www.transicionestructural.NET es un nuevo foro, que a partir del 25/06/2012 se ha separado de su homónimo .COM. No se compartirán nuevos mensajes o usuarios a partir de dicho día.
0 Usuarios y 4 Visitantes están viendo este tema.
El sueldo de los directores nombrados a dedo en los museos regionales de la Junta [de Castiila y León] supone casi la mitad de todo su presupuestoPodemos denuncia “la dejación de funciones de la Consejería de Cultura en manos de Fundaciones, fundaciones que actúan como administraciones paralelas”
El Banco de España gasta 267.549 euros en 181 relojes y pulseras de oro para sus empleados veteranosSe trata de un obsequio para los trabajadores del supervisor bancario con 25 años de servicio, una tradición “que viene de muy atrás” en el organismoCada reloj ha salido por 1.353 euros y cada pulsera “de señora”, a 1.615 euros; la licitación se publicó dos días después de las últimas elecciones generalesSólo este año, la entidad ha destinado 936.292 euros para contratar 123 apartamentos para las vacaciones de sus empleados y prevé gastarse 3,1 millones en viajes culturales y estancias hoteleras para la plantilla
La nómina de Beatriz Jurado de diciembre y la extra de Navidad suman 8.490 € brutos y 1.822 € libres de impuestosEs senadora desde 2011 y presidenta de Nuevas Generaciones del PP[...]¿Qué méritos tiene esta ciudadana que en 2010, con 27 años y escasa experiencia laboral, cobró 38.235 euros netos del Ayuntamiento de Córdoba por su trabajo como asesora jurídica para el Grupo Municipal del PP?Nació en 1983 en Córdoba y 20 años después se afilió a Nuevas Generaciones, la sección juvenil del Partido Popular. La cantera de ‘cachorros’ conservadores o un nido de trepas pijos, hijos de papá. No todos. Es la presidenta desde 2011. Según los estatutos de NNGG, el primer fin de esta organización es promover como valores fundamentales en los jóvenes españoles la libertad, la defensa de los derechos humanos y la democracia, así como el respeto y la tolerancia a todas las ideologías democráticas. [...]
El Ibex tiene 758 directivos con contrato blindado y solo dos compañías piden permiso a sus accionistas28 empresas del selectivo tienen cláusulas de blindaje para sus ejecutivos o directivos con indemnizaciones por despido de hasta cinco años de sueldoSólo Amadeus e Indra las someten a la aprobación de su junta de accionistas y cinco compañías ni siquiera informan de su existencia a la asamblea de sociosLos ‘paracaídas dorados’ en el Ibex se dispararon en plena crisis: en 2013 se triplicaron al alcanzar los 886, según la CNMVIgnacio Sánchez Galán, CEO de Iberdrola junto a Pablo Isla (abogado del Estado en excedencia), CEO de Inditex. 28 empresas del Ibex 35 tienen al menos a un directivo con un contrato blindado en caso de despido, con indemnizaciones que van desde los doce meses de sueldo a cinco años de retribución (caso de Iberdrola y Grifols). En total, las compañías del selectivo declaran en los informes de gobierno corporativo del ejercicio 2016 remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tienen a 758 directivos blindados. El cómputo no incluye a Arcelormittal (que tiene su sede fuera de España y no comunica estos datos) ni a Meliá, que todavía no ha remitido su informe, aunque en 2015 decía no tener cláusulas de este tipo.El número de directivos blindados descendió el año pasado un 7,5%, desde los 820 que declaraban las mismas empresas el año pasado, pero sigue en niveles