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Autor Tema: Camino del estado represor (Godwin seal of approval)  (Leído 55461 veces)

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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #210 en: Mayo 29, 2013, 13:47:41 pm »
http://www.elplural.com/2013/05/29/gallardon-planea-una-ley-para-amordazar-a-la-prensa-el-fiscal-podra-impedir-que-se-publiquen-informaciones-sobre-sumarios-judiciales/

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Gallardón planea una ley para amordazar a la prensa: se podrán impedir informaciones sobre sumarios judiciales
El 'caso Gürtel' o 'Urdangarin' quedarían silenciados bajo amenaza de responsabilidades penales


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, prepara la propuesta de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé responsabilidades penales para los medios de comunicación que difundan noticias sobre un proceso judicial blindado por un juez o un fiscal. El proyecto de ley, que será llevado al Consejo de Ministros en octubre próximo, es un ataque a la libertad de expresión sin precedentes en la democracia, que atenta, además, contra el derecho a la información de los ciudadanos, pero que va en la línea mantenida por el Gobierno en esta materia, reflejada en su control de RTVE y en su decisión de votar en Bruselas junto a partidos fascistas y xenófobos contra la libertad de la prensa, en días recientes.

Un juez o un fiscal podrá silenciar a los medios

Para la redacción de la propuesta, Gallardón ha nombrado a un grupo de expertos, entre los que está la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo. Por primera vez en el ordenamiento jurídico español, el juez, de oficio o a instancia del fiscal, podrá ordenar a un medio de comunicación que deje de publicar noticias sobre un sumario judicial y podrán prohibir a acusados y testigos que ofrezcan declaraciones a la prensa.

Lo que defiende Gallardón

En un foro de debate, este martes, que convocó la Asociación de la Prensa de Madrid, el ministro explicó que su intención es proteger “los derechos de los ciudadanos imputados” y consideró “preocupante” que las resoluciones de un tribunal se vean “condicionadas” por el “prejuicio formado en la opinión pública” como consecuencia de las noticias y opiniones publicadas por los medios. De acuerdo con el planteamiento de Gallardón, casos como el de Urdangarin o Gürtel podrían haber sido protegidos y sus pormenores ocultados a los ciudadanos.

La prensa se posiciona contra la medida

Según adelanta El Mundo, responsables de medios de ideología tan dispar como el subdirector de La Razón, José Antonio Álvarez Gundín y el subdirector de El País, José Manuel Romero, así como otros profesionales también presentes en el foro coincidieron en criticar la amenaza a la libertad periodística que representa esta nueva ley. El exmagistrado del Tribunal Constitucional Rafael de Mendizábal y el exdecano del Colegio de Abogados de Madrid Luis Martí, que integran la Comisión Deontológica de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (Fape), también expresaron su desacuerdo.

El Mundo lo ve como el “mayor ataque en democracia a la libertad de expresión”
El Mundo hoy dedica su editorial al plan de Gallardón, que considera una “amenaza contra los derechos constitucionales básicos como es el de la información”. Para este diario, “el contenido de esta propuesta es liberticida e incompatible con un régimen democrático. Si acabara incorporándose al Código Procesal Penal supondría el mayor ataque en Democracia a la libertad de expresión”.

El reaccionario Gallardón
Con este intento de amordazar a la prensa, que se añade a la reforma retrógrada de la ley del aborto que también lleva adelante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón se posiciona como uno de los miembros del Gobierno más reaccionarios y pone en evidencia que su imagen de moderado y centrista que exhibió en otros tiempos era solo mero populismo.

El control de RTVE
El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal es un paso más en el intento del Gobierno de limitar el derecho fundamental a la información del que ya ha dado sobradas muestras desde su llegada al Gobierno con la aprobación de un decreto ley, a principios de 2012, que modificó la forma de elección del consejo de administración de RTVE que exigía desde 2006, por decisión del Gobierno socialista, el consenso de dos tercios de la Cámara de los Diputados. De esa manera el Ejecutivo de Rajoy se garantizó la dirección del ente público sólo con su mayoría absoluta en el Congreso y en consecuencia el control informativo del ente público.

Las amenazas a los medios por el caso Bárcenas
Las amenazas de querellas de la dirección del PP contra los medios de comunicación que han difundido datos sobre el caso Bárcenas y la presunta contabilidad B del PP y los sobresueldos a altos cargos populares, especialmente contra el diario El País, constituyen también una muestra de la actitud de este partido ante la libertad de expresión.

La votación en Bruselas, junto a Le Pen

Este mes, el PP volvió a posicionarse contra la libertad de prensa en el Parlamento Europeo al votar contra una resolución que exige a los gobiernos europeos que garanticen que los periodistas desarrollar su trabajo en total libertad. El PP se posicionó junto a los eurodiputados del fascista y xenófobo del francés Jean-Marie Le Pen y del británico Nigel Farage. La decisión del Grupo popular en el Parlamento Europeo sorprendió incluso a los partidos más conservadores de la Unión Europea.
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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #211 en: Junio 12, 2013, 23:28:00 pm »
Stephen Wozniak, cofundador de Apple, hablando sobre su particular "caida del guindo" respecto a su país, a raiz del reciente escándalo sobre la intercepción masiva e indiscriminada de comunicaciones y datos que hace el gobierno con la ayuda de las grandes multinacionales tecnológicas norteamericanas:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xOWDwKLJAfo# Small | Large
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« última modificación: Junio 14, 2013, 09:14:45 am por NosTrasladamus »
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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #213 en: Julio 01, 2013, 10:39:00 am »
Citar
Los tribunales castrenses podrán juzgar a civiles “en caso de conflicto armado
  • El nuevo código cambia un concepto tasado, la declaración de guerra, por otro indeterminado
  • El Ejército castigará el acoso sexual con hasta cuatro años de cárcel
  • Defensa pone de nuevo a la Guardia Civil bajo jurisdicción militar

Mucha gente piensa que los tribunales militares solo pueden juzgar a militares, pero no es cierto. Lo que determina la competencia de la jurisdicción castrense no es la profesión del acusado, sino la naturaleza del delito. Aunque la mayoría de los delitos del Código Penal Militar solo pueden ser cometidos por militares, algunos pueden cometerlos civiles, en calidad de autores o de cómplices (por ejemplo, los llamados delitos contra la hacienda militar).

El artículo 117.5 de la Constitución limita la jurisdicción militar al “ámbito estrictamente castrense” y a “los supuestos de estado de sitio”. El código militar vigente añade otro caso en el que los tribunales militares pueden juzgar a civiles: “En tiempo de guerra”. La propia ley aclara que el “tiempo de guerra” se extiende desde la declaración formal de guerra o la ruptura generalizada de hostilidades con una potencia extranjera hasta el cese de estas. Declarar la guerra es una prerrogativa del Rey, previa autorización de las Cortes.


Pero las guerras ya no se declaran sino que se hacen
; así que Defensa ha tomado la calle de en medio en el nuevo Código Penal Militar. Donde ponía “en tiempo de guerra”, ha puesto “en situación de conflicto armado”. El problema es que no explica qué es un conflicto armado, ni quién lo declara, ni cuándo empieza. Se cambia un concepto tasado, la declaración de guerra, por otro indeterminado.

No es una cuestión semántica. “En situación de conflicto armado” cualquier español que difundiera información clasificada o de interés militar que perjudique la defensa de España o sus aliados podrá ser acusado de traición y condenado, por un tribunal militar, a 20 años de cárcel. Y cualquier civil que desobedezca un bando militar podrá ser condenado a seis años de cárcel.


