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Cuando Barcelona dejó de pagar los alquileres: la huelga de inquilinos de 1931 que resuena en plena crisis de la viviendaLa iniciativa tuvo seguimiento en dos de cada tres hogares de familias trabajadoras. Los expertos reconocen que sería "factible" repetirla, aunque "hace falta una estrategia de desobediencia civil no violenta para llevarla a cabo".Víctor López · 2024.10.02Imagen de archivo de una protesta contra la subida de los alquileres en Mallorca / Cati CladeraBarcelona recibió a miles de familias andaluzas, extremeñas, murcianas y gallegas tras la Primera Guerra Mundial. La Ciudad Condal fue una de las que más creció durante el período de entreguerras, fruto del "importante desarrollo industrial, cultural y social" de la época. En 1930, más de la mitad de los vecinos de la capital catalana habían nacido fuera de la ciudad. Muchos, fuera de Catalunya. La crisis económica y la desestabilización, sin embargo, frustraron los planes de los trabajadores y cambiaron sustancialmente el escenario: hambrunas, desahucios y revueltas sociales.La falta de vivienda fue la gota que colmó el vaso, sobre todo, teniendo en cuenta el aumento "desproporcionado" de la demanda. En agosto de 1931, 90.000 familias barcelonesas se declararon en huelga y dejaron de pagar sus alquileres. "Las condiciones de las rentas no eran precisamente buenas. Los gobiernos y los ayuntamientos de la dictadura de Primo de Rivera tampoco habían hecho gran cosa para evitar su deterioro, ni para frenar los desahucios. Una vez proclamada la Segunda República, los grupos libertarios y vecinales se organizaron y vehicularon una serie de reivindicaciones", recuerda Martí Marín, profesor de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona. La huelga de alquileres fue un episodio "importante" en la historia de Barcelona, pero "bastante desconocido" para el grueso de la población. La Ciudal Condal prácticamente duplicó su censo durante los años 30, pasando de tener 600.000 habitantes a más de un millón. Las familias migrantes, recién llegadas a la capital catalana, vieron que no había trabajo ni vivienda para todos. El crac estadounidense de 1929 llamaba a las puertas de Europa y los inquilinos sufrían para pagar sus rentas. La situación era crítica y los alquileres crecían por encima de los salarios –como ocurre ahora, casi 90 años después–."Esto sucede en plena ola migratoria y tras un período de fuerte desarrollo económico, marcado por la posguerra y la Exposición Universal. Barcelona prosperó a golpe de acontecimientos. El crecimiento demográfico provocó tensiones en el mercado inmobiliario. Las empresas buscaban trabajadores, pero no preveían servicios para todos", señala Jaume Claret, historiador y profesor en la Universitat Oberta de Catalunya. El docente pone el foco en el contexto sociopolítico de la época y el fin de la dictadura de Primo de Rivera: "La represión sobre los sindicatos era brutal. En 1931 se produce un estallido de la libertad y las tensiones ocultas empiezan a expresarse públicamente". El éxito de las protestas no fue absoluto, pero dejó entrever que el activismo vecinal tenía garra y podía servir para algo. "La huelga tuvo seguimiento en dos de cada tres viviendas obreras de la ciudad. Los inquilinos no dejaron de percibir ingresos, como en las protestas típicas de las fábricas, así que ahorraron el importe correspondiente al alquiler durante los casi cuatro meses que duró la iniciativa. Es cierto que muchas familias fueron desahuciadas, pero no tardaron en encontrar otra alternativa. Las mudanzas por aquel entonces eran totalmente normales", explica José Luis Oyón, catedrático honorífico de la Universitat Politécnica de Catalunya y autor del libro La quiebra de la ciudad popular: Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras. "La administración era sensible a las demandas"Las clases trabajadoras tomaron las calles de Barcelona con tres reivindicaciones básicas: contabilizar el mes de adelanto como una mensualidad, bajar los alquileres un 40% y liberar del pago a las personas en situación de desempleo. La huelga tuvo un gran seguimiento en los barrios pobres y migrantes, amparados bajo el paraguas de la CNT. "Las administraciones