históricamente altos. Los ‘paracaídas dorados’ en el Ibex se dispararon en plena crisis. En 2013, tras la aprobación de la reforma laboral de Mariano Rajoy (que generalizó la indemnización por despido de 20 días por año trabajado), los blindajes en el Ibex se triplicaron al alcanzar los 886 directivos con estas cláusulas, según el último informe oficial de la CNMV. El récord se batió en 2014, con 933 personas.Las indemnizaciones pueden llegar a alcanzar cifras millonarias. Los ejecutivos que se han asegurado más años de sueldo en caso de salida (cinco) son los cuatro consejeros ejecutivos que tenía la farmacéutica Grifols en 2016 y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. La salida de Galán en caso de opa o despido improcedente costaría a la eléctrica cerca de 47 millones de euros teniendo en cuenta su sueldo de 2016. Con 9,35 millones entre sueldo y acciones, fue el tercer mejor pagado de la bolsa española. El año pasado cumplió 15 años en la eléctrica con un sueldo acumulado que supera los 100 millones de euros.De las 28 empresas que en 2016 tenían a directivos blindados, sólo dos, Amadeus e Indra, someten estas cláusulas a la aprobación de sus accionistas. El resto (salvo Ferrovial, que no explica el procedimiento por el que se activan estos blindajes) lo deja en manos del consejo de administración. Cinco empresas ni siquiera informan de la existencia de blindajes a sus juntas de accionistas: Caixabank, Cellnex, Enagas (que tiene como mayor accionista al Estado), Ferrovial y Mediaset.Repsol es un año más la compañía del Ibex con más directivos blindados, con 244 (45 menos que un año antes) e indemnizaciones por despido de hasta cuatro años de sueldo para su secretario y consejero ejecutivo, Luis Suárez de Lezo. A continuación están Grifols (77), BBVA (62), Iberdrola (52), Telefónica (48), Caixabank (32), Gas Natural (30), Banco Sabadell (29), Endesa (25), Gamesa (23), Inditex (22) y Banco Santander (19).Las compañías que no declaran blindajes son ACS, Aena, Banco Popular, Bankinter y Mapfre. ACS decía tener a seis directivos con estas cláusulas en 2015, cuyos contratos estipulaban que en caso de despido improcedente o cambio de control (adquisición por otra empresa) recibirían “indemnizaciones máximas entre 3 y 5 años de sus retribuciones”. Pero esos contratos incluían “limitación de edad para cada ejecutivo, por lo que, habiendo superado dicha edad, a la fecha de formulación del presente informe ya no existe la posibilidad de materializar dichas indemnizaciones”. El presidente de la constructora, Florentino Pérez (70 años), ya no tiene blindaje, pero acumula una pensión de casi 40 millones de euros.Cambiar blindaje por pensiónLas pensiones millonarias para los consejeros han cobrado peso en algunas empresas del Ibex en detrimento de los blindajes. Y muchas veces funcionan igual que estas cláusulas. En el caso de Popular, en 2015 y 2016 decía no tener blindajes, pero el consejero delegado al que despidió el año pasado, Francisco Gómez, se llevó un plan de jubilación de 20,34 millones, y Ángel Ron, su presidente hasta este año, ha salido del banco con 23 millones de pensión bajo el brazo tras dejar a la entidad en pérdidas récord.César Alierta también renunció (entre comillas) a su blindaje en 2014, pero ha dejado la presidencia de Telefónica (donde sigue de consejero y presidente de la fundación) con una pensión de 53 millones, una de las más altas de la historia empresarial española.
