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Ya he comentado por aquí cómo en los últimos años en mi círculo cercano soy como Pedro (el del lobo) cuando se trata el tema inmobiliario. Es un sentimiento muy contradictorio porque en la mayoría de temas se respeta mucho mi opinión (hasta el punto de tomar decisiones financieras importantes), sobre todo en lo relativo a la carrera profesional. En lo inmobiliario ya no me hacen ni puñetero caso, y no les culpo. Llevo tantos años anunciando el crash que hasta a mí me ha aplastado la realidad (esa de subidas bidigitales anuales). Más o menos hacia finales de 2023 les dije que el crash empezaría cuando comenzaran a aparecer noticias en los medios de masas. Las noticias ya están aquí. Sólo queda el turning point. Mi problema es que ni yo mismo me lo creo, y aunque la cabeza me dice que tiene que llegar, la realidad es que quedan muchas patadas hacia adelante (entre ellas la creación de stablecoins). Puede precipitarse todo, o puede alargarse durante años. Una cosa que me tiene muy desanimado es Pedro Sánchez. Es capaz de mandar al ejército a proteger una flotilla por motivos puramente electorales, pero no es capaz de ponerle el cascabel al gato inmobiliario. Si no es capaz de hacer algo que de verdad es necesario y que podría cambiar su imagen como el salvador de la juventud, el único líder que ha tenido agallas para hacer un cambio estructural, el que ha solucionado el problema principal de España, etc. etc. (lo puede vender como quiera) es porque ha hecho sus cálculos electorales y sabe que le cuesta la guillotina. Eso quiere decir que la mayoría de españoles lucharán contra viento y marea en contra de que esto ocurra, aunque suponga que los otros españoles acaben debajo de un puente y comiendo directamente de latas de supermercado (o de Cáritas).
Developers look to New York’s vacant offices to meet high housing demandManhattan has become increasingly residential since the pandemic as more commercial properties are convertedManhattan’s Flatiron building on Fifth Avenue is being converted into luxury apartments © BloombergDevelopers are converting offices in Manhattan into apartments at the highest rate in almost two decades as they turn to underused buildings to help plug demand for housing in New York City. Construction to convert office buildings into residential ones has begun on 4.1mn rentable square feet in Manhattan this year, the most since 2008, when there were 4.8mn square feet of conversions, according to data from commercial property services firm Cushman & Wakefield. “Residential conversions have emerged as one of the most notable shifts in New York City’s real estate landscape since the onset of the pandemic,” said Reed Hatcher and Lori Albert, the report’s authors.Although financial difficulties and zoning restrictions meant such projects were not always possible in previous years, “recent policy changes and a renewed focus on housing supply have paved the way for accelerated activity”, they added. There is an acute shortage of housing in New York, with the vacancy rate in Manhattan multi-family homes at approximately 3 per cent, according to real estate data group CoStar. Older office buildings that are “functionally obsolete in some ways” are being used to help take care of the housing crisis, said Jared Koeck from CoStar. One conversion in Manhattan is the Flatiron building, which is set to house luxury condominiums. The former Pfizer headquarters in Midtown is also in the process of being converted and will be the largest conversion in New York’s history when it is completed. Cushman & Wakefield’s data suggests that, while New York’s Downtown, home to the city’s financial district, dominated conversion activity between 2004 and 2019, Midtown is now in the lead. Between 2020 and today, the area best known for Times Square and Grand Central Station has represented 54.8 per cent of all conversions, versus 35.5 per cent in Downtown. Hatcher and Albert predict that the office-to-residential conversion trend is set to intensify, with 8.8mn square feet of conversions across 25 properties currently proposed in Manhattan. But it is not certain that all of these planned conversions will be carried out. “I think we’re running out of runway for more, especially in Manhattan,” when it comes to older office buildings that can be turned into residential ones, said Koeck. “Most of the low hanging fruit has been picked.”
PS Hoy en una notaría de Barcelona, en medio de las clásicas conversaciones sobre el problema de la vivienda, y en las que todo el mundo pasa de puntillas sobre los precios, la notaria ha dicho de forma rotunda: "Estamos en recesión"....y los notarios son un indicador bastante fiable.
Flipback, El Malo, no es un tema de que parte de la población - que no es la mayoría ni mucho menos, son 3 millones de caseros- no acepte que bajen los precios, es que directamente las consecuencias de esa política colapsan la economía - de ahí las noticias sobre el tema, es una concienciación de la situación y preparación del Desamparo - y desploman los precios. Ahí tienen las ventas masivas de pisos de los fondos porque no hay rentabilidad ya, o la bajada en Sevilla porque " la gente está harta de pagar disparates". Otra cosa es que el desplome de la vivienda venga de la soberbia de los caseros que provoque que se desplome la economía, porque no hay dinero, o que se haga de forma ordenada, por acción del gobierno, pero es imposible que se pueda seguir así por pura matemática.PSs Sin Asustadísimos no tenemos el foco y sin eso estamos dando palos de ciego, sin saber por dónde van a venir las cosas ni como.
