Ejecutivo de Feijóo, el Consello de Contas también destapó prácticas dudosas. Se da la circunstancia de que la responsable de las cuentas de la Xunta en aquel momento es la actual secretaria de Estado de Presupuestos del Gobierno central, Marta Fernández Currás, fichada por el ministro Cristóbal Montoro poco después de acceder al cargo.De los 265,7 millones de obligaciones de gasto trasladadas en 2010 a las cuentas de 2011 por ocho departamentos del Gobierno gallego, el 83,95% (223 millones de euros) se cambiaron de ejercicio de un modo anómalo. El cálculo es una estimación que parte del trabajo de los auditores después de que estos analizasen una a una facturas por importe de 111,3 millones de euros emitidas por consejerías y otros organismos oficiales. En ese exhaustivo repaso el órgano de control de las cuentas de la Xunta detectó 93,4 millones mal computados. El trabajo de campo de los auditores dispuso de una muestra inusitadamente elevada, tras analizar el 41,88% de las obligaciones imputadas en 2010 al ejercicio contable siguiente.En aquella anualidad —y en las posteriores— Feijóo siempre presumió de que la Xunta bajo su mandato entró en el selecto y reducido grupo de comunidades que hicieron los deberes cumpliendo el objetivo de déficit. El techo marcado por el Gobierno central, del 2,4%, no se llegó a rozar en Galicia por tres centésimas (2,37%), y la autonomía resultó la quinta que mejor cumplió con el rigor presupuestario. Semejante aval sirvió al presidente gallego para sacar pecho e inaugurar el mantra que le ha acompañado hasta el fin de la legislatura. La Xunta “ hace más con menos” y Galicia es “una comunidad solvente”.Sin embargo, de la información de Contas se deduce que los números presentados al ministerio deberían haber sido muy distintos. Los 411 millones que se trasladaron al ejercicio posterior (y se fueron pagando a costa de una menor ejecución presupuestaria) obraron el milagro de evitar que el gasto se disparase siete décimas, hasta el 3,09%. Sin esos apaños contables, la realidad habría sido radicalmente opuesta, Galicia ocuparía el puesto número 11, entre Aragón y La Rioja, en el ranking nacional y habría sido la séptima en incumplir el techo de gasto. Todo ello, como indica el Consello de Contas, gracias a que se ampararon desplazamientos de obligaciones “sin que exista razón de orden económico, contable o presupuestaria que lo justifique”, y fuera de los supuestos en que legalmente se pueden aplazar. De ahí que el documento deslice gran preocupación por la disciplina interna aplicada en el gasto.El informe también alerta de otra circunstancia: las facturas que se traspasan se convierten en una bola de nieve cada vez más peligrosa que navega de presupuesto en presupuesto y que en algún momento corre el riesgo de estallar. Eso explicaría la premura con que la Xunta está cerrando sus presupuestos, hasta el punto de que en 2011 se agotó en septiembre.Como ejemplo está la práctica del Servicio Galego de Saúde, que amplió el crédito en 2010 para financiar la farmacia o el personal. “El recurso a este mecanismo, reiterado a lo largo de los años, deriva en buena medida de la insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio, y no incentiva a los gestores para contar con presupuestos realistas”, apunta el informe de Contas, plagado de reproches.“Estamos ante supuestos de gasto que debieron reconocerse en el ejercicio y respecto de los que procederían los ajustes necesarios tanto en la contabilidad presupuestaria como patrimonial. La práctica totalidad del gasto desplazado que resulta de la revisión responde a este supuesto”, subraya la auditoría. Los reparos a la contabilidad del Ejecutivo de Feijóo no se paran ahí y el organismo de control avisa: “Cabe advertir que resultan preocupantes las carencias del control interno en el seguimiento y la validación del gasto desplazado, que no facilitan una cuantificación fiable del mismo [...]igualmente resulta preciso prestar atención a la dinámica creciente de las imputaciones de gasto de años anteriores, que se incrementan en este ejercicio [2010]y que pueden acabar distorsionando ese resultado presupuestario y también porque, en cualquier caso, afectan negativamente a los presupuestos futuros para atender a las necesidades previstas debido a las cargas arrastradas de ejercicios anteriores”.Por eso, tras analizar los números de 2010, el Consello de Contas a la hora de certificar que Galicia ha cumplido el objetivo de déficit del 2,4% añade la siguiente coletilla: “Con las necesarias reservas de los posibles ajustes que puedan resultar de este informe”.Las prácticas contables “arriesgan el resultado presupuestario”, según la auditoríaSu carrera fue meteórica: Marta Fernández Currás, una gestora considerada dentro del ala más solvente del equipo de Alberto Núñez Feijóo, comenzó a hacer valer su gestión con el bipartito en el Gobierno de la Xunta como interventora general de la comunidad autónoma. Tras un fuerte desencuentro con el entonces conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, pasó a un segundo plano hasta que fue rescatada por el actual presidente gallego para tomar las riendas de la Consellería de Facenda tras la segregación de la rama industrial. Ella fue la artífice de medidas como la ley de techo del gasto, la creación de la Agencia