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http://www.laverdad.es/murcia/20130102/local/region/testigo-juicio-corrupcion-aledo-201301021432.htmlEl promotor del plan parcial "Monte Aledo Resort", que promovía la construcción de un complejo urbanístico de 4.500 viviendas y una playa artificial, entre otros servicios, declaró en el Juzgado que investiga un presunto caso de corrupción en ese municipio que se consideró "estafado" por la empresa a la que se adjudicó la urbanización, Urvisan.
Esta empresa, que dirigía José Antonio Núñez, fallecido hace cuatro años al precipitarse al vacío desde la planta número 12 de un edificio ubicado en Murcia, está siendo investigada por la presunta entrega de comisiones ilegales al alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, y al teniente de alcalde, Antonio Alcaraz -ambos, imputados-, para conseguir así la adjudicación de concursos de obras amañados.
El promotor del plan, Francisco Gómez, que declaró como testigo en estas diligencias, aseguró que llegó a pagar doce millones de euros por las obras de urbanización del complejo, "en lo que considera una estafa de Urvisan en connivencia con su propio director de obras".
Las revelaciones de Gómez han sido conocidas ahora al levantarse el secreto que pesaba sobre gran parte de la causa, que acumula ya casi 30.000 folios y que investiga presuntos casos de corrupción urbanística en este municipio y en el de Librilla, en connivencia con un jefe de servicio de la Comunidad Autónoma, José Luis Cano, muerto en accidente de tráfico cuando se dirigía a ver a su abogado para articular la defensa.
En su declaración ante el juez instructor, el magistrado Andrés Carrillo, Francisco Gómez aseguró que para la puesta en marcha del plan compró, entre otras, una parcela al teniente de alcalde Antonio Alcaraz, por el precio de 36.000 euros y que parte del precio se lo abonó con la entrega de un coche Mercedes S-500.
Asimismo declaró que propuso a este edil poner a su nombre las acciones que poseía del C.D. Toledo y que éste lo aceptó por hacerle un favor, ya que él tenía incompatibilidad para tenerla a su nombre, ya que el Consejo Superior de Deportes no permitía que una misma persona poseyera acciones de más de una sociedad deportiva.
Al preguntarle el juez el motivo por el que había elegido a Alcaraz para hacer la operación "entre tantas personas posibles" contestó que lo decidió así porque tampoco se le permitía que figuraran a nombre de familiares o empleados de sus empresas.
Añadió que también se vio movido a llevar a cabo esta operación porque, en caso contrario, no habría podido fundar la Sociedad Deportiva del Cartagena C.F., que preside.
El testigo negó haber sido presionado por el alcalde de Aledo e imputado en esta causa, Simón Alcaraz, para que el contratista de Monte Aledo Resort fuera la empresa Urvisan, propiedad de Núñez.
Gómez afirmó que había recibido ofertas de dos empresas de Alicante, "pero que un día vio en Aledo unos carteles de Urvisan y que Núñez le presentó un presupuesto y que le dijo que mirara a ver si podía ser su empresa la que hiciera la obra, porque tenía ya gente trabajando en Aledo, y de este pueblo".
Además, añadió en su declaración, "le hicieron un descuento, de modo que los escogió como contratistas".
En sus manifestaciones, aseguró que se "arrepintió" de esta decisión "porque la empresa, junto con J.G., y de mutuo acuerdo con éste, certificó más obra de la que realmente se estaba ejecutando".
Además, señaló que en el procedimiento concursal de Urvisan se le reconoció por el Juzgado de lo Mercantil un crédito por importe superior a los cinco millones de euros, "de manera que el declarante está bien arrepentido de haberla elegido como contratista, y, de hecho, tiene pleitos contra ésta".
El Ayuntamiento de Totana tiene una empresa pública, Proinvitosa, cuyo objetivo es el arrendamiento y compraventa de inmuebles, con el fin de facilitar las inversiones empresariales en condiciones de igualdad y la generación de puestos de trabajo.
Desde el año 2002, expone el fiscal, tenía Proinvitosa una parcela de 71.958 m2 en el polígono industrial El Saladar, identificada como P-1. Fue adquirida por el empresario Pedro Sánchez Martínez, por algo más de 1,4 millones de euros, para instalar un centro logístico del transporte. En el contrato se incluyó una cláusula que prohibía que esa parcela pudiera ser revendida a otra persona hasta que no estuviera construido el citado proyecto y que, si se decidía finalmente no levantarlo y proceder a la enajenación del terreno, Proinvitosa tendría una opción preferente de compra por el mismo dinero en que la vendió, más la actualización del euríbor.
