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Un tribunal de Nueva York reabre la demanda contra BBVA y Santander por la venta de bonos mexicanosFondos de pensiones estadounidenses acusan en a seis bancos de colocarles miles de millones en títulos a precios infladosLa demanda colectiva presentada en Estados Unidos contra varios bancos internacionales, entre ellos las filiales mexicanas de BBVA y Santander, por manipular el precio de los bonos mexicanos revive. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, ha anulado el archivo del caso decidido por un tribunal de distrito y ordena que se retomen los procedimientos. Los jueces consideran que los vínculos que dichos bancos tuvieron con Nueva York en la venta de los bonos son suficientes para que el tribunal sea competente, según una sentencia dictada el 9 de febrero, de la que BBVA informó al supervisor estadounidense el pasado viernes.La Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece) inició una investigación antimonopolio en 2017 en relación con supuestas prácticas monopolísticas de determinadas instituciones financieras, incluida las filiales de los grupos españoles. La investigación concluyó con multas de unos 35 millones de pesos (unos dos millones de dólares al tipo de cambio actual) a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex (Citi), Bank of America, BBVA Bancomer y JPMorgan. La Cofece encontró pruebas de que los operadores se comunicaron a través de mensajes electrónicos y pactaron 142 acuerdos ilegales para manipular los precios de ciertos bonos.A raíz de ese caso, un grupo de inversores institucionales estadounidenses, en su mayoría fondos de pensiones, que habían invertido en los bonos, presentaron una demanda colectiva en 2018 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Alegaban también que los bancos demandados y sus filiales participaron en colusión con respecto a la compra y venta de bonos del gobierno mexicano.En diciembre de 2019, tras una decisión del juez asignado para conocer del procedimiento, los demandantes retiraron sus demandas contra las filiales de BBVA México. En noviembre de 2020, el juez aceptó la moción de desestimación del resto de los demandados por falta de jurisdicción personal. Los demandantes presentaron una moción de reconsideración de esa decisión en mayo de 2021, que el juez denegó en marzo de 2022. En agosto de 2022 el tribunal de distrito dictó sentencia desestimando la demanda, pero los demandantes apelaron ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. El 9 de febrero de 2024, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito anuló las decisiones del tribunal de distrito y el caso fue devuelto para un nuevo procedimiento, según informó el viernes BBVA en el informe anual registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC).Los demandados son filiales mexicanas de BBVA, Santander, HSBC, Barclays, Citi, Bank of America y Deutsche Bank. JPMorgan y Barclays Bank llegaron a un acuerdo con los demandantes para cerrar el caso. Según los documentos que reflejan los acuerdos, JPMorgan aceptó pagar 15 millones de dólares y Barclays, 5,7 millones.Las entidades no vendieron los bonos directamente a los demandantes, sino a través de sus filiales neoyorquinas de intermediación. Los bancos alegaron que el tribunal neoyorquino no tenía jurisdicción porque las supuestas fijaciones de precio ilegales tuvieron lugar en México.El juez de distrito dio la razón a los bancos, pero el tribunal se la quita: “Dado que la demanda alega de forma plausible que los demandados vendieron activamente bonos de precio fijo por valor de miles de millones de dólares a través de sus agentes en Nueva York, sostenemos que la jurisdicción personal se alegó correctamente”, dice la sentencia.Los inversores afirman que los bancos conspiraron para fijar los precios en múltiples puntos. Alegan que primero compartieron información sobre precios y presentaron ofertas fijas durante las subastas de Banxico, el banco central mexicano. También afirman que vendieron los bonos que compraron en la subasta a los inversores a precios artificialmente altos. Por último, la querella alega que los querellados acordaron fijar diferenciales de oferta y demanda, los precios cotizados a los clientes, artificialmente amplios.Según los demandados, las operaciones se hicieron a través de intermediarios y eso les aísla. “Pero la demanda alega plausiblemente que los corredores eran meros intermediarios. Y para la jurisdicción personal, miramos más allá de la forma para llegar al fondo”, dice la sentencia.Los jueces rechazan la teoría de los bancos de que la jurisdicción solo puede corresponder a donde se produjo la fijación de precios: “No tiene mucho sentido. Supongamos que los demandados abrieran una oficina de ventas en Nueva York, atendida por sus propios empleados, y luego vendieran los bonos desde esa oficina a inversores estadounidenses a precios fijados en México. Difícilmente podría argumentarse que los contactos de los demandados en Nueva York no estarían suficientemente relacionados con la fijación de precios como para conferir jurisdicción en Nueva York. Dado que los actos de los intermediarios aquí pueden atribuirse a los demandados, la naturaleza dividida de las ventas no puede cambiar ese resultado, argumenta la sentencia.