El texto ni siquiera aclara si se trata de un “conflicto armado” de carácter internacional o interno. Pero parece que ambos, pues sí precisa un supuesto que solo será competencia de los jueces militares en caso de conflicto internacional: el delito de rebelión. Es decir, el golpe de Estado

http://politica.elpais.com/politica/2013/06/30/actualidad/1372616557_116507.html
"De lo que que no se puede hablar, es mejor callar" (L. Wittgenstein; Tractatus Logico-Philosophicus).

juancoco

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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #214 en: Julio 01, 2013, 11:55:50 am »
Mira que venimos avisandooo.....

odio decir que "os lo dije" pero "os lo dije": la historia se repite, en medio de una crisis económica y con las instituciones democráticas carcomidas por la corrupción, con una clase-moda (http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico#Moda asalariada totalmente carente de conciencia de clase y a la que se ha engañado haciendo que se creyese "clase-media") totalmente defenestrada y lumpenizada, solo falta que algún movimiento popular ó acontecimiento (como que un personaje como Bárcenas cante "La Traviata", que un político pringado en la gran mierda salga por peteneras con la independencia para desviar la atención de sus corruptelas y su pésima gestión para evitar las iras de la ciudadanía, o algún otro gran escándalo o suceso luctuoso -un suicidio más, un muerto en alguna manifestación a manos de los perros de presa del poder- que sea la chispa que incendie un ambiente social cada vez más explosivo e infumable), un algo ó combinación de "algos" que amenace con hacer peligrar las posiciones de algunos oligarcas privilegiados (los caciques del cortijo) para que éstos empiecen a financiar y respaldar a algún salvapatrias de este estilo...


...que todos sabemos cómo "se salió" de la anterior crisis sistémica del capitalismo (la de 1929) y cómo acabó todo como el rosario de la aurora... vamos a permitir que la historia se repita... Hungría está aquí al lado, en Austria -vecina de Hungría- ya salió un Heider (murió pero vendrán más), en Francia está Jean Marie Le Pen, en Grecia las tropas de asalto de Amanecer Dorado ya hacen de las suyas por doquier....

................

[/quote]

También todo el mundo pare olvidar que la Alemania de 1930 era la economía milagro del mundo, los catedráticos no cesaban de publicar papers sobre el milagro alemán y venga bombo y platillo. El segundo cliente de la IBM de la época era el estado alemán, los banqueros de New York y Londres les prestaron 60.000 millones de USD de 1930, Ford y GM hacían negocios en Alemania, Krupp, Thysen & Cia estaban encantados y mientras el dinero fluía y los negocios iban bien a nadie le molestaba un poco de fascismo. Entre todas las élites económicas inflaron al monstruo que costó 50 millones de muertos parar.....para que luego estos que lo inflaron siguiesen como si nada despues del desastre.

Yo creo que en Hungría nadie hará nada hasta mientras se pueda seguir con los call center, centros logísticos y demás baraturas húngaras, luego que el último apague la luz.....si logra llegar al interruptor. Un poco de fascismo y dictadura siempre viene bien para los negocios: solo hay que convencer a una sola persona para según que cosas

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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #215 en: Julio 22, 2013, 15:43:08 pm »
Más sobre "el país de las libertades" (...vigiladas...)

http://news.slashdot.org/story/13/07/21/056200/rise-of-the-warrior-cop-how-americas-police-forces-became-militarized

El surgimiento del "poli de combate" cómo las fuerzas policiales americanas se han militarizado:

Citar
Rise of the Warrior Cop: How America's Police Forces Became Militarized
"An awakening piece in the Wall Street Journal paints a grim picture of how America's police departments went from community officers walking the beat to full-on, militarized SWAT operations breaking down the doors of non-violent offenders. From the article: 'In the 1970s, there were just a few hundred [raids] a year; by the early 1980s, there were some 3,000 a year. In 2005, there were approximately 50,000 raids.' It goes on to detail examples of aggressive, SWAT-style raids on non-violent offenders and how many have ended in unnecessary deaths. Last year, after a Utah man's home was raided for having 16 small marijuana plants, nearly 300 bullets in total were fired (most of them by the police) in the ensuing gunfight, the homeowner believing he was a victim of a home invasion by criminals. The U.S. military veteran later hanged himself in his jail cell while the prosecution sought the death sentence for the murder of one officer he believed to be an criminal assailant. In 2006, a man in Virginia was shot and killed after an undercover detective overheard the man discussing bets on college football games with buddies in a bar. The 38-year-old optometrist had no criminal record and no history of violence. The reports range from incredulous to outrageous; from the raid on the Gibson guitar factory for violation of conservational law, to the infiltration of a bar where underage youth were believed to be drinking, to the Tibetan monks who were apprehended by police in full SWAT gear for overstaying their visas on a peace mission. Then there's the one about the woman who was subject to a raid for failing to pay her student loan bills. It's a small wonder why few respect police anymore. SWAT-style raids aren't just for defense against similarly-armed criminals anymore; it's now a standard ops intimidation tactic. How much bloodshed will it take for America to realize such a disproportionate response is unwarranted and disastrous?"


(Lo destacado en negrita esta pasando igualmente en el corral, con el abuso indiscriminado de las brigadas antidisturbios y los secretas infiltrados para reventar manifestaciones pacíficas, el prestigio de la policía "normal" está cayendo en picado entre los ciudadanos honrados.)

El artículo citado del WSJ:

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323848804578608040780519904.html

Citar
Rise of the Warrior Cop
Is it time to reconsider the militarization of American policing?
On Jan. 4 of last year, a local narcotics strike force conducted a raid on the Ogden, Utah, home of Matthew David Stewart at 8:40 p.m. The 12 officers were acting on a tip from Mr. Stewart's former girlfriend, who said that he was growing marijuana in his basement. Mr. Stewart awoke, naked, to the sound of a battering ram taking down his door. Thinking that he was being invaded by criminals, as he later claimed, he grabbed his 9-millimeter Beretta pistol.

The police say that they knocked and identified themselves, though Mr. Stewart and his neighbors said they heard no such announcement. Mr. Stewart fired 31 rounds, the police more than 250. Six of the officers were wounded, and Officer Jared Francom was killed. Mr. Stewart himself was shot twice before he was arrested. He was charged with several crimes, including the murder of Officer Francom.

The police found 16 small marijuana plants in Mr. Stewart's basement. There was no evidence that Mr. Stewart, a U.S. military veteran with no prior criminal record, was selling marijuana. Mr. Stewart's father said that his son suffered from post-traumatic stress disorder and may have smoked the marijuana to self-medicate.

Early this year, the Ogden city council heard complaints from dozens of citizens about the way drug warrants are served in the city. As for Mr. Stewart, his trial was scheduled for next April, and prosecutors were seeking the death penalty. But after losing a hearing last May on the legality of the search warrant, Mr. Stewart hanged himself in his jail cell.

The police tactics at issue in the Stewart case are no anomaly. Since the 1960s, in response to a range of perceived threats, law-enforcement agencies across the U.S., at every level of government, have been blurring the line between police officer and soldier. Driven by martial rhetoric and the availability of military-style equipment—from bayonets and M-16 rifles to armored personnel carriers—American police forces have often adopted a mind-set previously reserved for the battlefield. The war on drugs and, more recently, post-9/11 antiterrorism efforts have created a new figure on the U.S. scene: the warrior cop—armed to the teeth, ready to deal harshly with targeted wrongdoers, and a growing threat to familiar American liberties.

The acronym SWAT stands for Special Weapons and Tactics. Such police units are trained in methods similar to those used by the special forces in the military. They learn to break into homes with battering rams and to use incendiary devices called flashbang grenades, which are designed to blind and deafen anyone nearby. Their usual aim is to "clear" a building—that is, to remove any threats and distractions (including pets) and to subdue the occupants as quickly as possible.

The country's first official SWAT team started in the late 1960s in Los Angeles. By 1975, there were approximately 500 such units. Today, there are thousands. According to surveys conducted by the criminologist Peter Kraska of Eastern Kentucky University, just 13% of towns between 25,000 and 50,000 people had a SWAT team in 1983. By 2005, the figure was up to 80%.

