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El ex alcalde limpia su honor

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En noviembre de 2000, el entonces alcalde socialista de Estepona (Málaga) y abogado, Antonio Caba, recibió en su despacho profesional una visita poco grata. Un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía acudió al bufete, por orden de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, en busca de documentación sobre las empresas de uno de sus clientes: Levent Ucler, que había adquirido dos gasolineras con un dinero cuya procedencia escamaba a la juez. Este ciudadano turco, condenado en 1993 -y posteriormente absuelto- por transportar 63 kilos de heroína, se encontraba esos días en la cárcel acusado de haber ordenado acribillar a tiros a su esposa en junio de 2000, un cargo del que también fue exculpado.

El 4 de abril de 2001, el fiscal antidroga acusa a Caba de blanquear dinero y, al día siguiente, el alcalde pasa a convertirse en ex alcalde. Seis años después, es decir, el pasado viernes, el Tribunal Supremo absolvió a Caba y decretó que el segundo y definitivo juicio a que fue sometido en la Audiencia Nacional se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

"El sentido de la sentencia es que no sólo se ha vulnerado la presunción de inocencia sino que era inocente antes, lo he sido durante el procedimiento y lo sigo siendo ahora", señaló Caba, que siempre ha asegurado tener la conciencia tranquila. "Mis clientes y quienes me conocen bien saben que soy incapaz de delinquir. Hasta esta imputación no había tenido ni una multa de tráfico y hasta el inspector de Hacienda que analizó mis cuentas en 1994 y 2000 me felicitó por llevarlo todo con tanta pulcritud", asegura.

Caba, de 43 años y militante del PSOE desde 1989, no saltó a la política activa hasta 1995. "Me presenté en las listas como concejal cuando llegó el GIL a Estepona, porque sabía lo que ese partido estaba haciendo en Marbella y no quería eso para mi pueblo". En julio de 1999, un pacto a cuatro bandas entre PSOE, PP, IU y PA, arrebató la Alcaldía a Jesús Gil Marín y aupó a Caba. "Creo que le hicimos un favor a Estepona con ese pacto".

Su paso por la alcaldía esteponera se recordará como la época, en la que se destaparon los desmanes del vástago de Jesús Gil, del que se supo que llegó a adquirir un revolver Smith & Wesson para su defensa personal con cargo a los presupuestos. Gil devolvió el arma, pero dejó el Consistorio con 27 millones de deuda con la Seguridad Social mientras los concejales y altos cargos del gilismo habían cobrado tres millones de euros en un año y medio. En el tiempo que estuvo como regidor Caba denunció "amenazas mafiosas" contra él y su familia. En diciembre de 1999 su Jaguar apareció con marcas de haber sufrido un incendio intencionado, según la policía científica.

Sin embargo, las preocupaciones para Caba iban más allá de su seguridad. Durante este tiempo, el alcalde y su cliente Ucler, así como un socio del regidor y el secretario del ciudadano turco ya estaban en el punto de mira de la juez Teresa Palacios. En diciembre de 2000, Caba declaró como imputado por un delito de blanqueo de capitales, mientras el GIL pedía su dimisión. La renuncia de Caba no se produjo hasta que la fiscalía le acusó formalmente. "En el partido nadie me presionó para que dimitiera, yo había dicho que si había una acusación del fiscal me marcharía por el bien del pueblo y del partido", recuerda Caba.

En ese momento, el ex alcalde pidió ser suspendido también de militancia en el PSOE. "La verdad es que lograr la suspensión de militancia es tan difícil como darse de baja de un teléfono móvil", bromea. "Lo pedí por escrito, pero me siguen pasando la cuota y yo la sigo pagando", asegura. Caba, casado y con dos hijos, afirma que "todavía" no se ha planteado volver a la política, pero afirma que una vez que elTribunal Supremo le ha absuelto piensa mantener una "militancia activa".

En una época en que abogados y notarios están en entredicho por operaciones policiales contra el blanqueo como Ballena Blanca o la más reciente Hidalgo, Caba, experto en derecho mercantil y concursal, reclama "una nueva redacción para el tipo penal del blanqueo que adapte al derecho español la directiva comunitaria y que castigue a los abogados que blanquean dinero negro a sabiendas de que lo es".

Después de seis años y cinco meses de proceso, Caba no se plantea emprender acciones judiciales contra los responsables de sus condenas en la Audiencia Nacional: "La venganza es una satisfacción para espíritus innobles. No han conseguido hacerme daño, están todos perdonados, pero les queda mi desprecio".


