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Entre ellas Iberdrola y Gas NaturalDiez grandes energéticas piden a UE que deje de subvencionar renovablesBRUSELAS, 11 Oct. (EUROPA PRESS) - Los directivos de diez grandes empresas energéticas, entre ellos Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola y Rafael Villaseca de Gas Natural-Fenosa, han reclamado este viernes a la Unión Europea en un acto conjunto que rectifique su política energética por considerar que no garantiza la seguridad de suministro y provoca un encarecimiento de la factura para los consumidores. Las compañías -entre las que se encuentran también GDF-Suez, E.ON, Enel, ENI o RWE- piden en particular que la UE deje de subvencionar o al menos reduzca el nivel de ayudas a las energías renovables con tecnologías maduras y que evite el cierre de plantas de gas. "El aumento de la producción de renovables está actualmente expulsando del mercado otras tecnologías más baratas, en particular las turbinas de ciclo combinado de gas y por tanto aumentado el precio final", ha denunciado Villaseca. "Hay que abordar las subvenciones a las tecnologías que están maduras y usar los fondos para las no maduras", ha reclamado Sánchez Galán. "Lo que pedimos es integrar las renovables con tecnologías maduras en el mercado, así que no pedimos subsidios, pedimos incluso detener o reducir dramáticamente los subsidios a las renovables con tecnologías maduras y concentrar los subsidios en I+D para las tecnologías de mañana ", ha dicho el presidente y consejero delegado de GDF-Suez, Gérard Mestrallet. Mestrallet ha reclamado "evitar el continuo dramático cierre de plantas de gas en Europa". Ya se han cerrado 50.000 MW, cifra equivalente a 50 plantas nucleares, y este nivel podría duplicarse en los próximos meses. "Estas plantas no estarán ahí en caso de que haya un invierno muy frío en los próximos años. El riesgo de apagón nunca ha sido tan alto", ha alertado. "Plantas que son muy eficientes económica y medioambientalmente cierran y la inversión se va a otras geografías y la industria y los clientes pagan facturas más altas", ha apuntado Sánchez Galán. El sector energético reclama además a la UE que repare el mercado de emisiones de CO2 con el fin de que dé una "señal clara" que permita orientar las inversiones "Necesitamos un objetivo para 2030 que sea ambicioso pero razonable. Sin una señal clara sobre el carbono no estaremos en posición de invertir" , ha señalado el responsable de GDF-Suez. El responsable de Iberdrola ha resaltado que "más del 50% de la factura que pagan hoy los europeos no tiene nada que ver con la generación de energía o las redes, sino que responde a decisiones políticas". "La energía no es competitiva, pero no por culpa nuestra sino por las decisiones políticas erróneas que se han tomado en diferentes países", ha apuntado Sánchez Galán.
Ahora que Ikea empieza a vender paneles solares en Reino Unido, el autor pide a "Carrefoures, Corte Ingleses y a todas las grandes superficies" que se apunten al carro de suministrar sistemas fotovoltaicos para autoconsumoIkea es conocida por haber introducido la filosofía de los muebles de bajo coste. Su compromiso con Escandinavia se puede verificar rápidamente echando un ojo al catálogo: mucha madera y nombres impronunciables. Lo que es menos conocido es que la gigante sueca ha instalado más de medio millón de paneles solares en sus tiendas y su objetivo para el 2020 es producir tanta energía como consumen. Bien por ellos.Esto no sería más que una nota de prensa si no fuese porque recientemente los de Älmhult han firmado un contrato con la empresa Hanergy para vender sistemas fotovoltaicos en sus almacenes del Reino Unido. Si se tiene en cuenta que la potencia instalada típica de una casa oscila entre 2,2 y 5 kilovatios, los kits de autoconsumo de Ikea, con 3,36 kilovatios, no están nada mal. Y esto sí que es interesante: hasta ahora la fotovoltaica la comercializaban empresas especializadas, ahora llega a las grandes superficies. Si me permiten, les ofrezco un nombre para la línea: Energetten før äll, que sin ser nórdico se entiende.