eran más sensibles a las demandas de la gente y respetaban los derechos de los trabajadores, sobre todo cuando había un sindicato tan potente implicado. Los inquilinos conocían a sus propietarios, podían negociar. Esto con un gran tenedor o un inversor sería imposible", reflexiona Jaume Claret.En 1931, un obrero no cualificado destinaba entre el 33% y el 38% de su nómina al pago del alquiler, mientras que un trabajador cualificado empleaba el 20%. El porcentaje actual supera con creces el de hace nueve décadas. "Esto no es lo único que ha cambiado. Los alquileres representaban durante el verano de la huelga el 95% del parque inmobiliario de Barcelona, es decir, había más inquilinos y un sindicato fuerte. La otra gran diferencia es que ahora muchas familias tienen una situación más precaria y les costaría sumarse a una iniciativa del estilo", advierte José Luis Oyón. Las fuentes consultadas por este diario coinciden al definir el problema de la vivienda como "algo cíclico" y derivado de la "falta de planificación" urbanística. La movilización de los inquilinos en la Barcelona de entreguerras no tuvo continuidad, "al menos significativa", pero vuelve a resonar en las asambleas y concentraciones provivienda. "En el tardofranquismo y durante la transición, hubo familias que dejaron de pagar los plazos de sus pisos de promoción pública porque estaban en mal estado. La huelga de alquileres es factible, pero hace falta un núcleo impulsor, una estrategia de desobediencia civil no violenta para llevarla a cabo", sugiere Martí Marín. ¿Es posible otra huelga de alquileres?España cerró 2023 con 26.659 desahucios y los precios han subido un 5,7% entre abril y junio de este año. Los sindicatos de inquilinas han echado la vista atrás y parecen tenerlo claro: la propuesta de una huelga de alquileres está encima de la mesa. "Estamos totalmente a favor, otra cosa es la viabilidad que pueda tener a la hora de conseguir que los inquilinos se sumen. La clave está en generar fuerza colectiva, conseguir que la gente vulnerable, las familias que dedican una parte desmesurada de sus ingresos al alquiler, apoyen la huelga. Esto tendría que ser algo a gran escala; estamos en ello", reconocen desde el Sindicat de Barri de Carolines en Alacant.Gema Rosado Iglesias, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid, expone los límites legales de la propuesta. "El derecho de huelga que recoge la Constitución en el artículo 28 se refiere a los trabajadores asalariados, es decir, aquellos que tienen una relación laboral con una empresa o empresario. Es un derecho individual, pero de ejercicio colectivo. Cuando hablamos de huelga de alquileres, utilizamos los términos de manera inapropiada. Esto supone una dejación de funciones en la prestación de una actividad –abonar el alquiler– y no entra en el ámbito constitucional. Otra cosa es que pueda servir como medida de presión a los poderes públicos para intervenir la situación", detalla."La huelga no sé hasta qué punto puede tener recorrido. La gente tiene derecho a manifestarse, porque la situación no ha mejorado con la Ley de Vivienda, pero los propietarios pueden acudir a los tribunales si no reciben su dinero", añade Pedro Antonio Munar, catedrático de Derecho Civil en la Universitat de les Illes Balears. Los sindicatos de inquilinas insisten en la necesidad de "convencer a la población" para caminar hacia una huelga de alquileres y "presionar al Gobierno", que "debe sacar adelante medidas urgentes". Las vecinas y vecinos de Madrid tomarán las calles el próximo 13 de octubre para protestar contra la subida de los precios y la especulación inmobiliaria. Las movilizaciones se extenderán por otras ciudades españolas durante el resto del mes. El Sindicato de Inquilinas de Madrid reflexiona sobre la posibilidad de convocar una huelga de alquileres a gran escala: "El contexto ha cambiado, pero la crisis de la vivienda es igual de aguda que en 1931. Los precios están fuera de control y las condiciones de vida son insostenibles. La huelga puede ser una opción para cambiar las reglas del juego, pero somos conscientes de que hace falta solidarización vecinal y una estrategia clara para enfrentar las represalias del sector inmobiliario. La clave está en la lucha organizada".