The number of raids conducted by SWAT-like police units has grown accordingly. In the 1970s, there were just a few hundred a year; by the early 1980s, there were some 3,000 a year. In 2005 (the last year for which Dr. Kraska collected data), there were approximately 50,000 raids.

A number of federal agencies also now have their own SWAT teams, including the Fish & Wildlife Service, NASA and the Department of the Interior. In 2011, the Department of Education's SWAT team bungled a raid on a woman who was initially reported to be under investigation for not paying her student loans, though the agency later said she was suspected of defrauding the federal student loan program.

The details of the case aside, the story generated headlines because of the revelation that the Department of Education had such a unit. None of these federal departments has responded to my requests for information about why they consider such high-powered military-style teams necessary.

Americans have long been wary of using the military for domestic policing. Concerns about potential abuse date back to the creation of the Constitution, when the founders worried about standing armies and the intimidation of the people at large by an overzealous executive, who might choose to follow the unhappy precedents set by Europe's emperors and monarchs.

The idea for the first SWAT team in Los Angeles arose during the domestic strife and civil unrest of the mid-1960s. Daryl Gates, then an inspector with the Los Angeles Police Department, had grown frustrated with his department's inability to respond effectively to incidents like the 1965 Watts riots. So his thoughts turned to the military. He was drawn in particular to Marine Special Forces and began to envision an elite group of police officers who could respond in a similar manner to dangerous domestic disturbances.

Mr. Gates initially had difficulty getting his idea accepted. Los Angeles Police Chief William Parker thought the concept risked a breach in the divide between the military and law enforcement. But with the arrival of a new chief, Thomas Reddin, in 1966, Mr. Gates got the green light to start training a unit. By 1969, his SWAT team was ready for its maiden raid against a holdout cell of the Black Panthers.

At about the same time, President Richard Nixon was declaring war on drugs. Among the new, tough-minded law-enforcement measures included in this campaign was the no-knock raid—a policy that allowed drug cops to break into homes without the traditional knock and announcement. After fierce debate, Congress passed a bill authorizing no-knock raids for federal narcotics agents in 1970.

Over the next several years, stories emerged of federal agents breaking down the doors of private homes (often without a warrant) and terrorizing innocent citizens and families. Congress repealed the no-knock law in 1974, but the policy would soon make a comeback (without congressional authorization).

During the Reagan administration, SWAT-team methods converged with the drug war. By the end of the 1980s, joint task forces brought together police officers and soldiers for drug interdiction. National Guard helicopters and U-2 spy planes flew the California skies in search of marijuana plants. When suspects were identified, battle-clad troops from the National Guard, the DEA and other federal and local law enforcement agencies would swoop in to eradicate the plants and capture the people growing them.

Advocates of these tactics said that drug dealers were acquiring ever bigger weapons and the police needed to stay a step ahead in the arms race. There were indeed a few high-profile incidents in which police were outgunned, but no data exist suggesting that it was a widespread problem. A study done in 1991 by the libertarian-leaning Independence Institute found that less than one-eighth of 1% of homicides in the U.S. were committed with a military-grade weapon. Subsequent studies by the Justice Department in 1995 and the National Institute for Justice in 2004 came to similar conclusions: The overwhelming majority of serious crimes are committed with handguns, and not particularly powerful ones.

The new century brought the war on terror and, with it, new rationales and new resources for militarizing police forces. According to the Center for Investigative Reporting, the Department of Homeland Security has handed out $35 billion in grants since its creation in 2002, with much of the money going to purchase military gear such as armored personnel carriers. In 2011 alone, a Pentagon program for bolstering the capabilities of local law enforcement gave away $500 million of equipment, an all-time high.

The past decade also has seen an alarming degree of mission creep for U.S. SWAT teams. When the craze for poker kicked into high gear, a number of police departments responded by deploying SWAT teams to raid games in garages, basements and VFW halls where illegal gambling was suspected. According to news reports and conversations with poker organizations, there have been dozens of these raids, in cities such as Baltimore, Charleston, S.C., and Dallas.

In 2006, 38-year-old optometrist Sal Culosi was shot and killed by a Fairfax County, Va., SWAT officer. The investigation began when an undercover detective overheard Mr. Culosi wagering on college football games with some buddies at a bar. The department sent a SWAT team after Mr. Culosi, who had no prior criminal record or any history of violence. As the SWAT team descended, one officer fired a single bullet that pierced Mr. Culosi's heart. The police say that the shot was an accident. Mr. Culosi's family suspects the officer saw Mr. Culosi reaching for his cellphone and thought he had a gun.

Assault-style raids have even been used in recent years to enforce regulatory law. Armed federal agents from the Fish & Wildlife Service raided the floor of the Gibson Guitar factory in Nashville in 2009, on suspicion of using hardwoods that had been illegally harvested in Madagascar. Gibson settled in 2012, paying a $300,000 fine and admitting to violating the Lacey Act. In 2010, the police department in New Haven, Conn., sent its SWAT team to raid a bar where police believed there was underage drinking. For sheer absurdity, it is hard to beat the 2006 story about the Tibetan monks who had overstayed their visas while visiting America on a peace mission. In Iowa, the hapless holy men were apprehended by a SWAT team in full gear.

Unfortunately, the activities of aggressive, heavily armed SWAT units often result in needless bloodshed: Innocent bystanders have lost their lives and so, too, have police officers who were thought to be assailants and were fired on, as (allegedly) in the case of Matthew David Stewart.

In my own research, I have collected over 50 examples in which innocent people were killed in raids to enforce warrants for crimes that are either nonviolent or consensual (that is, crimes such as drug use or gambling, in which all parties participate voluntarily). These victims were bystanders, or the police later found no evidence of the crime for which the victim was being investigated. They include Katherine Johnston, a 92-year-old woman killed by an Atlanta narcotics team acting on a bad tip from an informant in 2006; Alberto Sepulveda, an 11-year-old accidentally shot by a California SWAT officer during a 2000 drug raid; and Eurie Stamps, killed in a 2011 raid on his home in Framingham, Mass., when an officer says his gun mistakenly discharged. Mr. Stamps wasn't a suspect in the investigation.

What would it take to dial back such excessive police measures? The obvious place to start would be ending the federal grants that encourage police forces to acquire gear that is more appropriate for the battlefield. Beyond that, it is crucial to change the culture of militarization in American law enforcement.

Consider today's police recruitment videos (widely available on YouTube), which often feature cops rappelling from helicopters, shooting big guns, kicking down doors and tackling suspects. Such campaigns embody an American policing culture that has become too isolated, confrontational and militaristic, and they tend to attract recruits for the wrong reasons.

If you browse online police discussion boards, or chat with younger cops today, you will often encounter some version of the phrase, "Whatever I need to do to get home safe." It is a sentiment that suggests that every interaction with a citizen may be the officer's last. Nor does it help when political leaders lend support to this militaristic self-image, as New York City Mayor Michael Bloomberg did in 2011 by declaring, "I have my own army in the NYPD—the seventh largest army in the world."

The motivation of the average American cop should not focus on just making it to the end of his shift. The LAPD may have given us the first SWAT team, but its motto is still exactly the right ideal for American police officers: To protect and serve.

SWAT teams have their place, of course, but they should be saved for those relatively rare situations when police-initiated violence is the only hope to prevent the loss of life. They certainly have no place as modern-day vice squads.

Many longtime and retired law-enforcement officers have told me of their worry that the trend toward militarization is too far gone. Those who think there is still a chance at reform tend to embrace the idea of community policing, an approach that depends more on civil society than on brute force.

In this very different view of policing, cops walk beats, interact with citizens and consider themselves part of the neighborhoods they patrol—and therefore have a stake in those communities. It's all about a baton-twirling "Officer Friendly" rather than a Taser-toting RoboCop.