¿Estamos viviendo un movimiento sutil pero histórico hacia la democratización de la energía?Y no acaba ahí, otras multinacionales del ramo del háztelo-tú-mismo, como Leroy Merlin, también empiezan a vender sistemas fotovoltaicos, tanto integrados en aplicaciones concretas (por ejemplo en la iluminación de jardín) como pieza a pieza (con paneles individuales de 80 vatios, su conversor, sus baterías, etcétera) para los valientes que se atrevan desde cero.Parece que estas empresas están respondiendo a una demanda de un sector creciente de la población consciente de los problemas asociados a los combustibles fósiles, y que expresan su opinión de la forma más tajante posible: comprando renovables. A lo largo y ancho de Europa están surgiendo iniciativas populares a pequeña escala que pretenden producir y hasta distribuir electricidad proveniente de fuentes renovables. En España, la cooperativa Som Energía promueve proyectos de implantación de renovables y distribuye electricidad verde (con garantía de origen) a los más de 10.000 socios con los que cuenta en todo el país.El “Internet de la Energía Verde”Fotovoltaica en los grandes almacenes, cooperativas de consumo energético… ¿Estamos viviendo un movimiento sutil pero histórico hacia la democratización de la energía? Jeremy Rifkin, el pensador y asesor de líderes mundiales (incluida Angela Merkel), opina que sí. En su libro La tercera revolución industrial esgrime que la nueva revolución industrial vendrá impulsada por las energías renovables, creará millones de empleos, reorganizará la estructura de poder de jerárquica a lateral y utilizará energía renovable instalada en todos los edificios (microplantas) que se distribuirá a través de un red que el estadounidense llama “Internet de la Energía Verde”. Todos generaremos energía de la misma forma que ahora todos consumimos; y la compartiremos igual que ahora compartimos conocimiento a través de internet.El interés de ciudadanos concienciados da otra oportunidad a las empresas del sector fotovoltaicoLamentablemente, esa demanda de democratización de la energía no viene acompañada de un apoyo tangible por parte de los líderes democráticos, con contadas excepciones como son Dinamarca y Alemania. En España se está a punto de cambiar la ley a golpe de decretazo de forma que no solo no habrá ayudas para las renovables, sino que habrá penalizaciones. Toby Ferenczi, el cofundador de Hanergy Solar UK, la empresa que le provee los paneles a Ikea y da servicios a sus clientes, me contaba recientemente la paradoja en la que se vio metido. Los recortes en subsidios en el Reino Unido habían hecho que la empresa de instalación fotovoltaica que él había fundado, Engensa, se viera forzada a reducir su plantilla a casi la mitad. La cosa parecía ir cuesta abajo cuando los compró la multinacional china Hanergy: la experiencia de Engensa con el mercado fotovoltaico británico era imprescindible para poder llevar a cabo el contrato con Ikea. Paradójicamente, mientras los gobiernos desincentivan el sector de las renovables con sus cambios de política energética, el interés de ciudadanos concienciados, descubierto a través de estudios de mercado, da otra oportunidad a las empresas del sector.Acabo con tres propuestas. Primero, invitando a todos los Bauhauses, Carrefoures, Corte Ingleses y a todas las grandes superficies a que se apunten al carro de suministrar fotovoltaica para autoconsumo. Segundo, pidiendo a los gobiernos internacionales, nacionales y locales que no obstaculicen este creciente sentimiento popular con medidas y leyes que nos desalienten y desincentiven. Recuerden que les viene muy bien que la gente quiera contribuir para que ustedes logren los objetivos europeos del 2020. Y, por último, confiando en que la línea Energetten consiga llenar de buenas energías los establecimientos de Ikea para que las parejas dejen de agarrarse a divorciazos intentando escoger sofá.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/33282-gallardon-crea-una-unidad-especial-para-defender-a-espana-de-los-pleitos-por-el-ajuste-renovableGallardón crea una unidad especial para defender a España de los pleitos por el ajuste renovableEl ministro de Justicia crea una unidad específica para defender al Reino de España de los pleitos y arbitrajes planteados por inversores nacionales y foráneos debido al recorte retroactivo a las renovables. La unidad, que contará con un cuerpo técnico especializado y formado, sobre todo, por abogados del Estado, trabajará coordinadamente con los Ministerios de Industria y Economía y tendrá que enfrentarse en los tribunales internacionales a fondos árabes, estadounidenses, alemanes y japoneses, entre otros.[...]