Cita de: Derby en Septiembre 29, 2025, 18:52:56 pmPS Hoy en una notaría de Barcelona, en medio de las clásicas conversaciones sobre el problema de la vivienda, y en las que todo el mundo pasa de puntillas sobre los precios, la notaria ha dicho de forma rotunda: "Estamos en recesión"....y los notarios son un indicador bastante fiable.Cita de: tomasjos en Septiembre 29, 2025, 19:13:43 pmFlipback, El Malo, no es un tema de que parte de la población - que no es la mayoría ni mucho menos, son 3 millones de caseros- no acepte que bajen los precios, es que directamente las consecuencias de esa política colapsan la economía - de ahí las noticias sobre el tema, es una concienciación de la situación y preparación del Desamparo - y desploman los precios. Ahí tienen las ventas masivas de pisos de los fondos porque no hay rentabilidad ya, o la bajada en Sevilla porque " la gente está harta de pagar disparates". Otra cosa es que el desplome de la vivienda venga de la soberbia de los caseros que provoque que se desplome la economía, porque no hay dinero, o que se haga de forma ordenada, por acción del gobierno, pero es imposible que se pueda seguir así por pura matemática.PSs Sin Asustadísimos no tenemos el foco y sin eso estamos dando palos de ciego, sin saber por dónde van a venir las cosas ni como. Ya vimos por boca de Tim Gurner que hay una oposición furiosa al teletrabajo. Muchos fondos que apostaron por oficinas y que si no volvían los curritos se comían los mocos.Si eso ha pasado en el sector de las oficinas, imaginen el residencial. Es literalmente la última trinchera. Van a ir a cuchillo y morirán matando si hace falta. Eso de ordenado no va a tener nada.A menos, que lo dudo mucho, que venga un Churchill o un De Gaulle que deje claro que o régimen y aceite de ricino ahora, o gangrena y amputación después. O dolor ahora, o dolor extremo después. Y nadie quiere dolor mientras pueda aferrarse al "no pasa nada" o creer que se puede solucionar con parches.
Cita de: Centinela en Septiembre 29, 2025, 13:46:53 pmhttps://www.abc.es/economia/miguel-garcia-diaz-pensionistas-hoy-apropian-riqueza-20250929182425-nt.htmlNo tengo la suscripción del diario ABC, pero traigo esta entrevista al hilo de lo que ya habéis posteado otros. El tabú de la brecha generacional ya se ha roto. Cada vez se habla sin más tapujo de cómo la generación langosta acumula riqueza en un sistema creado por ella.CitarMiguel A. García Díaz: «Los pensionistas de hoy se apropian de una riqueza no generada»Veterano del Pacto de Toledo, denuncia que la última reforma ha roto la equidad generacional y que el gasto en pensiones amenaza la sostenibilidad del Estado de bienestar en EspañaJohn MüllerMadrid29/09/2025Actualizado a las 06:21h.Miguel Ángel García Díaz (Madrid, 1958) es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea. Ha dedicado cuatro décadas al estudio del sector público y, en particular, a las pensiones y los modelos de financiación autonómica. Participó en la redacción del Pacto de Toledo original de 1995 y en sus revisiones hasta 2013. Desde su experiencia advierte de que el sistema no se derrumbará de un día para otro, pero sí trasladará un coste desproporcionado a los jóvenes, deteriorando la equidad intergeneracional y comprometiendo otras políticas esenciales del Estado de bienestar.—¿Hasta qué punto es sostenible el sistema tras la reforma de 2021?—La última reforma fue completamente diferente a todas las anteriores desde 1985. Hasta entonces se intentaba reforzar el sistema público frenando el crecimiento del gasto, conscientes de que el envejecimiento lo presionaba. En cambio, la reforma de 2021 decidió justo lo contrario: mantener una pensión inicial muy elevada en comparación con Europa y garantizar su poder adquisitivo bajo cualquier circunstancia, por extraordinaria que sea. Esto ocurre justo cuando la generación del 'baby boom' entra en la jubilación. El resultado es un aumento muy fuerte del gasto futuro. En teoría, se buscarán los ingresos necesarios, pero lo que se ha creado es un sistema más vulnerable financieramente. Si se produjera una crisis fiscal, el riesgo de insostenibilidad sería muy alto, dado que las pensiones ya representan el 30% del gasto público total. Pero lo peor no es solo la sostenibilidad. Lo más grave es el deterioro de la equidad: obligamos a las siguientes generaciones a destinar una parte creciente de su renta a pagar pensiones muy superiores a la media europea. Nuestra tasa de reposición –lo que cobra un jubilado respecto a su último salario– es del 77%, frente al 44,5% de la eurozona. Esa diferencia la pagarán los jóvenes de hoy.