La sentencia del Tribunal Supremo, que absuelve a Antonio Caba y a otras cinco personas de un delito de blanqueo de capitales supone un varapalo jurídico en toda regla a la Audiencia Nacional, que juzgó el caso en 2002 y que revisó la sentencia en 2004. La Sala de lo Penal del Supremo reprocha a los magistrados de la sección tercera de la Audiencia una "grave anormalidad procesal" como es haber notificado la sentencia sin la firma de uno de los tres ponentes. El ponente del Supremo, Perfecto Andrés Ibáñez, señala también que "el anómalo desarrollo de la causa ha afectado asimismo negativamente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todos los acusados". Además, Caba alegó, y se le dio la razón, que se había vulnerado el secreto de las comunicaciones y el derecho a la presunción de inocencia, al entender que no había prueba de cargo suficiente para fundar la condena a 18 meses de prisión.

La policía relaciona a Ucler con los principales capos de la heroína

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Tampoco se han evidenciado pruebas de la implicación en el delito del blanqueo de dinero por el que están acusados del socio economista de Caba ni de un fiduciario gibraltareño.

La declaración en el juicio de los policías que investigaron las actividades de Ucler, sus negocios y sus cuentas bancarias dio ayer un vuelco. Tras la declaración nada convincente y a veces contradictoria de los agentes que hicieron las indagaciones patrimoniales y los movimientos de dinero del cliente turco de Caba, ayer declaró como testigo del fiscal el inspector jefe del grupo 21, especializado en la lucha contra el tráfico de heroína. El policía afirmó que Ucler ha estado relacionado con todos los tráficos de esta droga que ha habido en España desde 1990, 'cuando fue detenido con un cargamento de 50 a 70 kilos'. 'Sin ninguna duda, todas estas operaciones se han hecho al calor y al amparo de los círculos íntimos de Levent Ucler', añadió.

Según este relato, desde su salida de la cárcel en 1995 Ucler ha mantenido 'una amplia relación con Urfi Cetinkaya, uno de los más activos narcotraficantes de heroína del mundo', procesado en este momento en Turquía, con peticiones de condena de 450 años de prisión. El policía describió las relaciones de Ucler, a quien considera un capo importante, con Cetinkaya, 'aunque nunca pudimos hacer la relación directa en las distintas operaciones, si no, le habríamos detenido'.

En una causa por la que fue juzgado y condenado el español Jesús García Freire, Jesusi, por un cargamento de 46 kilos, 'quedó documentado que la droga procedía de Cetinkaya' y en paralelo 'detectamos un pago de García Freire a Ucler en el Hotel Eurobilding de Madrid'. El jefe del grupo 21 mencionó a un lugarteniente de Cetinkaya, apodado Gino, que cuando salió de la cárcel 'se puso en contacto inmediatamente con Ucler'.

Describió cómo les han seguido 'de una entrega a otra, de una operación a otra', y la relación de ambos con Yigitbasi, conocido en Estepona como Jimmy, pero al que el policía se refirió como el zorro, su apodo dentro de la organización turca. Yigitbasi, definido como 'el hombre de confianza de Ucler', está en estos momentos en la cárcel acusado de traficar con 29 kilos de heorína. El agente insinuó que el zorro hacía tareas como portear maletas con 50 kilos de droga, que tienen un precio en el mercado de 2.500 millones de pesetas, encargos por los que podía cobrar 'unas 200.000 pesetas'.

Según este relato, las redes turcas, de las que Ucler sería una pieza fundamental 'controlan el 99% del tráfico de heroína en Europa'. El inspector explicó que la detención de Ucler en el verano de 2000 como inductor del asesinato de su mujer 'truncó la investigación para detenerlo por narcotráfico, pero lo habríamos detenido tarde o temprano'. La lista de traficantes de heroína relacionados con el cliente de Caba por el policía era tan amplia, que se permitió un chiste al final de su declaración: 'La lista de invitados a la boda de Ucler en enero del 98 parecía una hoja de servicio de nuestra unidad'.

Hoy inicia el juicio su recta final con los alegatos de la spartes. Las defensas no creen que el fiscal en su conclusiones definitivas desimpute a Caba, su economista y a fiducierio gibraltareño, pero no cabe descartar esta posibilidad. Las defensas intentaron ayer despejar cualquier duda sobre las operaciones bancarias y movimientos de dinero.

Su tesis es que las inversiones se ajustaron a las normas legales, cuestión sobre la que los policías que declararon el día 12 de febrero aceptaron en algún punto. La acusación sigue basando su estrategia contraria en el dudoso origen lícito de los 143 millones que se ingresaron por transferencias, cheques o en metálico en las cuentas de las sociedades irlandesas de Ucler o en la suya personal. Pero la policía no investigó el patrimonio de un supuesto socio británico del turco, James Day, que ingresó en metálico en sus cuentas 44,5 millones de pesetas.