El exministro Soria mantiene una escolta de ocho policías y dos coches quince meses después de dimitirLa protección del exministro de Industria, que abandonó el cargo por el escándalo de sus empresas familiares en paraísos fiscales, cuesta al Estado más de 250.000 eurosLa Secretaría de Estado de Seguridad le retiró la escolta al cumplirse el año de su cese como ministro, pero el Gobierno se la mantiene cuando está en CanariasSeis policías vigilan su mansión 24 horas al día desde que denunciara el misterioso robo de Nochebuena, del que nada se sabe seis meses despuésQuince meses después de dimitir por el escándalo de sus empresas familiares en paraísos fiscales http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/descubrimos-Soria-Jersey_0_633436963.html , el ex ministro de Industria José Manuel Soria sigue gozando de privilegios públicos, como si todavía fuera un alto cargo oficial. A pesar de que ya no tiene derecho, el ex presidente del PP canario dispone de escolta que a lo largo de este año y cuarto ya le ha costado al Estado más de 250.000 euros.En realidad se trata de dos servicios de protección distintos. Uno es la escolta de dos policías que le acompañan siempre en sus desplazamientos; otro, la vigilancia estática de su chalet en el barrio residencial de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, por parte de seis agentes en tres turnos las 24 horas. Una custodia que se ha convertido en permanente desde el misterioso asalto a su casa en Nochebuena.El coste para el erario público de estas tareas policiales, que la Secretaría de Estado de Seguridad decidió cancelar en abril pasado al cumplirse un año de la salida de Soria del Gobierno, se deduce de los salarios brutos de una media de ocho policías asignados a su protección, más billetes de avión y dietas de estos por vuelos entre islas y a la Península, según confirman a Canarias Ahora fuentes policiales.Contra todo criterio razonable y en aparente contradicción con la decisión del Ministerio del Interior del 17 de abril de este año de retirar la escolta a Soria cuando aterrizaba en Madrid, la Policía sigue prestando ese servicio cuando el ex ministro se encuentra en su tierra por orden del subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, según estas mismas fuentes.Los funcionarios que escoltan a Soria allá donde vaya están adscritos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Su sueldo bruto, incluido el base y diversos complementos, es de 2.220 euros al mes, además de dos pagas extra al año de 727 euros cada una: 28.000 euros al año.Al coste de esa escolta dinámica de dos agentes (56.000 euros en un año entre los dos; tiene asignados cuatro policías que se turnan cada semana), hay que añadir estos tres últimos meses en los que se le mantiene la protección en Canarias: otros 13.000 euros, lo que alcanza un total de 69.000 euros hasta la fecha por guardar las espaldas del ex ministro, ahora dedicado a negocios con su firma Sorben Partners.Además, a esos salarios se suman los gastos derivados por billetes de avión entre islas y a la Península, ya que uno de los escoltas acompaña a Soria en el vuelo y regresa en el siguiente a Gran Canaria, y del mismo modo hasta el cese del servicio en Madrid en abril pasado, un policía adscrito a la Unidad Central de Protección hacía lo propio en el vuelo de vuelta Madrid-Gran Canaria. Ahora ya vuelve solo.Cálculos internos policiales elevan estos gastos a otros 15.000 euros, en el caso de los agentes de la Jefatura en Canarias, y 10.000 euros más por la escolta de Madrid a la isla, una cantidad menor al haber cesado esta hace tres meses. Pero durante los doce primeros meses después de su dimisión la cobertura al exministro que dice ahora haber tenido una cuenta en Suiza era total entre efectivos de Madrid y Las Palmas, según donde estuviera el protegido.Soria viaja al menos una vez a la semana a la capital de España, donde suele pasar de martes a jueves atendiendo sus asuntos particulares, lo que supone unos 60 desplazamientos en avión, ida y vuelta, de sus guardianes públicos, que también perciben dietas de 30 euros por exceso de horas en estas funciones extras.La decisión de proteger a altos cargos públicos es competencia de una comisión de coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, presidida por el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, y de la que forman parte el comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía y el jefe del Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil.Por norma básica, la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección a Personalidades, creada en 1997, revisa cada seis meses la asignación y retirada de estas guardias, en función de unos criterios que desde 2012, ante la disminución de la capacidad operativa de la banda terrorista ETA, persigue optimizar recursos policiales para otros cometidos y la reducción del catálogo de personalidades que realmente necesiten llevar escolta por amenazas reales.Un coche camuflado delante de su mansiónDesde su dimisión el 15 de abril de 2016, Soria también goza de escolta estática delante de