—¿Qué indicadores le resultan más alarmantes?—Desde 1995 el gasto público total en España subió 1,3 puntos del PIB, y el gasto en pensiones se disparó en 3,4 puntos. Las pensiones representan el 13% del PIB y aumentarán, como mínimo, en 3,5 puntos adicionales hasta 2050. Eso significa que están canibalizando cada vez más recursos. Lo que va a pensiones no se puede dedicar a vivienda, a sanidad o a innovación. Y aquí hay un error fundamental: se dice que los pensionistas se han «ganado» este trato. No es cierto. En un sistema de reparto, tus aportaciones se actualizan con el crecimiento económico durante 'tu' vida laboral. En España, sin embargo, cada euro aportado se actualiza con el PIB nominal y además, se añade un 60% extra. Es decir: los pensionistas de hoy se están apropiando de una riqueza que aún no se ha generado y que corresponde a las generaciones futuras.—Usted ha señalado que el sistema es cada vez menos contributivo, ¿qué significa eso?—Que las cotizaciones ya no cubren ni de lejos el gasto en pensiones contributivas (apenas el 71%). En 2024, el Estado tuvo que transferir al sistema 3,8 puntos del PIB, de los cuales 0,6 puntos llegaron en forma de préstamo. Desde 2018 esas transferencias han subido 1,5 puntos de PIB, y en los próximos años crecerán en otros 2,7 puntos. Eso significa que cada vez dependemos más de impuestos generales y menos de cotizaciones. En la práctica, estamos vaciando el principio contributivo del sistema y transformándolo en otra cosa. No digo que sea ilegítimo, pero hay que explicar a la sociedad qué implica: más impuestos o más deuda.—¿Cuál es el límite de lo que puede asumir el Estado sin comprometer otras partidas esenciales?—El límite ya se alcanzó. Desde hace más de una década, cada nuevo euro que entra en la caja del Estado se dedica a pensiones, igual que en las comunidades autónomas se dedica prioritariamente a sanidad. Esto significa que otras políticas quedan arrinconadas. El ejemplo más gráfico ocurrió en 2023: mientras los asalariados vieron subir su sueldo un 2,5%, los pensionistas recibieron un 8,5%. Eso supuso un sobrecoste de 20.000 millones. Con la mitad se podría haber duplicado el gasto en vivienda o reducido drásticamente la pobreza infantil. Esa es la verdadera factura de esta decisión.—¿Se podrían establecer edades de retiro diferenciadas según la dureza de cada profesión?—Es posible diseñar un sistema más flexible que tenga en cuenta condiciones laborales distintas. Pero lo primero es corregir el cálculo de la pensión inicial y aplicar factores de sostenibilidad. Hoy resulta injusto que los pensionistas sean el único colectivo protegido frente a una inflación extraordinaria. Si los salarios suben un 2,5%, no es razonable que las pensiones suban un 8,5%.—¿Qué consecuencias tiene esto en términos de equidad generacional?—Supone una reducción directa de la renta disponible de los jóvenes. El problema de las siguientes generaciones no es si cobrarán una pensión –la cobrarán–, sino en qué condiciones vivirán hasta entonces. Con salarios menos favorables (por la competencia de otros países), impuestos crecientes y pensiones blindadas, su margen de vida se estrechará cada vez más.—¿Ve riesgo de conflicto político o social si la brecha sigue creciendo?—La última reforma se hizo con criterios electoralistas. No olvidemos que en España hay 10 millones de pensionistas y, en las próximas dos décadas, se sumarán 5 millones más. Son 15 millones de votos. En campaña, ningún partido se atreverá a plantear una reforma seria, porque sería suicidio electoral. En la práctica, eso significa que el corto plazo político está pesando más que la sostenibilidad y la equidad a largo plazo del país.—¿Por qué en España están tan poco desarrollados los pilares privados de ahorro para la jubilación?—Porque tenemos cotizaciones altas y salarios bajos. Así es difícil que prospere un sistema complementario, obligatorio o voluntario. La prioridad, más que obligar a ahorrar, es aumentar la productividad y los salarios.—¿Cuál es la previsión para el gasto en pensiones los próximos 20 años?—La Airef estima un aumento de 3,5 puntos del PIB hasta 2050. En Fedea calculamos algo más, porque no creemos que mecanismos como la jubilación diferida o la reforma del RETA frenen tanto el gasto como se dice. En cualquier caso, hablamos de cifras enormes. Y lo más preocupante es la falta de transparencia. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social presentó informes que fueron desmentidos no solo por expertos independientes, sino por la propia Airef y por el Ageing Report de la Unión Europea. Han infraestimado el gasto y sobreestimado los ingresos. El resultado es que la ciudadanía recibe un relato sesgado y no conoce la verdadera magnitud del problema.