Tributaria Galega o la factura electrónica, además de pilotar la fusión de las cajas de ahorros basándose en los datos de una auditoría que se confirmaron irreales.Tras la victoria de Mariano Rajoy su ascenso siguió imparable, esta vez hacia el mismísimo equipo encargado de programar las cuentas de España en los años más duros de la crisis como secretaria de Estado de Presupuestos. Ella es ahora la mano derecha del ministro Cristóbal Montoro.Sin embargo, la buena estela que dejó —Feijóo basa buena parte de su balance en la gestión de Currás— recibe un jarro de agua fría en las recomendaciones del Consello de Contas. Para empezar porque la práctica cada vez más común de desplazar importantes bolsas de gasto de un año a otro “exige prioritariamente incrementar las medidas de control interno”, que aseguren una cuantificación “fiable”, del gasto que se desplaza. No solo eso: advierte de que esas prácticas pueden poner en riesgo “el resultado presupuestario”, y disminuir la capacidad “para atender a las necesidades previstas en ejercicios futuros debido a las cargas arrastradas de ejercicios anteriores”.No se queda ahí. Entre otras cosas, llama la atención del “importante incremento”, experimentado por el endeudamiento en ese ejercicio, por lo que recomienda una “mayor concreción de los supuestos en los que se puede revisar el endeudamiento autorizado”. También llama la atención sobre una fórmula muy de moda en la última legislatura: el pago de infraestructuras a través de “fórmulas de colaboración público privada”, como ocurre con el hospital de Vigo, y del peligro de que lastren los próximos presupuestos. Por último, apela a la “transparencia” y a la homogeneización con la contabilidad nacional.Galicia comenzó la última legislatura con 4.282 millones de deuda, ahora son 7.300. La proporción sobre el PIB ha crecido del 7,7% al 12,8%, y está tres décimas por debajo de la media nacional. La deuda de los organismos autónomos no se ha reducido y casi 3.000 millones se han comprometido por la colaboración con empresas privadas.
Una subvención hidroléctica otorgado por la Junta a dedo a la esposa del ex líder del PP de Caldas de Reis se encuentra ahora en manos de José Alberto Aguiño Magdalena, conocida como rubí de Aios. Aguiño Magdalena fue encausado en los cangrejos de operación como número dos narcotraficante Sito Miñanco. El rubí de Aios es un administrador de minicentral, que se han verificado GC Registro. El ex líder del PP jarabe, el oficial Evaristo Juncal, renunció en 2010 a su cargo de jefe del Departamento de Medio Ambiente e Infraestructura. Lo hizo cuando Él reveló país que había hecho negocios con personas relacionadas con el tráfico de drogas, incluyendo Marcial Dorado, el delincuente estaba de vacaciones Alberto Núñez Feijóo , y Rubio de Aios. Curiosamente, después de salir de este post. Evaristo Juncal no regresaron a su lugar de empleado. Juncal segue ocupando un cargo de responsabilidade Fuentes sindicales informaron de que la Junta nombró GC responsable de Protección Civil de Pontevedra. Consultado por GC, los portavoces de los funcionarios del Gobierno gallego afirman que "Evaristo Juncal, un funcionario de la administración regional, toma el liderazgo del servicio de emergencia, en la provincia de Pontevedra acerca de dos años." Es decir, el gobierno de Feijoo degradouno pasó delegado provincial de la cabeza del consejo provincial de servicio - pero no separada de responsabilidad, como cabría esperar de una persona que ha hecho negocios con testaferros de drogas. El teulle Galicia un puesto de responsabilidad en situaciones de emergencia, a pesar de no ser especializado o con experiencia para esta tarea. Lo que comúnmente se conoce como una "patada". Conceder el dedo a la empleada Hay que tener en cuenta que la hidroléctrica premio dado a dedo.Era 1999 y la Junta de tracción distribuida a través de autorizaciones administrativas, sin concurso, lo que facilitó la especulación. 5.000 kilovatios hora Oca Río fue a la esposa del oficial, que entonces era ya PPdeG local responsable y más tarde se convirtió Gobierno senior. La empresa en cuestión se llama Energy Resources Engineering, SL y, como se había anticipado El País en 2010, es la minicentral sólo tiene la familia política del PP personas vinculadas al tráfico de drogas. En 2011 se puso en marcha el centro de Río Bar en Coles con 1.275 megavatios. Es operado por Minicentrales 2000 SL, empresa de la que es administrador Villa Maria Luisa Fabeiro, viuda del Patoco condenado a ser igual a su marido por tráfico de drogas. Esto se contrasta por hoy GC Registro. Él también hizo negocios con el fallecido Cruz, el común amigo Feijoo y narco Además, Evaristo Juncal hizo negocios con Manuel Cruz. Este es el conductor de la Junta presentó Núñez Feijoo narcotraficante Marcial Dorado. El presidente admitió el lunes que eran amigos de la Cruz fallecido (murió en un extraño accidente circunstancias), pero dijo que desconocidos fuera mandante Dorado. En particular, el Juncal vendió el entorno familiar Dorado JF Oil Company, que ahora se llama jarabe de Gas. Gracias a las contribuciones de los lectores , GC publicar nuevos datos en los próximos días, de las relaciones económicas de la familia de las posiciones PPdeG con personas supuestamente relacionadas con el blanqueo de capitales.