Corrections & Amplifications
The Consumer Products Safety Commission does not have a SWAT team. An earlier version of this article incorrectly said that it does.

Mr. Balko is the author of "Rise of the Warrior Cop," published this month by PublicAffairs.

A version of this article appeared July 19, 2013, on page C1 in the U.S. edition of The Wall Street Journal, with the headline: rise ofthe warrior cop.
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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #216 en: Noviembre 04, 2013, 16:43:45 pm »
http://boingboing.net/2013/11/03/uk-cops-officially-detained-da.html
Citar
UK cops officially detained David Miranda for thoughtcrime
Cory Doctorow at 7:45 pm Sun, Nov 3, 2013

David Miranda is journalist Glenn Greenwald's boyfriend, but he's best known for being detained under the Section 7 of the UK Terrorism Act while changing planes at Heathrow.
http://boingboing.net/2013/08/18/uk-officials-detain-glenn-gree.html
 The cops held Miranda for nine hours, the maximum allowed under law, without access to counsel
, using powers intended to allow the detention of people suspected of connections to terrorism. But it was clear to everyone that Miranda wasn't connected to terrorism -- rather, the UK establishment was attempting to intimidate people connected to the Snowden leaks through arbitrary detention and harassment.

Now that Miranda's lawyers are chasing down the people responsible, we're getting a more detailed picture of the process that led up to Miranda's detention. Before a Section 7 detention takes place, British cops have to file a form called a Port Circular Notice, and several drafts of the Notice used to detain Miranda have come to light.

The final draft argues that Miranda should be detained under terrorism law because "...the disclosure or threat of disclosure is designed to influence a government, and is made for the purpose of promoting a political or ideological cause. This therefore falls within the definition of terrorism."

In other words: thoughtcrime.

Section 7 originated under the New Labour government, and was refined and perfected by the Tory/LibDem coalition.

Citar
    The draft that was finally used states: "Intelligence indicates that Miranda is likely to be involved in espionage activity which has the potential to act against the interests of UK national security. We therefore wish to establish the nature of Miranda's activity, assess the risk that Miranda poses to national security and mitigate as appropriate."

    The notice then went on to explain why police officers believed that the terrorism act was appropriate.

    "We assess that Miranda is knowingly carrying material, the release of which would endanger people's lives. Additionally the disclosure or threat of disclosure is designed to influence a government, and is made for the purpose of promoting a political or ideological cause. This therefore falls within the definition of terrorism and as such we request that the subject is examined under schedule 7."

    Shami Chakrabarti, director of Liberty, said the police assessment represented a "chilling" threat to democracy. "More and more we are shocked but not surprised," she said. "Breathtakingly broad anti-terror powers passed under the last government continue to be abused under the coalition that once trumpeted civil liberties.

    "The express admission that politics motivated the detention of David Miranda should shame police and legislators alike. It's not just the schedule 7 detention power that needs urgent overhaul, but a definition of terrorism that should chill the blood of any democrat."


Metropolitan police detained David Miranda for promoting 'political' causes [Jamie Doward/The Guardian]
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/02/david-miranda-detained-political-causes
« última modificación: Noviembre 04, 2013, 16:48:06 pm por NosTrasladamus »
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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #217 en: Noviembre 05, 2013, 09:25:53 am »
Mira que venimos avisandooo.....

odio decir que "os lo dije" pero "os lo dije": la historia se repite, en medio de una crisis económica y con las instituciones democráticas carcomidas por la corrupción, con una clase-moda (http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico#Moda asalariada totalmente carente de conciencia de clase y a la que se ha engañado haciendo que se creyese "clase-media") totalmente defenestrada y lumpenizada, solo falta que algún movimiento popular ó acontecimiento (como que un personaje como Bárcenas cante "La Traviata", que un político pringado en la gran mierda salga por peteneras con la independencia para desviar la atención de sus corruptelas y su pésima gestión para evitar las iras de la ciudadanía, o algún otro gran escándalo o suceso luctuoso -un suicidio más, un muerto en alguna manifestación a manos de los perros de presa del poder- que sea la chispa que incendie un ambiente social cada vez más explosivo e infumable), un algo ó combinación de "algos" que amenace con hacer peligrar las posiciones de algunos oligarcas privilegiados (los caciques del cortijo) para que éstos empiecen a financiar y respaldar a algún salvapatrias de este estilo...


...que todos sabemos cómo "se salió" de la anterior crisis sistémica del capitalismo (la de 1929) y cómo acabó todo como el rosario de la aurora... vamos a permitir que la historia se repita... Hungría está aquí al lado, en Austria -vecina de Hungría- ya salió un Heider (murió pero vendrán más), en Francia está Jean Marie Le Pen, en Grecia las tropas de asalto de Amanecer Dorado ya hacen de las suyas por doquier....

................


También todo el mundo pare olvidar que la Alemania de 1930 era la economía milagro del mundo, los catedráticos no cesaban de publicar papers sobre el milagro alemán y venga bombo y platillo. El segundo cliente de la IBM de la época era el estado alemán, los banqueros de New York y Londres les prestaron 60.000 millones de USD de 1930, Ford y GM hacían negocios en Alemania, Krupp, Thysen & Cia estaban encantados y mientras el dinero fluía y los negocios iban bien a nadie le molestaba un poco de fascismo. Entre todas las élites económicas inflaron al monstruo que costó 50 millones de muertos parar.....para que luego estos que lo inflaron siguiesen como si nada despues del desastre.

Yo creo que en Hungría nadie hará nada hasta mientras se pueda seguir con los call center, centros logísticos y demás baraturas húngaras, luego que el último apague la luz.....si logra llegar al interruptor. Un poco de fascismo y dictadura siempre viene bien para los negocios: solo hay que convencer a una sola persona para según que cosas
Sobre esto que comentas acerca de alemania, recomiendo visionar el capítulo dedicado a Bush 1º y Clinton en la serie documental "Historia Secreta de los EEUU/Untold history of the USA" de Oliver Stone.

http://www.seriecanal.com/Oliver+Stone39s+Untold+History+of+the+United+States+ue10-1305-8179.htm

Y mientras... ¿amanecer dorado en españa? recordemos: sólo 18-24 meses nos separan de Grecia...  ???

http://www.transicionestructural.net/the-big-picture/visiones-del-circo-desde-otras-latitudes/msg93097/#msg93097

ya están aquiiiiii....  :(



http://www.interviu.es/reportajes/articulos/los-ultras-se-disfrazan-de-ong
Citar
Los ultras se disfrazan de ONG

Reparten arroz, pollo, pasta, aceite… a un centenar de vecinos necesitados de su ciudad, Alcalá de Henares. Pero solo a los españoles. Los inmigrantes, casi el 20 por ciento de los habitantes de la ciudad, son rechazados. Españoles en Acción es la primera ONG xenófoba, creada por el grupo ultra España 2000, que ya tiene un concejal en el ayuntamiento. Ahora buscan votos entre los españoles más humildes a los que la crisis y los recortes han ido expulsando de la red de protección social.



Tomasa cruza con su carro un portal de Alcalá de Henares ajado por las grietas. Saluda. Enjuga un ojo con su pañuelo y mira hacia la habitación donde está la comida. Espera. A sus 58 años, Tomasa es viuda; tiene tres hijos a su cargo y una pensión mensual de 532 euros. En su casa, todo el mundo está en paro, y su pelea diaria se centra en tener algo que llevarse y llevarles a la boca. Los gastos de la hipoteca acaban con su pensión. Ya debe 2.000 euros de comunidad y este mes no sabe cómo pagará el recibo de la luz: 112 euros que son un mundo. “Mi marido cotizó a la Seguridad Social durante 42 años y ocho meses. Trabajó desde los 14 años, y seis de ellos tanto de día como de noche. Yo, ahora, no tengo nada”, se duele. A su lado, un joven con una bandera española al pecho va llenando de alimentos su viejo carro con ruedas. Pasta, arroz, lentejas, un poco de leche, aceite… Un mes de subsistencia. Pero es ayuda, comida… solo para españoles. Los inmigrantes no se atreven siquiera a entrar, saben que no son bienvenidos.

