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Autor Tema: Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín  (Leído 9200 veces)

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scytal

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La verdad es que el PP en Galicia se merece su propio hilo pero bueno

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El Consello da Xunta del pasado 24 de noviembre acordó perdonar una sanción de 3.055.841 euros a la empresa Construcuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado Telmo Martín, ahora diputado del PP en el Congreso y antes alcalde de Sanxenxo, por la construcción en este municipio de un edificio de seis plantas que invade el dominio público de la playa de Silgar. La Xunta silenció ese acuerdo en la referencia pública de los adoptados en esa sesión del Consello. La decisión ignora la propuesta de sanción de tres millones del técnico que instruyó el expediente, en 2005, y da por bueno otro informe solicitado a mayores de Cristina Paz-Curbera y Llovet, a la sazón jefa del servicio de Gestión de Dominio Público y luego de la Demarcación de Costas de Pontevedra, cargo al que está previsto que vuelva la próxima semana.

La Xunta, para oficializar el perdón de los más tres millones de euros a la constructora de la que fue socio Telmo Martín hasta hace unos meses, convalidó en noviembre una resolución del conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos \[Enrique López Veiga\] de 18 de febrero de 2005, días antes de que el PP perdiera las elecciones autonómicas, y que fue recurrida en los tribunales.La resolución del expediente abierto a Construcuatro era competencia del Consello de la Xunta y no del conselleiro, sentenció el Tribunal Supremo en firme el pasado mes de junio.  El conselleiro lo anticipaba ya en los fundamentos de su propia resolución, que no obstante determinó el sobreimiento “del expediente sancionador”. El Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo acordó “convalidar la resolución \[de López Veiga\] y acordar así el sobreseimiento del citado expediente seguido contra Construcuatro SA por la realización de obras en la zona de servidumbre de protección marítima en Sanxenxo”.

La obra es un edificio residencial de seis plantas a pie de la glamurosa playa de Silgar y en el que el propio Telmo Martín se reservó un piso con dos terrazas. Invade entre uno y 2,69 metros el dominio público desde la línea de playa, que debería ser, como establece la Ley de Costas, de 20 metros. Fue denunciado por la ONG Salvemos Pontevedra y el instructor, dependiente entonces de la Consellería de Pesca que presidía López Veiga, formuló “los hechos imputados, los preceptos infringidos, los preceptos sancionadores y la posible sanción” que fueron comunicadas a las partes. Tras recibir sus alegaciones, propuso la sanción.

El Gobierno gallego ocultó el acuerdo en la referencia pública del Consello
Pero López Veiga recabó un “informe aclaratorio” de la Demarcación de Costas de Pontevedra, que a la sazón dirigía José Antonio Rueda Crespo, exsenador del PP y exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra, fallecido el pasado mes de enero. Era el padre del actual conselleiro de Presidencia y secretario general del partido en Galicia, Alfonso Rueda. El trámite se realizó con sorprendente celeridad.

Paz-Curbera, subordinada de Rueda Crespo, realizó el informe, atribuyendo la invasión de Construcuatro del dominio público a “un error en el grafiado” de los planos, ya que la servidumbre de protección, dice Paz-Curbera, “en un primer momento se marcó a 19 metros cuando su correcta medición en este tramo es de 20 metros”.

Pero no se entiende por qué se grafiaron 19 metros en lugar de 20, cuando la Ley de Costas es taxativa en ese sentido. Además, según fuentes consultadas por este periódico, cuando se incoa un deslinde, se facilita una línea de dominio público y una línea de servidumbre de protección —20 metros en zonas urbanas y 100 metros en los demás casos— que se comunican, entre otros organismos, al Ayuntamiento correspondiente y a la Xunta. Esas líneas dan la plena validez legal hasta que se aprueba el deslinde definitivo. Cualquier otro plano que se utilice entre la incoación y la aprobación definitiva del deslinde carece de validez legal, nadie puede esgrimirlos como planos de deslinde. Los de Sanxenxo están aún sin aprobar, aunque el deslinde fue incoado ya en 1998.

El edificio de seis plantas invade el dominio público de la playa de Silgar
Por lo demás, la línea de dominio público de la playa de Silgar fue siempre la misma. La constructora pudo fácilmente medir sus lindes y comprobar si cumplían el mandato legal. “Con o sin errores, con o sin planos, las referencias estaban claras y las distancias también”, aseguran los expertos. López Veiga, sin embargo, a la vista del informe de Paz-Curbera y pese a reconocer que la imposición de multas de más de 601.000 euros correspondía al Consello da Xunta y no a él, sobreseyó el expediente sancionador “por presuntas obras abusivas en la zona de servidumbre de protección”.

Los sucesivos recursos de las partes, contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de casación ante el Tribunal Supremo, confirmaron que el órgano competente para resolver el expediente sancionador era el Consello da Xunta, que lo oficializó en noviembre como se dice, a la chita callando y sin pronunciarse sobre la reposición de la legalidad urbanística que también, tras rebatir las alegaciones de Construcuatro, requería el instructor en su propuesta de resolución: imponer la sanción “y ordenar la vuelta de los terrenos donde se ejecutaron las obras a su primitivo estado”.

Multa en Vigo y más enjuagues en Sanxenxo

La Xunta tiene pendiente de ejecutar otra sanción a la empresa Construcuatro de 3,7 millones de euros, de los que 1,23 millones corresponden a la devolución de los sobreprecios que cobró a compradores de pisos protegidos en un edificio que construyó en el polígono vigués de Navia, y 2,47 millones, el doble de las cantidades indebidamente cobradas, por la sanción mínima que procedía aplicar. La empresa ha presentado recurso de alzada y, cuando la Xunta lo resuelva, si confirma la sanción, aún le queda la vía contencioso-administrativa.
Telmo Martín fue consejero delegado de la constructora hasta el 23 de diciembre pasado, fecha en la que le reemplazó en el cargo, como en otras de sus empresas, su mujer, María Dolores Táboas Carballal.
Él ha abandonado la política local —renunció a su acta de concejal de Pontevedra— para dedicarse intensamente al Congreso, donde consiguió escaño en las elecciones de noviembre y figura como el diputado más rico, con un patrimonio declarado de 21,5 millones de euros.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/13/galicia/1334339777_025986.html
« última modificación: Abril 15, 2012, 17:04:30 pm por scytal »

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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #1 en: Abril 15, 2012, 19:25:44 pm »
Poca justicia tenemos y la poca que hay se puede "enmendar" rápida y fácilmente.

Son nuestras costumbres y no hay que perderlas  >:(

scytal

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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #2 en: Abril 25, 2012, 13:51:35 pm »
Bueno esto es otro caso sobre el PP en Galicia, pero para no abrir más hilos voy a ponerlo aquí...

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La investigación abierta por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a la Diputación Ourense por la posible gestión irregular de plantas de tratamiento de residuos en municipios rurales entre 2002 y 2005 (planes Daredo y Deputrans) ha dado un giro político, al situar al Gobierno gallego en el objetivo de las críticas políticas: el actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, era vicepresidente de la institución provincial en aquella tramitación y es ya el segundo caso de presunta mala gestión de fondos europeos en el que está inmerso.