Y al fin se empieza a mentar lo "innombrable"http://www.publico.es/453028/los-capos-discutieron-en-cambados-cuanto-aportarian-a-alianza-popular
Estupefactos dejó ayer Feijóo a los archiveros de la Xunta cuando, apelando a sus conocimientos de Derecho Administrativo, afirmó en el Parlamento que la Administración no conserva ningún expediente anterior a 2003 porque la ley solo obliga a custodiarlos durante diez años. Lo hacía para disculpar que su Gobierno no facilite el listado de adjudicaciones realizadas por el Sergas en los noventa, en aquellos años en los que él era número dos de este organismo y compañero de vacaciones y amigo del contrabandista Marcial Dorado. La Lei de Patrimonio Cultural, sin embargo, dice algo muy distinto. “Integran el patrimonio documental de Galicia los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo de carácter público existente en Galicia, así como por personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos (...)”, dictamina esta norma en su artículo 77. Y en el 80.3 remacha: “Bajo ningún concepto se podrán destruir los documentos mientras subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas y de los entes públicos”.“Si es cierto lo que dice el presidente de la Xunta, malo, porque es ilegal”, advierte Toño Fernández, funcionario del cuerpo especial de archivos de la Xunta y miembro de la junta de personal por la CIG. Los expedientes de contratación de la Xunta solo podrían ser destruídos, explica, tras ser valorados por una comisión de evaluación que aún no ha sido creada en Galicia, una comunidad que carece incluso de una ley de archivos que ordene la custodia de documentos públicos bajo el criterio de funcionarios especializados, no de políticos.Fernández explica que si la Administración funcionase como dice Feijóo, triturando todos los expedientes públicos con más de diez años de vida, Galicia no tendría historia. Las toneladas de documentos administrativos que se generan en la comunidad tienen su ciclo vital: durante el primer lustro de existencia se conservan en las oficinas donde se generaron; durante otro periodo que puede durar de cinco a 15 años se custodian en el archivo de la consellería de turno; de ahí pasarn al Arquivo Xeral da Xunta, una nave en el polígono del Tambre de Santiago con casi 11 kilómetros de estanterías, el lugar donde se tendría que decidir si los documentos tienen valor histórico y deben ser preservados en el Arquivo de Galicia, con sede en la Cidade da Cultura.Pero Fernández admite que en esta cadena la Administración gallega no es un ejemplo de diligencia en la conservación de documentos y que existe bastante descontrol por la falta de personal especializado. No todas las consellerías cuentan con técnicos de la escala de archivos y los expedientes pasan por diversas manos, incluidas las de empresas contratadas temporalmente para esa labor. “En ese maremagnum puede haber eliminaciones o documentos que se pudren...”, denuncia el archivero de la Xunta.El asunto de las fotos de Feijóo con el contrabandista más célebre de las rías baixas volvió ayer de nuevo al Parlamento. La oposición había reclamado cuando estalló el escándalo documentación a la Xunta sobre la red de proveedores de combustible e informática de los hospitales gallegos durante los noventa cuando el ahora presidente de la Xunta compartía jornadas de navegación, viajes al extranjero y fiestas con Marcial Dorado y el testaferro de este, Manuel Cruz, a la vez chófer de la Xunta. Lo que el PSOE trata de determinar con esa documentación es si en la madeja de sociedades de Dorado y Cruz hubo alguna empresa que vendiera gasoil para la la calefacción a los centros sanitarios gallegos, una sospecha muy extendida entre los socialistas gallegos.Pero los papeles que reclamó el PSdeG no van a llegar a corto plazo a la Cámara. En lugar de enviarlos, la Consellería de Sanidad envió ayer al Parlamento al secretario general, Antonio Fernádez Campa, a justificar por qué su departamento no remitió esa documentación. En hora y media de comparecencia, el alto cargo de Sanidade se sometió a las preguntas de la oposición pero no llegó a aclarar si los papeles fueron destruidos, como dio a entender el presidente el miércoles en el hemiciclo cuando dijo: “Nada hay anterior a 2003”.El secretario general