su vivienda en Gran Canaria. Durante al menos siete meses, entre abril y noviembre del año pasado, el servicio se realizaba solo cuando el ex ministro se encontraba en la isla y pernoctaba en casa, una media de cuatro días a la semana.En este caso, son funcionarios con categoría de policías adscritos a la Unidad de Protección y Seguridad (UPS) de la misma brigada de Seguridad Ciudadana. Y como sus compañeros de la UPR, sus nóminas brutas son similares, incluyendo al menos un trienio, que alcanzan los 2.130 euros mensuales, con dos pagas extra al año de su sueldo base de 720 euros cada una.Vigilancia policial ante la casa de José Manuel Soria. (CANARIAS AHORA)Vigilancia policial ante la casa de José Manuel Soria. (CANARIAS AHORA)El gasto calculado de estos seis policías (repartidos en tres turnos diarios) en 2016 sobrepasa los 55.000 euros, cantidad resultante de sumar sueldos brutos de solo tres meses y medio, al pasar Soria al menos la mitad de esos siete meses fuera de la isla y no ser necesaria la vigilancia de su domicilio. En noviembre, la vigilancia estática le fue retirada coincidiendo con los seis primeros meses de servicio y la formación del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy.Sin embargo, desde que el ex ministro denunciara el extraño asalto a su mansión y el misterioso robo de documentos, joyas y dinero en metálico de su caja fuerte, la tarde del 24 de diciembre pasado, la vigilancia estática de su casa ha pasado a ser completa, las 24 horas al día desde hace ya más de seis meses. Y sin que hasta hoy exista el menor indicio fiable de la autoría del robo para remitirlo a un juzgado.Así, desde Nochebuena, seis efectivos de la UPS vigilan cada hora la mansión de Soria desde la calle, principalmente de paisano y en coches camuflados, aunque en las últimas semanas el servicio fue cubierto por patrullas de uniforme y en coches con distintivos policiales, hecho que según ha podido saber este diario disgustó a Soria hasta el punto de reclamar la vuelta de los más discretos vehículos k y que los agentes vistieran de calle. Como así ha sido desde este último fin de semana.La vigilancia permanente de la casa de los Soria Benítez supone hasta el día de hoy otros 80.000 euros en sueldos de policías a los que se les retira de otras funciones, de la misma índole, en otros puntos fijos como pueden ser hospitales a los que se trasladan detenidos o condenados a penas de prisión, principalmente, ya sea por urgencias o por intervenciones quirúrgicas programadas.Según han explicado las fuentes consultadas, durante las últimas semanas y con la llegada del verano y las vacaciones del personal, se han producido desajustes en las tareas de custodias de la Jefatura Superior en Canarias, al quedarse sin vehículos por estar uno asignado al puesto de seguridad de Tafira. Fue el caso del lunes de la semana pasada, con seis vigilancias fijas ese día.Además, el domingo anterior se prestó la seguridad estática en el domicilio del ex ministro por funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano (091), en un vehículo combi con tres policías, como pudo comprobar este periódico. A juicio de las fuentes consultadas, esa custodia supuso una merma en la prestación de servicios de calidad a las llamadas de los ciudadanos, al retirar una dotación que es exclusiva para llamadas de urgencias.A todos estos costes detallados hay que sumar también los gastos por combustible y mantenimiento de los dos vehículos policiales asignados a la protección de Soria, el estático desde el que se vigila su casa y con el que se desplaza con sus escoltas. El montante global supera así el cuarto de millón de euros hasta el momento.Tanto el gabinete de prensa del Ministerio del Interior como los de la Jefatura de la Policía y la Delegación del Gobierno en las islas no han respondido a las preguntas de este periódico sobre los motivos y criterios, y las consecuencias para el trabajo diario del Cuerpo, para la protección policial de la que sigue sirviéndose Soria.En el caso de la Secretaría de Estado de Seguridad, la explicación ha sido que “por motivos de seguridad, no tenemos esa información [su gabinete de prensa]”.
El asalto al chalet de Soria "parece un secreto de Estado"Informaciones periodísticas apuntan a análisis de ADN y triangulación de teléfonos de la zona cuando la causa aún no está judicializada y se trata de pruebas que requieren control judicialLa Jefatura Superior de la Policía Nacional de Canarias ha ordenado dedicar todos los recursos humanos y tiempo del personal enmarcado en la investigación para tratar de aclarar quién fue el responsable del robo
Soria dispara a RajoyEl exministro de Industria tira de los 'papeles de Tafira' y revela un correo electrónico de 2012 que compromete a Cristóbal Montoro durante los preparativos del recorte a las renovablesEl titular de Hacienda habría reenviado a José Manuel Soria las exigencias de Abengoa, cliente del despacho de influencias Equipo Económico que coloca a Montoro de nuevo en la picotaSegún 'El Mundo', ni Soria ni ningún miembro de su equipo denunció entonces aquella maniobra, ¿por qué ahora?