Plan Daredo, de construcción de 38 minidepuradoras con una ayuda europea de 2.320.000 euros entre 2002 y 2004; y la gestión del Plan Deputrans, entre los años 2004 y 2005, también para la implantación de 16 plantas de aguas residuales, con cargo a una subvención europea de 1,4 millones de euros.

Seara recuerda que Martínez está imputado en otro proceso por los presuntos delitos de malversación y falsificación de documento público en el caso de la construcción de una planta de biomasa

http://www.laregion.es/noticia/207034/vincula/martinez/investigacion/


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La socialista María Quintas acusó ayer al delegado territorial, Rogelio Martínez, de llevar seis años "intentando dilatar su procesamiento, con vericuetos legales amparándose en la prescripción". Sin embargo, añadió, "no dejó de reconocer estos presuntos delitos". Lamentó por ello que a pesar de que los hechos y las declaraciones de implicados "revelan que presuntamente hubo delito", los procesos "arrastran más de seis años".
En todo caso, la imputación formal de Rogelio Martínez, recuerda Quintas, "se produjo en 2008", pero no ha sido hasta ahora, con un auto judicial firmado por tres magistrados "que razona de forma motivada los hechos delictivos", que la situación del delegado adquiere condición de "acusado".
El PSOE cree "sorprendente" que el Juzgado de Ribadavia no incluya el delito de fraude "para nosotros muy documentado".
"No hay nada formal"
El entorno del delegado territorial, manifestó ayer su malestar por la comparecencia de María Quintas y la petición de cese fulminante del cargo público, ya que apuntan que, a fecha de hoy, "no hay ninguna imputación judicial formal" contra Rogelio Martínez por los delitos de malversación y falsedad documental.

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2012/04/19/psoe-exige-cese-rogelio-martinez-acusado-delitos-gran-relevancia/641720.html

scytal

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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #3 en: Octubre 09, 2012, 21:14:12 pm »
Un informe oficial desvela que Feijóo ocultó 400 millones de déficit en 2010

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La Xunta de Galicia desplazó de forma irregular 411 millones en facturas mal contabilizadas del ejercicio 2010 al 2011. Así lo demuestra una auditoría realizada por el Consello de Contas pendiente de aprobación por el pleno de este organismo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Gracias a esta fórmula, la Xunta logró cumplir con el techo de gasto al reducir en siete décimas el déficit presentado al Ministerio de Hacienda que entonces presidía la socialista Elena Salgado.

Según desvela el informe instruido por un exconselleiro de Economía de Fraga, José Antonio Orza, solo el Servicio Galego de Saude invirtió 188,20 millones de euros como “gasto no contabilizado” en 2010 que trasladó irregularmente a los presupuestos de 2011. A ello se suma un análisis aleatorio sobre una importante bolsa de gasto en varias consellerías que reveló que la mayoría de los pagos se imputaron erróneamente de un año a otro, lo que arroja un aplazamiento de gasto de 223 millones. En el resto de departamentos del Ejecutivo de Feijóo, el Consello de Contas también destapó prácticas dudosas. Se da la circunstancia de que la responsable de las cuentas de la Xunta en aquel momento es la actual secretaria de Estado de Presupuestos del Gobierno central, Marta Fernández Currás, fichada por el ministro Cristóbal Montoro poco después de acceder al cargo.

De los 265,7 millones de obligaciones de gasto trasladadas en 2010 a las cuentas de 2011 por ocho departamentos del Gobierno gallego, el 83,95% (223 millones de euros) se cambiaron de ejercicio de un modo anómalo. El cálculo es una estimación que parte del trabajo de los auditores después de que estos analizasen una a una facturas por importe de 111,3 millones de euros emitidas por consejerías y otros organismos oficiales. En ese exhaustivo repaso el órgano de control de las cuentas de la Xunta detectó 93,4 millones mal computados. El trabajo de campo de los auditores dispuso de una muestra inusitadamente elevada, tras analizar el 41,88% de las obligaciones imputadas en 2010 al ejercicio contable siguiente.

En aquella anualidad —y en las posteriores— Feijóo siempre presumió de que la Xunta bajo su mandato entró en el selecto y reducido grupo de comunidades que hicieron los deberes cumpliendo el objetivo de déficit. El techo marcado por el Gobierno central, del 2,4%, no se llegó a rozar en Galicia por tres centésimas (2,37%), y la autonomía resultó la quinta que mejor cumplió con el rigor presupuestario. Semejante aval sirvió al presidente gallego para sacar pecho e inaugurar el mantra que le ha acompañado hasta el fin de la legislatura. La Xunta “ hace más con menos” y Galicia es “una comunidad solvente”.

Sin embargo, de la información de Contas se deduce que los números presentados al ministerio deberían haber sido muy distintos. Los 411 millones que se trasladaron al ejercicio posterior (y se fueron pagando a costa de una menor ejecución presupuestaria) obraron el milagro de evitar que el gasto se disparase siete décimas, hasta el 3,09%. Sin esos apaños contables, la realidad habría sido radicalmente opuesta, Galicia ocuparía el puesto número 11, entre Aragón y La Rioja, en el ranking nacional y habría sido la séptima en incumplir el techo de gasto. Todo ello, como indica el Consello de Contas, gracias a que se ampararon desplazamientos de obligaciones “sin que exista razón de orden económico, contable o presupuestaria que lo justifique”, y fuera de los supuestos en que legalmente se pueden aplazar. De ahí que el documento deslice gran preocupación por la disciplina interna aplicada en el gasto.

El informe también alerta de otra circunstancia: las facturas que se traspasan se convierten en una bola de nieve cada vez más peligrosa que navega de presupuesto en presupuesto y que en algún momento corre el riesgo de estallar. Eso explicaría la premura con que la Xunta está cerrando sus presupuestos, hasta el punto de que en 2011 se agotó en septiembre.

Como ejemplo está la práctica del Servicio Galego de Saúde, que amplió el crédito en 2010 para financiar la farmacia o el personal. “El recurso a este mecanismo, reiterado a lo largo de los años, deriva en buena medida de la insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio, y no incentiva a los gestores para contar con presupuestos realistas”, apunta el informe de Contas, plagado de reproches.

“Estamos ante supuestos de gasto que debieron reconocerse en el ejercicio y respecto de los que procederían los ajustes necesarios tanto en la contabilidad presupuestaria como patrimonial. La práctica totalidad del gasto desplazado que resulta de la revisión responde a este supuesto”, subraya la auditoría. Los reparos a la contabilidad del Ejecutivo de Feijóo no se paran ahí y el organismo de control avisa: “Cabe advertir que resultan preocupantes las carencias del control interno en el seguimiento y la validación del gasto desplazado, que no facilitan una cuantificación fiable del mismo [...]igualmente resulta preciso prestar atención a la dinámica creciente de las imputaciones de gasto de años anteriores, que se incrementan en este ejercicio [2010]y que pueden acabar distorsionando ese resultado presupuestario y también porque, en cualquier caso, afectan negativamente a los presupuestos futuros para atender a las necesidades previstas debido a las cargas arrastradas de ejercicios anteriores”.

Por eso, tras analizar los números de 2010, el Consello de Contas a la hora de certificar que Galicia ha cumplido el objetivo de déficit del 2,4% añade la siguiente coletilla: “Con las necesarias reservas de los posibles ajustes que puedan resultar de este informe”.

