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[tomasjos]

Me he acordado del tema de los distritos uninominales y como se manipulan para generar mayorías al ver esta noticia

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El Supremo cambia las reglas electorales de Estados Unidos con una decisión que limita los derechos de las minorías
El fallo, que impide a los Estados rediseñar distritos con criterios raciales, abre la puerta a que los republicanos recuperen circunscripciones de mayoría negra del sur del país


Fachada de la Suprema Corte en Washington, el 14 de marzo.

El Supremo de Estados Unidos desactivó este miércoles una parte esencial de la Ley del Derecho al Voto de 1965, una de las grandes conquistas de la era de los derechos civiles. En una votación (6-3) en la que el bloque conservador hizo valer su supermayoría, el tribunal dio la razón a los demandantes contra el Estado de Luisiana por haber creado un segundo distrito de mayoría negra. Para ello, sus legisladores se ampararon en la sección segunda de la norma, que quedó cercenada con el fallo del alto tribunal.

La decisión abre la puerta a que los republicanos se apresuren a rediseñar distritos electorales en poder de sus rivales, especialmente en el sur del país. Son los que aquí se conocen como de “mayoría minoritaria”, al tratarse de circunscripciones en las que un grupo minoritario en la composición demográfica del conjunto del país, por ejemplo, los afroamericanos, representa más del 50% de la población.

La sentencia, de enorme trascendencia en el largo plazo dado que cambia las reglas electorales que han imperado en Estados Unidos durante las últimas seis décadas, amenaza con tener consecuencias también en las elecciones del próximo mes de noviembre, en las que el partido de Donald Trump se juega la mayoría de una o de las dos Cámaras, y el presidente de Estados Unidos, la efectividad de la segunda parte de su mandato y quién sabe si también ser sometido a su tercer impeachment (juicio político).

La mayoría del Supremo, cuya opinión redactó uno de los magistrados más a la derecha, Samuel Alito, debilita la sección segunda de la norma, que impide que el diseño de los distritos electorales (esa práctica tan estadounidense como antidemocrática conocida como gerrymandering) discrimine el poder de decisión en las urnas de los negros, hispanos, nativos estadounidenses y asiáticos, que tradicionalmente han votado demócrata. Hasta este miércoles, era constitucional privilegiar desde las instituciones el derecho de esas minorías a verse reflejados en los políticos que las representan.

La Ley de Derecho al Voto obliga también a tener en cuenta la composición demográfica de las circunscripciones para no privilegiar a la mayoría blanca a base de juntar distritos o de dividirlos. Para Alito, una aplicación errónea de esa sección segunda ha desvirtuado el espíritu de la norma, al entrar en conflicto, argumenta, con las enmiendas Decimocuarta, que garantiza la igualdad de todos ante la ley, y Decimoquinta, que prohíbe la discriminación racial a la hora de votar.


“La sección segunda fue diseñada para reforzar la Constitución, no para entrar en conflicto con ella”, escribe Alito. Paradójicamente, ambas enmiendas se aprobaron tras el final de la Guerra Civil, que trajo también la abolición de la esclavitud.

El magistrado insiste en su opinión en que la intención del tribunal es que el fallo se circunscriba solo al caso de Luisiana, pero nada impide que en otros lugares, como Florida, por ejemplo, los republicanos echen mano de ese precedente en un momento en el que la guerra por rediseñar distritos antes de las midterms está en su máximo apogeo, con los ejércitos de ambos bandos echando mano de toda la artillería a su alcance.

La jueza liberal Elena Kagan, que leyó su voto particular en voz alta, un gesto poco común que se reservan los magistrados para expresar firme desacuerdo con una sentencia, argumentó la decisión del Supremo va mucho más allá de las fronteras de ese Estado del sur profundo. “Se trata de una demolición en toda regla de la Ley del Derecho al Voto”, dijo Kagan.

El fallo viene a decir que es constitucional redibujar distritos, práctica a la que se dedican con pasión demócratas y republicanos, siempre y cuando el objetivo sea favorecer al propio partido, pero que no es legítimo hacerlo por motivos raciales. Los seis jueces conservadores creen en un sistema “color blind” (literalmente, ciego ante el color). Se trata de una ideología extendida en el conservadurismo estadounidense, que defiende que la mejor manera de fomentar la igualdad es ignorando la raza o la cultura de cada cual.

Luisiana es uno de los Estados con uno de los porcentajes de población afroamericana más altos (un 33%, según el último censo). Su mapa congresional está dividido en seis distritos electorales. Solo uno de ellos será mayoritariamente negro a partir de ahora. El fallo del Supremo tumba el rediseño que en 2022 dio lugar al segundo, una circunscripción con forma de serpiente, que incluye la capital, Baton Rouge. Lo representa desde 2024 en el Congreso de Washington el afroamericano Cleo Fields, demócrata. Antes, el escaño había sido republicano desde 2009, y lo habían ocupado políticos blancos desde 1885.

La demanda que originó el caso Louisiana v. Callais la interpuso en 2024 un grupo de votantes blancos liderados por Stephen Callais. Su cruzada llegó por primera vez al Supremo durante el curso pasado, pero cuando llegó la hora de dictar las sentencias, a finales de junio de 2025, el alto tribunal anunció su intención de volver a estudiar el caso, y de hacerlo ampliando el foco para decidir si el mapa en disputa era inconstitucional o no. En el ordenamiento jurídico estadounidense, en muchos sentidos petrificado en unos textos originales casi imposibles de enmendar, el Supremo cumple a menudo la función de legislador a golpe de precedente.