En el municipio madrileño de Alcalá de Henares 20.000 personas viven en situación precaria, 17.000 de ellos españoles. Son esta última mayoría los atendidos por la ONG creada por el partido ultraderechista España 2000, formación que ya ha logrado un escaño en el ayuntamiento. Conoce cómo funciona esta ONG, de dónde obtienen los alimentos y el mensaje de estos 'ultras solidarios' descargando la edición de la revista en PDF.

http://www.diarioinformacion.com/nacional/2013/11/04/grupo-nazi-irrumpe-complutense-madrid/1433519.html
Citar
Un grupo nazi irrumpe en la Complutense de Madrid
Portaban "simbología ultraderechista" y se han enfrentado con estudiantes que les recriminaban su actitud

Un grupo de personas con simbología ultraderechista ha irrumpido esta tarde en la facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde han roto alguno de los carteles colgados en la facultad y se han enfrentado a alguno de los estudiantes que les ha recriminado su actitud, han informado a Europa Press desde la Universidad madrileña.

Se trata de entre diez y quince personas que portaban "simbología ultraderechista" y que al entrar en la facultad "han roto algunos carteles". Además, ha habido "algún forcejeo" con estudiantes que les ha recriminado lo que estaban haciendo, pero a pesar de lo sucedido no ha habido daños personales.

Uno de los alumnos de la Facultad que ha presenciado lo sucedido ha relatado a Europa Press que este grupo de personas, vestidas de negro, ha entrado "muy rápidamente" por la puerta portando un cartel y "se han puesto a dar patadas a las mesas y a intimidar a la gente".

Además, ha asegurado que estas personas "se han colocado en medio círculo, han hecho una especie de discurso" y han empezado "a gritar proclamas" y a decir que eran de "Amanecer Dorado".
« última modificación: Noviembre 05, 2013, 11:50:47 am por NosTrasladamus »
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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #218 en: Noviembre 15, 2013, 14:32:43 pm »
http://www.eldiario.es/zonacritica/burorrepresion_disidencia_sanciones_6_196740345.html
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Castigar al desobediente

Actuación policial durante un desahucio reciente en Madrid. / Foto: J.L. Fernández

Patricia, una vecina de mi barrio (Hortaleza, en Madrid), acudió hace un par de años a una convocatoria para paralizar el desahucio de una familia por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda. Varias decenas de vecinos intentaron sin éxito impedir el desahucio: tras la intervención de la Policía Municipal, los cinco miembros de la familia (madre, abuela, tres hijos) acabaron en la calle. Los vecinos se limitaron a mostrar resistencia pasiva, sentados frente al portal, y fueron arrastrados por los policías, como se ve en este vídeo o en este otro.

La concentración se disolvió y Patricia volvió a su casa, frustrada por no haber impedido el desahucio, pero sin más consecuencias. Pero esa misma tarde fue detenida en su domicilio y llevada a comisaría, donde pasó la noche. Para su sorpresa, la acusaron de atentado a la autoridad, de haber causado lesiones graves a un agente (un brazo roto). Comenzó un proceso lleno de irregularidades, sin testigos ni pruebas de la supuesta agresión. Hasta hoy: dos años después, Patricia espera fecha para su juicio. La fiscalía pide para ella tres años de cárcel, el juez le ha impuesto una fianza de 8.900 euros, y ella solo cuenta con nuestra solidaridad.

El caso de Patricia es otra prueba más de la dureza con que las autoridades castigan a los desobedientes, buscando una sanción ejemplarizante que sirva como disuasión a quienes participan en esas convocatorias. Podríamos hablar también de Alberto, cuyo activismo en otra lucha vecinal histórica de Madrid, contra los parquímetros, le ha dejado una condena a un año de cárcel y el empeño en que ingrese en prisión, pese a su estado de salud. O de los cinco profesores de Guadalajara que se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel tras una protesta por la educación pública. O del disparate de considerar unos tartazos a una presidenta autonómica como un atentado a la autoridad que puede costar hasta nueve años de cárcel. O de la persecución incesante contra los dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores.

Sin amenaza de cárcel, pero sí con sanciones económicas, están cientos de ciudadanos que en los últimos años han participado en manifestaciones, acampadas, escraches, rodeos o paralización de desahucios. Fueron identificados por la Policía, y semanas después se encontraron en el buzón una multa o una citación judicial. Alteración del orden público, resistencia a la autoridad, manifestación no autorizada, son términos con los que ya nos hemos familiarizado.

La estrategia es evidente, sin disimulo alguno: reprimir la disidencia, por pacífica que sea, y hacerlo con una dureza desproporcionada. Bien sea retorciendo el Código Penal, o mediante la burorrepresión, esa forma de represión blanda que sustituye la porra por el bolígrafo; en vez de abrirte la cabeza, te abre un expediente sancionador. Lo que tampoco significa que desaparezcan los porrazos, así puedes tener premio doble: porrazo y multa.

Podemos pensar que se endurece la represión contra la disidencia, pero no es del todo cierto: más bien se extiende, se amplía. El poder siempre ha tratado con mucha dureza a quienes lo desafían. Que se lo pregunten a antimilitaristas, insumisos, okupas, ecologistas o a numerosos colectivos sociales vascos asimilados al terrorismo por la teoría del “entorno del entorno”. Desde la Transición, quien rompe las formas consensuales de protesta lo paga caro.

Hoy la represión a los disidentes, más que endurecerse, se extiende. El desafío al poder no está ya en los márgenes, sino en el centro de la plaza. Y hay que cortarlo como sea, trazar gruesos cortafuegos antes de que el incendio se extienda. Como las multas y las amenazas de cárcel no son suficientes, y en muchos casos los jueces acaban archivando o anulando las sanciones, la respuesta es endurecer el Código Penal y castigar las nuevas formas de protesta.

El castigo a la desobediencia no solo escandaliza por su desproporción. Además hace más evidente la impunidad de que disfrutan otros.
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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #219 en: Noviembre 16, 2013, 14:00:15 pm »
http://www.lamarea.com/2013/11/15/cinco-formas-de-protesta-ciudadana-que-el-pp-pretende-convertir-en-delito/

Citar
Cinco formas de protesta que el Gobierno pretende convertir en delito

MADRID // Tanto el Ministerio de Justicia como el de Interior están llevando a cabo modificaciones legislativas, en el primer caso del Código Penal y, en el segundo, con la introducción de la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ya en marzo del año pasado, en una comparecencia de ministros, el responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió que se debía impedir  que “la crisis que vivimos derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando el incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo país desarrollado“.

A mediados de octubre la plataforma No Somos Delito http://nosomosdelito.net/ denunció que “al leer determinados artículos da la sensación de que el Ministerio de Justicia se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana del último año para después convertirlas en delito”. Una tendencia que también se ve reflejada en la nueva ley propuesta desde Interior y que, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas http://libertadesdemocraticas.org/ley-de-seguridad-ciudadana-interior-cierra-el-circulo-represor-del-ministerio-de-justicia/ , ha definido como la norma que “cierra el círculo represor del Ministerio de Justicia“.

Si se hubieran aprobado hace dos años las modificaciones propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para el Código Penal y la nueva norma con la que aspira no dejar vacíos legales Fernández Díaz, no habrían podido existir muchas de las vías de expresión de protesta que los ciudadanos han buscado para expresar su malestar ante las medidas gubernamentales.