https://www.lavanguardia.com/economia/20240303/9532886/pequeno-propietario-saldra-perjudicado-tope-rentas.htmlCitarIsabel Rodríguez: “El pequeño propietario no saldrá perjudicado por el índice del alquilerLa ministra de Vivienda y Agenda Urbana afirma que Ayuso, que se niega a aplicar la ley estatal "no aguantará la presión de una sociedad que sabe que pagaría menos" por sus arrendamientosEl Gobierno ha fijado la vivienda como una política central de la legislatura. El objetivo de la ministra Isabel Rodríguez (Ciudad Real, 1981) es poner en marcha diferentes mecanismos para solventar lo que para muchas familias y jóvenes es “un drama”, admite. Esta semana su departamento publicó el sistema estatal de referencia del precio del alquiler, que sólo se aplicará en Catalunya, de momento.¿Por qué confían que se va a enfriar el mercado con el índice?Es un instrumento más de una política dirigida a dar respuesta a grandes dramas y, a largo plazo, a cambiar el mercado de la vivienda. Creo que este índice va a ser útil en las zonas tensionadas porque conlleva el control de los precios. Es decir, vamos a parar el incremento de los precios y, por tanto, vamos a posibilitar que las familias ahorren entre 1.500 y 800 euros al mes. También vamos a empoderar a los consumidores, que no van a tener que guiarse por un indicador de mercado, como las plataformas, para conocer el precio que han de pagar.¿Y las comunidades autónomas que no quieren aplicarlo?Les pido que atiendan la demanda de la ciudadanía, que se hagan cargo de que es su responsabilidad atender el derecho de acceso a la vivienda, y, sobre todo, que no pueden eludir o escaquearse de dramas sociales que implican destinar más del 40% de tu salario a la renta del alquiler, cuando no el 80 o el 100%. Uno no puede inhibirse de la angustia y desesperanza de miles de personas en su territorio. Pido a las comunidades que atiendan a alcaldes que desean dar una respuesta a sus vecinos y controlar también los precios del alquiler. Lo que no puede ser es que por darle una patada al Gobierno ahonden en la gran herida social.Madrid dice de manera clara que no aplicará la ley de Vivienda.Creo que Ayuso no va a poder aguantar la presión de una sociedad que sabe que si ella actuara estaría pagando 1.000, 800 o 500 euros menos de alquiler; y que no lo hace porque ella sólo persigue dañar al Gobierno de España.El sector afirma que el índice provocará menos oferta. ¿Teme ese efecto colateral?El índice forma parte de un paquete completo. Somos conscientes de que hemos de incrementar la oferta en el mercado del alquiler a precios asequibles. Para ello, las comunidades autónomas y el sector están teniendo una inyección de recursos como nunca antes, con más de 9.500 millones. Estamos trabajando para evitar la especulación y los abusos.¿Saldrá el pequeño propietario perjudicado del índice?En este ámbito ha habido muchos mantras que generan sensaciones de inseguridad entre los propietarios. Yo, como ministra, voy a trabajar para darles tranquilidad y seguridad. Los pequeños propietarios no saldrán perjudicados del índice del alquiler.La consellera de Territori, Ester Capella, dijo que los precios no bajarán. ¿Qué le responde?Quiero valorar muy especialmente la decisión de la Generalitat de aplicar la ley de Vivienda, de no inhibirse, de asumir su responsabilidad y de abordar el problema de la vivienda para darle una respuesta inmediata a esta situación. También reconocer el esfuerzo y el trabajo de los técnicos de la Generalitat. Puedo entender la discrepancia, pero hay cuestiones que exceden a los acuerdos políticos. El indicador es un método científico. Lo que hemos hecho es mejorar el índice previo que tenía la Generalitat, que fue declarado inconstitucional.Acaban de aprobar avales del ICO para adquirir viviendas. ¿Por qué será una medida útil?Existe una grave brecha social que afecta especialmente a los jóvenes que sobrevivieron a la crisis del boom inmobiliario y que se encuentran acorralados en un mercado de alquiler imposible. Hay quien quiere comprar una vivienda. A veces es mucho más gravoso pagar un alquiler que la cuota de una hipoteca. Con esta decisión habrá familias que podrán salir del mercado del alquiler. Hay otra consecuencia muy importante para el medio rural, donde la manera más frecuente de tener la posibilidad de acceder a una vivienda es a través de la solicitud de una hipoteca.Sus socios de Sumar no lo comparten.Cuando uno gobierna este país debe hacerlo con el prisma del país en su conjunto. Lamentablemente la vivienda hoy un problema de mayoría social. Movilizar 2.500 millones en avales es una cantidad muy importante que nos va a permitir llegar al menos a 50.000 hogares¿Cómo es su relación con fondos como Blackstone o KKR?Aún no he tenido oportunidad de verme personalmente con ellos. Mi demanda es formalizar una gran alianza de país. Que estas entidades colaboren con el Gobierno ampliando la oferta de viviendas en alquiler. Ahora bien, siempre les exigiré que sea a precio asequible.¿Cuáles serán los puntos principales de la futura ley del Suelo?Es una demanda muy transversal. Construir un nuevo parque de viviendas implica también una tramitación urbanística importante. El sector necesita seguridad jurídica. Vamos a impedir que se paralicen los planeamientos urbanísticos por errores que no son sustantivos sino subsanables. Vamos a agilizar los planeamientos urbanísticos.¿Cuándo regularán los alquileres de temporada?Tenemos en marcha un grupo de trabajo. Estamos pendientes de las primeras conclusiones. Trabajamos en una reforma de la ley de Propiedad Horizontal para introducir una regulación.¿Y los alquileres turísticos?Sin duda. Hay datos que indican que los alojamientos turísticos han incrementado el precio del alquiler residencial. Estamos valorando la modificación de la ley de Propiedad Horizontal para considerarlos un negocio y, por tanto, una actividad económica con respuestas también desde el punto de vista fiscal. El modelo de ciudad que queremos no es un parque temático, no es un ronroneo de maletas continuo. Queremos ciudades habitables.¿Qué le parece la decisión de Ábalos de mantener el escaño?Quiero poner en valor cómo mi partido y el Gobierno afrontamos este tipo de cuestiones, con un rechazo absoluto. Tolerancia cero. Creo que esta noble tarea exige de honestidad, e implica a todos los que nos dedicamos a ella dejarnos un trozo muy importante de nuestra vida, que no puede verse salpicado por el mal hacer o por hechos como los que hemos conocido.El exministro afirma que es inocente.No recae sobre él ninguna imputación, ni ninguna acusación en las primeras investigaciones. Pero no se trata solo de asumir las responsabilidades penales, sino que en ocasiones hay que asumir responsabilidades políticas.
