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Brexit trade talks 'in a serious situation' and no deal very likely - UK saysBritish Prime Minister Boris Johnson’s office said on Thursday that trade talks with the European Union were in a “serious situation” and that no agreement would be reached unless the bloc changed its position substantially.During a call with European Commission President Ursula von der Leyen, Johnson said “time was very short and it now looked very likely that agreement would not be reached unless the EU position changed substantially”, his office said in a statement.“The prime minister underlined that the negotiations were now in a serious situation.”
Es un rumor, pero no sería de extrañar que totalmente cierto...https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/habra-dinero-gobierno-bares-restaurantes-hoteles-comercios-sean-viables/20201216173729197364.htmlCitarNo habrá dinero del Gobierno para bares, restaurantes, hoteles y comercios que no sean viablesIndustria ha trasladado a los representantes del sector que los recursos limitados del Estado impiden sostener artificialmente a empresas ‘zombiesLos efectos del Covid han herido de gravedad a muchas compañías del sector de la hostelería que continúan operando pese a una solvencia y una rentabilidad precarias y que podrían verse arrastradas a la quiebra en los próximos meses. El Gobierno se resiste ahora a inyectar dinero público en negocios que ya están “sentenciados de muerte”.Considera que son empresas ‘zombies’, que afrontan la nueva coyuntura con escasa viabilidad, y por ello se decanta ahora por dejarles fuera del plan de ayudas a la hostelería, que acumula casi un mes de retraso, para focalizar los recursos públicos en actividades con mejores perspectivas de futuro a medio y largo plazo.Ese es el planteamiento que los ministerios de Industria y Asuntos Económicos han trasladado a los representantes del sector, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones, ante unos recursos fiscales limitados y en un escenario de elevada incertidumbre.Aseguran que la postura que han transmitido en privado los departamentos de la vicepresidenta Nadia Calviño y de la ministra Reyes Maroto pasa por evitar sostener artificialmente en exceso a empresas que no presenten la viabilidad suficiente para afrontar el cambio de coyuntura tras la pandemia.Se trata de evitar conceder subvenciones a fondo perdido a empresas que no puedan reabrir porque supondría un problema para el Gobierno con Bruselas, ya que condiciona esas ayudas a que los negocios sigan funcionando.De no ser así, las compañías que no reanuden la actividad tendrían que devolver esas ayudas lo que generaría un problema de índole social para muchas personas que, además de perder su negocio, habrían contraído una deuda que serán incapaces de devolver.La propuesta no convence a los hostelerosEsta tesis de “dejar morir a las empresas”, redirigiendo las ayudas a las empresas que tengan viabilidad, no convence a los hosteleros que han tenido acceso a los debates que se mantienen desde hace semanas en el seno del Gobierno.Consideran que es un enfoque “erróneo” porque el Estado “no debe dejar de inyectar dinero en las empresas que estén a punto de hundirse” y que precisamente es “en las actividades que están en peligro donde deben volcarse los recursos”.Las fuentes del sector anticipan a ECD que, de materializarse formalmente esta propuesta, se planteará una dura batalla al Gobierno.Cierre de 85.000 establecimientos de hosteleríaLos cierres en la primera ola y las fuertes restricciones en algunas comunidades en esta segunda ola están complicando aún más la supervivencia de muchas empresas. El 33% son negocios familiares, sin asalariados y que viven de ello, y más del 60% son microempresas con uno o dos empleados. Esto las hace más vulnerables.El impacto de esta crisis se concentra sobre todo en Baleares, Canarias y Cataluña, las tres regiones más dependientes del turismo internacional. Las caídas en la facturación rondan el 70% de media en los tres territorios.La pandemia ha obligado a echar el cierre a 85.000 establecimientos de hostelería en lo que va de año. Por si fuera poco, según los datos presentados esta semana por Hostelería de España -que aglutina a más de 300.000 locales en todo el país-, de aquí a febrero la cifra podría llegar a un tercio del total de locales que hay en España (unos 100.000) si no se aprueban medidas para apoyar al sector.La facturación ha caído en 67.000 millones de euros (el 50% del total) y hay 680.000 empleos directos en peligro. Entre directos e indirectos, suman 1,1 millones.