1.- Las redes sociales como vía para el llamamiento de la población a sumarse a una “protesta no autorizada“

Durante el pasado mes de agosto algunos medios de comunicación prestaron especial atención al caso de la familia Gracia González, a quienes el Ayuntamiento de Madrid trata de arrebatarles su vivienda con motivo de una expropiación en virtud de un plan urbanístico de remodelación que afecta a la vivienda, situada en la calle Ofelia Nieto, 29, en el madrileño distrito de Moncloa.

Durante todo el proceso, tanto los miembros de la Asamblea de Tetuán como los ciudadanos que se solidarizaron con los Gracia González, hicieron llamamientos mediante las redes sociales para convocar a todo aquel que pudiera acercarse hasta su vivienda con el fin de reforzar la protección de la familia. Gracias a esta convocatoria ciudadana se pudo evitar que el Ayuntamiento llevara a cabo la expropiación.

Las reformas del Código Penal prevén tipificar este tipo de acciones, que pasarán a formar parte del grupo de delitos de alteración de orden público, para los que se establecen penas de cárcel de hasta tres años. Para completar esta norma, la nueva ley propuesta por Interior, también considera delictivas las “protestas no autorizadas“.

2.- Resistencia pasiva

Alberto Ruiz Gallardón pretende que también la resistencia pasiva se integre dentro de los delitos contra el orden púbico, más concretamente como uno de resistencia a la autoridad. En el Código Penal aún vigente, una persona puede cometer un atentado contra la autoridad únicamente mediante la resistencia activa.  Con la reforma que quieren introducir, también será delito la resistencia pasiva, que se considerará de mayor gravedad si se lleva a cabo “en una manifestación o una reunión numerosa”. Es decir que, las acciones que se han llevado a cabo desde que nació el 15M, hace algo más de dos años, relacionadas con sentadas masivas y pacíficas de protesta en espacios públicos también podrán ser castigadas con hasta tres años de cárcel.

3.- Sabotaje en el metro


El grupo de activistas Toma el Metro fue especialmente conocido en España tras protagonizar una acción reivindicativa en abril del año pasado. Con el fin de protestar contra el llamado “tarifazo“ (aumento de precio constante del billete de transporte público)  varios de ellos tiraron simultáneamente del freno de emergencia de trece trenes correspondientes a nueve líneas diferentes a primera hora de la mañana.  Esta acción tuvo como consecuencia la interrupción del servicio en toda la red de metro madrileña durante algo más de diez minutos.

Esperanza Aguirre, entonces todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguró que los autores no iban a quedar impunes y que la capital de España tenía la suerte de contar con una delegada de Gobierno (Cristina Cifuentes) que creía “en el cumplimiento de la ley, en cumplirla y hacerla cumplir”.

Por si la férrea voluntad de Cifuentes de hacer cumplir la ley no fuera suficiente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha decidido ampliar la definición del delito de sabotaje. Hasta ahora era necesario causar daños en las vías férreas, conducciones de agua, gas o electricidad, que obstaculizaran el suministro o que se destruyeran líneas de correspondencia o telecomunicaciones.

Si se aprueba la reforma del Código Penal, bastará con interrumpir el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de transporte público, de manera que se altere gravemente la prestación normal del servicio. Para los que sean condenados por la comisión de este delito se contemplan penas de prisión de entre uno y cinco años

4.- “Asedio“ a las instituciones públicas

Tal y como explicó en el Congreso de los diputados el pasado 13 de noviembre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana incluirá como delitos acciones que hasta ahora no estaban tipificadas, tales como “los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede ser el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial“.

Una medida que pudo haberse inspirado en Rodea el Congreso, una protesta que nació el 25 de septiembre del año pasado con el objetivo de “rescatarlo de un secuestro que ha convertido a esta institución en un órgano superfluo”. Este acto reivindicativo terminó con más de 20 detenidos y un héroe ciudadano, Alberto Casillas, camarero del bar El Prado, que se enfrentó a un grupo de antidisturbios que pretendía ingresar en su local para detener a varios manifestantes que se habían refugiado en él.

5.-  Escraches malditos

El 5 de abril de 2012, más de un centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acudieron a la puerta del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Su objetivo era explicarle, entre otras cuestiones, por qué consideraban que debían posicionarse a favor de la dación en pago los diputados del Partido Popular.

El marido de la vicepresidenta presentó una demanda mediante la cual denunció haberse sentido intimidados al no poder sacar a pasear a su hijo. Un mes después un juez desestimó la demanda al entender que se trataba de un acto llevado a cabo dentro del ejercicio de los derechos de manifestación y libertad de expresión. Un enfoque con el que difiere Jorge Fernández Díaz, quien pretende incluir los escraches como una forma de delito dentro de su nueva ley de Seguridad Ciudadana.
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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #220 en: Noviembre 30, 2013, 15:09:30 pm »
http://www.elblogsalmon.com/entorno/espana-el-pais-que-nos-van-a-sancionar-con-1-000-euros-por-despistados

Citar
Dentro de los despiporres legislativos, el Consejo de Ministros de hoy, nos deja un texto que duele leerlo y más nos va a doler en el momento que entre en vigor, porque el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, es la ley que será la más represiva que se ha visto en la democracia y que se saca una especie de pseudo-código penal económico a base de sanciones monetarias por faltas administrativas; en hechos u acciones que no son constitutivas de delito.

La anécdota al texto, la tenemos en una infracción leve que se saca este reglamento en el que nos van a sancionar literalmente por despistados. Si extraviamos 3 o más veces la documentación personal en el plazo de 5 años, nos pueden imponer una sanción máxima de 1.000 euros. El despiste en este país con el DNI, pasaporte o permiso de conducir se cuantifica en un mínimo de 100 euros y un máximo de 1.000 euros. Esta es la multa para los despistados, que no deja de ser la anécdota para lo que viene detrás.

La ley, contempla 3 baremos sancionadores al tipificar las infracciones como leves, con multa máxima de 1.000 euros, graves, con multa máxima de 30.000 euros y muy graves, con multas máximas de 600.000 euros. En principio, podemos pensar que no afecta a una gran mayoría de ciudadanos, pero una vez veamos las nuevas consideraciones de infracciones, el aunto se pone calentito, calentito.
Sanciones graves, la mejor de todas, el ultraje a España

    Se considerará infracción grave: Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito.

Introducir el término de ultraje en un procedimiento administrativo se las trae, porque la verdad, yo no sé cómo se puede injuriar a una institución mediante palabra, o cómo se va a evaluar el hecho del desprecio a las instituciones. Una cosa es vivir bajo una bandera y nación y otra cosa es tener que arrodillarse ante ella por ley. Quién dice nación, dice comunidad autónoma y ayuntamiento, puesto que se reflejan todos los estamentos administrativos.

Tan solo espero que la lógica y el sentido común eliminen esta cantidad de barbaridades, entre ellas, como puntos realmente graves, la laminación de derechos de reunión, información, manifestación pública y una larga lista cuanto menos discutible que el Gobierno se ha sacado de la manga con el objetivo de reprimir socialmente a base de estacazos económicos literales.
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Re:Camino del estado fascista (Godwin seal of approval)
« Respuesta #221 en: Junio 11, 2014, 01:48:14 am »
Como os decía en este hilo hace dos años a los que esperais banderas y uniformes paramilitares desfilando "auf die Strasse"

Race War - Meine Ehre Heisst Treue Small | Large



Ojo, no me refiero tanto a la vertiente política o económica, simplemente, a la censura. Si alguien se siente ofendido por el título, que sepa que tiré una moneda, y salió cruz. De haber salido cara, hubiera puesto "stalinista" en lugar de "fascista". De haber salido canto, hubiera decidido que los hados han hablado y mejro me metía el hilo por donde el sol no brilla.


A lo mejor hubiera funcionado Estado Totalitario sin más...