Las licitaciones públicas en España son un desastre que nos hace perder 20.000 millones al añoLa contratación pública es uno de los principales motores de la economía española, ya que supone una quinta parte del PIB. El actual modelo de contratación, sin embargo, no es eficiente. Convocatorias opacas, pliegos hechos a medida de empresas 'amigas', ofertas seleccionadas únicamente por su precio cuyo coste real se hincha después a costa del contribuyente… un desastre que ocasiona pérdidas de hasta 20.000 millones anuales.Paradójicamente, hay dos problemas opuestos: por un lado, concursos opacos donde solo se presenta un proveedor (con un coste mayor que si hubiera competencia); por otro lado, consursos competitivos pero cuyo único criterio de selección es el precio, dando pie a ofertas ridículamente bajas que, una vez escogidas, generan importantes sobrecostes.La poca transparencia del sistema es además una fuente de corrupción que lastra la recuperación económica. La Comisión Europea ha exigido al gobierno español tomar medidas al respecto, para garantizar un uso eficiente del dinero público. ¿Cómo mejorar el sistema de contratación pública en España?Un reciente informe de la consultora EY identificaba los tres grandes problemas del sistema de licitación pública de infraestructuras, que son extrapolables al resto de sectores. Para empezar, la corrupción: los sobornos, las comisiones ilegales o el tráfico de información privilegiada son responsables de que se liciten muchas obras sin viabilidad económica, o que aquellas que sí la tienen no acaben en manos de los mejores contratistas.Otro factor muy importante es el frenazo en la inversión a causa de la crisis. Las licitaciones de obra pública en 2015 estaban a niveles casi cuatro veces menores que antes de 2007. La necesidad de ahorro hace que el criterio de precio se prime aún más, convirtiendo muchos concursos públicos en meras subastas.El tercer problema fundamental es la inseguridad jurídica. Condiciones poco transparentes, cientos de excepciones a las normas, diferencias a nivel autonómico o municipal, cambios legislativos frecuentes y muchas veces retroactivos... las reglas del juego no están claras y cambian sobre la marcha. Además, el nivel de transparencia de las administraciones españolas deja bastante que desear: solamente el 30% de contratos son publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público tal como marca la ley.¿Cómo mejorar el sistema de licitación pública en España?La ONG Transparencia Internacional reunió recientemente a representantes de las administraciones y el sector privado en un foro con el objetivo de elaborar recomendaciones para resolver los problemas asociados a la contratación pública. Las principales conclusiones del foro parecen de sentido común, aunque las administraciones se resisten a su cumplimiento: Hacer una ley de contratos más simple y uniforme para todos, evitando los constantes cambios legistativos (hasta 30 veces en los últimos ocho años) que generan inseguridad Cumplir la Ley de Transparencia: se deberían declarar nulos todos aquellos contratos no publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (que actualmente son la mayoría) Profesionalizar las mesas de contratación, haciendo que las decisiones las tomen funcionarios de carrera basándose en criterios públicos y objetivos, en vez de cargos políticos sin experiencia en la materia Mejorar los mecanismos de control y la vigilancia del cumplimiento de los contratos una vez licitados: las modificaciones de contratos tras la adjudicación deberían ser la excepción, y no la norma como hasta ahoraEl cumplimiento de estas medidas podría servir para ahorrar millones de euros y eliminaría muchos de los incentivos a la corrupción que existen en la actualidad.Mejorar es posible: lecciones que España puede aprender de otros paísesActualmente la mayoría de países europeos tienen procesos de licitación más objetivos y eficientes que el español. Por ejemplo, Portugal puntúa mucho mejor que España en transparencia gracias al portal público que gestiona todos los contratos de todas las administraciones, mientras que Chile es un ejemplo de buenas prácticas en el mecanismo de adjudicación.Otra mejora que podemos importar de los países anglosajones es el llamado diálogo competitivo, donde las empresas concursantes no compiten a ciegas entre ellas sino donde hay un proceso cooperativo donde todas las partes interesadas aportan posibles mejoras. Normalmente el ganador final del concurso realiza una compensación económica a las empresas no adjudicatarias por su contribución al proceso.Un aspecto que también resulta muy mejorable del proceso español es la justificación de la candidatura elegida. Bélgica, por ejemplo, destaca por proporcionar a las empresas perdedoras informes muy detallados de los criterios seguidos en la adjudicación y la puntuación obtenida en cada uno. Noruega, por su parte, hace públicas las ofertas de todos los competidores tras el concurso.En definitiva, aunque no hay remedios mágicos, sí hay medidas básicas con las que España podría reducir significativamente la pérdida de 20.000 millones anuales. Sólo hace falta voluntad política.