Isabel Rodríguez: “El pequeño propietario no saldrá perjudicado por el índice del alquilerLa ministra de Vivienda y Agenda Urbana afirma que Ayuso, que se niega a aplicar la ley estatal "no aguantará la presión de una sociedad que sabe que pagaría menos" por sus arrendamientosEl Gobierno ha fijado la vivienda como una política central de la legislatura. El objetivo de la ministra Isabel Rodríguez (Ciudad Real, 1981) es poner en marcha diferentes mecanismos para solventar lo que para muchas familias y jóvenes es “un drama”, admite. Esta semana su departamento publicó el sistema estatal de referencia del precio del alquiler, que sólo se aplicará en Catalunya, de momento.¿Por qué confían que se va a enfriar el mercado con el índice?Es un instrumento más de una política dirigida a dar respuesta a grandes dramas y, a largo plazo, a cambiar el mercado de la vivienda. Creo que este índice va a ser útil en las zonas tensionadas porque conlleva el control de los precios. Es decir, vamos a parar el incremento de los precios y, por tanto, vamos a posibilitar que las familias ahorren entre 1.500 y 800 euros al mes. También vamos a empoderar a los consumidores, que no van a tener que guiarse por un indicador de mercado, como las plataformas, para conocer el precio que han de pagar.¿Y las comunidades autónomas que no quieren aplicarlo?Les pido que atiendan la demanda de la ciudadanía, que se hagan cargo de que es su responsabilidad atender el derecho de acceso a la vivienda, y, sobre todo, que no pueden eludir o escaquearse de dramas sociales que implican destinar más del 40% de tu salario a la renta del alquiler, cuando no el 80 o el 100%. Uno no puede inhibirse de la angustia y desesperanza de miles de personas en su territorio. Pido a las comunidades que atiendan a alcaldes que desean dar una respuesta a sus vecinos y controlar también los precios del alquiler. Lo que no puede ser es que por darle una patada al Gobierno ahonden en la gran herida social.Madrid dice de manera clara que no aplicará la ley de Vivienda.Creo que Ayuso no va a poder aguantar la presión de una sociedad que sabe que si ella actuara estaría pagando 1.000, 800 o 500 euros menos de alquiler; y que no lo hace porque ella sólo persigue dañar al Gobierno de España.El sector afirma que el índice provocará menos oferta. ¿Teme ese efecto colateral?El índice forma parte de un paquete completo. Somos conscientes de que hemos de incrementar la oferta en el mercado del alquiler a precios asequibles. Para ello, las comunidades autónomas y el sector están teniendo una inyección de recursos como nunca antes, con más de 9.500 millones. Estamos trabajando para evitar la especulación y los abusos.¿Saldrá el pequeño propietario perjudicado del índice?En este ámbito ha habido muchos mantras que generan sensaciones de inseguridad entre los propietarios. Yo, como ministra, voy a trabajar para darles tranquilidad y seguridad. Los pequeños propietarios no saldrán perjudicados del índice del alquiler.La consellera de Territori, Ester Capella, dijo que los precios no bajarán. ¿Qué le responde?Quiero valorar muy especialmente la decisión de la Generalitat de aplicar la ley de Vivienda, de no inhibirse, de asumir su responsabilidad y de abordar el problema de la vivienda para darle una respuesta inmediata a esta situación. También reconocer el esfuerzo y el trabajo de los técnicos de la Generalitat. Puedo entender la discrepancia, pero hay cuestiones que exceden a los acuerdos políticos. El indicador es un método científico. Lo que hemos hecho es mejorar el índice previo que tenía la Generalitat, que fue declarado inconstitucional.Acaban de aprobar avales del ICO para adquirir viviendas. ¿Por qué será una medida útil?Existe una grave brecha social que afecta especialmente a los jóvenes que sobrevivieron a la crisis del boom inmobiliario y que se encuentran acorralados en un mercado de alquiler imposible. Hay quien quiere comprar una vivienda. A veces es mucho más gravoso pagar un alquiler que la cuota de una hipoteca. Con esta decisión habrá familias que podrán salir del mercado del alquiler. Hay otra consecuencia muy importante para el medio rural, donde la manera más frecuente de tener la posibilidad de acceder a una vivienda es a través de la solicitud de una hipoteca.Sus socios de Sumar no lo comparten.Cuando uno gobierna este país debe hacerlo con el prisma del país en su conjunto. Lamentablemente la vivienda hoy un problema de mayoría social. Movilizar 2.500 millones en avales es una cantidad muy importante que nos va a permitir llegar al menos a 50.000 hogares¿Cómo es su relación con fondos como Blackstone o KKR?Aún no he tenido oportunidad de verme personalmente con ellos. Mi demanda es formalizar una gran alianza de país. Que estas entidades colaboren con el Gobierno ampliando la oferta de viviendas en alquiler. Ahora bien, siempre les exigiré que sea a precio asequible.