La japonesa Mitsubishi contrata a Cuatrecasas para demandar a España por los recortes renovablesSe recrudece la guerra de los inversores internacionales contra el Gobierno por los drásticos recortes a las renovables. El gigante japonés Mitsubishi, aliado de Acciona en termosolar, ha contratado al bufete Cuatrecasas para preparar una demanda contra las últimas medidas de Industria en el sector de las energías verdes. Rajoy, en su visita a Japón a principios de octubre, fue advertido del malestar de los fondos y empresas niponas por la inseguridad jurídica y los ajustes retroactivos en España.Uno de los gigantes internacionales con inversiones en el sector renovable español ha dado el primer paso tras la reforma energética aprobada por el Gobierno. El grupo japonés Mitsubishi, que entró en España en 2009 de la mano de Acciona en una alianza para el negocio termosolar, ha contratado al bufete de abogados Cuatrecasas para presentar una demanda contra España por el cambio retroactivo de las condiciones de sus plantas, la introducción de nuevos impuestos, los sucesivos recortes a las primas y la eliminación del actual sistema de retribución que recoge la reforma energética.Fuentes del sector renovable confirmaron a Vozpópuli que Mitsubishi y los abogados de Cuatrecasas están ahora decidiendo si plantean la demanda sólo ante los tribunales españoles, o también lo hacen por la vía del arbitraje internacional invocando la Carta de la Energía, un tratado ratificado por un gran número de países, entre ellos España, para la protección de las inversiones energéticas en los países firmantes.Esta segunda vía es la que ha elegido la compañía sevillana Abengoa, que el pasado viernes desveló en Nueva York que su batalla judicial contra el Gobierno no sólo se dirimirá en los tribunales ordinarios españoles sino también en la Corte de Arbitraje de La Haya. Su argumentación jurídica es similar a la que prepara Mitsubishi, al considerar que "la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment (filial de Abengoa) (…) y constituye una expropiación".Mitsubishi, al igual que otros grandes inversores de Alemania, EEUU, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, entre otros, desembarcó en el sector renovable español cuando éste representaba todo un modelo a seguir fuera de nuestras fronteras. Se unió a Acciona en una alianza estratégica para invertir 2.000 millones de euros en energías renovables, según anunciaron las dos compañías en el verano de 2009.El objetivo era poner en marcha nuevos proyectos eólicos, termosolares, fotovoltaicos y de bioenergía. El acuerdo deparó además una operación por la que Mitsubishi pagó a Acciona 45,8 millones de euros para entrar en su filial Acciona Termosolar, que contaba con cuatro plantas en Extremadura y Andalucía.Fue en ese mismo año cuando el Gobierno Zapatero, ya en sus estertores, comenzó a aplicar medidas retroactivas de recorte de primas a las plantas fotovoltaicas para frenar la burbuja de este sector, que año tras año engordaba el déficit de tarifa.Llegó Rajoy al Gobierno y a través del Ministerio de Industria y Energía, ha ido aplicando medidas que han cambiado las reglas de juego del sector renovable y ha hundido este negocio en España, según todos los expertos y analistas internacionales. Después de aplicar un nuevo impuesto del 7% desde enero y sacar adelante la reforma energética del pasado 12 de julio, ahora en proceso parlamentario, el Gobierno ha dejado al sector renovable sin sistema de ayudas para instaurar un modelo de rentabilidad razonable aún no definido.Estos cambios normativos han provocado un sonoro enfado no sólo entre los inversores afectados sino también en sus países de procedencia. De ahí que Embajadas como la de EEUU, la alemana y la japonesa hayan trasladado su malestar al Gobierno.De hecho, el 1 de octubre llegaba Rajoy en visita oficial a Japón, donde fue reprendido (de forma educada y silenciosa, muy a la japonesa) por su política contra las renovables.Así que Mitsubishi ha dado el primer paso, pero hay otras compañías y bancos nipones que están estudiando también demandar a España. Corporaciones de la talla de Mitsui (socio de FCC), Itochu y JCG Corporation (socios de Abengoa), respaldados a su vez por entidades financieras niponas como Mitsubishi Tokyo UFJ Bank, Mitsui Sumimoto Bank o Mizuho Bank, entre otros, tienen enterrados en España unos 2.000 millones de euros en inversiones en proyectos renovables, señalan fuentes oficiales del sector.Los sectores renovables más dañados por los sucesivos recortes de primas y cambios