PPCC: Pisitófilos Creditófagos. Primavera 2026

[pianista]

Por supuesto que es Estafa. Pero con E mayúscula. E de Estado.

Una Estafa en una jungla legalque es la que permite y promueve la Estafa.

Y por supuesto que es básico saber de qué estamos hablando más de 20 años después.

Ladrillo salvaje e Inmigración salvaje= Represión.

Por eso ningún gobierno aplica ninguna “medidita” porque no son ni galgos ni podencos. No sean bambis,,,

Es represión a través de la Estafa del ladrillo y la violencia de la inmigración salvaje. Absoluta ingeniería social planificada que hay que llevar hasta el objetivo final

Jungla legal - Estafa - Represión-

[Fomento Cemento]

Las prioridades del Estado Estafador:

https://www.elmundo.es/economia/2026/05/10/6a00778921efa07d5e8b457e.html

El Gobierno asume que no podrá ejecutar al 100% dos planes de Vivienda con fondos europeos que usó Montero para pagar pensiones

Comunicó a la UE en diciembre que "no son alcanzables en su totalidad" dos programas de vivienda social que Hacienda dejó a cero en la prórroga de 2024 al haber dinero "sobrante"

Domingo, 10 mayo 2026

El Gobierno comunicó el pasado diciembre a la Comisión Europea que no podrá cumplir al 100% dos programas de vivienda social que coinciden con partidas usadas por el Ministerio de Hacienda para pagar pensiones por falta de Presupuestos. Así lo ha podido comprobar este diario a partir de documentos en poder del Tribunal de Cuentas y los acuerdos con Bruselas.

Los programas con fondos europeos rebajados por no ser ya ejecutables totalmente son el «de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes» y el «de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales».

Ambos figuran ya, pese al drama de la vivienda en España, como «no alcanzables en su totalidad» en la última modificación del Plan de Recuperación aceptada por la Comisión Europea el pasado mes de diciembre.

Coincide que ambos programas figuran también en los utilizados dentro de la ingeniería presupuestaria que el Tribunal de Cuentas ha detectado y cuestionado por posible infracción legal durante su reciente fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024. Como viene publicando este diario desde el pasado día 3, se produjo un choque interno en el organismo fiscalizador, porque la mitad de sus consejeros, incluida una a propuesta del PSOE, consideran directamente que Montero cometió una irregularidad, mientras que el resto se limitan a poner en duda la legalidad.

La construcción de viviendas sociales y el plan de rehabilitación se encuentran respectivamente ubicados en las aplicaciones presupuestarias 25.50.26BB.754 y 25.50.26BA.750 que estaban dotadas en conjunto con 1.330 millones en 2024 y fueron dadas de baja por Hacienda en ese año para hacer hueco en las cuentas prorrogadas a las pensiones.

Así aflora en el intercambio de escritos entre el Ministerio de Hacienda dirigido entonces por María Jesús Montero y el de Vivienda de Isabel Rodríguez en poder del Tribunal de Cuentas. El de Vivienda asumió -ver documento adjunto- que necesitaba solo «cero euros» en la rúbrica en la que tenía asignados para ambos planes 500 y 880 millones de euros, respectivamente.



La actual candidata socialista a la Junta andaluza necesitaba entonces dar de baja a esas partidas de fondos europeos para dar de alta subidas de pensiones a funcionarios y de pensiones mínimas. Lo hizo, a pesar de que su propia Ley de Presupuestos de 2023 prorrogada prohíbe teóricamente estos enjuagues con dinero comunitario con el objetivo de «garantizar una correcta absorción del Mecanismo de Recuperación».

Hacienda defiende esta jugada con el argumento de que al Ministerio de Vivienda no le hacía falta ese dinero en 2024. «Los ministerios afectados adaptaron internamente sus créditos prorrogados a las necesidades asociadas al cumplimiento del Plan de Recuperación durante 2024, y aportaron los certificados de retención de los créditos sobrantes, es decir, créditos que consideraron que no eran precisos para la ejecución en 2024 de sus programas del PRTR». Así lo asegura el Ministerio al Tribunal de Cuentas.

Aunque se declararon «sobrantes» no significa que estuvieran ya ejecutados. Todo lo contrario. Según la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones del propio Ministerio de Vivienda, ninguna de estas dos aplicaciones presupuestarias se había ejecutado todavía en abril de 2025 más que a la mitad. Además, es evidente que hace falta mucha más apuesta inversora ante este grave desafío social.

POR "PROBLEMAS TÉCNICOS" E "INFLACIÓN"

Llegó diciembre del pasado año y en la última y definitiva modificación del Plan de Recuperación -la llamada Adenda de Simplificación- afloró una amarga y sorprendente realidad. La Comisión Europea destapó que el Gobierno renunciaba a parte de los fondos y rebajaba ambiciones, porque, entre otros muchos desestimientos, «España ya no considera totalmente alcanzables» ninguno de aquellos dos programas de Vivienda utilizados por Montero. El de rehabilitación, «por problemas en la cadena de suministro y dificultades técnicas imprevistas», y el de alquiler social, «por la inflación», según el escrito elevado por la Comisión Europea al Consejo de la UE.

Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda no entran a comentar lo sucedido con estas dos partidas concretas, pero aseguran a este diario que se percibirá en los próximos meses una ejecución elevada de los fondos europeos asignados a su departamento. Y, al igual que Moncloa, sostienen que ni un solo euro del Plan ha ido a otro fin.

La opacidad en lo ocurrido con los fondos es espectacular, con baile constante de cifras, y es habitual que Gobierno y CCAA se culpen mutuamente de baja ejecución. De momento, lo que es claro en este caso es que el diseño de estos dos programas ha fallado y aún hoy hay CCAA y ayuntamientos que reclaman más recursos para alcanzar los objetivos. ¿Eran realmente sobrantes? ¿No eran estas partidas más prioritarias que otras dentro de los propios fondos europeos?

Se abre la gran pregunta de si la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de retener éstas y otras partidas para pagar pensiones y otros gastos al no tener Presupuestos ha terminado contribuyendo a que España no pueda ejecutar ahora todo lo prometido en 2021, pese al drama habitacional del país.

«Existieron sobrantes de créditos que, no siendo precisos para el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan, se han podido utilizar, como cualquier otro crédito para financiar las modificaciones presupuestarias precisas sin comprometer el cumplimiento del Plan de Recuperación», insiste Hacienda en su escrito al Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, el cumplimiento total ya no se producirá, según el citado acuerdo con Bruselas de hace cinco meses. Urge que se aclare por qué, y más tras tanta desviación presupuestaria de dudosa legalidad.