El abogado y ex alcalde de Estepona, Antonio Coba fue condenado junto a un narcotraficante turco que asesinó a su esposa, nacida en Tenerife, Levent Ucler

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Hace años moría en plena calle de Estepona, María Isabel González González, tinerfeña de 28 años, esposa de Levent Ucler, dos semanas después de denunciarlo por amenazas de muerte. El señor Ucler, su marido, que era cliente de Antonio Caba Tena, fue imputado por inducción, pero absuelto posteriormente. La policía tenía grabaciones telefónicas de ella. Sobre este caso de gansters al más puro estilo de película basada en la realidad, ocurrido tristemente en Estepona cuando Caba era alcalde de la localidad, se ciernen aún muchas sombras, aún no solventadas: Porqué o para qué estaba siendo investigado su marido? ¿Qué se investigaba: si la inversión realizada con ese dinero era legal en España o si su procedencia era del narcotráfico. ¿En qué se basaban las investigaciones, sólo en la trama de empresas creadas para justificar el blanqueo de un millón de libras (225 millones de pesetas aproximadamente)? ¿Porqué no se pudo demostrar la procedencia presuntamente ilegal del dinero, sólo por el hecho de que las empresas constituidas se ajustaban en la legalidad? ¿Se ha probado su procedencia legal en la sentencia del Supremo? ¿Qué indicios pues manejaba la Audiencia para imputar blanqueo de capitales a Ucler? ¿Hubiera sido una pieza clave la declaración de la esposa asesinada en la investigación que la Policía llevaba a cabo sobre su marido? ¿Se pusieron todos los medios al alcance de la Justicia para llevar a cabo una exhaustiva investigación del caso? O por el contrario ¿se suspendió la investigación tras la muerte de María Isabel por que ella era la pieza clave? ¿Qué pruebas existían para denunciarla su marido por practicar “ritos satánicos”, dos días después de que ella le denunciara a él por “amenazas de muerte”? Tras la absolución de su marido, ¿qué líneas de investigación se están siguiendo? O por el contrario ¿el crimen ha quedado impune y no se sigue ninguna línea de investigación? -¿Existen más grabaciones? -¿Sabía ella que su marido estaba siendo investigado? -¿Lo sabía él? -¿Sabía ella que la estaban grabando? Y es que la esposa del empresario turco Levent Ucler, que estuvo acusado como presunto inductor del asesinato de su mujer el 14 de junio de 2000 en Estepona (Málaga), aseguró poco antes de su muerte que su marido la utilizó para crear “su imperio”, según consta en una conversación telefónica que se le intervino. Así lo manifestó la mujer de Ucler, María Isabel González, en una conversación telefónica cuya transcripción fue leída en el juicio que se celebró en el año 2002 al empresario turco y al ex alcalde de Estepona Antonio Caba, entre otros, por sendos delitos de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, que se sigue en la Audiencia Nacional. Pues toda esta historia vuelve a la actualidad tras estallar la trama de corrupción de Estepona. Y salta este detalle cuando Patricia Rojo es citada a declarar ante la Policía, ya que se encargaba de la coordinación del área de Urbanismo en la localidad vecina a Marbella. ¿Pero qué hace una chica como Patricia Rojo en un nido de corrupción como el Ayuntamiento de Estepona? De formación abogada, fue fichada en prácticas por Antonio Caba, ex alcalde socialista de Estepona, cuando gobernaba junto a PP, PA e IU entre 1999 y 2001. Caba es el antecesor, mentor y abogado de ‘el pollo’, que es como llaman a Barrientos en su pueblo. Su relación es tan intensa que Caba es su abogado.

En el momento de su detención, Caba le acompañaba como letrado. Y Caba fue condenado por la Audiencia Nacional en primera sentencia a cinco años de prisión junto a su socio de la asesoría jurídico-fiscal Caba y asociados, Juan Carlos Marín Mullor, y al asesor de inversiones patrimoniales en Gibraltar Francis Anthony Napoli, como cooperadores necesarios del delito de blanqueo de capitales cometido por los ciudadanos turcos Fevzi Cemil Yigitbasi y Levent Ucler, que ya fueron castigados en 1993 con penas de prisión por traficar con heroína, que es lo que une todas estas historias escalofriantes. Finalmente, Caba se fue de rositas el año pasado. En esta ocasión, anuló la sentencia el Tribunal Supremo, por “un ostensible defecto de motivación de la valoración de la prueba” y porque “fue dictada sólo con intervención de dos magistrados”, cuando los tribunales se componen de tres.