El Gobierno pleitea contra el Consejo de la Transparencia para no revelar los sobrecostes de las obras públicaseldiario.es pidió el listado de modificaciones de contratos de obra del Ministerio de Fomento para conocer en qué proyectos se multiplicaron los costes sobre el precio de adjudicaciónEl Consejo de Transparencia ha dado la razón a este medio y asegura que la ley obliga a publicar los sobrecostes en adjudicaciones de obra públicaAhora, el Gobierno acude a los juzgados para mantener ocultas las modificaciones de contratos de obra adjudicados desde 2008 El Ministerio de Fomento adjudicó contratos de obra pública por 30.000 millones de euros entre 2008 y 2015. Por ejemplo, para construir carreteras, puertos, líneas de AVE, estaciones de tren y otras grandes infraestructuras a través de Adif, Aena o Puertos del Estado. La diferencia entre el precio que se adjudica a la constructora y el coste final de esos proyectos es una información que el Ejecutivo guarda en secreto a pesar de una resolución del Consejo de Transparencia -organismo independiente- que le obliga a publicarla.El Ministerio de Fomento ha decidido pleitear por lo contencioso-administrativo para seguir ocultando los sobrecostes de obra pública en España, según ha confirmado a eldiario.es el Consejo de Transparencia. Acudir a la justicia ordinaria es el último recurso que les queda para poder seguir guardando estos datos, ya que la resolución que les insta a darlos es de obligado cumplimiento. Este recurso surge en respuesta a una solicitud de información de eldiario.es en diciembre de 2016 en la que pidió el listado de modificados, obras complementarias y otros costes adicionales de los contratos de obra adjudicados por el Grupo Fomento desde 2008 hasta la actualidad. Solo entre 2008 y 2013, Fomento pagó más de 10.000 millones en sobrecostes, tal y como reveló El País.Tras una primera negativa del Ministerio a revelar esa información, este medio reclamó ante el Consejo de Transparencia, el órgano estatal independiente que se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia. El Consejo dio la razón a este medio y resolvió que la propia ley de transparencia obliga a todos los ministerios del Gobierno a hacer pública la información relativa a las modificaciones de los contratos públicos. Así, el Gobierno estaría incumpliendo la normativa que él mismo promovió al no publicar esta información de manera activa.Siete meses después de recibir la solicitud, el Gobierno llevará la resolución a los tribunales para evitar divulgar los sobreprecios de las adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Fomento.Un recurso que el Gobierno presenta a pesar de haber alardeado durante le legislatura de "haber puesto coto" a los sobrecostes de obra. "Yo no hice el agujero, pero tenía que taparlo", explicó Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, en declaraciones a La Razón. Cuando la transparencia acaba en los juzgadosUna vía judicial que el Gobierno ha utilizado en numerosas ocasiones para evitar responder a solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Hasta el momento, ha presentado hasta 37 recursos en los tribunales para oponerse al criterio del Consejo de Transparencia, según datos difundidos por el propio Consejo de Transparencia.Así, el Gobierno está destinando recursos de la Abogacía del Estado para no revelar información sobre gastos de RTVE, listado de pasajeros en vuelos oficiales de las Fuerzas Aéreas Españolas, los pliegos de un contrato de Renfe para la adquisición de trenes de Alta Velocidad o el listado de sociedades en el extranjero regularizadas durante la amnistía fiscal, entre otros.Recursos que incluyen los presentados por 8 de los 13 ministerios para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en publicidad institucional. Una información solicitada por eldiario.es y que el Gobierno ha llevado a los tribunales a pesar de que el Consejo de Transparencia ha resuelto que el interés por conocer esta información está por encima de cualquier otro.Sobrecostes para pocas constructorasLa obra del trazado del AVE entre Madrid y Barcelona (621 kilómetros) salió a concurso por 7.550 millones de euros en 2002. Se adjudicó a la baja por 6.822 millones y terminó costando 8996 millones de euros. Un sobrecoste del 31%, según un informe del Tribunal de