Reconciliación
La Ley del Derecho al Voto, impulsada por el senador John Lewis (1940-2020), supuso un gran avance en la reconciliación de un país con un doloroso pasado esclavista en el que la discriminación racial pervivió en grandes porciones de su territorio durante décadas, tras el fin de la Guerra de Secesión. La ley, que ha estado en el punto de mira de los conservadores durante décadas, prohibió también las prácticas electorales discriminatorias, como exigir pruebas de alfabetización para votar o la aplicación de impuestos para el sufragio.

Durante 60 años ha contribuido en gran medida a aumentar la representación de las minorías en los cargos estatales y federales. Tuvo, además, consecuencias inmediatas: según cuenta Ari Berman en su libro (titulado como un famoso discurso de Martin Luther King) Give Us The Ballot. The Modern Struggle for Voting Rights in America (Dennos la papeleta. La lucha moderna por el derecho al voto en Estados Unidos. Picador, 2015), “hizo que el número de votantes negros registrados en los Estados del Sur pasara del 31% al 73%, y que los representantes afroamericanos crecieran en todo el país de 500 a 10.500”.

Este Supremo es el mismo que hace un par de años dio un golpe mortal a la discriminación racial positiva en las universidades con una sentencia que anuló los sistemas de selección de las de Harvard y Carolina del Norte. En la práctica, puso fin a décadas en las que se favoreció principalmente a estudiantes negros y latinos con la idea de que los centros educativos debían darles más oportunidades en interés de una sociedad, y de unos centros de poder, más diversos.

[Derby]

https://www.ft.com/content/334184c6-225f-41b0-b907-5f8441517fa6

700 rental homes ‘hit the market every day’ as British landlords sell up

As tenants’ rights reforms come into force, research finds more landlords are stepping back from the sector


The number of rental homes on the market has risen by almost 30 per cent in the past two years © Hollie Adams/Bloomberg

Rising numbers of Britain’s landlords are putting their properties up for sale as a result of increasing regulatory and tax pressures, new research suggests.

Some 254,000 buy-to-let properties in Great Britain came on to the open market in the 12 months to the end of March, according to calculations by estate agent Savills.

This equates to just under 700 homes placed on the market every day. The March figure was 9 per cent above the level in the year to March 2025 and 28 per cent above the same period in 2024. 

The data comes as the Renters Rights Act takes effect on Friday, granting new rights to tenants, including greater powers to challenge landlords and lower initial costs to renting. The legislation limits landlords’ ability to remove tenants by abolishing “no-fault evictions”, and ends fixed-term tenancies, replacing them with periodic agreements that renew automatically every month.

Lucian Cook, head of residential research at Savills, said: “For many landlords, the Renters Rights Act has become a clear moment in time to reassess their investment.”

He added that the reforms had coincided with a bulge in the number of expiring fixed-term mortgages requiring refinancing — in most cases likely to be at higher rates — as well as prospective requirements to meet higher minimum energy efficiency standards at a cost to the landlord.

“Taken together, these factors are prompting a more fundamental review of whether holding rental property continues to stack up for smaller landlords with mortgage finance,” he said.

The research looked at homes that appeared for sale online, whether or not they were sold. But it found that just 14 per cent of those properties that did sell were bought by other landlords and returned to the rental market. Savills said its agents had reported a preponderance of large-portfolio landlords among those buyers.

“So, this is not just about a shrinking pool of rental stock. It is also about a restructuring of the market towards more professional landlords,” said Nicholas Gibson, research analyst at Savills.

Official figures in December 2025 found that landlords with limited company ownership were most likely to want to add to their portfolios. Just over one-quarter of these corporate landlords planned to buy more homes to let out, compared with between 2 and 10 per cent for other types of landlords, according to the English Private Landlord Survey. 

London has a much higher proportion of rented housing than elsewhere in the country. This was reflected in Savills’ figures. Of all new instructions in the year to March — including owner-occupied housing — 30 per cent were rental properties in the capital, compared with 13 per cent across the rest of Great Britain.

Tenant advocacy groups welcomed the dawn of the new rules, saying the laws would increase renters’ security of tenure and give them the means to stand up to criminal landlords.

Ben Twomey, chief executive of Generation Rent, which represents private tenants, said the abolition of Section 21 — the rule allowing “no-fault” evictions — was a vital step in rebalancing power between renters and landlords. “For decades, Section 21 evictions forced renters to live in fear of being turfed out of our homes, preventing us from raising valid concerns with our landlords. At last, this outdated and unfair law has been sent packing.” 

The group urged renters to familiarise themselves with their new rights and how to enforce them. Separate research by property site Rightmove this week found over one-third of renters (35 per cent) aged 18 to 35 were “not confident in their understanding of their rights”.

Others raised concerns over the impact of the new laws on landlords’ willingness to remain in the sector. Jonathan Stinton, head of mortgage relations at Coventry Building Society, said the move to open-ended tenancies added a new layer of complexity to landlords’ increasing regulatory burden.

“If reforms make it harder for good landlords to stay in the market, the risk is fewer homes to rent — and that ultimately drives rents higher for tenants. With the right support and a balanced approach, responsible landlords can adapt. But the rental market only works if there are enough good landlords willing to stay in it,” he said.

[puede ser]

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