El ‘boom’ solar choca con un ‘no’ masivo de los bancos a financiar sus plantas por el caos de precios de la luzLa banca cierra el grifo a proyectos fotovoltaicos que no tengan firmado un contrato para la venta de su electricidad a largo plazo y a precio fijo, por la incertidumbre generada por los precios negativos y de cero euros en el mercado.Los problemas de financiación para promotores independientes llegan cuando hace falta acelerar el despliegue de parques solares con 50.000 millones para cumplir los nuevos objetivos verdes del nuevo PNIEC.David Page · 2024.10.03Panorámica de una planta solar fotovoltaica. / El PeriódicoEspaña tiene que ejecutar una expansión masiva de nuevas plantas renovables en los próximos años para avanzar en la descarbonización de la economía y para cumplir con los ambiciosos objetivos verdes comprometidos con la Comisión Europea. Y en un momento clave para impulsar de manera definitiva el despliegue de todas esas instalaciones renovables, la volatilidad de los precios de la electricidad está generando dudas sobre la salud del sector y sobre la viabilidad de muchos de esos proyectos. Y eso está provocando ya que los bancos estén cerrando el grifo de la financiación a cientos de proyectos de plantas verdes aún por construir.El mercado de la electricidad ha pasado de marcar máximos históricos durante lo peor de la crisis energética, a acumular muchos momentos de precios de derribo. Durante el último año el mercado eléctrico ha marcado cientos de horas a cero euros y también ha registrado por primera vez en la historia precios negativos, resultado del efecto del despliegue masivo de nuevas renovables (especialmente las fotovoltaicas) y por las propias normas de funcionamiento del mercado.El mercado eléctrico, también conocido como pool, fija lo precios mediante un sistema marginalista, que hace que la última y más cara tecnología necesaria para cubrir la demanda marque el precio de todas las demás cada una de las horas del día. Cuando la producción de las renovables (con unos costes marginales muy reducidos) y de otras tecnologías como la hidroeléctrica y la nuclear es suficiente para cubrir todo el consumo, el precio de la electricidad se hunde. Los precios cero y negativos se están concentrando en las horas centrales del día, que es cuando se acumula la producción de las plantas fotovoltaicas -que dependen del sol- y la del resto de tecnologías de generación.La proliferación de los precios a cero euros o negativos está generando alarma en el sector eléctrico por la enorme distorsión que supone para que las plantas en funcionamiento cubran sus costes de producción y para incentivar la inversión en nuevas plantas renovables. Desde el sector energético, y específicamente desde el renovable, se alerta del impacto en el negocio de esta ‘canibalización’ de los precios eléctricos, ya que puede poner en peligro la rentabilidad de las plantas verdes -actuales y futuras- y puede frenar inversiones en nuevos desarrollos por la falta de incentivos y la incertidumbre de la evolución del mercado.Grifo (casi) cerradoDesde el sector de las renovables se alerta de que este escenario de volatilidad e incertidumbre está impidiendo que muchos promotores de plantas solares (las eólicas no se están viendo afectadas del mismo modo) tengan acceso a la financiación bancaria necesaria para desarrollar sus proyectos. Los bancos son ahora más selectivos y sólo están dando financiación a grandes grupos energéticos o a los proyectos que cuentan con contratos ya firmados para vender su electricidad a largo plazo y a un precio fijo (conocidos como PPA según la jerga del sector), mientras que prácticamente han cerrado el grifo a las plantas de promotores independientes que no hayan blindado sus ingresos futuros con este tipo de contratos y tengan que vender toda la electricidad en el mercado mayorista.