Cuentas. La futura estación del AVE de la Sagrera (Barcelona) fue licitada por el ministerio de Fomento en 2009. Ocho años después, las obras están sin terminar y enredadas en una trama corrupta de presuntos sobornos y facturas infladas entre empresarios y exresponsables de Adif. Un informe del Tribunal de Cuentas ha cifrado el fraude en 133 millones por sobrecostes, plazos sin cumplir y pagos por trabajos no realizados.No es el único caso de proyectos que multiplicaron su coste final después de haber sido adjudicada la obra: los Túneles de la M-30, la Terminal 4 de Barajas, la Variante de Pajares o las carreteras en Canarias fueron adjudicados por un precio mucho menor que su coste final. En el caso de la M-30, el Gobierno de Gallardón aceptó encarecer la obra en 1.600 millones de euros en una reunión de 25 minutos, según publicó eldiario.es.Los sobrecostes son una tónica habitual de la obra pública en España, un mercado reservado para muy pocas empresas. Diez constructoras se llevan siete de cada diez euros en contratos de obra pública en España desde 2009, según reveló la investigación '¿Quién cobra la obra?', de la Fundación Civio. De los 38.828 millones adjudicados vía BOE para contratos de obra pública entre 2009 y 2015, los diez grandes grupos constructores estuvieron presentes, en solitario o en Uniones Temporales de Empresas (UTE), en 28.830 millones, un 74%.
https://www.elblogsalmon.com/entorno/las-licitaciones-publicas-en-espana-son-un-desastre-que-nos-hace-perder-20-000-millones-al-anoCitarLas licitaciones públicas en España son un desastre que nos hace perder 20.000 millones al año[...]La ONG Transparencia Internacional reunió recientemente a representantes de las administraciones y el sector privado en un foro con el objetivo de elaborar recomendaciones para resolver los problemas asociados a la contratación pública. Las principales conclusiones del foro parecen de sentido común, aunque las administraciones se resisten a su cumplimiento: Hacer una ley de contratos más simple y uniforme para todos, evitando los constantes cambios legistativos (hasta 30 veces en los últimos ocho años) que generan inseguridad Cumplir la Ley de Transparencia: se deberían declarar nulos todos aquellos contratos no publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (que actualmente son la mayoría) Profesionalizar las mesas de contratación, haciendo que las decisiones las tomen funcionarios de carrera basándose en criterios públicos y objetivos, en vez de cargos políticos sin experiencia en la materia Mejorar los mecanismos de control y la vigilancia del cumplimiento de los contratos una vez licitados: las modificaciones de contratos tras la adjudicación deberían ser la excepción, y no la norma como hasta ahoraEl cumplimiento de estas medidas podría servir para ahorrar millones de euros y eliminaría muchos de los incentivos a la corrupción que existen en la actualidad.Mejorar es posible: lecciones que España puede aprender de otros paísesActualmente la mayoría de países europeos tienen procesos de licitación más objetivos y eficientes que el español. Por ejemplo, Portugal puntúa mucho mejor que España en transparencia gracias al portal público que gestiona todos los contratos de todas las administraciones, mientras que Chile es un ejemplo de buenas prácticas en el mecanismo de adjudicación.Otra mejora que podemos importar de los países anglosajones es el llamado diálogo competitivo, donde las empresas concursantes no compiten a ciegas entre ellas sino donde hay un proceso cooperativo donde todas las partes interesadas aportan posibles mejoras. Normalmente el ganador final del concurso realiza una compensación económica a las empresas no adjudicatarias por su contribución al proceso.Un aspecto que también resulta muy mejorable del proceso español es la justificación de la candidatura elegida. Bélgica, por ejemplo, destaca por proporcionar a las empresas perdedoras informes muy detallados de los criterios seguidos en la adjudicación y la puntuación obtenida en cada uno. Noruega, por su parte, hace públicas las ofertas de todos los competidores tras el concurso.En definitiva, aunque no hay remedios mágicos, sí hay medidas básicas con las que España podría reducir significativamente la pérdida de 20.000 millones anuales. Sólo hace falta voluntad política.