¿Cuáles serán los puntos principales de la futura ley del Suelo?Es una demanda muy transversal. Construir un nuevo parque de viviendas implica también una tramitación urbanística importante. El sector necesita seguridad jurídica. Vamos a impedir que se paralicen los planeamientos urbanísticos por errores que no son sustantivos sino subsanables. Vamos a agilizar los planeamientos urbanísticos.¿Cuándo regularán los alquileres de temporada?Tenemos en marcha un grupo de trabajo. Estamos pendientes de las primeras conclusiones. Trabajamos en una reforma de la ley de Propiedad Horizontal para introducir una regulación.¿Y los alquileres turísticos?Sin duda. Hay datos que indican que los alojamientos turísticos han incrementado el precio del alquiler residencial. Estamos valorando la modificación de la ley de Propiedad Horizontal para considerarlos un negocio y, por tanto, una actividad económica con respuestas también desde el punto de vista fiscal. El modelo de ciudad que queremos no es un parque temático, no es un ronroneo de maletas continuo. Queremos ciudades habitables.¿Qué le parece la decisión de Ábalos de mantener el escaño?Quiero poner en valor cómo mi partido y el Gobierno afrontamos este tipo de cuestiones, con un rechazo absoluto. Tolerancia cero. Creo que esta noble tarea exige de honestidad, e implica a todos los que nos dedicamos a ella dejarnos un trozo muy importante de nuestra vida, que no puede verse salpicado por el mal hacer o por hechos como los que hemos conocido.El exministro afirma que es inocente.No recae sobre él ninguna imputación, ni ninguna acusación en las primeras investigaciones. Pero no se trata solo de asumir las responsabilidades penales, sino que en ocasiones hay que asumir responsabilidades políticas.
https://www.lavanguardia.com/economia/20240303/9532883/indice-oficial-alquiler-desploma-precios-portales-inmobiliarios.htmlCitarEl índice oficial del alquiler desploma los precios de los portales inmobiliariosPisos ofertados en Barcelona y Madrid superan en más de 1.000 euros el nuevo indicadorEl sistema estatal de referencia del precio del alquiler que acaba de publicar el Ministerio de Vivienda, y que se aplicará en 140 municipios de Catalunya desde el día 13, hunde las rentas que se ofertan en portales inmobiliarios. Las diferencias alcanzan el 70% o 1.000 euros mensuales en algún caso. Para el Gobierno la situación es totalmente anómala y requiere medidas de choque, bien a través del tope que se fijará en zonas tensionadas a grandes tenedores y algún modesto propietario, bien auspiciando una renegociación entre arrendatario y arrendador.Diez viviendas ofertadas en alquiler en Idealista en grandes ciudades y diez precios disparados si se comparan con el índice oficial del alquiler. Son ejemplos escogidos al azar, pero que demuestran las enormes diferencias de rentas. En Barcelona, el arrendamiento de un piso de 119 metros cuadrados ubicado en la calle Copérnico, en Sant Gervasi, se oferta en el portal a un precio de 2.652 euros mensuales. El sistema de referencia de Vivienda lo reduce a entre 1.117 y 1.621 euros al mes.Una de las características del indicador del ministerio es que ofrece un rango de precios de referencia, que es lo que ha provocado la discrepancia con la Generalitat de Catalunya. El Govern apostaba por fijar una cifra concreta, pero el Gobierno optó por un máximo y un mínimo orientativos porque no todas las viviendas ofertadas tienen las mismas características y servicios.En Barcelona, las viviendas en alquiler cuyo precio en los portales inmobiliarios se encuentra muy por encima del registro de referencia estatal son innumerables. En las calles más demandadas casi triplican los valores oficiales. Otro ejemplo: el arrendamiento de un estudio en la calle Puigmartí de 67 metros cuadrados se ofrece en Idealista a 2.085 euros mensuales; el sistema de Vivienda marca entre 667 y 904 euros al mes. O un piso de grandes dimensiones al final de la Gran Via de les Corts Catalanes se oferta en el mismo portal a 3.488 euros al mes, cuando el alquiler que marca el índice estatal oscila entre los 1.257 y 1.774 euros al mes.La entrada en vigor de la primera área tensionada que abarcará 140 municipios catalanes obligará a los alquileres citados a referenciarse al precio que marca el índice oficial, siempre que el inmueble sea propiedad de un gran tenedor y para los nuevos contratos si la vivienda no ha estado arrendada en el último lustro. Los pequeños propietarios han de referenciar sus rentas en dichas áreas tensionadas al contrato anterior.Sólo Catalunya ha solicitado la declaración de área tensionada, pero otras comunidades autónomas ya han mostrado