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Bono sueña con ser embajador en el Vaticano 02 DIC 2011
domingo 4 de diciembre de 2011Bono trajina para que se le nombre embajador en el Vaticano
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido el último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía, en el que se ratifica el sistema que utilizaba la trama Gürtel y se constata el método para la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. El escrito desgrana la forma mediante la que Ramón Blanco Balín, asesor fiscal del cabecilla de la trama, Francisco Correa, manejaba sociedades y cuentas.El registro en el despacho de Blanco aportó un importante volumen de documentación sobre el método de la trama. Entre otros, se encontraron los documentos respecto al sistema de facturación y contabilidad de las operaciones realizadas por Orange Market. El informe, que fue encargado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira antes de que la competencia en la instrucción del caso volviera a la Audiencia Nacional, señala que la documentación refleja la doble contabilidad en la sociedad que la trama corrupta creó en Valencia. Constata, tal como lo hizo ya en 2009, que Orange Market “mantendría una contabilidad dual”, integrada por una contabilidad visible, denominada A, y otra invisible, llamada B. El documento expone cómo en la contabilidad aparecen unas cantidades pendientes de cobro “generadoras de una deuda a favor de la sociedad” y explica que el epígrafe “deuda total” agrupa tanto la derivada de la contabilidad A como de la B.La brigada de blanqueo de capitales añade que las formas utilizadas para permitir incorporar a la caja esos fondos de la deuda B, de manera que posteriormente pudieran ser utilizados, son “variadas”. Y describe cuatro: enmascarando los pendientes de pago dentro de otras facturas; realizando cambios de facturas al alza o a la baja en la base imponible; con facturas de otras empresas de la trama; o incluyendo en la contabilidad facturas con la intención de reducir el saldo de pérdidas y ganancias y así optar a la devolución del IVA.La policía describe al juez Ruz que Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana que “la transforman” en otra emitida a Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. El informe incluye otro ejemplo: una factura emitida al PP de Castellón “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”. Ambas empresas, junto a otras siete, forman parte de la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en la que también está imputada la cúpula del PP valenciano, acusada de un delito electoral que incluye financiación ilegal por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.
La policía califica a Ramón Blanco Balín como “pieza clave del engranaje de la organización”. El informe entregado al juez Pablo Ruz sostiene que acabó convirtiéndose en el cerebro jurídico de la trama y que pese a que “heredó” la estructura del anterior gestor de Correa, acabó teniendo el control directo de las estructuras y posiciones bancarias. De hecho, incluso participaba en algunos negocios.La policía recalca que la entrada Blanco en escena “dinamiza las estructuras mediante la liquidación de algunas sociedades y la constitución de otras nuevas, el cierre de cuentas bancarias y la apertura de nuevas posiciones en otros países, la utilización de nuevos canales de circulación del dinero y, en definitiva, establece una nueva fórmula de gestión de la estructura financiera y de inversión tanto en España como en el exterior”. Así, coincide con la Agencia Tributaria, que ya indicó que Blanco Balín era “un auténtico hombre de confianza” de Correa.
La visita del Papa a Valencia en 2006 supuso unos importantes beneficios para la trama Gürtel —unos tres millones de euros— y menguó las arcas públicas, pero no solo por el sobrecoste que pagó la Televisión Valenciana (RTVV), dirigida entonces por Pedro García, un cargo de confianza del Gobierno de Francisco Camps, y amigo íntimo de la red corrupta, que dimitió de su cargo pero que aún no está imputado en la causa pese a que lo pidió la fiscalía. La Agencia Tributaria sostiene que la empresa adjudicataria de la explotación televisiva del acto, Teconsa, una constructora leonesa que actuaba de tapadera de la red Gürtel, defraudó a Hacienda más de 600.000 euros en el IVA y en el impuesto de sociedades.Así lo describe la Agencia Tributaria en un documento remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y en el que se realiza un primer avance del análisis de la contabilidad incautada a las sociedades de la red que lideraba Francisco Correa y de la propia documentación contable de Teconsa. El inspector de Hacienda que ha elaborado el informe advierte de la importancia de este avance ante el peligro de que los presuntos delitos de fraude fiscal que considera acreditados prescriban si la Audiencia Nacional no actúa pronto. La Fiscalía Anticorrupción pidió hace varios meses la imputación en la causa del que fue director general de la televisión autonómica valenciana. El juez Pablo Ruz, que instruye ahora el caso en la Audiencia Nacional, deberá resolver sobre esta petición en unos días.Teconsa cobró 7,4 millones de euros (IVA incluido) de la televisión pública valenciana para montar televisiones y altavoces en el recorrido del Papa por las calles de Valencia, cuando el coste de los servicios apenas alcanzó 3,2 millones, según la contabilidad hallada en los registros de las empresas de la red Gürtel.El informe de Hacienda describe lo que ya adelantó la investigación: “Teconsa actuó solo como empresa pantalla para ocultar que el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por la televisión