No habrá dinero del Gobierno para bares, restaurantes, hoteles y comercios que no sean viablesIndustria ha trasladado a los representantes del sector que los recursos limitados del Estado impiden sostener artificialmente a empresas ‘zombiesLos efectos del Covid han herido de gravedad a muchas compañías del sector de la hostelería que continúan operando pese a una solvencia y una rentabilidad precarias y que podrían verse arrastradas a la quiebra en los próximos meses. El Gobierno se resiste ahora a inyectar dinero público en negocios que ya están “sentenciados de muerte”.Considera que son empresas ‘zombies’, que afrontan la nueva coyuntura con escasa viabilidad, y por ello se decanta ahora por dejarles fuera del plan de ayudas a la hostelería, que acumula casi un mes de retraso, para focalizar los recursos públicos en actividades con mejores perspectivas de futuro a medio y largo plazo.Ese es el planteamiento que los ministerios de Industria y Asuntos Económicos han trasladado a los representantes del sector, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones, ante unos recursos fiscales limitados y en un escenario de elevada incertidumbre.Aseguran que la postura que han transmitido en privado los departamentos de la vicepresidenta Nadia Calviño y de la ministra Reyes Maroto pasa por evitar sostener artificialmente en exceso a empresas que no presenten la viabilidad suficiente para afrontar el cambio de coyuntura tras la pandemia.Se trata de evitar conceder subvenciones a fondo perdido a empresas que no puedan reabrir porque supondría un problema para el Gobierno con Bruselas, ya que condiciona esas ayudas a que los negocios sigan funcionando.De no ser así, las compañías que no reanuden la actividad tendrían que devolver esas ayudas lo que generaría un problema de índole social para muchas personas que, además de perder su negocio, habrían contraído una deuda que serán incapaces de devolver.La propuesta no convence a los hostelerosEsta tesis de “dejar morir a las empresas”, redirigiendo las ayudas a las empresas que tengan viabilidad, no convence a los hosteleros que han tenido acceso a los debates que se mantienen desde hace semanas en el seno del Gobierno.Consideran que es un enfoque “erróneo” porque el Estado “no debe dejar de inyectar dinero en las empresas que estén a punto de hundirse” y que precisamente es “en las actividades que están en peligro donde deben volcarse los recursos”.Las fuentes del sector anticipan a ECD que, de materializarse formalmente esta propuesta, se planteará una dura batalla al Gobierno.Cierre de 85.000 establecimientos de hosteleríaLos cierres en la primera ola y las fuertes restricciones en algunas comunidades en esta segunda ola están complicando aún más la supervivencia de muchas empresas. El 33% son negocios familiares, sin asalariados y que viven de ello, y más del 60% son microempresas con uno o dos empleados. Esto las hace más vulnerables.El impacto de esta crisis se concentra sobre todo en Baleares, Canarias y Cataluña, las tres regiones más dependientes del turismo internacional. Las caídas en la facturación rondan el 70% de media en los tres territorios.La pandemia ha obligado a echar el cierre a 85.000 establecimientos de hostelería en lo que va de año. Por si fuera poco, según los datos presentados esta semana por Hostelería de España -que aglutina a más de 300.000 locales en todo el país-, de aquí a febrero la cifra podría llegar a un tercio del total de locales que hay en España (unos 100.000) si no se aprueban medidas para apoyar al sector.La facturación ha caído en 67.000 millones de euros (el 50% del total) y hay 680.000 empleos directos en peligro. Entre directos e indirectos, suman 1,1 millones.