disposición a hacerlo. Según apuntan fuentes del Ministerio de Vivienda, Navarra y Asturias. También algún ayuntamiento, como Valencia, y ciudades del sur de Madrid: Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada o Móstoles, añaden estas fuentes.Para enfriar los preciosNavarra, Asturias, València y municipios de Madrid podrían declarar áreas tensionadasEn la capital ocurre lo mismo que en Barcelona: las diferencias entre el índice estatal y las ofertas de portales inmobiliarios son notables. En la calle Alcalá, en el barrio de Quintana, el alquiler de un piso de 61 metros cuadrados se ofrece en Idealista a 1.200 euros, cuando la referencia oficial es de 560 a 806 euros mensuales. Algo similar ocurre a sólo unos metros, en la calle Elfo. En la calle Labrador, en Arganzuela, un estudio de 43 metros cuadrados está referenciado en el índice entre 567 y 787 euros, mientras que en Idealista se publicita a 900 euros al mes. Y en la calle González Soto, en Vallecas, otro piso de 40 metros se oferta a 1.100 euros; el índice lo reduce de 446 a 638 euros.València no es ajena a la situación. En la calle Músic Peydró un alquiler es ofertado a 1.200 euros cuando el índice marca un máximo de 771 euros al mes. En Palma, en la calle Eusebio Estada, un piso se ofrece a 1.550 euros, cuando el índice refleja un máximo de 1.100 euros al mes. Y en Málaga, para un alquiler en la calle Eugenio Gross, el precio de referencia sería de 660 euros como máximo, pero se oferta a 800 euros al mes.CitarLuces y sombras del indicador que aplicará CatalunyaEl índice del alquiler cuenta con un rechazo generalizado del sector. El director de la cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, alerta de “efectos colaterales”: podría provocar un aumento del precio de alquileres en zonas cercanas a la tensionada, un trasvase a la compraventa, un aumento del mercado negro o, incluso, disparar el alquiler por habitaciones. “Los perjudicados serán los más vulnerables”, añade. Helena Beunza, que acaba de ser elegida presidenta de Asval (patronal de la que forma parte Blackstone, con unas 20.000 viviendas en alquiler a través de Testa, Anticipa y Aliseda), afirma que “las medidas verdaderamente efectivas para solucionar el problema de la vivienda pasan por elevar la oferta”. Quien piensa que regular el precio del alquiler sí es efectivo es Jaime Palomera, director de vivienda del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Niega que se vaya a reducir la oferta y señala que habría que limitar precios y construir vivienda pública a la vez, como hizo Viena. Idealista, por su parte, afirma que sus técnicos analizan el índice oficial para “conocer su grado de fiabilidad”. El portal tiene dudas de que las diferencias de precios sean tan amplias.
El índice oficial del alquiler desploma los precios de los portales inmobiliariosPisos ofertados en Barcelona y Madrid superan en más de 1.000 euros el nuevo indicadorEl sistema estatal de referencia del precio del alquiler que acaba de publicar el Ministerio de Vivienda, y que se aplicará en 140 municipios de Catalunya desde el día 13, hunde las rentas que se ofertan en portales inmobiliarios. Las diferencias alcanzan el 70% o 1.000 euros mensuales en algún caso. Para el Gobierno la situación es totalmente anómala y requiere medidas de choque, bien a través del tope que se fijará en zonas tensionadas a grandes tenedores y algún modesto propietario, bien auspiciando una renegociación entre arrendatario y arrendador.Diez viviendas ofertadas en alquiler en Idealista en grandes ciudades y diez precios disparados si se comparan con el índice oficial del alquiler. Son ejemplos escogidos al azar, pero que demuestran las enormes diferencias de rentas. En Barcelona, el arrendamiento de un piso de 119 metros cuadrados ubicado en la calle Copérnico, en Sant Gervasi, se oferta en el portal a un precio de 2.652 euros mensuales. El sistema de referencia de Vivienda lo reduce a entre 1.117 y 1.621 euros al mes.Una de las características del indicador del ministerio es que ofrece un rango de precios de referencia, que es lo que ha provocado la discrepancia con la Generalitat de Catalunya. El Govern apostaba por fijar una cifra concreta, pero el Gobierno optó por un máximo y un mínimo orientativos porque no todas las viviendas ofertadas tienen las mismas características y servicios.En Barcelona, las viviendas en alquiler cuyo precio en los portales inmobiliarios se encuentra muy por encima del registro de referencia estatal son innumerables. En las calles más demandadas casi triplican los valores oficiales. Otro ejemplo: el arrendamiento de un estudio en la calle Puigmartí de 67 metros cuadrados se ofrece en Idealista a 2.085 euros mensuales; el sistema de Vivienda marca entre 667 y 904 euros al mes. O