“Con estos precios no hay financiación para las plantas que vayan a vender su electricidad en el mercado. Los inversores independientes no tienen financiación si no tienen un buen PPA firmado o han sido adjudicatarios en subastas bien diseñadas”, advierte José Donoso, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). “Ahora mismo no hay nada de financiación para proyectos que van a mercado. Nada. Hasta hace poco ha seguido financiando algún banco, ahora ya no”, subraya el responsable de la patronal solar.Desde el sector bancario se admite que ahora se da un tratamiento muy diferente a los proyectos que van a vender su electricidad en el mercado (merchant) y a los que tienen PPA firmados con unas condiciones mínimas, apuntando que los primeros no tienen imposible conseguir financiación, pero reconociendo que sí que es mucho más complicado. Algunas entidades financieras justifican la no concesión de financiación a plantas merchant en su necesidad de diversificar riesgos, porque en muchos casos los bancos ya acumulan una cartera de proyectos financiados con estas características con acuerdos previos a la acumulación de pecios de derribo en el mercado eléctrico.Los problemas para acceder al crédito necesario los están sufriendo cientos de proyectos fotovoltaicos de grupos independientes, mientras que el sector de la energía eólica se está librando del cerrojazo a la financiación, según confirman varias fuentes de la industria energética implicadas en este tipo de procesos. La concentración de los precios de cero euros o negativos en las horas en que la fotovoltaica produce electricidad está poniendo a la energía solar en la picota. Está en el origen mismo de la ‘canibalización’ de los precios y sufre más directamente sus consecuencias.“Se está estigmatizando al sector de la energía fotovoltaica por ser el responsable de los precios cero en el mercado eléctrico. Los precios capturados de la fotovoltaica generan desconfianza”, explica Manuel Mingot, socio de Financiación de Proyectos del bufete Squire Patton Boggs. “En el mercado hay liquidez, pero también hay muchas cautelas. La banca exige a los promotores de proyectos fotovoltaicos tener un PPA. Si las plantas no tienen firmada la venta de la energía y tienen que ir al mercado, no hay financiación alguna”, confirma.Una avalancha de 50.000 MEl Gobierno acaba de aprobar el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la actualización de la hoja de ruta para descarbonizar la economía e impulsar las energías limpias durante esta década. Un megaplán verde que eleva los objetivos actuales de despliegue de renovables (hasta el 81% de toda la generación eléctrica en 2030) y que tiene en la expansión de las plantas de energía solar fotovoltaica como uno de sus puntales.El objetivo marcado por el Ejecutivo pasa por llegar al final de la década con 76.000 megavatios (MW) de energía fotovoltaica, de los que 19.000 MW serán de autoconsumo, lo que requerirá un despliegue acelerado de nuevas instalaciones desde los 28.500 MW de plantas solares actuales y los en torno a 7.000 MW de autoproducción ya en marcha en viviendas y empresas.El conjunto del plan verde del Gobierno contempla la movilización de inversiones por 308.000 millones de euros hasta 2030, de los que la inmensa mayoría -el 82%, unos 252.500 millones- procederá de empresas privadas. En el caso de la instalación prevista de nuevas plantas fotovoltaicas, los cálculos internos de las compañías apuntan a que será necesario ejecutar inversiones por unos 50.000 millones y todas procedentes del sector privado. Desde la industria de la energía solar se advierte de la paradoja de que el actual escenario de restricción al crédito a los proyectos solares coincida con una actualización del PNIEC en la que se asume que la financiación de esos proyectos procede de la iniciativa privada.Proyecto de ley atascadoEl Gobierno y las comunidades autónomas acaban de dar la autorización de construcción a en torno a 45.000 MW de nuevas plantas renovables (con aproximadamente un 80% de potencia solar y un 20% de eólica) y que tienen que estar operativos como máximo a mediados de 2028, tras la prórroga de tres años de los plazos máximos aprobada por el Ejecutivo central.No obstante, el aplazamiento de tres años se aprobó a través del real decreto ómnibus del pasado diciembre y su actual tramitación como proyecto de ley está encallada en el Congreso de los Diputados, lo que genera otra incertidumbre extra al sector y también puede entorpecer la obtención de financiación para algunos de los proyectos. Si las plantas no están a tiempo, los proyectos perderían tras años de trámites los codiciadísimos puntos de conexión a la red eléctrica ya obtenidos.