alegó que los expedientes solicitados por los socialitas corresponden a “16.000 operaciones contables por un importe de 96,5 millones de euros y 600 terceros”. “Es inmanejable”, explicó en varias ocasiones. En ningún momento alegó cómo sí hizo Feijóo que todas las facturas anteriores a 2003 fueron destruidas. El número dos de la consellería argumentó que “con carácter general las operaciones contables, transcurridos seis años, se pueden expurgar”. Detalló que el “procedimiento de archivo fue modificado en 2000 por una circular en la que se establecían las normas de la documentación a remitir al Consello de Contas y de cómo conservarlas. No toda la documentación tiene que ser expurgada”. La explicación monopolizó su comparecencia, con exposición inicial y dos turnos de respuestas a los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSdeG, AGE y BNG). Los partidos de la oposición tacharon de burla y espectáculo lamentable la actitud de la Xunta y anunciaron que seguirán reclamando la documentación al Parlamento por los cauces reglamentarios.Visto que no hay rastro de los papeles que pedían, socialistas, nacionalistas y AGE preguntaron varias veces a Fernández Campa, que ahora ocupa el mismo puesto que tenía Feijóo durante su amistad con Dorado, si vería razonable relacionarse también él con un narco detenido varias veces por contrabando. No encontraron respuesta.El presidente amenaza con querellas a BeirasXOSÉ HERMIDAAlberto Núñez Feijóo ha pedido muchas veces la dimisión de rivales políticos en los últimos años. En la campaña que le llevó al poder, en 2009, se la exigió al entonces vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, por su famosa foto en un yate con el constructor Jacinto Rey. Antes había reclamado, entre otros varios, el cese de la conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, después de que el propio PP se querellase contra ella por la adjudicación de la autovía del Barbanza, un asunto que acabó archivado. Más recientemente, pidió que el PSOE excluyese a José Blanco de las listas a las últimas elecciones generales por su imputación en el caso Campeón. Pero esta vez el presidente de la Xunta no va a reclamar que se vaya el alcalde de Lugo, el también socialista Xosé López Orozco, después de que la juez Pilar de Lara le implicase en un supuesto cobro de sobornos. ¿Y por qué no pide la dimisión de Orozco? “Esa no es mi forma de hacer política”, explicó ayer en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta. Ahora Feijóo ya no es látigo del despilfarro del bipartito ni del “sultán de Monte Pío”, como llamaba su partido al expresidente Emilio Pérez Touriño. Ahora el presidente es un hombre que se siente vilipendiado. “Me tratan como un delincuente”, se quejó ayer a propósito de las acusaciones que recibe por su vieja amistad con el contrabandista Marcial Dorado. Y Feijóo ya no quiere ejercer de azote sino de defensor “de las instituciones democráticas” contra las “infamias” de sus adversarios.Pero el presidente se está pensando muy en serio pasar a la ofensiva. Ayer confesó que desde hace tiempo algunas personas y algunos “artículos de opinión” que lee en la prensa le recomiendan que emprenda acciones legales por la escalada de ataques de la oposición. Especialmente, del líder de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), Xosé Manuel Beiras, quien le ha llamado desde “narcopresidente” a “chulo de barra americana”. Por eso está “pensando y reconsiderando” su decisión inicial de no acudir a los tribunales para defender su honor y “el de la institución”. Además, Feijóo está convencido de que eso es lo que pretenden sus adversarios. “Hace tiempo que la oposición está buscando la imagen de verse con el presidente de la Xunta en un juzgado”, sostuvo. Y al comprobar que “se están sobrepasando todos los límites”, advirtió de que “esa posibilidad empieza a ser razonable”.Ante la insistencia de los periodistas, Feijóo no quiso poner nombres a los posibles destinatarios de sus acciones judiciales. Pero su discurso apuntó tácitamente a Beiras y sus compañeros de AGE. “Las imputaciones de delitos ustedes las escuchan todos los días y saben que es incompatible ser presidente de la Xunta y narcotraficante. El narcotráfico es un delito”, enfatizó, por si a alguien le quedaba alguna duda.