Las prácticas contables “arriesgan el resultado presupuestario”, según la auditoría

Su carrera fue meteórica: Marta Fernández Currás, una gestora considerada dentro del ala más solvente del equipo de Alberto Núñez Feijóo, comenzó a hacer valer su gestión con el bipartito en el Gobierno de la Xunta como interventora general de la comunidad autónoma. Tras un fuerte desencuentro con el entonces conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, pasó a un segundo plano hasta que fue rescatada por el actual presidente gallego para tomar las riendas de la Consellería de Facenda tras la segregación de la rama industrial. Ella fue la artífice de medidas como la ley de techo del gasto, la creación de la Agencia Tributaria Galega o la factura electrónica, además de pilotar la fusión de las cajas de ahorros basándose en los datos de una auditoría que se confirmaron irreales.
Tras la victoria de Mariano Rajoy su ascenso siguió imparable, esta vez hacia el mismísimo equipo encargado de programar las cuentas de España en los años más duros de la crisis como secretaria de Estado de Presupuestos. Ella es ahora la mano derecha del ministro Cristóbal Montoro.
Sin embargo, la buena estela que dejó —Feijóo basa buena parte de su balance en la gestión de Currás— recibe un jarro de agua fría en las recomendaciones del Consello de Contas. Para empezar porque la práctica cada vez más común de desplazar importantes bolsas de gasto de un año a otro “exige prioritariamente incrementar las medidas de control interno”, que aseguren una cuantificación “fiable”, del gasto que se desplaza. No solo eso: advierte de que esas prácticas pueden poner en riesgo “el resultado presupuestario”, y disminuir la capacidad “para atender a las necesidades previstas en ejercicios futuros debido a las cargas arrastradas de ejercicios anteriores”.
No se queda ahí. Entre otras cosas, llama la atención del “importante incremento”, experimentado por el endeudamiento en ese ejercicio, por lo que recomienda una “mayor concreción de los supuestos en los que se puede revisar el endeudamiento autorizado”. También llama la atención sobre una fórmula muy de moda en la última legislatura: el pago de infraestructuras a través de “fórmulas de colaboración público privada”, como ocurre con el hospital de Vigo, y del peligro de que lastren los próximos presupuestos. Por último, apela a la “transparencia” y a la homogeneización con la contabilidad nacional.
Galicia comenzó la última legislatura con 4.282 millones de deuda, ahora son 7.300. La proporción sobre el PIB ha crecido del 7,7% al 12,8%, y está tres décimas por debajo de la media nacional. La deuda de los organismos autónomos no se ha reducido y casi 3.000 millones se han comprometido por la colaboración con empresas privadas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/08/galicia/1349730571_170023.html

scytal

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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #4 en: Abril 01, 2013, 00:29:12 am »
EL NARCO Marcial Dorado era proveedor de combustible para calefacción del Servicio Gallego de Salud (SERGAS, dependiente del Ministerio de Salud) "entre 1991 y 1996", dice GS fuentes de compromiso con la India. El partido político gallego recuerda que las imágenes del Presidente sobre el narcotraficante yate que publica hoy El País es 1995.

Alberto Núñez Feijoo fue Secretario General del Ministerio de Salud, de 1991 a 1996. Si algunas informaciones gallego partido, el número dos sería SERGE vacaciones en un yate detenidos en la Operación cangrejos mientras que las empresas traficante de drogas proporcionó material para la Administración codirixía Feijoo.

http://www.galiciaconfidencial.com/nova/13814.html


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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #5 en: Abril 03, 2013, 11:33:36 am »
continuando un poco con lo de los capos gallegos y el PP....


Un funcionario que hizo negocios con narcos nombrado Jefe de Servicio en la Xunta de Galicia

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Una subvención hidroléctica otorgado por la Junta a dedo a la esposa del ex líder del PP de Caldas de Reis se encuentra ahora en manos de José Alberto Aguiño Magdalena, conocida como rubí de Aios. Aguiño Magdalena fue  encausado en los cangrejos de operación como número dos narcotraficante Sito Miñanco. El  rubí de Aios  es un administrador de minicentral, que se han verificado GC Registro.

El ex líder del PP jarabe, el oficial Evaristo Juncal, renunció en 2010 a su cargo de jefe del Departamento de Medio Ambiente e Infraestructura. Lo hizo cuando Él reveló país que había hecho negocios con personas relacionadas con el tráfico de drogas, incluyendo Marcial Dorado, el delincuente estaba de vacaciones Alberto Núñez Feijóo , y  Rubio de Aios.
 
Curiosamente, después de salir de este post. Evaristo Juncal no regresaron a su lugar de empleado.
 
Juncal segue ocupando un cargo de responsabilidade
 
Fuentes sindicales informaron de que la Junta nombró GC responsable de Protección Civil de Pontevedra. Consultado por GC, los portavoces de los funcionarios del Gobierno gallego afirman que "Evaristo Juncal, un funcionario de la administración regional, toma el liderazgo del servicio de emergencia, en la provincia de Pontevedra acerca de dos años."
 
Es decir, el gobierno de Feijoo degradouno pasó delegado provincial de la cabeza del consejo provincial de servicio - pero no separada de responsabilidad, como cabría esperar de una persona que ha hecho negocios con testaferros de drogas.
 
El teulle Galicia un puesto de responsabilidad en situaciones de emergencia, a pesar de no ser especializado o con experiencia para esta tarea. Lo que comúnmente se conoce como una "patada".
 
Conceder el dedo a la empleada
 
Hay que tener en cuenta que la hidroléctrica premio dado a dedo.Era 1999 y la Junta de tracción distribuida a través de autorizaciones administrativas, sin concurso, lo que facilitó la especulación. 5.000 kilovatios hora Oca Río fue a la esposa del oficial, que entonces era ya PPdeG local responsable y más tarde se convirtió Gobierno senior.
 
La empresa en cuestión se llama Energy Resources Engineering, SL y, como se había anticipado El País en 2010, es la minicentral sólo tiene la familia política del PP personas vinculadas al tráfico de drogas.
 
En 2011 se puso en marcha el centro de Río Bar en Coles con 1.275 megavatios. Es operado por Minicentrales 2000 SL, empresa de la que es administrador Villa Maria Luisa Fabeiro, viuda del Patoco condenado a ser igual a su marido por tráfico de drogas. Esto se contrasta por hoy GC Registro.
 
Él también hizo negocios con el fallecido Cruz, el común amigo Feijoo y narco
 
Además, Evaristo Juncal hizo negocios con Manuel Cruz. Este es el conductor de la Junta presentó Núñez Feijoo narcotraficante Marcial Dorado.
 
El presidente admitió el lunes que eran amigos de la Cruz fallecido (murió en un extraño accidente circunstancias), pero dijo que desconocidos fuera mandante Dorado. En particular, el Juncal vendió el entorno familiar Dorado JF Oil Company, que ahora se llama jarabe de Gas.
 
Gracias a las contribuciones de los lectores , GC publicar nuevos datos en los próximos días, de las relaciones económicas de la familia de las posiciones PPdeG con personas supuestamente relacionadas con el blanqueo de capitales.

http://galiciaconfidencial.com/nova/13827.html

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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #6 en: Abril 03, 2013, 15:00:56 pm »
La cosa tiene miga, Feijóo sabía desde hace tiempo, y lo reconoce, que estaba siendo coaccionado al respecto de este asunto, ¿por qué no lo puso en conocimiento de la Justicia? en su posición, un cargo público desde hace muchos años, no puede permitir el ser coaccionado, además, ¿con qué fin estaba siendo coaccionado? ¿por quién? preguntas interesantes que se quedan sin respuesta.