“La solución para facilitar la financiación es más seguridad jurídica”, dice Manuel Mingot, del bufete Squire Patton Boggs, sobre las dudas acerca de la aprobación definitiva del proyecto de ley y de las enmiendas técnicas vinculadas a las autorizaciones de nuevas renovables que han presentado los grupos parlamentarios en ese proceso. Seguridad jurídica y también “estabilidad de precios en el mercado eléctrico, que se conseguirá con el almacenamiento”, apunta Mingot. “Hay que regular el almacenamiento, es la salida para vender la electricidad a los operadores de baterías y que se pueda revender después a un precio mejor”.Desde la patronal fotovoltaica UNEF se reclama para dar mayor estabilidad a los precios de la electricidad y así allanar la obtención de financiación que se incentive y facilite la firma de contratos a largo plazo de venta de electricidad a precio fijo (los PPA) y también que el Gobierno lance ya nuevas subastas con retribución garantizada para plantas verdes. “Más subastas, pero sobre todo subastas bien diseñadas”, dice el director general de UNEF.La patronal fotovoltaica apuesta por incluir en las próximas pujas medidas antiespeculativas (exigiendo que sólo puedan presentarse proyectos que ya cuentan con la autorización para su construcción para evitar que sean proyectos fantasma); también cláusulas antimonopolio (que un sólo titular no pueda adjudicarse más de un 20 o 30% de la potencia verde que se subasta); ampliar la duración de los plazos en que se garantiza un precio fijo de venta de electricidad para igualarlo al periodo de amortización de las plantas (pasando desde los 12 años actuales hasta los 15 o 20 años); y también que se reserve una parte de la potencia subastada a proyectos hibridados con baterías.
[...]En nuestra modesta opinión, estos versículos son fundamentales para interpretar qué se entiende teológicamente por milagros (los milagros y la resurrección son las dos cuestiones más difíciles de la fe).[...]
Este es el testimonio (muy resumido) de una vida transformada por la obediencia a la voluntad de Dios. Puedes conocer su historia con todos los detalles en su libro 'Salir de la calle'. Hasta hace un par de años, Ángel era un joven emprendedor con éxito. Llegó a tener todo lo que en nuestra sociedad se requiere para conseguir la etiqueta de triunfador: dinero, una buena casa, un coche, una mujer... Pensaba que lo tenía todo controlado y aspiraba a más. Pero asumió más riesgos de los debidos. Las cosas se fueron torciendo y comenzó su caída en picado. (click to show/hide)No te pierdas el testimonio de superación y fe de Ángel Custodio, autor de 'Salir de la calle'. Puedes seguirlo y pedirle el libro en su perfil de 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 @𝘀𝗮𝗹𝗶𝗿𝗱𝗲𝗹𝗮_𝗰𝗮𝗹𝗹𝗲 La desesperación y la depresión le empujaron a la idea de quitarse la vida. Antes de tirarse desde un tejado, dio gracias a Dios por todo lo vivido. De forma inconsciente esperaba un milagro, que alguien le sujetara antes de saltar. “Pero por allí no apareció nadie”, recuerda Ángel. Se tiró al vacío, pero su plan no salió como él esperaba. Pasó un tiempo en el hospital. Al salir, durante el camino a la que ya no era su casa para recoger algunas pertenencias, sintió claramente que Dios le decía: “No te preocupes. Tengo un propósito para ti”. Y ahí empezó su viaje hacia una vida nueva. Con unas pocas pertenencias y una maleta llena de libros. Ángel Custodio vivió un año en la calle. Él dice que fue su tiempo de capacitación para lo que vendría después. Aprendió a sobrevivir pero sin mendigar, sino ofreciendo siempre algo a cambio de ayuda, o de una sonrisa. Conoció lo peor de la calle y también lo mejor. “En un año he recibido más amor en la calle que en toda mi vida”, dice Ángel.Un buen día se sintió llamado a contar su historia y compartir sus reflexiones sobre todo aquello que estaba aprendiendo en su condición de persona sin hogar. Lo plasmó en el libro ‘Salir de la calle’, que se convirtió en su pasaporte hacia una vida nueva, con propósito y a las órdenes de Dios. Ahora Ángel se