El Gobierno compensará a todos los propietarios de vivienda afectados por el decreto antidesahucios La indemnización se podrá pedir cuando las Administraciones tarden más de tres meses en ofrecer una alternativa habitacional a las personas que van a ser desalojadas.El Gobierno confía en aprobar el próximo martes 22 de diciembre el nuevo decreto antidesahucios, cuyo borrador ha sido remitido a la comisión de secretarios y subsecretarios de Estado este jueves. En la propuesta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se recoge una compensación a los propietarios de vivienda, tanto si el desalojo que se paraliza implica a un inquilino con contrato de arrendamiento o a una familia vulnerable que ocupa una vivienda sin título legal. La cuestión ha levantado ampollas en el Gobierno de coalición en las últimas semanas sobre todo a cuenta de uno de los nuevos supuestos que contemplará el decreto: el de las personas que ocupan ilegalmente un inmueble. ( quienes son los propietarios del 91% de los inmuebles ocupados? Pero esto que es, que horror!!)Los requisitos para acceder a las indemnizaciones serán más estrictos cuando el inquilino carece de contrato de alquiler. (no imposible, alucino, cometes una infracción, y es posible que te compensen ) En todos los casos es el arrendador quien debe justificar su perjuicio y pedir la compensación, una vez que la Administración haya sido incapaz de encontrar en tres meses una alternativa habitacional a las personas que van a ser desalojadas. La cuantía dependerá de los precios medios del mercado en la zona donde está el inmueble o, cuando haya contrato legal, de la renta no percibida si esta es inferior a la media.Delimitar las circunstancias en que se puede paralizar un desahucio y ofrecer, o no, una compensación a los propietarios de esos inmuebles ha dividido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por el socialista José Luis Ábalos, y a la Vicepresidencia de Derechos Sociales (el buque insignia de Unidas Podemos en el Ejecutivo, con Pablo Iglesias al frente). Conforme avanzaron las negociaciones se añadieron además la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y el Ministerio de Justicia, ambos en manos socialistas.Tanto Ábalos como Iglesias confían en que el texto quede aprobado el próximo martes, aunque se impone la prudencia. Las reuniones se han sucedido en las últimas semanas y el grado de acuerdo es bastante alto, pero fuentes de Transportes señalan que el envío a la comisión de secretarios es una prueba para “saber si puede haber algún problema por otros Ministerios”. Este mismo jueves, en un acto en Valladolid, Ábalos ha dicho que, de existir algún impedimento, la aprobación se retrasaría una semana. En Derechos Sociales, más apremiados por los plazos ya que Iglesias anunció a finales de noviembre una solución en 15 días, señalan que “quedan flecos”. La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha dicho este jueves que el acuerdo será “moderadamente satisfactorio” y que su partido no se siente “especialmente cómodo” con las compensaciones a grandes propietarios, es decir, a Unidas Podemos no le gustan estas indemnizaciones pero no las va a vetar.El borrador recoge, tal y como exigía Podemos, la paralización de desahucios a ocupantes de viviendas sin título legal siempre que se acredite su vulnerabilidad y que el propietario sea un gran tenedor de vivienda (el que tiene más de 10 inmuebles). A cambio, Transportes contempla que este tipo de propietarios puedan pedir una compensación a las Administraciones públicas, cuando estas hayan sido incapaces de encontrar una alternativa que permita el desalojo, algo que los socialistas del Gobierno ven necesario para garantizar la seguridad jurídica y no encontrarse con un recurso ante del Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a la propiedad.https://elpais.com/economia/2020-12-17/el-gobierno-compensara-a-todos-los-propietarios-de-vivienda-afectados-por-el-decreto-antidesahucios.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
El decreto, según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado fuentes gubernamentales, pautará la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma. Concretamente, no se realizarán lanzamientos de este segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa para el realojo.
Es un rumor, pero no sería de extrañar que totalmente cierto...https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/habra-dinero-gobierno-bares-restaurantes-hoteles-comercios-sean-viables/20201216173729197364.htmlCitarNo habrá dinero del Gobierno para bares, restaurantes, hoteles y comercios que no sean viables
No habrá dinero del Gobierno para bares, restaurantes, hoteles y comercios que no sean viables
El negociador de la Unión Europea (UE) para la relación con el Reino Unido tras el Brexit, Michel Barnier, advirtió este viernes de que solo quedan "algunas horas útiles" para que Londres y Bruselas puedan lograr un pacto que entre en vigor el 1 de enero, y subrayó que no puede decir si se conseguirá."Nos queda muy poco tiempo, algunas horas útiles en esta negociación, si queremos que este acuerdo entre en vigor el 1 de enero", declaró el político francés durante un debate en el Parlamento Europeo (PE).[...]
España donará millones de vacunas anti-covid dentro de una "diplomacia sanitaria"https://www.vozpopuli.com/espana/espana-millones-anti-covid-diplomacia-sanitaria_0_1420358662.htmlEl Gobierno ha comprado dosis para 80 millones de personas y buena parte del remanente que no se utilice se entregará a países en vías de desarrollo. Exteriores busca la implicación de toda la UE[También habrá que señalarlo cuando el gobierno, no se sabe muy bien cómo, acierta una.]