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/04/03/feijoo-sobre-fotos-dorado-infamia-termino/0003_2013041364985663983841.htm

Feijoo sobre las fotos con Marcial Dorado: «La infamia terminó»

«La infamia terminó». El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijoo considera que las declaraciones realizadas por el juez Vázquez Taín a una emisora de radio demuestran que las fotografías en las que aparece en compañía de Marcial Dorado no son más que eso, fotografías y que dijo la verdad desde el primer momento.

El juez calificó las instantáneas de irrelevantes. Feijoo recordó que Vázquez Taín es el juez que investigó y encarceló a Dorado. «No tengo nada que añadir», concluyó.

Alberto Núñez Feijoo llegó a ofrecer en el 2003 su dimisión por las fotos con Marcial Dorado. Entonces, cuando era conselleiro de Política Territorial, puso su cargo a disposición de Manuel Fraga por las imágenes con el contrabandista. Fraga reaccionó al ofrecimiento ordenando a un estrechísimo colaborador suyo que indagase directamente en fuentes jurídicas sobre la trascendencia real de aquellas instantáneas, acerca de sus posibles implicaciones. «Se me dijo que eran irrelevantes, sobre todo, para el caso. Tan poca importancia les dieron, que se quedaron en la casa donde estaban», revela el encargado de realizar esa gestión. Cumplida la encomienda, el intermediario trasladó la información recabada a Fraga, quien se ratificó en la decisión que medio tenía tomada, o sea, descartar una dimisión de Feijoo.

Feijoo comparecerá en el Parlamento la próxima semana para dar explicaciones sobre las imágenes con Marcial Dorado. Serña el próximo miércoles a las diez de la mañana. La comparecencia estará abierta a preguntas. A cambio, en la reunión celebrada ayer por la Xunta de Portavoces del Parlamento, el PP puso la condición de que la oposición renunciara a las cuestiones que suelen plantear en la sesión de control (los grupos ya habían registrado algunas relacionadas con las fotografías de Feijoo y Marcial Dorado).

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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #8 en: Abril 05, 2013, 14:15:50 pm »
Y al fin se empieza a mentar lo "innombrable"

http://www.publico.es/453028/los-capos-discutieron-en-cambados-cuanto-aportarian-a-alianza-popular

Si, qué poca memoria tenemos, ¿"narcos galegos", "barco", "político"? y en seguida me vino a la memoria cierta foto... Feijóo no fué el único que se subió a un barco...
http://www.infoguadiato.com/index.php?page=22&ampliar=3356&p=22
No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma

Bocanegra

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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #9 en: Abril 08, 2013, 23:19:42 pm »
Hola a todos, creo que esto podría ir aquí y no lo he visto por otro sitio.Si está repetido lo elimino.Lo descubrí gracias a CdE en Bbj.


http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/411183-regimen-del-78-y-narco-politica-de-fraga-a-feijoo.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/05/actualidad/1365191629_786463.html

Política de contrabando
 

Políticos de la derecha y contrabandistas se reconvirtieron en 'narcos' en los ochenta y noventa
 
Entretejieron relaciones al calor de un actividad consentida socialmente en Galicia
 


Elisa Lois / Sonia Vizoso 7 ABR 2013 - 00:00 CET133

El narcotraficante Laureano Oubiña pasó 11 años en la cárcel por la organización de tres entradas de alijos de hachís. / Miguel Riopa


Un atribulado consejero de Manuel Fraga llamado Alberto Núñez Feijóo se presentó en 2003 ante el gran patrón de la derecha española, entonces presidente de la Xunta de Galicia, para tratar un asunto delicado. Acababa de saber que en un registro policial de la espectacular mansión del narco Marcial Dorado, en la Ría de Arousa, habían aparecido en un cajón unas fotos suyas con el capo en los años noventa, cuando aún no había dado el salto al negocio de la coca y se dedicaba al contrabando de tabaco. “¿Sabe usted por qué se llamaba Ligero el alcalde de A Guarda?”, le preguntó Fraga en referencia a Manuel Díaz González, alias Ligero, regidor de esta localidad pontevedresa por Alianza Popular (AP) en los años ochenta y amigo personal del exministro franquista. “Pues porque corría muy rápido delante de la Guardia Civil cuando hacía contrabando con Portugal”.
 
Feijóo esgrimió este episodio de su vida política el pasado martes en una entrevista en Onda Cero para, con el amparo póstumo del difunto fundador del Partido Popular (PP), restar importancia a la amistad que mantuvo cuando era un alto cargo del Gobierno gallego con Marcial Dorado, destapada en unas fotos publicadas por este periódico. Las palabras del dirigente popular desentierran una época oscura de la derecha gallega, esas décadas de los ochenta y los noventa en las que política y contrabando compartían en Galicia mantel, despacho y condecoraciones.
 

En 1983, la primera gran redada contra los contrabandistas acabó con la mayor parte de ellos huidos en Portugal
 
En los años ochenta, la simbiosis entre los tabaqueros y la clase política de la AP de Fraga era aceptada socialmente en la costa del sur de Galicia en la misma medida que esta actividad ilegal se implantaba en el tejido económico del que vivían sus vecinos. El fenómeno del tráfico ilegal de tabaco en la provincia de Pontevedra no se puede entender sin conocer sus raíces y el momento social y político en el que surgió, mucho antes de que a Vilagarcía de Arousa, su principal centro de operaciones, se le conociese como Villa Winston o Villa Mercedes.
 
El contrabando que dio paso al narcotráfico es hijo a su vez del estraperlo de los años setenta, un tráfico, penalizado aunque inofensivo de diversos géneros —incluidas las cajetillas— que en aquellos tiempos escaseaban en Galicia y que fluían con facilidad entre los pueblos de las Rías Baixas, fronterizas con Portugal. Así nació un negocio próspero, alimentado por empresarios relacionados con la hostelería, los transportes o la pesca. Según informes policiales, el padrino de este tráfico de bienes con el país vecino fue un amigo personal de Manuel Fraga, un hombre poderoso, carismático y muy respetado por los que supuestamente serían sus pupilos en el negocio: Vicente Otero, Terito o don Vicente, siempre impecablemente trajeado y cuidadoso con su arreglo personal para que no se le asomase una cana. Su mano derecha y protegido se llamaba José Manuel Nené Barral, que desde 1983 fue alcalde del municipio de Ribadumia por AP. Nené caería en desgracia 18 años después truncando su larga carrera política.
 



El narcotraficante Laureano Oubiña pasó 11 años en la cárcel por la organización de tres entradas de alijos de hachís. Aún tiene pendientes causas por blanqueo de capitales. Compartió mesa con Manuel Fraga en eventos en Portugal.
 
Con una potente empresa de transportes, Terito se colocó en las altas esferas de las finanzas y del poder. Amigo de Fraga desde que este comenzó a dirigir los destinos de Alianza Popular, Vicente Otero organizaba encuentros multitudinarios para agasajar al entonces jefe de la oposición en España durante sus frecuentes visitas a la Ría de Arousa, una comarca donde el Partido Popular sigue hoy disfrutando de una aplastante mayoría.
 