autonómica era la organización de Francisco Correa”. Documentos hallados en las sedes de las empresas de Correa acreditan cómo se amañó el concurso y cómo la red Gürtel, y no Teconsa, se encargó de subcontratar los distintos servicios que debían prestar a la televisión autonómica valenciana durante la visita del Papa.Además, el informe de la Agencia Tributaria expone que “existen indicios que permiten considerar” que la constructora se llevó 200.000 euros por “su participación” y que el resto fue repartido entre los cabecillas de la trama y el entonces director del ente público en tiempos del Gobierno de Francisco Camps, Pedro García.Las fórmulas mediante las que Teconsa “trasvasó” el dinero a la red fueron tres, según el informe:— Una parte fue cobrada “en efectivo por Pablo Crespo e ingresada en la caja B de la organización” como cobertura a unas facturas irregulares.— Otra parte se destinó a financiar una operación inmobiliaria en el municipio valenciano de La Nucia, “utilizando como justificante de la salida de fondos una factura emitida por una sociedad vinculada a la organización de Correa”.— El resto, añade el informe, salió de Teconsa por medio de facturas que “documentan pagos a favor de los miembros de la organización para sus gastos particulares o el cobro de sus respectivas comisiones”.Hacienda considera que existe un fraude de IVA de más 198.000 euros, porque Teconsa cobró más de un millón de euros de la Televisión Valenciana por este concepto. Sostiene que la constructora “cobró el IVA repercutido y redujo su propia cantidad a ingresar descontando el IVA de las facturas irregulares”.En cuanto al impuesto de sociedades, el informe indica que para que un gasto resulte deducible es necesario que quede acreditada la realidad del mismo, así como su actividad empresarial. Dadas las facturas, que no reflejan verdaderas prestaciones de servicios, Hacienda sostiene que se desgravó “improcedentemente” dichas facturas, con lo que la cuota defraudada sería de 434.941 euros.“Sin perjuicio de la trascendencia penal que tenga el hecho de que, inflando un contrato de adjudicación, se hayan detraído de la Televisión Valenciana fondos”, el informe añade que determinadas personas “se han enriquecido sin haber reflejado ese enriquecimiento en sus declaraciones tributarias”, indica el documento. Así, señala como posibles responsables a los seis miembros del Consejo de Administración de la constructora leonesa Teconsa y a quienes “se beneficiaron de la operación”, entre los que menciona a Correa, a Pablo Crespo, a Álvaro Pérez, El Bigotes, y al que era director de la televisión pública valenciana en el momento en el que se produjo la adjudicación, Pedro García. Este, según la contabilidad incautada a la trama, percibió 500.000 euros por el contrato.Después de más de dos años desde que la investigación judicial y policial destapara el pelotazo de la red Gürtel, con la connivencia de cargos del PP valenciano, en la visita del Papa Benedicto XVI, Pedro García aún no ha sido imputado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que era el tribunal valenciano el que debía investigar esta causa y el valenciano no lo aceptó.Ahora, cuando la instrucción del grueso del caso Gürtel está en manos de Pablo Ruz, después de que la causa volviera a la Audiencia Nacional, este juez deberá decidir la imputación del ex director general del RTVV, tal como solicitó la fiscalía, y resolver sobre las numerosas irregularidades que denuncia el informe de la Agencia Tributaria con un grave perjuicio para las arcas públicas.
Hacienda destapa un grave delito fiscal en la visita del Papa a ValenciaLa Agencia Tributaria implica a seis directivos de Teconsa y a la red GürtelLos inspectores apremian a la Audiencia por la prescripción del fraude
¿Apostamos a que la mierda llega hasta el entorno de El Yunque?http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/el-yunque-en-espana/
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir la absolución del expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tras el veredicto absolutorio del jurado popular y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Tanto Camps como el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron absueltos del delito de cohecho del que se les acusaba por recibir regalos de la trama Gürtel, en la denominada causa de los trajes. El jurado consideró no probado que recibieran prendas de vestir como regalo.El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya dijo que esta decisión correspondía al nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ha adoptado la decisión de dejar sola a la acusación popular, ejercida por el PSOE, para llevar el fallo del jurado hasta el Tribunal Supremo. Esta decisión, que se toma pocos días después del nombramiento de Torres-Dulce por el Gobierno de Rajoy, es contraria a todo el criterio mantenido hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción en este caso. Así, el recurso contra la absolución será defendido solo por la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos, y que ya han anunciado que preparan el recurso. Pero además tendrán que enfrentarse al planteamiento de que una acusación popular puede mantenerse sola como acusación aunque la fiscalía no lo haga, que se conoce como doctrina Botín porque se aplicó por primera vez a un caso vinculado al banquero Emilio Botín.El plazo para decidir si se presentaba el recurso expiraba hoy y fuentes de la Fiscalía General del Estado han señalado que tras analizar el veredicto y la sentencia "no se ha encontrado base suficiente" para presentar un recurso de casación ante el Supremo. Las reglas del tribunal del jurado "son muy restrictivas", han alegado