Las licitaciones públicas en España son un desastre que nos hace perder 20.000 millones al año[...]La ONG Transparencia Internacional reunió recientemente a representantes de las administraciones y el sector privado en un foro con el objetivo de elaborar recomendaciones para resolver los problemas asociados a la contratación pública. Las principales conclusiones del foro parecen de sentido común, aunque las administraciones se resisten a su cumplimiento: Hacer una ley de contratos más simple y uniforme para todos, evitando los constantes cambios legistativos (hasta 30 veces en los últimos ocho años) que generan inseguridad Cumplir la Ley de Transparencia: se deberían declarar nulos todos aquellos contratos no publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (que actualmente son la mayoría) Profesionalizar las mesas de contratación, haciendo que las decisiones las tomen funcionarios de carrera basándose en criterios públicos y objetivos, en vez de cargos políticos sin experiencia en la materia Mejorar los mecanismos de control y la vigilancia del cumplimiento de los contratos una vez licitados: las modificaciones de contratos tras la adjudicación deberían ser la excepción, y no la norma como hasta ahoraEl cumplimiento de estas medidas podría servir para ahorrar millones de euros y eliminaría muchos de los incentivos a la corrupción que existen en la actualidad.Mejorar es posible: lecciones que España puede aprender de otros paísesActualmente la mayoría de países europeos tienen procesos de licitación más objetivos y eficientes que el español. Por ejemplo, Portugal puntúa mucho mejor que España en transparencia gracias al portal público que gestiona todos los contratos de todas las administraciones, mientras que Chile es un ejemplo de buenas prácticas en el mecanismo de adjudicación.Otra mejora que podemos importar de los países anglosajones es el llamado diálogo competitivo, donde las empresas concursantes no compiten a ciegas entre ellas sino donde hay un proceso cooperativo donde todas las partes interesadas aportan posibles mejoras. Normalmente el ganador final del concurso realiza una compensación económica a las empresas no adjudicatarias por su contribución al proceso.Un aspecto que también resulta muy mejorable del proceso español es la justificación de la candidatura elegida. Bélgica, por ejemplo, destaca por proporcionar a las empresas perdedoras informes muy detallados de los criterios seguidos en la adjudicación y la puntuación obtenida en cada uno. Noruega, por su parte, hace públicas las ofertas de todos los competidores tras el concurso.En definitiva, aunque no hay remedios mágicos, sí hay medidas básicas con las que España podría reducir significativamente la pérdida de 20.000 millones anuales. Sólo hace falta voluntad política.
pues eso, que hoy no viene bien ir a menos; especialmente por los elevados intereses, bienes y fines que representohttps://comunicacion.e-noticies.es/los-de-tv3-lloran-115601.htmlque cierren unos ambulatorios en la laponia iberica y les pasen el dinero a estos, no sea que quiebren y aumente el consumo de ansioliticos y gracias por sus escritos
pos si, hoy no me viene bien ir a menospero no hay duda de que:- la cuestion es de reparto, en muchos planos, asuntos, etc- en un momento dado lo que hay pa repartir esta definido, excepto patadas p'alante (¿deuda?)- con el tiempo, con cambios tecnologicos, sociales, etc, puede aumentar lo disponible para repartirsi los cambios en el reparto son mas rapidos que las mejoras, alguien ha de "ir a menos"http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8984849/03/18/Si-China-escapa-de-la-trampa-de-ingresos-medios-que-tiemblen-Occidente-y-sus-trabajadores-cualificados.html