normativos son el termosolar, donde opera Mitsubishi, y el fotovoltaico, si bien con la última reforma aprobada el Gobierno también ha asestado un duro golpe a un sector tan consolidado como el eólico (en algunos días del año aporta más del 50% de toda la energía que se consume) y también al de la cogeneración. Es tal la avalancha de pleitos y arbitrajes que espera el Ejecutivo que ha centralizado en el Ministerio de Justicia la estrategia de defensa, con la creación de una unidad especializadaEn el sector fotovoltaico ya hay un proceso arbitral abierto. Un grupo de fondos internacionales, bajo la dirección del despacho de abogados Allen & Overy, demandó al Reino de España en 2011 por los cambios aplicados en su día por Zapatero.Es tal la avalancha de demandas, pleitos y arbitrajes que teme el Gobierno por parte de decenas de inversores españoles e internacionales tras los cambios normativos aplicados que el Ministerio de Justicia ha creado una unidad especializada, formada por abogados del Estado que contará con asesoramiento externo, para dirigir la estrategia de defensa del Ejecutivo frente a todos los procesos que se avecinan, como adelantó Vozpópuli.
El peaje al sol llega a su fase finalEl proyecto de ley del sector eléctrico superará este jueves el debate de las enmiendas a la totalidad y, muy probablemente, será aprobado a mediados de diciembre.El texto impone un peaje al autoconsumo eléctrico y tiene como objetivo saldar el 'déficit tarifario' acordado con las compañías eléctricas, que ya se calcula en unos 29.000 millones.Cada vez queda menos para pagar por los rayos de sol. Y por el viento, claro. Así lo establece el proyecto de ley del sector eléctrico, que esta semana superará el trámite de las enmiendas a la totalidad y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.El texto fija "la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores". Es decir, el que tenga una instalación fotovoltaica en su casa tendrá que empezar a pagar por estar conectado a la red eléctrica.¿Por qué? Así lo explica el ministro de Industria, José Manuel Soria: "Para aquellos consumidores que se enganchan a la red general, que estamos pagando todos los demás, también les cobramos un peaje porque, de lo contrario, cuando la utilizaran, si no pagaran, todos los demás estaríamos contribuyendo a pagarle una parte de su consumo. Por lo tanto, ésa es una observación que ha hecho la Comisión Nacional de la Energía y que el Gobierno se ha mantenido en la posición que tenía, puesto que, de lo contrario, sería un consumo que estaría financiando el resto del sistema".Pero esta tesis no ha convencido a gran parte de la oposición: PSOE, CiU, BNG, Compromís, UPyD, ERC e Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) han presentado enmiendas a la totalidad, la de este último grupo con articulado alternativo. La diputada de la Izquierda Plural Laia Ortiz (ICV) rebate el argumento del ministro: "Lo que persigue la ley, que no incluye las recomendaciones fundamentales de la Comisión de la Energía, el Consejo de Estado y la Comisión de la Competencia, es desincentivar el autoconsumo, la producción de energías renovables y garantizar a toda costa el pago a las eléctricas, por encima de criterios de sostenibilidad, equidad y eficiencia. Poner un peaje al autoconsumo mata un modelo que compite con las eléctricas".Cuota por el autoconsumoEn este sentido, Jorge Morales, ingeniero industrial y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, explica: "El peaje al autoconsumo es como si tienes plantados unos tomates en tu terraza y tuvieras que pagar al supermercado de la esquina un canon obligatorio mensual por si, en el momento en que te quedes sin tomates, quisieras ir a comprarlos. No pasa en ningún país del mundo".¿Qué interés puede haber para que esto sea así? La diputada de ICV lo tiene claro: "Se está beneficiando el sistema de oligopolio de las eléctricas. Todo aquel que se dedica al autoconsumo, está buscando una alternativa al sistema y es un kilovatio menos que compra a las eléctricas. Hay personas que rebajan su consumo de la red un 40% gracias al autoconsumo". Morales insiste en esta idea: "El autoconsumo es más democrático, porque permite al consumidor saber cuánto gasta y en qué se lo gasta, puede regular el consumo y decidir qué energía utiliza. Todo esto, que es lo que no quieren las eléctricas, es lo que se carga la ley. Al igual que el balance neto, que ni lo menciona". El