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Se considerará infracción graveInsultar o amenazar a un policía en una manifestación se sancionará con hasta 30.000 eurosLos padres pagarán los daños que ocasionen sus hijos en la calle y la Policía podrá establecer "zonas de seguridad" contra los escraches Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa "grave" sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros y que tiene en la protección de los policías frente a los ataques uno de sus pilares fundamentales, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación. Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales quedando los agentes señalados y siendo objeto de insultos y vejaciones. En algunos casos, incluso se ofrecieron datos personales de los policías. En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves" y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan. La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear --objetivo muchas veces de movimientos ecologistas-- o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas. Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros laser vehículos u otros medios de transporte como aviones. En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios.PROHIBIDA LA PROSTITUCIÓN CERCA DE MENORES Este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques...) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial. El redactado del texto no entra a regular el acto de la prostitución, pero sí trata de impedir su práctica al menos en estos dos supuestos en los que serían sancionados tanto el cliente como la persona que ofrece los servicios sexuales. El Ministerio lleva trabajando en este Anteproyecto desde el inicio de la legislatura para lo que ha mantenido reuniones con miembros de las Fuerzas de Seguridad, asociaciones de padres y plataformas vecinales, entre otras instituciones. Según fuentes de Interior, este asunto de la prostitución era el que más demandas producía por parte de los ciudadanos consultados. En el apartado de las infracciones graves se mantienen aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas aunque no estuvieran destinadas al tráfico, así como el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación, pero se introduce como grave la plantación o el cultivo de drogas siempre y cuando las cantidades no sean consideradas como delito. Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como 'Ley Corcuera' de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.COPIA LA MEDIDA CONTRA LA 'KALE BORROKA' Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública y la Policía tendrá potestad para establecer "zonas de seguridad". El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en marcha hace años en el País Vasco para combatir los episodios de 'kale borroka' y que ofreció buenos resultados, según admiten en el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podría considerarse una infracción grave. En cuanto a las "zonas de seguridad" para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente. El consumo de alcohol en la vía pública sin estar autorizado administrativamente será considerado una infracción grave siempre que se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Este anteproyecto regula como infracciones graves otras conductas como la de establecer barricadas en la calle, maltratar animales en espectáculos no autorizados, el escalamiento a monumentos o edificios emblemáticos o la denominadas "cundas", es decir, la acción de trasladar a los toxicómanos a los lugares donde se vende y se consume droga.MISMAS SANCIONES, NUEVAS PROHIBICIONES Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior. Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática. Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Fuentes de Interior llaman la atención sobre el hecho de que en algunas manifestaciones había quien alegaba que el documento es personal e intransferible para no entregarlo a las autoridades. Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.
Se nos descontrola el ejército...http://ep00.epimg.net/descargables/2013/11/18/c836a5d41f6eb311989be23a0741aee5.pdfhttp://politica.elpais.com/politica/2013/11/18/actualidad/1384805934_740169.htmlEl Ejército está preocupado por la aparición en sus filas de brotes de radicalismo “ideológico, religioso o delictivo” y ha puesto en marcha un sistema de seguimiento para neutralizar a los sospechosos. “La conducta de estos individuos constituye una debilidad para la institución y puede llegar a suponer una amenaza a la seguridad”, advierte un oficio reservado del Estado Mayor del Ejército de Tierra, fechado el pasado 24 de octubre, al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Se ha detectado en el ET [Ejército de Tierra] la existencia de personal con indicios claros de radicalismo (ideológico, religioso o delictivo) cuyas acciones, en la mayoría de los casos, se circunscriben a su esfera privada y su entorno social”, comienza el documento oficial.Aunque el texto no lo especifica, fuentes militares aseguran que el Estado Mayor está preocupado por la aparición en sus filas de fenómenos de extremismo religioso (como los grupos islamistas o salafistas) e ideológico, tanto de ultraderecha (neonazis) como de ultraizquierda (antisistema); así como por la presencia de individuos vinculados a la delincuencia común y, en especial, a bandas latinas, como los Latin Kings o Los Ñetas. EL DOCUMENTO CONFIDENCIAL. El oficio reservado se titula “Medidas a aplicar sobre personal militar identificado con indicios de radicalidad”. “Para anular o al menos disminuir este riesgo”, continúa el documento reservado, “se establecerán una serie de medidas que serán aplicadas por el jefe de la unidad sobre el personal que se determine en cada momento”.Por ejemplo, a los sospechosos se les deberá denegar, si la solicitan, o retirar, si ya la tienen, la habilitación de seguridad, que permite manejar información clasificada o acceder a dependencias restringidas.Además, se les impedirá ocupar puestos de trabajo “en donde pueda ponerse en riesgo la seguridad en cualquiera de sus variantes o se pueda tener acceso a información sensible”. El escrito enumera una serie de destinos vetados: la policía militar y la unidad de seguridad; la plana