No todo eran vacaciones en el barco de Marcial Dorado. En la embarcación del narcotraficante gallego también se hablaba de trabajo. En dos de las fotos publicadas recientemente por el diario El País, junto al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aparece una mujer —con un bikini amarillo en una y vistiendo abrigo blanco en otra— que por aquel entonces era la responsable de Sanidad de CCOO en Galicia. María Xosé Alende Maceira tenía una relación sentimental con el entonces número dos de la Consellería de Sanidade de Galicia. Así lo confirman fuentes del sindicato, que aseguran: "Lo que se hablaba en Comisiones por la mañana, Feijóo lo sabía por la noche". Un ejemplo de ello se manifestó a mediados de los noventa, durante las movilizaciones sindicales de los trabajadores del Sergas (Servicio Galego de Saúde) para reclamar que se les equiparara el sueldo con los funcionarios de la Xunta cuando las competencias sanitarias fueron transferidas a las comunidades autónomas. "Durante la manifestación central de la protesta corrió el rumor de que CCOO y CESM [el sindicato médico] habían firmado el día anterior un acuerdo con unas condiciones inferiores a las que estábamos barajando", cuentan fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG). El rumor se confirmó al día siguiente y se desconvocaron las protestas. Ese mismo paralelismo entre Comisiones y la Administración, aseguran fuentes cercanas al caso, se reprodujo años después en Madrid, cuando él ya era presidente del Insalud y ella, secretaria general de la Federación Estatal de Sanidad de CCOO. Este último, un ascenso promovido por José María Fidalgo, secretario general del sindicato entre 2000 y 2008, muy a pesar de los compañeros gallegos de Alende, según las mismas fuentes.Las fechas de promoción de ambos miembros de la pareja coinciden con la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, la ranura por la que se ha colado la privatización sanitaria que ha puesto en pie de guerra a la marea blanca. La normativa fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CiU, CC y PNV. Durante su tramitación, CCOO fue la única organización sindical que aplaudió las iniciativas del entonces ministro José Manuel Romay Beccaría, mientras IU y BNG advertían del peligro que entrañaban las "nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud". El PSOE también se relajó, indican las citadas fuentes a Público, cuando garantizaron, simplemente, que la titularidad de los centros de salud seguiría siendo pública. Tras la votación unánime en el Parlamento, CCOO valoraba "positivamente" el acuerdo alcanzado, según una nota de prensa enviada a los medios el 21 de febrero de 1997. En este documento, María Xosé Alende afirmaba que ese consenso iba a "mejorar" y "consolidar" el Sistema Sanitario Público. Alende dejó el cargo en 2009 y ahora trabaja en la consulta de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Público ha conseguido contactar con ella, si bien una vez planteado el asunto que ocupa este artículo, la comunicación se ha cortado. Después ha sido imposible volver a hablar con Alende porque el teléfono de la sala donde trabaja estaba descolgado, según ha informado la telefonista de la centralita."Lo que se hablaba en Comisiones por la mañana, Feijóo lo sabía por la noche", dicen fuentes de CCOO Sobre esa valoración de la ley, la dirección actual del sindicato, según ha afirmado a Público mediante un comunicado, recuerda que "ha sido la única organización que ha impugnado jurídicamente todos los pliegos de condiciones que han supuesto privatización parcial o total de la gestión de nuestro Sistema Sanitario".El sindicato señala además que en el pasado 10º Congreso de la FSS-CCOO, celebrado en Toledo en enero de este año, se aprobó una Resolución única que reza: "Reivindicamos la modificación del punto dos del artículo único de la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formulas de gestión del Sistema Nacional de Salud, para garantizar que la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios públicos, además de con medios propios, sólo se podrá hacer mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades exclusivamente públicas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad. Así como el mantenimiento del carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, gestión y provisión de los servicios".La ley que CCOO aplaudió en 1997 abría, sin embargo, la puerta a que se pudiera gestionar la sanidad mediante "acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas".El sindicato añade que "no entra a valorar las afirmaciones sobre las relaciones personales [entre Feijóo y Alende] porque esta cuestión pertenece a la esfera personal de sus vidas".Feijóo explicó las fotos que demuestran su amistad con el narco Dorado en el Parlamento gallego el pasado mes de abril e incluso reconoció que empresas de Dorado tuvieron contratos con la Xunta. Justo ayer, el presidente gallego alegó que el Ejecutivo ya no guarda esos contratos.