un piso de grandes dimensiones al final de la Gran Via de les Corts Catalanes se oferta en el mismo portal a 3.488 euros al mes, cuando el alquiler que marca el índice estatal oscila entre los 1.257 y 1.774 euros al mes.La entrada en vigor de la primera área tensionada que abarcará 140 municipios catalanes obligará a los alquileres citados a referenciarse al precio que marca el índice oficial, siempre que el inmueble sea propiedad de un gran tenedor y para los nuevos contratos si la vivienda no ha estado arrendada en el último lustro. Los pequeños propietarios han de referenciar sus rentas en dichas áreas tensionadas al contrato anterior.Sólo Catalunya ha solicitado la declaración de área tensionada, pero otras comunidades autónomas ya han mostrado disposición a hacerlo. Según apuntan fuentes del Ministerio de Vivienda, Navarra y Asturias. También algún ayuntamiento, como Valencia, y ciudades del sur de Madrid: Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada o Móstoles, añaden estas fuentes.Para enfriar los preciosNavarra, Asturias, València y municipios de Madrid podrían declarar áreas tensionadasEn la capital ocurre lo mismo que en Barcelona: las diferencias entre el índice estatal y las ofertas de portales inmobiliarios son notables. En la calle Alcalá, en el barrio de Quintana, el alquiler de un piso de 61 metros cuadrados se ofrece en Idealista a 1.200 euros, cuando la referencia oficial es de 560 a 806 euros mensuales. Algo similar ocurre a sólo unos metros, en la calle Elfo. En la calle Labrador, en Arganzuela, un estudio de 43 metros cuadrados está referenciado en el índice entre 567 y 787 euros, mientras que en Idealista se publicita a 900 euros al mes. Y en la calle González Soto, en Vallecas, otro piso de 40 metros se oferta a 1.100 euros; el índice lo reduce de 446 a 638 euros.València no es ajena a la situación. En la calle Músic Peydró un alquiler es ofertado a 1.200 euros cuando el índice marca un máximo de 771 euros al mes. En Palma, en la calle Eusebio Estada, un piso se ofrece a 1.550 euros, cuando el índice refleja un máximo de 1.100 euros al mes. Y en Málaga, para un alquiler en la calle Eugenio Gross, el precio de referencia sería de 660 euros como máximo, pero se oferta a 800 euros al mes.CitarLuces y sombras del indicador que aplicará CatalunyaEl índice del alquiler cuenta con un rechazo generalizado del sector. El director de la cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, alerta de “efectos colaterales”: podría provocar un aumento del precio de alquileres en zonas cercanas a la tensionada, un trasvase a la compraventa, un aumento del mercado negro o, incluso, disparar el alquiler por habitaciones. “Los perjudicados serán los más vulnerables”, añade. Helena Beunza, que acaba de ser elegida presidenta de Asval (patronal de la que forma parte Blackstone, con unas 20.000 viviendas en alquiler a través de Testa, Anticipa y Aliseda), afirma que “las medidas verdaderamente efectivas para solucionar el problema de la vivienda pasan por elevar la oferta”. Quien piensa que regular el precio del alquiler sí es efectivo es Jaime Palomera, director de vivienda del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Niega que se vaya a reducir la oferta y señala que habría que limitar precios y construir vivienda pública a la vez, como hizo Viena. Idealista, por su parte, afirma que sus técnicos analizan el índice oficial para “conocer su grado de fiabilidad”. El portal tiene dudas de que las diferencias de precios sean tan amplias.
Luces y sombras del indicador que aplicará CatalunyaEl índice del alquiler cuenta con un rechazo generalizado del sector. El director de la cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, alerta de “efectos colaterales”: podría provocar un aumento del precio de alquileres en zonas cercanas a la tensionada, un trasvase a la compraventa, un aumento del mercado negro o, incluso, disparar el alquiler por habitaciones. “Los perjudicados serán los más vulnerables”, añade. Helena Beunza, que acaba de ser elegida presidenta de Asval (patronal de la que forma parte Blackstone, con unas 20.000 viviendas en alquiler a través de Testa, Anticipa y Aliseda), afirma que “las medidas verdaderamente efectivas para solucionar el problema de la vivienda pasan por elevar la oferta”. Quien piensa que regular el precio del alquiler sí es efectivo es Jaime Palomera, director de vivienda del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Niega que se vaya a reducir la oferta y señala que habría que limitar precios y construir vivienda pública a la vez, como hizo Viena. Idealista, por su parte, afirma que sus técnicos analizan el índice oficial para “conocer su grado de fiabilidad”. El portal tiene dudas de que las diferencias de precios sean tan amplias.