—¿Puede la inmigración compensar el envejecimiento poblacional?—Ayudará, pero no resolverá el problema. Incluso con un flujo elevado de inmigrantes, la tasa de dependencia se duplicará en 2050. El problema de fondo no es demográfico, es de productividad. Con salarios bajos no se pueden pagar pensiones altas. Mientras no aumente la riqueza por ocupado, la ecuación no cierra.—Si tuviera que aprobar dos reformas urgentes en los próximos dos años, ¿cuáles serían?—Primero, reducir la tasa de reposición. Ya no podemos hacerlo de forma gradual, porque los' baby boomers' están entrando en masa en la jubilación. Segundo, fijar un techo a la revalorización de las pensiones en situaciones excepcionales. Y, sobre todo, hay que plantear la pregunta que nunca se hace: ¿cuánto queremos gastar en pensiones y quién lo paga? Esa es la decisión que debería trasladarse de forma honesta a la sociedad.—Usted ha criticado los modelos de financiación singular como el vasco o el navarro. ¿Por qué?—Porque rompen el principio de solidaridad. En 2024, el déficit de pensiones del País Vasco superó los 5.000 millones. Esos recursos los cubre el Estado con impuestos comunes, pero el País Vasco y Navarra no aportan nada a esa caja. Si este modelo se amplía a Cataluña, que representa el 18% del PIB, el resto de España tendrá que financiar déficits enormes de los territorios más ricos. En la práctica, eso significa que los pobres acabarán financiando a los ricos. Y rompe la caja única de la Seguridad Social, que ha sido una de las pocas argamasas de cohesión nacional.—¿Existe un modelo viable de solidaridad fiscal compatible con mayor autonomía?—Sí. Hoy las comunidades ya tienen mucha autonomía de gasto. El problema es la equidad: hay comunidades infrafinanciadas en euros por habitante –y no son ni Cataluña ni Madrid–. Hace falta ajustar eso y, además, aumentar la corresponsabilidad fiscal: que cada comunidad asuma ante sus ciudadanos el coste real de sus políticas.—El déficit público parece haberse estabilizado en torno al 3%. ¿Cómo se explica en un contexto de gasto creciente?—Se ha estabilizado porque los ingresos tributarios han subido más de dos puntos de PIB desde 2018. ¿De dónde sale ese dinero? Básicamente de la clase media. El IRPF no se ha actualizado con la inflación, así que quienes ganan entre 20.000 y 60.000 euros –la mayoría de contribuyentes– pagan cada año más. Ese dinero financia, en gran parte, las pensiones. Estamos viviendo una doble redistribución: hacia las rentas bajas, lo cual puede ser positivo en términos de equidad, y hacia los mayores de 65 años, que son quienes más se benefician de las transferencias. Pero esa carga sobre la clase media está generando un malestar creciente. Ven que pagan más impuestos, que su renta neta apenas crece y que los servicios públicos no mejoran. Si no corregimos este desequilibrio, el malestar social irá en aumento.—El padre de la última reforma a las pensiones y ahora gobernador del Banco de España ha dicho que la deuda es uno de nuestros problemas. Pero no ha dicho que parte de esa deuda es el déficit de las pensiones.—Es muy curioso que alerte sobre la deuda cuando ha sido el abanderado de la reforma que más ha incrementado el gasto dentro de las cuentas públicas. Las aportaciones del Estado al sistema de pensiones desde el año 2000 hasta el año 2025 equivalen –no digo que sean la causa– al 80% de toda la deuda pública emitida. Por lo tanto, sin que haya una causalidad, porque hay más gastos y, por lo tanto, es una cuestión de preferencias, lo cierto es que las pensiones cada vez ocupan más parte del gasto público. Esto, periodificado hasta el año 2050, significa que la deuda pública puede incrementarse en más del 85% si no se encuentran ingresos suficientes. Es decir, que las decisiones que se han tomado tienen una repercusión muy importante sobre la estructura del gasto público.—Para terminar: ¿qué mensaje enviaría a los políticos y a la sociedad?—Que las pensiones no son una hucha inagotable. Son una transferencia de renta entre generaciones. Y si blindamos a una parte de la sociedad con beneficios que no ha generado, el coste lo pagarán los jóvenes. La sostenibilidad del sistema exige decir cosas incómodas: que hay que producir más, que hay que trabajar mejor, que hay que formarse más. Mientras no asumamos esto, el populismo seguirá ganando terreno prometiendo lo imposible. Y lo imposible, tarde o temprano, se paga.