Llevo toda la vida escuchando las "advertencias" de la "creación de un caldo de cultivo" que facilitaría la "propagación" y "transmisión" de ideologías de "extrema-derecha" y similares términos para que se asocie con algo patológico e indeseable, pero yo lo único que he visto en el poder y/o en posición de obtener el poder en los países occidentales, es al capitalismo neoliberal, que se diferencia en casi todo de los modelos fascista o stalinista. Esto parece ser como las fechas del fin del mundo: cuando llega la fecha y no pasa nada, simplemente se empieza a hablar de la siguiente fecha y fuera.

Hay dos diferencias críticas (entre otras, pero dos especialmente críticas en el aspecto de lo tratado en este hilo) en por qué no se debería comparar al fascismo* y al stalinismo con lo que vivimos actualmente, la primera es que en el neoliberalismo el Estado está al servicio del poder económico y no al revés, como pasa en los otros dos modelos, para el neoliberalismo el Estado se reduce a ser un departamento de comunicaciones e imagen (para fingir apariencia democrática), un instrumento para privatizar beneficios y socializar pérdidas y una fuerza represiva de sicarios para su protección personal y para evitar que la población pueda hacer algo contra ellos. En el fascismo* y en el stalinismo, las empresas o entidades similares están sometidas al poder, es el Estado quien decide todo en todos los campos. Hay empresarios o miembros del partido haciendo de empresarios que tienen más privilegios que otros, pero el poder real lo ostenta el Estado.

Y la segunda diferencia crítica en cuanto a la represión, que supongo que es el motivo central de este hilo, es que tanto el fascismo* como el stalinismo querían controlar TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD y adaptarlos a un modelo de gestión rígida y sistematizada, desde los despachos de las instituciones públicas a los bares de pueblo. A diferencia del neoliberalismo, que solamente quiere reprimir lo que les afecte directamente a ellos, pero les importa muy poco lo que ocurra por ejemplo en cuanto a delicuencia común en las zonas pobres, o a corrupción gubernamental.


Pongo un ejemplo para ver si así se ve más claro, lo ideal para el neoliberalismo en cuanto a seguridad es que:

-las zonas donde vivan los ricos, las zonas donde estén las sedes de sus empresas, las zonas comerciales para ricos, la carretera al aeropuerto y el aeropuerto sean seguras para ellos, lo que pase en el resto del país les da exactamente igual porque no les afecta, como si la mitad de la población vive en favelas donde quien manda sean narcotraficantes (ejemplos notorios en Estados Unidos y en los países neoliberales centro y suramericanos controlados por Estados Unidos o que sin estarlo directamente, han copiado su modelo, como Brasil)

-los colectivos, asociaciones, grupos organizados o masas críticas de ciudadanos que les puedan contrarrestar de alguna forma, estén funcionalmente desactivados e infiltrados de forma que nunca puedan cambiar nada importante, solamente servir como válvula de escape de malestar social. Pero lo que se hable mal de ellos a modo de "pataleta" individual o colectiva, mientras que no tenga poder de cambio, les importa una mierda.



Lo ideal para el fascismo* y el stalinismo en cuanto a seguridad es que:

-el "Duce" o el "Premier" se puedan pasear con la misma seguridad por su oficina en Roma o en Moscú, que por la zona más conflictiva del país, porque físicamente no exista la delincuencia de ningún tipo, ni tampoco la disidencia política

-que no se mueva una hoja ni unos labios sin que el Partido tenga constancia y lo autorice, tenga poder de cambio o no, sea suspirado individualmente por alguien en su casa o en una reunión en la sede del sindicato vertical



*(supongo que hablamos de fascismo italiano, ahí la oligarquía siguió teniendo bastante poder al margen del estado, pero nada parecido al poder que tienen en el neoliberalismo)

_______________________________________________________________________________


En mi opinión, en este país están aplicando una variante del modelo neoliberal, adaptada a un país con larga tradición represora estatal, pero que es neoliberal en cuanto que no quieren seguridad en todo el país (sino seguridad para ellos mismos) ni necesariamente eliminar físicamente a los disidentes, además de que toleran cierta disidencia individual mientras no tenga poder de cambio.


Respecto a lo que está haciendo el faraón Gallardón I ahora que está en inJusticia, yo creo que está tanteando hasta dónde se va a poder aprovechar de las circunstancias para lograr que el último colectivo que tenía algún poder independiente del económico y el político (los jueces), tengan cada vez menos capacidad de cambio.


Lo que ocurre y va a ocurrir en realidad:

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/economia/noticias/5851135/06/14/El-Gobierno-sigue-adelante-con-sus-planes-para-crear-barrios-premium.html

Se pagarán más impuestos a cambio de servicios públicos "extra"
Más seguridad o mejor limpieza serán las bazas de esos distritos
Trata de replicar el modelo aplicado en los Estados Unidos


Cidinho E Doca - Rap Das Armas (Original)


La entrada a la favela en breve va a "tem ponto 50" (se refiere a las ametralladoras de calibre 50 que el ejército y la policía utiliza para controlar el acceso http://farm5.staticflickr.com/4127/5220345959_8df137e01c_z.jpg)

Y acabo este mensaje "detonando de granada" y remarcando que vais a ver sicarios al estilo São Paolo (con armas automáticas baratas, con la camiseta tapándose la cara y en bañador y chanclas) en el centro de Madrid antes que ver un desfile a lo Jobbik húngaro.
« última modificación: Junio 11, 2014, 01:51:02 am por Oslodije2 »

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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #222 en: Julio 16, 2014, 00:21:37 am »
El régimen sigue blindándose...
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/jaqueperpetuo/2014/07/15/ley-mordaza-un-monstruo-juridico-de-tres.html
Citar
Ley Mordaza: un monstruo jurídico de tres cabezas

El efecto combinado de las próximas reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal y Ley de Propiedad Intelectual puede ser devastador para las libertades públicas, tanto en las calles como en las redes.

En los últimos años hemos vivido un progresivo recorte de derechos fundamentales, que ha sido respondido mediante una movilización social sin precedentes, en buena parte alimentada por la interacción entre la acción callejera y el ciberactivismo online.  Desde el Pásalo de marzo de 2004, pasando por el activismo por el derecho a la vivienda, la desobediencia civil masiva del 15M, la paralización sistemática de desahucios y las ocupaciones de oficinas públicas y privadas, la última década está salpicada de acontecimientos donde el activismo político no se ha limitado al plano físico, sino que se han nutrido de la comunicación en tiempo real de los activistas facilitada por las nuevas tecnologías telemáticas. Y es contra esa fecunda complicidad de calles y redes contra lo que pretende cargar todo el aparato jurídico del sistema.

Si hay un hilo conductor común entre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal y Ley de Propiedad Intelectual, es precisamente limitar la libre expresión de los ciudadanos, con independencia del medio donde ésta se verifique.  El objetivo último es la creación de un gueto informacional que impida de forma efectiva la organización de protestas al amparo de los derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión.

Sin ánimo de resultar exhaustivo, intentaré explicar en próximos  párrafos hasta dónde llega la limitación de nuestras libertades, intercalando párrafos concretos de las leyes que pretenden reformarse.

Comencemos por el proyecto de Código Penal, que pretende establecer un nuevo delito en el artículo 559:

"La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año."


Ahora leamos lo que indica el artículo 30.3 del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana:

"A los efectos de esta ley se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Asimismo, aun no habiendo suscrito o presentado la comunicación, también se considerarán organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquéllas."

Ahora piensen en un escenario habitual en las protestas de los últimos años. Una conocida activista lanza un hashtag por Twitter, convocando a una manifestación no autorizada ante la Delegación del Gobierno. Con la nueva redacción del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, las autoridades pueden intentar responsabilizar a esa activista de los disturbios que se produzcan, exclusivamente por las consignas lanzadas en una red social.