El parador de Cambados fue escenario muchas tardes de estas reuniones con las que el presunto contrabandista honraba a Fraga, en las que también se dejaba ver la flor y nata del incipiente tráfico de tabaco americano. Terito movía una enorme cantera de votos y se implicó hasta tal punto en el proyecto de Fraga que don Manuel llegó a condecorarle con la medalla de oro y brillantes del partido. Al igual que el resto de presuntos contrabandistas de la época, don Vicente fue objeto de múltiples informes policiales pero nunca llegó a estar procesado en ningún sumario, pese a que el juez Baltasar Garzón, al igual que le ocurrió a Marcial Dorado, ordenó en 1990 su detención dentro de la Operación Nécora contra el narcotráfico a raíz de un falso testimonio del arrepentido Ricardo Portabales.
 
Las relaciones entre los contrabandistas y Alianza Popular se estrecharon porque la persecución se intensificó cuando Felipe González alcanzó la presidencia del Gobierno, en 1982. En octubre de ese año, un juez de Cambados, José Luis Seoane Spiegelberg, ordenaba por escrito a la Policía Judicial que investigase la retención ilegal, apaleamiento y encierro en un camión frigorífico de un industrial de Valladolid, Celestino Suances, que adeudaba al clan de Los Charlines —entonces dedicado al contrabando, después al narcotráfico— unos cuantos millones de pesetas.
 

Los contrabandistas recurrieron a un letrado de Vilagarcía, Pablo Vioque, que se hizo con la Alianza Popular local
 
La reconstrucción de los hechos que alarmaron al juez llegó, junto la documentación y pinchazos sobre la actividad de los grupos tabaqueros, al despacho del gobernador civil de Pontevedra, el socialista Virginio Fuentes. Un año después, en diciembre de 1983, se desató la primera y mayor redada contra los contrabandistas, que provocó la estampida de casi todos los jefes y lugartenientes a Portugal, a excepción de alguno como Sito Miñanco —que también acabó en el narcotráfico—, detenido antes de que pudiera huir. De aquel macrosumario por delitos económicos quedaron fuera, sin embargo, Vicente Otero; su mano derecha, el exalcalde popular Nené Barral; y los después condenados por narcotráfico Laureano Oubiña; Luis Falcón, Falconetti; Manuel Carballo Jueguen, El Gavilán; y Los Charlines. Por Arousa se extendió la leyenda de que eran “intocables”. Pero duró poco tiempo: años más tarde todos, a excepción de Terito, pasaron por la cárcel.
 
La cruzada contra la mafia contrabandista había comenzado. El Gobierno de la época no ocultaba su interés en apretar el acelerador con la esperanza de convertir en votos en Galicia la lucha contra los delincuentes. Pero en las Rías Baixas reinaba la complacencia social con los contrabandistas. Era una práctica extendida con la que muchas familias ganaban y generaba riqueza para el resto de los vecinos, que fueron embargados por el silencio. Si los movimientos de los tabaqueros ya eran favorables a la causa política personalizada en Manuel Fraga, después de la redada de 1983 los apoyos se multiplicaron. Eso sí, las aportaciones de los contrabandistas a las campañas electorales constituían una información tan reservada como la hora o el lugar de una noche de descarga de mercancía.
 



Toño Arias

Sito Miñanco en 1990 en el campo de fútbol que sufragó. De tabaquero a narco, fue el capo más internacional. Contribuyó a las campañas de Manuel Antonio Noriega en Panamá.
 
Los que consiguieron huir del primer golpe policial al contrabando en Galicia cruzando la frontera con Portugal, entre ellos Marcial Dorado, protagonizaron una anécdota para la historia. Tanto la banda de Dorado como las otras dos grandes del negocio —ROS y Sito Carnicero— se instalaron en un hotel de la localidad lusa de Viana do Castelo, donde recibían la visita de sus familiares. Allí aguardaron varios meses a que las cosas se calmaran. Uno de aquellos días de larga espera, los contrabandistas gallegos observaron con sorpresa la llegada del entonces presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, de Alianza Popular, de viaje oficial a Portugal. El propio Albor recuerda el tumulto que se creó a su alrededor. Saltándose el protocolo, los contrabandistas tuvieron unos minutos para explicarle a su presidente por qué estaban allí, “injustamente perseguidos por la justicia”. La reacción de Albor fue invitarles a que abandonasen el exilio y se entregasen. Un año después de que se produjera esa charla entre los delincuentes y el mandatario gallego, Marcial Dorado decidió volver a Galicia pagando una fianza de 20 millones de pesetas por su libertad. Fue el primero en hacerlo. Después le siguió el resto.
 
Tras la corta estancia en prisión de los capos del contrabando en Galicia, la entrada del tabaco ilegal, que se había ralentizado durante su exilio en Portugal, experimentó una rápida recuperación. El negocio llegó a su apogeo a mediados de los ochenta y la prosperidad se prolongó durante una década. Las bandas ya fragmentadas se multiplicaron, mientras se reinvertía parte de las ganancias en una especie de I+D que comprendía la construcción de planeadoras más veloces y equipos de comunicación más eficaces. El salto al narcotráfico llegó como consecuencia de la reforma de la Ley del Contrabando en 1983, con la que se endurecieron las penas para los contrabandistas. A partir de entonces, era más castigado transportar cien cajas de tabaco que cien kilos de hachís.
 

El alcalde popular de Ribadumia, mano derecha de un capo del tabaco, fue detenido en 2001 tras 18 años en el cargo
 
Mientras la brecha entre los contrabandistas y el PSOE aumentaba por la presión policial, el otro hombre supuestamente clave del tráfico de tabaco en Galicia, Nené Barral, ganaba la alcaldía de Ribadumia, un cargo que ocupó de 1983 hasta que fue detenido en 2001 por una causa que está aún pendiente de juicio. La mano derecha de Terito, intocable en el primer sumario de la historia por contrabando, era, según informes policiales, el hombre que abrió los contactos entre el puerto de embarque del tabaco, Amberes, y Galicia. El joven regidor causaba fascinación entre sus convecinos, que le dieron la mayoría absoluta durante los casi 20 años que permaneció en el cargo.
 
Nené Barral forjó su propia cantera de seguidores y colocó a su hermano Feliciano Barral en la ejecutiva local de Alianza Popular. De esta escuela salió Rafael Louzán, el actual presidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, al que Barral introdujo como socio suyo en algunos negocios. Louzán fue colocado por el presunto alcalde-contrabandista como conserje en el Ayuntamiento de Ribadumia, desde donde dio el salto a la Diputación pontevedresa, que acabó presidiendo. Cuando Nené Barral y su hermano fueron detenidos en 2001 dentro de la operación de contrabando internacional que está pendiente de juicio, Louzán sucedió al hermano del alcalde al frente del partido. Para entonces ya no figuraba en ninguna sociedad junto al que fuera su jefe.
 




El abogado de los contrabandistas, Pablo Vioque, miembro de AP, manejó los hilos del poder en Ayuntamientos gallegos. Terminó con una condena de 18 años de cárcel por narcotráfico.
 