El PSOE tentó a Ábalos con su entrada en varios consejos[...]Ábalos, sin embargo, se declaró "sorprendido" en las primeras declaraciones públicas en el Congreso tras conocerse que Koldo habría cobrado comisiones por alrededor de millón y medio que, para colmo de males, luego invirtió de manera opaca en pisos a nombre de sus familiares sin que Hacienda levantara siquiera un acta contra él.[...]https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/12702038/03/24/el-psoe-tento-a-abalos-con-su-entrada-en-varios-consejos-.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20240303/9532906/paris-multiplica-veinte-oferta-pisos-sociales-respecto-barcelona.htmlSaludos.
v/FRhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_pour_l%27acc%C3%A8s_au_logement_et_un_urbanisme_r%C3%A9nov%C3%A9v/Goo-EShttps://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Loi_pour_l'acc%C3%A8s_au_logement_et_un_urbanisme_r%C3%A9nov%C3%A9?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-UShttps://www.legalplace.fr/guides/loi-alur-zone-tendue/
We need a better blueprint for structural reformGovernments should be honest about the fact that liberalisation creates losers as well as winnersA perennial challenge for every country is ensuring that living standards rise over time, so that today’s adults deliver better opportunities for their children than they had. The key to rising living standards is improved productivity — more output from a given level of inputs. But there also exists a related challenge, to ensure that productivity gains are broadly shared: that growth is inclusive.Economists who advise governments have a go-to toolbox of policies — structural reforms to liberalise trade, product and financial markets — that they recommend to deliver improved productivity. These reforms are often designed to give greater sway to market forces and free enterprise in the economy. Remarkably, however, this approach — variously referred to as the Washington consensus or neoliberalism — has been largely absent in the policies of recent US administrations. In previous work, my colleagues and I documented a global plateauing of economic liberalisation since the 1990s. We perused national legal statutes and official websites to develop measures of structural reforms in product, labour and financial markets. This plateauing is a marked break from earlier decades, and is worrisome given the link between liberalisation and productivity, and the imperative of strong growth to support the green and demographic transitions.To restore reform momentum, a dose of transparency is needed about what liberalisation can and cannot deliver. Some have noted that multilateral institutions, such as the IMF, are less inclined to push for reforms in their flagship publications, and infer that this reflects diminished enthusiasm for reform. This is not the case. Rather, it reflects a valid concern that reforms are unpopular among voters. The answer is not to pull one’s punches, however. It is, rather, greater forthrightness about the impact of reform.First, reforms take time to work. Meaningful gains might only be visible in macroeconomic data over five to 10 years. Such a lag will create problems for governments that need to face voters in a shorter timeframe.Second, the evidence suggests that the extent of the growth dividend differs across reforms. Lowering tariff and non-tariff barriers to trade, and boosting legal protection of property rights, really does deliver: economists’ faith in free trade and a strong court system is well-placed. The dividend from other reforms, such as labour market deregulation (for example, reducing the scope of collective bargaining) or eliminating regulations on cross-border capital movements, seems less robust. Third, reforms work by spurring efficiency-boosting resource reallocations in response to relative price shifts. Inherent in such reallocations is that some will gain, while others will lose. Even a small minority of vocal losers can undermine reform, and lukewarm support from winners might not change the outcome. This makes politicians hesitant.Fourth, reforms are not hard-wired to produce inclusive growth. In the data, it is evident that some reforms (for example, financial deregulation) engender an equity-efficiency trade-off, increasing growth and inequality. In such cases, inclusive growth is not the outcome.Fifth, the electoral consequences of reform need to be incorporated into economists’ advice. In recent work, my colleagues and I examined how vote shares are affected by reforms implemented during a government’s term in office, controlling for a range of economic and political factors that influence electoral outcomes. The results underscore the importance of implementing reform early in the term to avoid an electoral backlash. This finding is related to the delayed growth dividend from reforms in the face of immediate distributional losses.The electoral analysis also points to the importance of implementing reform during good economic times. It is difficult for voters to parse whether a downturn is due to reforms or to something else, and they may wrongly attribute a recession to reform when other factors were responsible. When times are good, moreover, it is much easier for workers made redundant in newly-unprofitable sectors to find a job elsewhere.The evidence also suggests an electoral backlash for reforms that generate a significant growth-equity trade-off, ie, where inequality rises following reform.Careful design of liberalisation packages is needed to ensure that losers from reform do not derail the agenda. Attention to timing with respect to the economic and political cycles is essential, as are adequate safety nets and trampoline policies to support bounceback for adversely-affected workers. When it comes to structural reform, politicians are right to ignore facile advice to “just do it”.
In a message to Bumble staff she wrote: "We concluded that Bumble is not the right size or structure... we need to run a leaner, more agile, and more efficient company. In order to do this, we are reducing the size of our workforce, centralizing mission-critical teams, removing layers, and addressing duplicate efforts."In our dating apps investigation, Bumble safety workers expressed concern that teams were often understaffed. "We were seeing a tonne of issues with various cases sitting in our queues for multiple weeks before any action was taken,” said one staff member. “The team was feeling really overwhelmed with the backlog that had built up and feeling like you would catch something super serious way too late.”