Horas...Barnier avisa de que solo quedan "algunas horas" para alcanzar un acuerdo sobre el Brexithttps://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/18/economia/1608281546_817823.html
El norte de España depende de las pensiones para crecerLa transferencia de rentas que reciben todos los meses para el pago de las pensiones sostiene la renta disponible de los hogares y fomenta el consumoUna de las consecuencias de la Gran Recesión fue la 'generación perdida'. Los nacidos a partir de 1985 se han tenido que enfrentar a un mercado laboral muy agresivo, con elevadas tasas de paro, de precariedad laboral y con un claro riesgo de pobreza. Desde el año 2008 las pensiones se han convertido en el salvavidas para muchas familias, hasta el punto de que los jubilados se han convertido en el grupo social que más consume, gracias a sus rentas seguras y crecientes. Para las regiones más envejecidas, las pensiones se han convertido en un motor de crecimiento fundamental. De ahí que en los últimos años la subida de las pensiones por encima del IPC haya sido un estímulo fundamental para su actividad económica. Se trata, principalmente, de las comunidades del norte de España: Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Galicia, que tienen más de un 20% de la población por encima de los 65 años. En estas comunidades, por cada 100 ocupados hay ya más de 50 personas mayores de 65 años; y en el caso de Galicia y Asturias supera las 60 personas. Esto significa que en torno a un 40% de las personas con ingresos son pensionistas.Además, en estas regiones las pensiones son más altas porque el sistema contributivo paga en función de lo aportado durante la vida laboral; y como estas regiones tenían mayor renta que la media nacional, sus prestaciones también son mayores. Estos hogares contribuyen a elevar la renta media en estas comunidades, lo que provoca que las regiones del norte tengan una renta disponible más elevada de lo que les correspondería de acuerdo a su producción. Así se desprende de los datos de contabilidad regional publicados esta semana por el INE correspondientes al año 2018.En Asturias, el caso más destacado de todos por las pensiones de la minería, la renta disponible de los hogares es un 3% superior a la media nacional (medido en términos per cápita). Sin embargo, el PIB per cápita producido por la región es nada menos que un 12% inferior a la media nacional. Esto hace que la comunidad cuente con unos recursos más elevados de los que genera, gracias básicamente a las transferencias estatales de las pensiones. La brecha entre renta disponible y PIB per cápita de Asturias es la más elevada de España, pero se repite en todas las comunidades del norte. En el siguiente gráfico se aprecia claramente. Las CCAA que están por encima de la línea de regresión son aquellas que tienen un nivel de renta superior al que les correspondería en función de su producción.En Cantabria, la renta disponible de los hogares es un 2% superior a la media nacional, pero su nivel de PIB es un 8% inferior; y en Castilla y León, la renta disponible es similar a la de España, pero su PIB per cápita es un 6% inferior. Extremadura también se cuela entre las regiones con mayor diferencia entre la renta y el PIB, pero en su caso se debe a las transferencias de los subsidios a la agricultura y las prestaciones por desempleo, lo que provoca rentas superiores a su producción. En el extremo opuesto se sitúan las regiones menos envejecidas, que son aquellas cuya producción per cápita es más elevada por tener al grueso de su población ocupada. En Madrid, la renta disponible per cápita es un 26% superior a la media nacional, pero el PIB generado es un 36% superior. Es importante tener en cuenta que Madrid absorbe población activa de otras regiones, de modo que las vacía de mano de obra, lo que influye de forma decisiva en este reparto de la renta entre regiones.El gran riesgo para las provincias envejecidas estará en la tercera gran despoblación, que ocurrirá cuando la generación de pensionistas empiece a morir. En ese momento perderán una gran inyección de renta, lo que supondrá un gran desafío económico. Hasta entonces, las pensiones garantizarán los ingresos de la generación que se jubile.El saldo de la Seguridad SocialLa dependencia de las pensiones se observa en el desequilibrio de la Seguridad Social por territorios. Las comunidades del norte de España presentan un desequilibrio muy relevante, medido en términos de ingresos por cotizaciones menos el gasto en pensiones contributivas (se excluyen aquí otras prestaciones y gastos de funcionamiento de la Seguridad Social). Una vez más, el caso de Asturias es abrumador, con un gasto en pensiones que es más del doble de los ingresos por cotizaciones que se generan en la región.En el resto de CCAA el déficit no es tan profundo, pero sí es significativo: en Cantabria y Castilla y León casi alcanza el 60% sobre los ingresos; en Galicia, el 50%; y en el País Vasco, el 30%.El problema es que en estas regiones está aumentando el déficit desde 2013, primer año en el que está disponible la encuesta de presupuestos por territorios y que coincide, además, con el inicio del ciclo expansivo de España. Esto significa que, a pesar del crecimiento económico de estos años (2013-2019) y de la creación de empleo, el gasto en pensiones ha sido incluso más acelerado. En el País Vasco el déficit ha crecido un 52% en este periodo, en Navarra casi un 40% y en Cantabria más de un 20%.Por el contrario, en el conjunto de España se ha reducido un 10% y en algunas comunidades ha caído casi un 30%. Estos datos explican el nivel de dependencia que tienen las comunidades del norte de las pensiones. Cifra que seguirá aumentando en la próxima década como consecuencia de la jubilación de la generación del 'baby boom'.