mantiene con lo que ingresa por las ventas de su libro en la calle o enviándolo a quien se lo pide a través de WhatsApp. Siempre destina un 10% a alguna iniciativa de caridad.Podía haber sucumbido a las golosas ofertas de algunas editoriales, pero él sigue fiel a quien un día le ayudó con la impresión de los primeros 10 ejemplares.En este tiempo, Ángel también se ha ido alimentando de la Eucaristía diaria y el contacto, cada vez más estrecho, con la Iglesia. Y sin comprender, “porque no tenemos que entenderlo todo siempre”, creció su confianza y abandono en los planes de Dios. Además de vender su libro en la calle, Ángel siempre dedica unas horas al día a ayudar a alguna asociación o congregación religiosa que prestan ayuda a personas sin recursos. Así que Ángel lo mismo reparte comidas que informa sobre los sitios donde resguardarse en la noche, o cómo iniciar algún trámite administrativo para recibir alguna prestación. Pero también comparte las reflexiones que nacen de su propias vivencias y siempre invita a la gente a que conozca a Dios.Por su experiencia personal, Ángel aconseja algo muy práctico: combinar oración y acción y tener mucha paciencia con los tiempos de Dios. Solo así - dice - se alcanza la paz interior que para él ahora es un pilar fundamental de su felicidad. Después de este tiempo, Ángel ha comprendido que su misión entra en nueva fase: continuar evangelizando con su testimonio allí donde se lo propongan, y contribuyendo a ampliar las redes de ayuda que muchas personas y entidades ya ofrecen para atender a personas sin recursos, invisibles para el mundo de hoy.https://www.youtube.com/watch?v=7KGRUfZJ2wk
Unemployment decreased by .1% as nonfarm payroll employment increased by 254,000MacroeconomicsTotal nonfarm payroll employment increased by 254,000 in September, and the unemployment rate changed little at 4.1 percent, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today. Employment continued to trend up in food services and drinking places, health care, government, social assistance, and construction.Jobs report: https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htmJP Morgan notes: Above 200,000 jobs added: $SPX trades flat or as much as 0.5% higher Between 160,000 to 200,000 jobs added: $SPX gains between 1% and 1.5% Between 140,000 to 160,000 jobs added: $SPX rises by 0.75% to 1.25% Between 110,000 to 140,000 jobs added: $SPX sliding between 0.5% and 1.5% Fewer than 110,000 jobs are added: $SPX falls 1.25% to 2%TLDR: Over 140K jobs added = Bullish Under 140K jobs added = Bearish
Una reflexión. Cierto es que las competencias sobre Vivienda son de las comunidades autónomas (art. 148.1.3º de la sacrosanta Constitución Española: "Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda."), asumidas con gran pompa y alaraca en sus sacrosantos estatutos de autonomía, leyes orgánicas para el Estado. Comunidades que también tienen competencias en sanidad, educación y otras cuestiones que se han ido expandiendo. Y cierto es que esas parcelas de poder están en manos de la oposición existente, si es que pueden utilizarse esos calificativos, los de oposición y existente. Y me surge la pregunta que ya se hizo Josep Pla: y todo esto, ¿quién lo paga? Es decir, los recursos financieros de las comunidades autónomas ya están utilizándose en esas cuestiones que permiten a los cuadros territoriales de los partidos políticos mantenerse en el poder, es decir, poner médicos y profesores lo más baratos posibles para atender a los paisanos y pagar a funcionarios agradecidos en otras áreas. No soy experto, pero creo que esas administraciones ya están con cierto déficit. Mi pregunta es: ¿De donde saldrán los fondos financieros para afrontar las medidas que permitirán tener una política pública de provisión de ese bien necesario que es la vivienda? ¿Tienen las comunidades autónomas formas de actuar en el plano financiero para crear promotoras públicas? No creo que lo tengan para afrontar los precios inflados que están pidiendo los promotores privados. Es otro frente a abrir en la estupida estructura político territorial de este país. Estoy por crear un grupo de "Jacobinos sin fronteras". https://gl.wikipedia.org/wiki/Aduaneiros_sem_fronteiras