https://www.abc.es/economia/miguel-garcia-diaz-pensionistas-hoy-apropian-riqueza-20250929182425-nt.htmlNo tengo la suscripción del diario ABC, pero traigo esta entrevista al hilo de lo que ya habéis posteado otros. El tabú de la brecha generacional ya se ha roto. Cada vez se habla sin más tapujo de cómo la generación langosta acumula riqueza en un sistema creado por ella.
Miguel A. García Díaz: «Los pensionistas de hoy se apropian de una riqueza no generada»Veterano del Pacto de Toledo, denuncia que la última reforma ha roto la equidad generacional y que el gasto en pensiones amenaza la sostenibilidad del Estado de bienestar en EspañaJohn MüllerMadrid29/09/2025Actualizado a las 06:21h.Miguel Ángel García Díaz (Madrid, 1958) es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea. Ha dedicado cuatro décadas al estudio del sector público y, en particular, a las pensiones y los modelos de financiación autonómica. Participó en la redacción del Pacto de Toledo original de 1995 y en sus revisiones hasta 2013. Desde su experiencia advierte de que el sistema no se derrumbará de un día para otro, pero sí trasladará un coste desproporcionado a los jóvenes, deteriorando la equidad intergeneracional y comprometiendo otras políticas esenciales del Estado de bienestar.—¿Hasta qué punto es sostenible el sistema tras la reforma de 2021?—La última reforma fue completamente diferente a todas las anteriores desde 1985. Hasta entonces se intentaba reforzar el sistema público frenando el crecimiento del gasto, conscientes de que el envejecimiento lo presionaba. En cambio, la reforma de 2021 decidió justo lo contrario: mantener una pensión inicial muy elevada en comparación con Europa y garantizar su poder adquisitivo bajo cualquier circunstancia, por extraordinaria que sea. Esto ocurre justo cuando la generación del 'baby boom' entra en la jubilación. El resultado es un aumento muy fuerte del gasto futuro. En teoría, se buscarán los ingresos necesarios, pero lo que se ha creado es un sistema más vulnerable financieramente. Si se produjera una crisis fiscal, el riesgo de insostenibilidad sería muy alto, dado que las pensiones ya representan el 30% del gasto público total. Pero lo peor no es solo la sostenibilidad. Lo más grave es el deterioro de la equidad: obligamos a las siguientes generaciones a destinar una parte creciente de su renta a pagar pensiones muy superiores a la media europea. Nuestra tasa de reposición –lo que cobra un jubilado respecto a su último salario– es del 77%, frente al 44,5% de la eurozona. Esa diferencia la pagarán los jóvenes de hoy.—¿Qué indicadores le resultan más alarmantes?—Desde 1995 el gasto público total en España subió 1,3 puntos del PIB, y el gasto en pensiones se disparó en 3,4 puntos. Las pensiones representan el 13% del PIB y aumentarán, como mínimo, en 3,5 puntos adicionales hasta 2050. Eso significa que están canibalizando cada vez más recursos. Lo que va a pensiones no se puede dedicar a vivienda, a sanidad o a innovación. Y aquí hay un error fundamental: se dice que los pensionistas se han «ganado» este trato. No es cierto. En un sistema de reparto, tus aportaciones se actualizan con el crecimiento económico durante 'tu' vida laboral. En España, sin embargo, cada euro aportado se actualiza con el PIB nominal y además, se añade un 60% extra. Es decir: los pensionistas de hoy se están apropiando de una riqueza que aún no se ha generado y que corresponde a las generaciones futuras.—Usted ha señalado que el sistema es cada vez menos contributivo, ¿qué significa eso?—Que las cotizaciones ya no cubren ni de lejos el gasto en pensiones contributivas (apenas el 71%). En 2024, el Estado tuvo que transferir al sistema 3,8 puntos del PIB, de los cuales 0,6 puntos llegaron en forma de préstamo. Desde 2018 esas transferencias han subido 1,5 puntos de PIB, y en los próximos años crecerán en otros 2,7 puntos. Eso significa que cada vez dependemos más de impuestos generales y menos de cotizaciones. En la práctica, estamos vaciando el principio contributivo del sistema y transformándolo en otra cosa. No digo que sea ilegítimo, pero hay que explicar a la sociedad qué implica: más impuestos o más deuda.