El Banco de España alerta del riesgo de morosidad en familias vulnerablesEl supervisor prevé una caída del consumo a final de año por los rebrotesEl Banco de España insistió ayer en la desaceleración de la actividad registrada a finales de este año, por culpa de las medidas de contención para combatir la segunda ola de la Covid-19. Una pérdida de impulso que, en su previsión más probable, provocará que el PIB vuelva a terreno negativo (-0,8%) con respecto al tercer trimestre y llevará a cerrar el 2020 con un retroceso anual del 9,8%. En su balance trimestral de la economía, el supervisor destacó la dependencia de la recuperación económica respecto al despliegue de las vacunas y apuntó daños estructurales por la crisis, como el riesgo de morosidad al que están abocados los hogares con menos recursos.Así, el Banco de España alertó de que, a pesar de que el crédito a las familias ha vuelto a crecer “tímidamente en los últimos meses, la situación patrimonial de los hogares se ha deteriorado por el coronavirus”. Por ello, anticipa que “una eventual eliminación de las medidas de protección de rentas y de las moratorias de deudas a medio plazo” puede comprometer la capacidad de afrontar las deudas de “algunos hogares en una situación más vulnerable”. En esta última etapa de la crisis, el supervisor ha puesto el acento en defender el mantenimiento de las ayudas a familias y empresas mientras sea necesario, aunque focalizándolas en los colectivos que las necesitan en mayor medida.Hace una semana, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ya destacó entre los efectos persistentes en la economía la amenaza del aumento de la desigualdad, ya que la crisis está afectando sobre todo a jóvenes y trabajadores de rentas bajas, al estar especialmente representados en las actividades más perjudicadas por las restricciones. De esta forma, alertó Hernández de Cos, “la crisis habría incidido con una particular intensidad sobre aquellos trabajadores que presentan un mayor grado de vulnerabilidad de partida y disponen de unos recursos más limitados para sostener su gasto, lo que podría condicionar la evolución futura de la desigualdad en nuestro país”.CUARTO TRIMESTREEl precio de la vivienda baja por primera vez desde el estallido de la pandemiaEl informe, publicado ayer, también vincula la ralentización de la recuperación en el cuarto trimestre del año a una caída en el consumo de las familias. Este descenso –señala el Banco de España– tiene que ver con “un contexto de empeoramiento de la pandemia, de endurecimiento de las medidas de contención y de deterioro en los niveles de confianza”.Asimismo, el retroceso del gasto de los hogares será “más intenso” en la compra de servicios que en la de bienes de consumo, resalta el análisis. Y se basa en el desplome en la venta de coches o la bajada de pernoctaciones de residentes en España desde octubre por las restricciones, así como en la factura de ocio y restauración. En cambio, resaltan la fortaleza del gasto en equipamiento del hogar, a niveles superiores a los previos a la crisis sanitaria.El informe trimestral prevé además que el precio de la vivienda experimente una bajada en el último tramo del año, “por primera vez desde el inicio de la pandemia”. Este abaratamiento estaría concentrado en las transacciones de viviendas de segunda mano y sería más acusado en los archipiélagos y en el litoral mediterráneo. Al tiempo, consideran probable que las “asimetrías sectoriales” entre los servicios y la industria se estén intensificando desde octubre.Efectos a medio plazoSegún el informe “la duración del proceso de inmunización es crucial”En todo caso, el estudio del supervisor resalta que el aumento del teletrabajo o del comercio electrónico han contribuido a que el impacto de la segunda ola haya sido “sensiblemente más reducido” que durante el confinamiento estricto iniciado en marzo. “La adaptación de los patrones de conducta” de familias y empresas ante la situación estaría limitando estos efectos, indican.También remarca que “la duración del proceso de inmunización de la población será un determinante crucial de la magnitud de los posibles efectos de la pandemia más allá del corto plazo”, con lo que pone el acento en el calendario de administración de las vacunas. “La decidida actuación de las políticas económicas, proporcionando rentas y liquidez a los agentes privados, ha contribuido de forma crucial a limitar los daños al tejido productivo, pero no logrará evitarlos por completo”, explica el análisis. Y avisa: la pandemia está acelerando algunos procesos de transformación estructural, como la digitalización, “que harán necesaria una reasignación de recursos en las economías, cuya magnitud todavía es incierta”.