Buena parte de las infracciones recogidas en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana están dirigidas a restringir el derecho de reunión y manifestación. En los artículos 35 y siguientes del proyecto de ley se persiguen todo tipo de manifestaciones, desde las 'no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones' (que pueden ser sancionadas hasta con 600.000 euros de multa), pasando por la negativa a disolver manifestaciones no comunicadas (hasta 30.000 euros de multa), hasta el más mínimo incidente, como "el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos" (multa de hasta 600 euros).

La obsesión gubernamental con el derecho de reunión es absoluta, y sitúa fuera de la ley a acciones de protesta civil pacífica que los jueces han considerado lícitas en innumerables sentencias.  Véase en los párrafos siguientes, extraídos de la ley, las nuevas infracciones graves destinadas a colectivos civiles como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los Yayoflautas, a los que se podrá sancionar con hasta 30.000 euros de multa por parar desahucios u ocupar oficinas bancarias:

"4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.

6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio."


Pero no solo se criminaliza la desobediencia civil pacífica. También se restringe el derecho a la libre expresión y a recabar pruebas de los excesos policiales, mediante un demencial redactado del artículo 36.26 del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, destinado a impedir que se fotografíe a policías antidisturbios:

"26. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información."

Las reformas proyectadas configuran un panorama desolador para las libertades públicas, pero no vienen solas, sino que por el contrario consolidan una política de censura administrativa de la que fue pionera la norma tristemente conocida como Ley Sinde. La proyectada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que será sometida a votación el próximo día 22 de julio en el Congreso de los Diputados, pretende una nueva vuelta de tuerca al control administrativo de internet, posibilitando el cierre de páginas web sin intervención judicial previa, al convertir a los proveedores de servicios de alojamiento, enlace, publicidad y sistemas de pago en cómplices forzosos de la censura, bajo la coacción de la multa administrativa. Una restricción de libertades destinada a poner la red en estado de excepción, además de gravarla con un nuevo canon destinado a impedir el ejercicio del derecho a enlazar.

Sustituir las garantías del proceso penal por sanciones administrativas tiene tristes antecedentes históricos: era la práctica habitual en regímenes totalitarios. Y evidencia un desprecio absoluto al poder judicial: desde el 15M han sido numerosas las sentencias absolutorias en juicios de faltas seguidos contra los activistas que ejercían la desobediencia civil pacífica. Al despenalizar las faltas, desaparecerán los jueces y las garantías del proceso penal, para ser sustituidos por multas de policías a los que la ley otorgará total credibilidad.

Al censurarnos, el poder demuestra cual es su principal preocupación: la unión de todos los frentes del activismo, de las calles y las redes, en un movimiento político común. Revelando sus temores, el sistema evidencia su principal debilidad: habrá que darle al poder lo que más teme.

Documentos:

Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (PDF) http://estaticos.elmundo.es/documentos/2014/07/15/Proyecto_LOPSC.pdf

Proyecto de reforma del Código Penal (PDF) http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-66-1.PDF#page=1

Proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (PDF) http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-81-1.PDF#page=1

Y me quedo también con un comentario al artículo:
Citar
Realmente no me importa lo que pase en Venezuela, Cuba o similares. Lo que realmente me importa es lo que está pasando en España. Los progres libertarios y también los fachas relamidos están despreocupados de lo que le pasa a la sociedad. No quieren ver o no les dejan ver lo que se está preparando para un futuro a corto plazo. Y comparto la preocupación del autor de este artículo. Las libertades se están recortando en todo el mundo, independientemente del color político que gobierne el país en cuestión. Los que mueven los hilos detrás de los gobiernos, los que "realmente gobiernan a los países", no pueden permitir la desobediencia de la ciudadanía al "sistema impuesto". No quieren que la población piense ni llegue a conclusiones que pongan en peligro sus intereses. Quieren que sigamos aborregados, pensando que el político de turno puede cambiar la situación. Hay que darse cuenta que la democracia no existe, es un espejismo. Los partidos políticos representan a una casta que sigue el mandato del gobierno en la sombra. Acaso el gobierno actual piensa más en las necesidades de la población? O en ayudar a bancos? Los próximos años serán decisivos en nuestro país y en muchos otros países para encaminar el futuro de la sociedad. Dejemos de ser avestruces que esconden la cabeza cuando surge un problema. El futuro está en nuestras manos, no dejemos que nos engañen.
No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma

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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #223 en: Diciembre 19, 2014, 21:11:00 pm »
http://yelling.es/la-prensa-internacional-acusa-a-rajoy-de-ir-camino-de-una-dictadura/
Citar
La prensa internacional acusa a Rajoy de ir “camino de una dictadura”

“Camino a una dictadura”, “amenaza a la democracia”, “problemática”, “autoritaria”, estos son los términos que han aparecido en la prensa internacional, en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como ‘ley mordaza’) que el Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas. Una nueva normativa que ha despertado el recelo de columnistas del diario británico The Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos y que recoge Brais Benítez en lamarea.com.

En el Reino Unido, The Guardian con el titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan verdadera democracia”, una información firmada por Richard Seymour asegura que “el choque entre la austeridad neoliberal y la democracia popular” ha producido una crisis de“ingobernabilidad” en las autoridades. “La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática, de eso es lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el rotativo británico, que calificaba la reforma legal en España como “un ataque a la democracia”.

“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardianrepasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para evitar que los ciudadanos protesten.

El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían ser los sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos que no están bajo ningún ente de este tipo. “Al tratar con las protestas más grandes en representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una mayor distancia física sobre las personas”, indicaba el artículo. “Por el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados extremistas , terroristas o incluso –suspiro teatral– anarquistas, y por lo tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la invocación de la ley ‘antiterrorista’ u otras leyes represivas”.

“Te deja sin palabras”
El diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicó un artículo con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas de la política de estabilidad europea y los que protestan” se las amenace con multas “deja sin palabras”.
“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja, puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o amenazar a la policía”, denunciaba el artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara algunas de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.

“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos civiles”, concluía.

“Una ley contra los indignados”
También el semanario alemán Der Spiegel se hacía eco de la reforma legal y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo máximo” que supone la norma. También las del director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez: “Esta es la nueva arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes, a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige contra el movimiento de los indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez que destacaba que “sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.

En Italia, Il Giornale informó de que “indignarse en España saldrá caro”, y destacó como “muy discutible” la confección de un “registro de infractores” que prevé la reforma legal, “con nombres y apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del evento”. En una información firmada por Giuliana De Vivo, se hacía eco de la “polémica” suscitada por el anteproyecto de ley y constataba que, “si estuviera en vigor en Italia, aligeraría gran parte de la cuenta bancaria de algunos de los participantes en manifestaciones”.

En este sentido recordaba el “provocador beso” de una manifestante a un policía antidisturbios durante una protesta contra la construcción de una línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Susa: “Según lo declarado por la protagonista, ‘no era un mensaje por la paz, sino que quería ridiculizar a la policía’”. Así que, insinuaba el artículo, con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor, en España este acto podría llegar a sancionarse con hasta 1.000 euros por “vejar o injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad”, una sanción que inicialmente se preveía como grave, con multas de hasta 30.000 euros.

Una reforma “altamente problemática”
El Consejo de Europa también manifestó sus reparos a la reforma legal del Gobierno. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, afirmó en Bruselas que el borrador presentado por el Ministerio del Interior es “altamente problemático”, y planteó sus dudas acerca de la necesidad de mantener estas “restricciones en una sociedad democrática, sin interferir demasiado en la libertad de reunión“.

Muiznieks se mostró “seriamente preocupado” por el impacto que pueda tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera que el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta porque la ciudadanía tiene derecho a expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno”.
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Re:Camino del estado represor (Godwin seal of approval)
« Respuesta #224 en: Junio 15, 2016, 22:32:50 pm »
Absolutamente imprescindible su visionado...

https://www.youtube.com/watch?v=ucRWyGKBVzo
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