—¿Cuál es el límite de lo que puede asumir el Estado sin comprometer otras partidas esenciales?—El límite ya se alcanzó. Desde hace más de una década, cada nuevo euro que entra en la caja del Estado se dedica a pensiones, igual que en las comunidades autónomas se dedica prioritariamente a sanidad. Esto significa que otras políticas quedan arrinconadas. El ejemplo más gráfico ocurrió en 2023: mientras los asalariados vieron subir su sueldo un 2,5%, los pensionistas recibieron un 8,5%. Eso supuso un sobrecoste de 20.000 millones. Con la mitad se podría haber duplicado el gasto en vivienda o reducido drásticamente la pobreza infantil. Esa es la verdadera factura de esta decisión.—¿Se podrían establecer edades de retiro diferenciadas según la dureza de cada profesión?—Es posible diseñar un sistema más flexible que tenga en cuenta condiciones laborales distintas. Pero lo primero es corregir el cálculo de la pensión inicial y aplicar factores de sostenibilidad. Hoy resulta injusto que los pensionistas sean el único colectivo protegido frente a una inflación extraordinaria. Si los salarios suben un 2,5%, no es razonable que las pensiones suban un 8,5%.—¿Qué consecuencias tiene esto en términos de equidad generacional?—Supone una reducción directa de la renta disponible de los jóvenes. El problema de las siguientes generaciones no es si cobrarán una pensión –la cobrarán–, sino en qué condiciones vivirán hasta entonces. Con salarios menos favorables (por la competencia de otros países), impuestos crecientes y pensiones blindadas, su margen de vida se estrechará cada vez más.—¿Ve riesgo de conflicto político o social si la brecha sigue creciendo?—La última reforma se hizo con criterios electoralistas. No olvidemos que en España hay 10 millones de pensionistas y, en las próximas dos décadas, se sumarán 5 millones más. Son 15 millones de votos. En campaña, ningún partido se atreverá a plantear una reforma seria, porque sería suicidio electoral. En la práctica, eso significa que el corto plazo político está pesando más que la sostenibilidad y la equidad a largo plazo del país.—¿Por qué en España están tan poco desarrollados los pilares privados de ahorro para la jubilación?—Porque tenemos cotizaciones altas y salarios bajos. Así es difícil que prospere un sistema complementario, obligatorio o voluntario. La prioridad, más que obligar a ahorrar, es aumentar la productividad y los salarios.—¿Cuál es la previsión para el gasto en pensiones los próximos 20 años?—La Airef estima un aumento de 3,5 puntos del PIB hasta 2050. En Fedea calculamos algo más, porque no creemos que mecanismos como la jubilación diferida o la reforma del RETA frenen tanto el gasto como se dice. En cualquier caso, hablamos de cifras enormes. Y lo más preocupante es la falta de transparencia. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social presentó informes que fueron desmentidos no solo por expertos independientes, sino por la propia Airef y por el Ageing Report de la Unión Europea. Han infraestimado el gasto y sobreestimado los ingresos. El resultado es que la ciudadanía recibe un relato sesgado y no conoce la verdadera magnitud del problema.—¿Puede la inmigración compensar el envejecimiento poblacional?—Ayudará, pero no resolverá el problema. Incluso con un flujo elevado de inmigrantes, la tasa de dependencia se duplicará en 2050. El problema de fondo no es demográfico, es de productividad. Con salarios bajos no se pueden pagar pensiones altas. Mientras no aumente la riqueza por ocupado, la ecuación no cierra.—Si tuviera que aprobar dos reformas urgentes en los próximos dos años, ¿cuáles serían?—Primero, reducir la tasa de reposición. Ya no podemos hacerlo de forma gradual, porque los' baby boomers' están entrando en masa en la jubilación. Segundo, fijar un techo a la revalorización de las pensiones en situaciones excepcionales. Y, sobre todo, hay que plantear la pregunta que nunca se hace: ¿cuánto queremos gastar en pensiones y quién lo paga? Esa es la decisión que debería trasladarse de forma honesta a la sociedad.