balance neto, según aparece en la enmienda de la Izquierda Plural supone la posibilidad "para consumidores domésticos y pequeñas empresas de verter a la red los excedentes y poderlos recuperar sin coste en el plazo de un año. Se trata de facilitar al pequeño consumidor que pueda consumir la energía que genera con balance neto". Es decir, el consumidor aprovecharía el 100% de lo que produce él (y no la compañía eléctrica).Morales, además, llama la atención sobre la "velocidad y sin apenas debate" con el que se está tramitando esta ley: este martes acaba el plazo de enmiendas (las de ERC, BNG, Compromís, CiU, PSOE, UPyD e Izquierda Plural) y se debaten el jueves 31. En un par de semanas se irá al debate en comisión y, luego, al Senado. En el último pleno del Congreso antes de Navidades (mediados de diciembre) quedará aprobada previsiblemente. Es decir, en menos de dos meses de trámite parlamentario.Y ocurre, según Morales, "justo cuando se está demostrando que las energías renovables son más baratas que las de combustibles fósiles, justo cuando se sabe que España importa el 80% de su energía, por valor de 45.000 millones de euros, el 4,5% de nuestro PIB. Es una oportunidad perdida en un momento histórico".Tanto Ortiz como Morales sospechan, por otro lado, que el mecanismo que incluye la nueva ley de ajuste automático para evitar el déficit tarifario "no se va a cumplir". "En los últimos años llevamos varios decretos que por urgencia reconocen un incremento del déficit. Por ejemplo, en agosto el ministro Soria dijo que no había déficit tarifario y el 20 de septiembre lo cifra entre 2.500 y 3.000 millones. ¿Cómo es posible? Se hacen trampas al solitario", afirma Morales en referencia a la prohibición que tendrán las eléctricas de superar un límite de déficit del 2% y de limitar la deuda acumulada de las compañías. Ahora bien, según la diputada de la Izquierda Plural, "sí pueden actuar con los ingresos, subiendo las tarifas, recibiendo dinero de los Presupuestos y repercutiendo en el consumidor o el contribuyente, que al final es el mismo".Nuevas reglas de juegoMientras tanto, la ley cambia las reglas del juego a las empresas que producen energías renovables. "Hay una prima de riesgo renovable en España", resume la diputada de ICV. Morales lo explica: "Hasta el 14 de julio, en que se anuló el anterior sistema y aún estamos a la espera del nuevo, el Gobierno fijaba un precio y pagaba a las empresas la diferencia entre el precio de venta en el mercado mayorista y el que había fijado. Era una forma de incentivar esta industria con la que se compensaba el importante gasto que supone en los primeros años y que permitía ganar más al que más energía renovable producía. Ahora, según la ley, se pagará de acuerdo con el concepto de 'rentabilidad razonable'. Eso sí, los criterios de esta rentabilidad razonable se revisarán cada seis años [los parámetros, cada tres], con lo que la inseguridad jurídica es total. Sólo invertirán en renovables los que busquen un pelotazo. Además, la metodología no fomenta la eficiencia, ahora van a pagar igual, independientemente del I+D". Y se incluye cierta retroactividad, explica Ortiz: "Dará igual que hayas hecho tu inversión con otras reglas del juego. Ahora te las cambian y no puedes hacer nada. Expulsará a los pequeños productores y nos podemos encontrar con un agujero importantísimo en el sector".Morales también llama la atención sobre el cambio del sistema a la hora de poner en marcha una planta de energía renovable: "Ahora será por concursos. Y, en este sector, los concursos acaban yendo a grandes empresas y generando corrupción y conchabeos para quedarse con adjudicaciones a precio por debajo del mercado a cambio de favores en otro contrato".La diputada de ICV también destaca "lo desproporcionado de las sanciones, algunas millonarias. Te sancionan con un dineral hasta por comprar placas no homologadas, cuando hay países europeos, como Reino Unido, donde puedes comprar paneles solares en Ikea. El problema es que la ley, en sus objetivos, nunca se tiene en cuenta el medio ambiente: la energía aumentará su precio porque cada vez habrá menos renovables y las de combustibles fósiles no dejan de encarecerse. Y esto puede traer sanciones europeas por violar las directivas de fomento de las energías renovables y de eficiencia energética. España debería ahorrar un 20%, reducir el consumo un 20% y depender de las renovables en un 20%. No se ha hecho nada de esto".