Hunt to set out plans for private companies to trade shares on exchangesInvestors would be able to sell stakes on a limited number of days under proposal to be included in BudgetChancellor Jeremy Hunt is expected to set out plans in next week’s Budget for a regime to allow UK private companies to have their shares bought and sold on exchanges, with the aim of launching the system before the end of the year.The Treasury is planning to start a consultation on Wednesday on the regulation of the initiative, which would give investors an opportunity to sell down part of their stakes in private companies on a limited number of days each year, an official told the Financial Times.The idea for an “intermittent trading venue” was part of measures set out by Hunt in his Edinburgh reforms package in 2022 in an effort to boost the UK’s position as a global financial centre.Ministers have been battling to shore up the UK’s capital markets, which have been hit by heavy investment outflows and a succession of companies floating overseas or moving their existing listings out of London, particularly in favour of the US.The Private Intermittent Securities and Capital Exchange System (Pisces) would act as a crossover between public and private markets, allowing for some liquidity in the shares of private companies without the expense and regulatory burden attached to a public listing.Companies would not be allowed to raise new capital through Pisces and retail investors were not expected to be permitted to buy shares using the system, the official said. Institutions and, if a company agrees, employees who owned shares in the business they work for would be allowed to trade via the system, the person added.Proponents of the system, which would allow the London Stock Exchange and others to apply for permission to run Pisces trading venues, argue that it will boost the pipeline of London initial public offerings by encouraging companies to stay in the UK rather than listing overseas.City minister Bim Afolami said in January that Pisces would “give private companies better access to UK capital markets, break down the artificial regulatory cliff edge that exists between the public and private markets”.The system could also make it easier for investors to cash in on their gains by connecting them more efficiently with institutions that want to back private companies. Currently, shareholders must find a buyer themselves, making it more difficult to offload shares or agree a price.The proposed regulatory model will draw from public market regulations, but without some of the more onerous requirements.It would include bespoke disclosure rules for companies using a Pisces trading venue, which would take into account that shares would be traded only on certain days, the official said. Public companies, whose shares are traded throughout the year, are required to disclose sensitive information continuously to ensure a fair market.Under the proposed regime, companies would be required to disclose information to investors using a Pisces platform but would not need to publish the information more widely.Ministers are aiming to launch the system later this year as part of a so-called sandbox, allowing the Treasury to tweak the rules before it is made permanent.Companies seeking to set up a Pisces exchange will require approval from the Financial Conduct Authority, the UK’s main financial regulator.In the US, Nasdaq Private Market has allowed the trading of private company shares since 2013, while in the UK crowdfunding platforms such as Crowdcube and Seedrs enable secondary share sales along with others such as broker Winterflood Securities, with private company platform JP Jenkins.One person familiar with the proposed regime said it would be better than existing options because there would be greater information disclosure by companies and the Pisces venue run by the LSE would be plugged into its public market infrastructure.
Otro posible caso de corrupción a la vista…
La vivienda y el nuevo feudalismoCuanto más cara sea la vivienda, menos buenos puestos de trabajo habrá.https://mariaalvarez.substack.com/p/la-vivienda-y-el-nuevo-feudalismo
Santander shareholders urged to vote against Botín pay packageProxy adviser ISS raises threat of potential revolt at Spanish lender’s AGM*Santander is facing a potential shareholder rebellion at its annual general meeting this month after influential proxy adviser ISS recommended that investors vote against executive chair Ana Botín’s pay package.Botín is one of Europe’s highest-paid bank executives, having been awarded €12.2mn last year on the back of the Spanish lender achieving record profits thanks to rising interest rates. Santander has asked shareholders to approve a change to its pay policy whereby the salaries of both Botín and chief executive Héctor Grisi would increase by 5 per cent, adding to the 3 per cent increase in Botín’s fixed pay last year.The Santander AGM is due to take place on March 22.In ISS’s report on the bank’s AGM, sent to shareholders on Friday and seen by the Financial Times, the proxy adviser recommends investors vote against the company’s new remuneration plan over concerns about the way pay and performance are matched.ISS said the board had tried to justify the increase in Botín’s pay by pointing to the group’s strong results and shareholder returns, as well as the need to stay competitive with rivals.But ISS concluded: “The chair remuneration package seems far from being uncompetitive, and the proposed increase is likely to exacerbate recurring pay-for-performance concerns.“For this reason, support to the new policy is not warranted.”ISS backed the rest of the bank’s proposals for this year. It supported the pay plan last year.Botín’s total pay rose 4.3 per cent last year, with her €12.2mn package made up of €7.4mn in cash and €4.8mn in gross profit on shares and other special payments. ISS’s complaint is targeted just at her fixed salary, which would rise from €3.27mn to €3.43mn.Grisi, who earned a total of €6.8mn last year, would see his fixed salary increase from €3mn to €3.15mn under the new plan.Fellow proxy adviser Glass Lewis also highlighted Botín’s pay rise as a concern in its report seen by the FT, but backed the overall package because of the bank’s strong results.Santander shares rose 32 per cent last year, though are down more than 40 per cent since Botín replaced her father Emilio as executive chair a decade ago.“The board of Santander is committed to ensuring the remuneration of executives is fully aligned with the interests of shareholders,” the bank said in a statement, pointing to its more than 40 per cent total shareholder return last year.“The bank has set stretching targets for 2024 and remains focused on delivering sustainable long-term value creation.”Last year, Botín was one of several European bosses who spoke out against the European cap on banker bonuses, saying it put them at a disadvantage to global rivals after the UK lifted its own cap.Speaking at the FT’s Global Banking Summit, Botín welcomed the UK scrapping its cap and when asked whether the European cap should also be removed, she said: “I think that [would allow] a better alignment with shareholders, so it would be positive, of course.”