—Usted ha criticado los modelos de financiación singular como el vasco o el navarro. ¿Por qué?—Porque rompen el principio de solidaridad. En 2024, el déficit de pensiones del País Vasco superó los 5.000 millones. Esos recursos los cubre el Estado con impuestos comunes, pero el País Vasco y Navarra no aportan nada a esa caja. Si este modelo se amplía a Cataluña, que representa el 18% del PIB, el resto de España tendrá que financiar déficits enormes de los territorios más ricos. En la práctica, eso significa que los pobres acabarán financiando a los ricos. Y rompe la caja única de la Seguridad Social, que ha sido una de las pocas argamasas de cohesión nacional.—¿Existe un modelo viable de solidaridad fiscal compatible con mayor autonomía?—Sí. Hoy las comunidades ya tienen mucha autonomía de gasto. El problema es la equidad: hay comunidades infrafinanciadas en euros por habitante –y no son ni Cataluña ni Madrid–. Hace falta ajustar eso y, además, aumentar la corresponsabilidad fiscal: que cada comunidad asuma ante sus ciudadanos el coste real de sus políticas.—El déficit público parece haberse estabilizado en torno al 3%. ¿Cómo se explica en un contexto de gasto creciente?—Se ha estabilizado porque los ingresos tributarios han subido más de dos puntos de PIB desde 2018. ¿De dónde sale ese dinero? Básicamente de la clase media. El IRPF no se ha actualizado con la inflación, así que quienes ganan entre 20.000 y 60.000 euros –la mayoría de contribuyentes– pagan cada año más. Ese dinero financia, en gran parte, las pensiones. Estamos viviendo una doble redistribución: hacia las rentas bajas, lo cual puede ser positivo en términos de equidad, y hacia los mayores de 65 años, que son quienes más se benefician de las transferencias. Pero esa carga sobre la clase media está generando un malestar creciente. Ven que pagan más impuestos, que su renta neta apenas crece y que los servicios públicos no mejoran. Si no corregimos este desequilibrio, el malestar social irá en aumento.—El padre de la última reforma a las pensiones y ahora gobernador del Banco de España ha dicho que la deuda es uno de nuestros problemas. Pero no ha dicho que parte de esa deuda es el déficit de las pensiones.—Es muy curioso que alerte sobre la deuda cuando ha sido el abanderado de la reforma que más ha incrementado el gasto dentro de las cuentas públicas. Las aportaciones del Estado al sistema de pensiones desde el año 2000 hasta el año 2025 equivalen –no digo que sean la causa– al 80% de toda la deuda pública emitida. Por lo tanto, sin que haya una causalidad, porque hay más gastos y, por lo tanto, es una cuestión de preferencias, lo cierto es que las pensiones cada vez ocupan más parte del gasto público. Esto, periodificado hasta el año 2050, significa que la deuda pública puede incrementarse en más del 85% si no se encuentran ingresos suficientes. Es decir, que las decisiones que se han tomado tienen una repercusión muy importante sobre la estructura del gasto público.—Para terminar: ¿qué mensaje enviaría a los políticos y a la sociedad?—Que las pensiones no son una hucha inagotable. Son una transferencia de renta entre generaciones. Y si blindamos a una parte de la sociedad con beneficios que no ha generado, el coste lo pagarán los jóvenes. La sostenibilidad del sistema exige decir cosas incómodas: que hay que producir más, que hay que trabajar mejor, que hay que formarse más. Mientras no asumamos esto, el populismo seguirá ganando terreno prometiendo lo imposible. Y lo imposible, tarde o temprano, se paga.
Trump: Confident we will have peace in Gaza soonUnited States President Donald Trump remarked on Monday that he is confident that a new peace agreement in Gaza will be reached soon.Trump also nodded when he was asked if "everyone was on board," meaning all the parties involved in the negotiations.Trump's very brief comments came as he greeted Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for a meeting.