Enredados ya con la ley, los contrabandistas gallegos recurrieron para su defensa a un abogado con despacho en Vilagarcía de Arousa: Pablo Vioque, un extremeño residente en Galicia y militante de Alianza Popular que acabó en prisión por narcotráfico. Vioque combinó la defensa de todos los tabaqueros procesados con la preparación de un asalto al poder en la ejecutiva local del partido fundado por Manuel Fraga. El letrado había llegado a la localidad pontevedresa con grandes pretensiones de dinero y poder y se colocó como secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía. La maniobra que en 1985 le sirvió para destituir a la dirección local de AP consistió en la afiliación en un día de 115 nuevos militantes, algunos presuntamente vinculados al contrabando y luego al narcotráfico. Al golpe de mano se opuso el entonces presidente de la Diputación de Pontevedra, Mariano Rajoy, que abandonó el cargo a finales de 1986 cuando Vioque ya manejaba los hilos del poder local. El ahora presidente del Gobierno de España y el narco infiltrado en política siempre mantuvieron malas relaciones.
 
La onda expansiva de la que se conoció como Operación Arousa llegó a Madrid y forzó una visita del propio Fraga y otra del que entonces era su delfín, Jorge Verstrynge, al balneario de la playa Compostela para intentar calmar los encendidos ánimos de los afiliados tradicionales. Fraga se decantó finalmente por la militancia antigolpista y Vioque, arrinconado y ávido de venganza, se fue de AP y se alineó en las filas de Coalición Galega, el partido del exvicepresidente de la Xunta Xosé Luis Barreiro.
 



Vicente Otero, 'Terito' o 'don Vicente', apadrinó el tráfico de tabaco entre Galicia y Portugal y fue amigo personal de Manuel Fraga, a quien agasajó con encuentros multitudinarios.
 
El dinero que amasaron los contrabandistas gallegos engordó al calor de otros negocios. En 1984, otro célebre capo del tabaco, Luis Falcón, Falconetti, logró, gracias a las habilidades de su abogado, que el Ayuntamiento de Vilagarcía que presidía por AP José Luis Rivera Mallo —hoy senador y presidente de la Comisión para el Estudio del Problema de las Drogas— le apoyase en sus proyectos urbanísticos y hosteleros. En aquel envite, el pleno aprobó la construcción del primer bingo de la comarca, en el barrio antiguo del municipio, pese a que el secretario hizo constar que era “una ilegalidad manifiesta”. Tres años después entró en la cárcel por un alijo de hachís.
 
Otro político controvertido de la derecha fue Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove durante casi dos décadas por Alianza Popular y por partidos independientes. En las causas judiciales en las que se vio inmerso por denuncias de la oposición recurría al narco Vioque como abogado. En 1991, cuando acababa de ganar de nuevo las elecciones por una formación independiente, Bea fue detenido por narcotráfico, mientras el pleno le esperaba para tomar posesión en una esperpéntica sesión de investidura. Finalmente fue condenado por blanqueo.
 
En 1989 Fraga funda el Partido Popular y gana las elecciones en Galicia. Aclamado por sus éxitos entre la clientela contrabandista, Vioque llegó a multiplicar sus influencias en la Xunta. Se encargaba de organizar mítines y recaudar fondos y se jactaba de que los chóferes de algunos consejeros del Gobierno de Fraga venían expresamente a la ría de Arousa a recoger las gratificaciones que lograba para las campañas electorales.
 




Marcial Dorado, encarcelado por narcotráfico, acogía en sus fiestas a militantes del PP. Amasó una fortuna con negocios de contrabando.
 
Las idas y venidas de políticos a la ría de Arousa para reforzar la presencia del partido dejaron de ser un secreto a voces. Existen informes policiales donde se detallan encuentros en lugares públicos entre destacados miembros del PP y contrabandistas a los que los agentes hacían seguimientos. El entonces gobernador civil de Pontevedra, el socialista Jorge Parada, que dio una vuelta de tuerca en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, recibía continuamente información confidencial de sus espías. Parada incluso llegó a enviar algún recado al entorno de determinados políticos para advertirles de que las compañías que frecuentaban vendían algo más que tabaco.
 
Desde la Cámara de Comercio de Vilagarcía, el joven secretario Vioque seguía extendiendo sus tentáculos. Los actos de promoción empresarial de la entidad le servían de pretexto para invitar al presidente Fraga. En algunos de estos eventos, el fundador del PP llegó a compartir mesa en Portugal con personajes como Laureano Oubiña, otro hombre clave del contrabando y narcotráfico en Galicia. Mientras el astuto letrado se codeaba con la flor y nata de la Xunta, organizaba la llegada de un cargamento de 2.000 kilos de cocaína. En 1991 fue asesinado el tesorero de la cámara: unos sicarios lo mataron porque lo confundieron con Vioque. El narco sobrevivió por un golpe de azar, pero terminó en la cárcel.
 



José Manuel Barral, 'Nené', alcalde por AP de Ribadumia, fue detenido en 2001 relacionado con el contrabando.
 
Los traficantes de la Galicia de los noventa siempre se preocuparon de estar rodeados de políticos. Sito Miñanco, otro confeso jefe tabaquero luego convertido en narco, buscó el calor del poder incluso entre políticos extranjeros. Miñanco llegó a financiar el campo de fútbol de Cambados, pagó el altar y demás mobiliario sacro de la iglesia de su pueblo y fue reclutado por Pablo Vioque para satisfacer sus compromisos con el poder. El capo más internacional de la época reconoció que había contribuido económicamente a las campañas del presidente Manuel Antonio Noriega en Panamá y se dejó fotografiar con el embajador de España en el país centroamericano, al que viajaba por “negocios”. Tampoco Marcial Dorado negó sus amistades con el PP y a sus fiestas acudían reconocidos militantes de su pueblo que nunca han renegado de su relación. Fue precisamente un militante del PP de Ferrol, Manuel Cruz, que combinaba su trabajo como chófer de consejeros de la Xunta de Fraga con negocios con Dorado, el que le presentó a Feijóo. Cruz, que fue chófer del exministro y exconsejero del Gobierno gallego José Manuel Romay Beccaria, solía ir a A Illa de Arousa, donde residía su socio Dorado y también participaba en comidas y reuniones con compañeros del partido en la zona.
 




Al capo Luis Falcón, 'Falconetti', lo apoyó en sus proyectos urbanísticos el Ayuntamiento de Vilagarcía, cuyo alcalde era José Luis Rivera Mallo, hoy senador y presidente de la comisión de la droga.
 
En los noventa aterriza en el territorio contrabandista de Arousa uno de los cerebros de la trama Gürtel: Pablo Crespo, colaborador del entonces consejero de Obras Públicas José Cuiña, que llegó a competir con el narco Pablo Vioque por el trono del rey de las intrigas en la ría. El trío que un día acabó con la paciencia de Fraga, el formado por Cuiña, Crespo y Vioque, se confabuló para preparar otra maniobra golpista y descabalgar de la cúpula del partido en la comarca al exalcalde Rivera Mallo, que acabó abandonando por un tiempo la militancia. Crespo asumió entonces la presidencia del PP local, de la que se retira en 1995 para dar el salto a Santiago y ocupar hasta 2003 la secretaría de organización de los populares gallegos. Una carrera meteórica que acabó en prisión. Ahora se investiga su participación en la trama ilegal de financiación del PP relacionada con los apuntes del extesorero Luis Bárcenas.
 