mayor; los locales donde se maneje documentación clasificada; las armerías, polvorines y parques de armamento; los centros de comunicaciones o sistemas de información; los puestos de conductor o escolta de autoridades; los de tirador de precisión o desactivador de explosivos; y “cualquier otro que se considere por el jefe de la unidad”. Además, los sospechosos serán objeto de “seguimiento en la unidad en todo aquello relacionado con sus actividades o acciones de proselitismo, su grado de radicalidad y sus actividades públicas (en redes sociales, prensa, Internet, etcétera)”. También se controlarán sus “situaciones procesales o delictivas fuera del ámbito de las FAS [Fuerzas Armadas]”, así como sus “notificaciones de salida al extranjero”. Se propone apartar a los sospechosos de los destinos militares sensibles El oficio recomienda la “aplicación, en cuanto sea posible, de la normativa de personal en lo relativo a las facultades profesionales o psicofísicas, de las acciones derivadas del PADET [Plan Antidroga del Ejército de Tierra], del Régimen Disciplinario y del Código Penal Militar”. Por un procedimiento (pérdida de condiciones psicofísicas para seguir en activo) o por otro (sanciones disciplinarias o penales), el resultado sería la expulsión.De hecho, se propone la “elaboración de [un] IPEC [Informe Personal de Calificación] por cambio significativo en la conducta personal del calificado, cuando proceda” e incluir “en las renovaciones de compromiso [una] valoración de la información complementaria sobre su actuación profesional”. Un IPEC negativo constituye motivo suficiente para que un soldado no renueve su contrato.El documento del Estado Mayor no define qué se entiende por “radicalismo ideológico, religioso o delictivo”; ni si el mismo se limita o no a los grupos que justifican la violencia. Tampoco especifica quién puede decidir cuál es el personal afectado por estas medidas; aunque tradicionalmente estos cometidos han estado en manos de la Segunda Sección de los estados mayores (Inteligencia) y del CISET (Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra). “La conducta de estos individuos puede debilitar a la institución militar” Al tratarse de un procedimiento secreto, carece de garantías para los afectados, a los que se priva de ocupar determinados destinos y desarrollar su carrera profesional, lo que podría chocar con la Ley de Derechos y Deberes de los militares de 2007, según la cual “en las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por razón de [...] religión o convicciones, opinión o cualquier otra circunstancia”.La ley disciplinaria y el código penal castrense castigan a quienes hagan manifestaciones contrarias a la Constitución, infrinjan el deber de neutralidad política o sean condenados por un delito doloso de carácter común, pero las medias citadas en el oficio son “de carácter preventivo”, según fuentes militares, cuando solo hay “indicios” y no una sentencia o una sanción firme.Consultado un portavoz del Ejército de Tierra, excusó hacer cualquier comentario sobre el documento, alegando que “tiene carácter clasificado y está sujeto a la Ley de Secretos Oficiales”.
El régimen se blinda... me parece excesivo considerando la mansedumbre que hasta ahora ha demostrado el rebaño de capibaras pastoreables que somos los españoles. No obstante han aprendido y se están adaptando, y quieren evitar que la tímida respuesta ciudadana al principio del saqueo vuelva a repetirse, se ve que el 15M, a pesar de que quedó en nada, les puso muy, muy nerviosos... (pero también los escraches, la resistencia y los brotes de desobediencia civil ante los deshaucios...)Me temo que se están preparando para repeler y aplastar las nuevas protestas potenciales a que dará lugar la siguiente oleada de favelización, expolios y saqueos que ya se están preparando para perpetrar con la excusa de que hay que cumplir con "las exigencias de los mercados/europa/los ajustes para garantizar la estabilidad/inserte-aqui-su-excusa-de-mierda-preferida", o que directamente la gente estalle ante la ignominia y el chuleo continuos al que asistimos.http://www.europapress.es/nacional/noticia-insultar-amenazar-policia-manifestacion-sancionara-30000-euros-20131119000324.html
¿De verdad hay ñetas y radicales islámicos en el Ejército? ¿Ahí entra cualquiera? ¿Esto no será para asustar al personal a) de fuera y b) de dentro que pueda tener "radicalismos" de otro tipo, es decir, menos beneficiosos para el régimen?
Lo que está sucediendo es que nos están sometiendo a un proceso de *saqueo* CALCADO, a los procesos neoliberales que practicaron con latinoamérica con la excusa de la "crisis de la deuda" desde los 70, 80 y 90
Dice el Hijo de la Gloriosa Patria "Si permitimos los tartazos, pronto se pedirá el tiro en la nuca", o algo así. Pues no, maldito HDLGP, para gentuza como tú, ni tiro en la nuca ni guillotina, que te mueres sin sufrimiento. Quiero que sufras un cáncer incurable bajo padecimientos indecibles, y si hubiera que suministrarte el matarile, pienso que un buen método sería un buen vial de Polonio (como lo que usaron para envenenar a Litvinenko), de modo que te mueras en unos días con gravísimos padecimientos y que tu familia además sufra la humillación de no poder enterrarte adecuadamente, pues tendrías que ir a un contenedor de basura radioactiva.Escupitajos al del CNI, pedazo de imbécil.
The most radical of amputations is hemicorporectomy (translumbar or waist amputation) which removes the legs, the pelvis, urinary system, excretory system and the genital area (penis/testes in males and vagina/vulva in females). This operation is done in two stages. First stage is doing the colostomy and the urinary conduit, the second stage is the amputation. This is a mutilating operation and is only done as a last resort (e.g. when even pelvic exenteration doesn't work or in cases of advanced pelvic/reproductive cancers)http://en.wikipedia.org/wiki/Bone_tumor
Si te sales de la listate convierte en terrorista.Radio Falacia
Cita de: visillófilas pepitófagas en Noviembre 20, 2013, 19:48:48 pmCreo que éso iríra más bien en el hilohttp://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/t-raidores-generacionales/Maldita HDLGP que vive por encima de su derecho a la existencia. Más allá del desprecio...