Cuando el plan parcial El Saladar fue reparcelado, el citado terreno P-1 se dividió en tres (P-1.1, P-1.2 y P-1.3) y Proinvitosa decidió modificar el anterior precontrato y vender la parcela central a un concesionario de automóviles. Finalmente, la venta de las otras dos parcelas se hizo en marzo del 2005, a favor de Pedro Sánchez Martínez, con el matiz, «buscado a propósito con un fin claramente especulativo», según el fiscal, de que habían quedado separadas por la empresa de automóviles.
El 14 de marzo del 2005, Pedro Sánchez, que sólo iba a desarrollar su actividad empresarial en la parcela P-1.1, propuso escriturar los dos terrenos a nombre de distintas sociedades de su propiedad: una a nombre de «Ofrisa» y otra como «Los Prados de Caravaca S.L.», y así se hizo el 14 de julio. En las escrituras se incluyó una cláusula en la que se prohibía de nuevo la transmisión de esas parcelas a otros empresarios hasta no construido el centro logístico y, de no querer seguir adelante el proyecto, estaría obligada la empresa a transferirle la finca a Proinvitosa. Sólo si esta sociedad pública no quisiera recuperarla, podría entonces ser vendida a otro inversor.
Pues bien, según el Ministerio Público, «Pedro Sánchez se concertó con Pedro José Martínez Ruiz (el mismo de las aulas del colegio San José), y con un fin claramente especulativo, firmaron un contrato privado de venta de uno al otro de la parcela P-1.3, pese a que eran conocedoras de la existencia de la cláusula sobre el derecho de Proinvitosa a recuperar esa parcela a su precio original». Entre ellos pactaron un precio de 3,6 millones de euros, «utilizando la maniobra de que lo que se adquiría eran las participaciones sociales de la mercantil «Los Prados de Caravaca»», si bien ésta tenía como único bien el mencionado terreno industrial.
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El acusado Martínez Andreo, en su condición de concejal hasta mayo del 2007, y como alcalde desde junio, era perfectamente conocedor desde el principio de la maniobra que se estaba llevando a cabo entre «Los Prados de Caravaca» y «UCOM», siendo incluso consultado por Martínez Ruiz sobre la forma de hacer la operación, y ya se había comprometido con éstas (empresas) a que la operación se iba a llevar a cabo». Y ello, añade el fiscal, aunque era consciente de la cláusula existente en favor de Proinvitosa y de que la plusvalía que se iba a generar, y que rondaba los 3 millones de euros, podría haber revertido en favor del Ayuntamiento.Los dos empresarios se concertaron supuestamente con el presidente del consejo de administración de Proinvitosa, el concejal José Antonio Valverde Reina, y con el gerente de UCOM, José María Bonmatí, para sacar adelante el plan, «llegando a apremiarse todos para formalizar cuanto antes la operación a través de escrituras públicas».
http://www.laverdad.es/murcia/20130102/local/region/caso-totem-delito2-201301021638.html [/size]LOS PRADOS DE CARAVACA S.L. en Caravaca de la Cruz[/color]
AVENIDA GRAN VIA (CARAVACA DE LA CRUZ), 57 - 6 B, CARAVACA DE LA CRUZ, 30400 , MURCIA
http://empresite.eleconomista.es/PRADOS-CARAVACA.htmlhttps://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:CPTMu2bcxdkJ:medias.laopiniondemurcia.es/documentos/2011-05-25_DOC_2010-05-25_13_09_11_auto_totana.pdf+%22LOS+PRADOS+DE+CARAVACA%22+S.L.+Pedro+S%C3%A1nchez&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESgM4USY2Dv6ZQjv1D2ov43457y4TgClLzK0v659_EcmN6s3F4ktYRhRAYkRARhADqXmJ0Tlyvavfe_DRNh5DmDypxXbjA8Qk4S3fYad9JpCkqjsdhSukMypHOdQa-I1o0QDEzcN&sig=AHIEtbTkSWcULXHaWv73VU5ChDEUn-l5nQ