En 1996, Fraga ordenó la fulminante destitución de Pablo Vioque en la Cámara de Comercio de Vilagarcía. La maniobra, orquestada en la sombra por José Cuiña y Pablo Crespo, fue muy oportuna: un año después, el juez Baltasar Garzón detuvo al abogado y lo embarcó en una larga travesía judicial que terminó con su fallecimiento en diciembre de 2008. Vioque se llevó a la tumba los secretos que tantas veces amenazó con desvelar, aunque dejó una sorpresa para el final. Ya en estado terminal por una enfermedad, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía Anticorrupción, que le facilitó una nueva identidad para declarar contra el capo de la mafia rusa Kalashov. Este pacto final con la justicia y el hecho de que no exista certificado de su defunción ha sembrado incluso dudas sobre si Pablo Vioque está vivo o muerto. Años después de hacerlo con el narco, Fraga destituyó a Cuiña y a Crespo de sus cargos en el partido y en la Xunta para abrir paso a Feijóo, que llegó en 2003. Fue entonces cuando el ahora presidente de la Xunta le confesó al patrón el gran secreto: su vieja amistad con un célebre contrabandista llamado Marcial Dorado.



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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #10 en: Abril 26, 2013, 13:09:24 pm »
En relación con este tema, ,os dejo esta noticia aparentemente inconexa, pero que no lo está. El tal Maceiras es un personaje bien conocido, por una parte, por sus estrechas relaciones con el narco en las Rías Bajas, y por el otro, por su estrecha relación con el PP, hombre pagador de comilonas y lo que se tercie donde los haya.

El País: Una redada contra un fraude forestal coge al principal acusado fuera del país

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/24/galicia/1366816127_753249.html

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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #11 en: Mayo 17, 2013, 10:39:54 am »
La ley prohíbe la trituración masiva de contratos que alegó Feijóo


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Estupefactos dejó ayer Feijóo a los archiveros de la Xunta cuando, apelando a sus conocimientos de Derecho Administrativo, afirmó en el Parlamento que la Administración no conserva ningún expediente anterior a 2003 porque la ley solo obliga a custodiarlos durante diez años. Lo hacía para disculpar que su Gobierno no facilite el listado de adjudicaciones realizadas por el Sergas en los noventa, en aquellos años en los que él era número dos de este organismo y compañero de vacaciones y amigo del contrabandista Marcial Dorado. La Lei de Patrimonio Cultural, sin embargo, dice algo muy distinto. “Integran el patrimonio documental de Galicia los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo de carácter público existente en Galicia, así como por personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos (...)”, dictamina esta norma en su artículo 77. Y en el 80.3 remacha: “Bajo ningún concepto se podrán destruir los documentos mientras subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas y de los entes públicos”.

“Si es cierto lo que dice el presidente de la Xunta, malo, porque es ilegal”, advierte Toño Fernández, funcionario del cuerpo especial de archivos de la Xunta y miembro de la junta de personal por la CIG. Los expedientes de contratación de la Xunta solo podrían ser destruídos, explica, tras ser valorados por una comisión de evaluación que aún no ha sido creada en Galicia, una comunidad que carece incluso de una ley de archivos que ordene la custodia de documentos públicos bajo el criterio de funcionarios especializados, no de políticos.

Fernández explica que si la Administración funcionase como dice Feijóo, triturando todos los expedientes públicos con más de diez años de vida, Galicia no tendría historia. Las toneladas de documentos administrativos que se generan en la comunidad tienen su ciclo vital: durante el primer lustro de existencia se conservan en las oficinas donde se generaron; durante otro periodo que puede durar de cinco a 15 años se custodian en el archivo de la consellería de turno; de ahí pasarn al Arquivo Xeral da Xunta, una nave en el polígono del Tambre de Santiago con casi 11 kilómetros de estanterías, el lugar donde se tendría que decidir si los documentos tienen valor histórico y deben ser preservados en el Arquivo de Galicia, con sede en la Cidade da Cultura.

Pero Fernández admite que en esta cadena la Administración gallega no es un ejemplo de diligencia en la conservación de documentos y que existe bastante descontrol por la falta de personal especializado. No todas las consellerías cuentan con técnicos de la escala de archivos y los expedientes pasan por diversas manos, incluidas las de empresas contratadas temporalmente para esa labor. “En ese maremagnum puede haber eliminaciones o documentos que se pudren...”, denuncia el archivero de la Xunta.

El asunto de las fotos de Feijóo con el contrabandista más célebre de las rías baixas volvió ayer de nuevo al Parlamento. La oposición había reclamado cuando estalló el escándalo documentación a la Xunta sobre la red de proveedores de combustible e informática de los hospitales gallegos durante los noventa cuando el ahora presidente de la Xunta compartía jornadas de navegación, viajes al extranjero y fiestas con Marcial Dorado y el testaferro de este, Manuel Cruz, a la vez chófer de la Xunta. Lo que el PSOE trata de determinar con esa documentación es si en la madeja de sociedades de Dorado y Cruz hubo alguna empresa que vendiera gasoil para la la calefacción a los centros sanitarios gallegos, una sospecha muy extendida entre los socialistas gallegos.

Pero los papeles que reclamó el PSdeG no van a llegar a corto plazo a la Cámara. En lugar de enviarlos, la Consellería de Sanidad envió ayer al Parlamento al secretario general, Antonio Fernádez Campa, a justificar por qué su departamento no remitió esa documentación. En hora y media de comparecencia, el alto cargo de Sanidade se sometió a las preguntas de la oposición pero no llegó a aclarar si los papeles fueron destruidos, como dio a entender el presidente el miércoles en el hemiciclo cuando dijo: “Nada hay anterior a 2003”.

El secretario general alegó que los expedientes solicitados por los socialitas corresponden a “16.000 operaciones contables por un importe de 96,5 millones de euros y 600 terceros”. “Es inmanejable”, explicó en varias ocasiones. En ningún momento alegó cómo sí hizo Feijóo que todas las facturas anteriores a 2003 fueron destruidas. El número dos de la consellería argumentó que “con carácter general las operaciones contables, transcurridos seis años, se pueden expurgar”. Detalló que el “procedimiento de archivo fue modificado en 2000 por una circular en la que se establecían las normas de la documentación a remitir al Consello de Contas y de cómo conservarlas. No toda la documentación tiene que ser expurgada”. La explicación monopolizó su comparecencia, con exposición inicial y dos turnos de respuestas a los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSdeG, AGE y BNG). Los partidos de la oposición tacharon de burla y espectáculo lamentable la actitud de la Xunta y anunciaron que seguirán reclamando la documentación al Parlamento por los cauces reglamentarios.

Visto que no hay rastro de los papeles que pedían, socialistas, nacionalistas y AGE preguntaron varias veces a Fernández Campa, que ahora ocupa el mismo puesto que tenía Feijóo durante su amistad con Dorado, si vería razonable relacionarse también él con un narco detenido varias veces por contrabando. No encontraron respuesta.

El presidente amenaza con querellas a Beiras

XOSÉ HERMIDA
Alberto Núñez Feijóo ha pedido muchas veces la dimisión de rivales políticos en los últimos años. En la campaña que le llevó al poder, en 2009, se la exigió al entonces vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, por su famosa foto en un yate con el constructor Jacinto Rey. Antes había reclamado, entre otros varios, el cese de la conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, después de que el propio PP se querellase contra ella por la adjudicación de la autovía del Barbanza, un asunto que acabó archivado. Más recientemente, pidió que el PSOE excluyese a José Blanco de las listas a las últimas elecciones generales por su imputación en el caso Campeón. Pero esta vez el presidente de la Xunta no va a reclamar que se vaya el alcalde de Lugo, el también socialista Xosé López Orozco, después de que la juez Pilar de Lara le implicase en un supuesto cobro de sobornos. ¿Y por qué no pide la dimisión de Orozco? “Esa no es mi forma de hacer política”, explicó ayer en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta.
Ahora Feijóo ya no es látigo del despilfarro del bipartito ni del “sultán de Monte Pío”, como llamaba su partido al expresidente Emilio Pérez Touriño. Ahora el presidente es un hombre que se siente vilipendiado. “Me tratan como un delincuente”, se quejó ayer a propósito de las acusaciones que recibe por su vieja amistad con el contrabandista Marcial Dorado. Y Feijóo ya no quiere ejercer de azote sino de defensor “de las instituciones democráticas” contra las “infamias” de sus adversarios.
Pero el presidente se está pensando muy en serio pasar a la ofensiva. Ayer confesó que desde hace tiempo algunas personas y algunos “artículos de opinión” que lee en la prensa le recomiendan que emprenda acciones legales por la escalada de ataques de la oposición. Especialmente, del líder de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), Xosé Manuel Beiras, quien le ha llamado desde “narcopresidente” a “chulo de barra americana”. Por eso está “pensando y reconsiderando” su decisión inicial de no acudir a los tribunales para defender su honor y “el de la institución”. Además, Feijóo está convencido de que eso es lo que pretenden sus adversarios. “Hace tiempo que la oposición está buscando la imagen de verse con el presidente de la Xunta en un juzgado”, sostuvo. Y al comprobar que “se están sobrepasando todos los límites”, advirtió de que “esa posibilidad empieza a ser razonable”.
Ante la insistencia de los periodistas, Feijóo no quiso poner nombres a los posibles destinatarios de sus acciones judiciales. Pero su discurso apuntó tácitamente a Beiras y sus compañeros de AGE. “Las imputaciones de delitos ustedes las escuchan todos los días y saben que es incompatible ser presidente de la Xunta y narcotraficante. El narcotráfico es un delito”, enfatizó, por si a alguien le quedaba alguna duda.


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Re:Feijóo ‘perdona’ una multa de tres millones a la firma de Telmo Martín
« Respuesta #12 en: Mayo 17, 2013, 11:14:03 am »
Una líder de CCOO en Galicia también estaba en el yate con Feijóo y Dorado


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No todo eran vacaciones en el barco de Marcial Dorado. En la embarcación del narcotraficante gallego también se hablaba de trabajo. En dos de las fotos publicadas recientemente por el diario El País, junto al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aparece una mujer —con un bikini amarillo en una y vistiendo abrigo blanco en otra— que por aquel entonces era la responsable de Sanidad de CCOO en Galicia. María Xosé Alende Maceira tenía una relación sentimental con el entonces número dos de la Consellería de Sanidade de Galicia. Así lo confirman fuentes del sindicato, que aseguran: "Lo que se hablaba en Comisiones por la mañana, Feijóo lo sabía por la noche".

Un ejemplo de ello se manifestó a mediados de los noventa, durante las movilizaciones sindicales de los trabajadores del Sergas (Servicio Galego de Saúde) para reclamar que se les equiparara el sueldo con los funcionarios de la Xunta cuando las competencias sanitarias fueron transferidas a las comunidades autónomas. "Durante la manifestación central de la protesta corrió el rumor de que CCOO y CESM [el sindicato médico] habían firmado el día anterior un acuerdo con unas condiciones inferiores a las que estábamos barajando", cuentan fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG). El rumor se confirmó al día siguiente y se desconvocaron las protestas.

Ese mismo paralelismo entre Comisiones y la Administración, aseguran fuentes cercanas al caso, se reprodujo años después en Madrid, cuando él ya era presidente del Insalud y ella, secretaria general de la Federación Estatal de Sanidad de CCOO. Este último, un ascenso promovido por José María Fidalgo, secretario general del sindicato entre 2000 y 2008, muy a pesar de los compañeros gallegos de Alende, según las mismas fuentes.

Las fechas de promoción de ambos miembros de la pareja coinciden con la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, la ranura por la que se ha colado la privatización sanitaria que ha puesto en pie de guerra a la marea blanca. La normativa fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CiU, CC y PNV. Durante su tramitación, CCOO fue la única organización sindical que aplaudió las iniciativas del entonces ministro José Manuel Romay Beccaría, mientras IU y BNG advertían del peligro que entrañaban las "nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud". El PSOE también se relajó, indican las citadas fuentes a Público, cuando garantizaron, simplemente, que la titularidad de los centros de salud seguiría siendo pública. 

Tras la votación unánime en el Parlamento, CCOO valoraba "positivamente" el acuerdo alcanzado, según una nota de prensa enviada a los medios el 21 de febrero de 1997. En este documento, María Xosé Alende afirmaba que ese consenso iba a "mejorar" y "consolidar" el Sistema Sanitario Público. Alende dejó el cargo en 2009 y ahora trabaja en la consulta de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Público ha conseguido contactar con ella, si bien una vez planteado el asunto que ocupa este artículo, la comunicación se ha cortado. Después ha sido imposible volver a hablar con Alende porque el teléfono de la sala donde trabaja estaba descolgado, según ha informado la telefonista de la centralita.

"Lo que se hablaba en Comisiones por la mañana, Feijóo lo sabía por la noche", dicen fuentes de CCOO
Sobre esa valoración de la ley, la dirección actual del sindicato, según ha afirmado a Público mediante un comunicado, recuerda que "ha sido la única organización que ha impugnado jurídicamente todos los pliegos de condiciones que han supuesto privatización parcial o total de la gestión de nuestro Sistema Sanitario".

El sindicato señala además que en el pasado 10º Congreso de la FSS-CCOO, celebrado en Toledo en enero de este año, se aprobó una Resolución única que reza: "Reivindicamos la modificación del punto dos del artículo único de la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formulas de gestión del Sistema Nacional de Salud, para garantizar que la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios públicos, además de con medios propios, sólo se podrá hacer mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades exclusivamente públicas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad. Así como el mantenimiento del carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, gestión y provisión de los servicios".

La ley que CCOO aplaudió en 1997 abría, sin embargo, la puerta a que se pudiera gestionar la sanidad mediante "acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas".

El sindicato añade que "no entra a valorar las afirmaciones sobre las relaciones personales [entre Feijóo y Alende] porque esta cuestión pertenece a la esfera personal de sus vidas".

Feijóo explicó las fotos que demuestran su amistad con el narco Dorado en el Parlamento gallego el pasado mes de abril e incluso reconoció que empresas de Dorado tuvieron contratos con la Xunta. Justo ayer, el presidente gallego alegó que el Ejecutivo ya no guarda esos contratos.


http://www.publico.es/455406/una-lider-de-ccoo-en-galicia-tambien-estaba-en-el-yate-con-feijoo-y-dorado

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