First Brands files for bankruptcy, threatening multibillion-dollar lossesCollapse of US auto parts maker that borrowed billions in private markets has unnerved Wall StreetFirst Brands, owned by Malaysian-born businessman Patrick James, makes Michelin-branded windscreen wipers in Europe and Carter fuel pumps in the US © Bryan Terry/The Oklahoman/USA Today Network/ReutersFirst Brands Group has filed for bankruptcy protection while disclosing more than $10bn in total liabilities, marking one of the most spectacular collapses in private debt markets in recent years.The Ohio-based auto parts company filed for Chapter 11 protection in the Southern District of Texas late on Sunday, formalising the abrupt unravelling of a business that has borrowed billions of dollars in private markets and raised concerns over riskier lending on Wall Street. In its bankruptcy petition First Brands, which is owned by Malaysian-born businessman Patrick James, did not disclose specific liabilities but estimated they were in a category between $10bn and $50bn, while it put its assets at $1bn to $10bn.Full details of its finances could take time to emerge given the chaotic nature of its descent into bankruptcy, which was fuelled by concerns over its use of off-balance sheet finance.First Brands previously told lenders it had $5.9bn of long-term debt in March, against nearly $1bn of cash, but the bankruptcy filing indicates there are billions of dollars more in opaque financing linked to its invoices and inventory.The bankruptcy filing — which restructuring advisers codenamed Project Overdrive — discloses that this month First Brands and related entities had more than $8bn of secured corporate debt and financing backed by inventory.This figure does not appear to include financing arrangements linked to customer and supplier invoices, with some providers named as unsecured creditors.A special committee to be established as part of the bankruptcy will lead an investigation into the group’s off-balance sheet financing arrangements, according to a person familiar with the matter.Sunday’s petition listed several specialist investment firms as creditors with exposure to First Brands’ so-called “factoring” — a form of invoice financing — including an asset management unit of US investment bank Jefferies.The company’s need to file for bankruptcy protection was accelerated when one of its banks recently seized some of its cash, the Financial Times previously reported.First Brands has secured a $1.1bn lifeline from its creditors as part of the bankruptcy, a loan it will use to fund its operations as it restructures its business and looks to slash its debts.The speed with which First Brands’ financial position deteriorated has shocked debt investors and drawn scrutiny of due diligence standards in the booming credit markets.Two weeks ago, the group’s loans were still trading at levels that indicated relative complacency about its finances. By Friday, its top-ranking debt changed hands at a third of its face value, while more junior loans were quoted at cents on the dollar.Along with the collapse of subprime auto lender Tricolor at the start of the month, First Brands’ swift fall has raised concerns of significant losses for some of the best-known players on Wall Street and the potential for wider fallout across corporate debt markets.The large-scale bankruptcy could send tremors through the automotive parts industry, which is already reeling from US President Donald Trump’s tariff policies due to its heavy dependence on overseas manufacturing.Over the past decade, James transformed his group from a niche Ohio-based industrial concern into a sprawling multinational enterprise, through a debt-funded deal spree.On top of its US manufacturing plants stretching from California to Pennsylvania, First Brands has operations as far apart as Romania, Mexico and Taiwan.The company’s international operations were not included in the bankruptcy petition on Sunday. First Brands has appointed Charles Moore, a managing director at turnaround specialist Alvarez & Marsal, as chief restructuring officer.The bankruptcy filing is the second in the space of a week linked to James, after a series of so-called special purpose entities that provided inventory financing to the car parts conglomerate collapsed.Specialist credit investment firms Evolution Credit Partners, AB CarVal and Aequum Capital are named in relation to the inventory debt in Sunday’s bankruptcy petition. Boston-based Evolution is separately listed as having factoring exposure.Evolution, Aequum and CarVal’s parent company AllianceBernstein did not immediately respond to requests for comment.
Spain has become Europe’s standout economyBut it must combine immigration-led growth with productivity improvementsWhile tourism and other areas of Spain’s economy are doing well, if the government fails to support access to affordable housing and public services, the openness to outsiders might dwindle © Jose Jordan/AFP/Getty ImagesSpain is a rare bright spot among Europe’s otherwise drearily performing economies. Since the start of 2024, the Spanish economy has grown at an average annual rate of 3 per cent, compared with just over 1 per cent for the Eurozone as a whole. In recent weeks, S&P Global Ratings has upgraded its credit rating, and the Bank of Spain raised its 2025 growth forecast to 2.6 per cent — underscoring the nation’s position as Europe’s fastest-growing major economy, and one of the strongest in the advanced world.A mix of factors have propelled its growth. Tourism has recovered from the pandemic. The government has been spending grants from the EU’s Next Generation EU fund on improving infrastructure; Spain is the second largest beneficiary. Cheap renewable energy has also attracted foreign direct investment. Earlier reforms, including an initiative in 2021 to boost the stability of employment, have helped too.But Spain’s biggest motor has been immigration. While other European nations have been keen to tighten their borders, Spain has adopted a more liberal approach. Since 2022, it has averaged a net annual inflow of about 600,000 immigrants, and the bulk have been of working age. An expanding labour pool has pushed employment to record highs and helped Spain to avoid some of the severe skills shortages that have plagued its European peers. The population spurt has also boosted consumer spending.A significant portion of new arrivals have come from Latin America. In 2023, migrants from the region accounted for about 70 per cent of the increase in Spain’s population, according to JPMorgan. A shared language, cultural similarities and existing networks have aided their integration into the labour market, and acceptance into society more broadly. The migrant surge is set to continue. Spain recently simplified legal immigration routes and has plans to grant residency and work permits to more undocumented migrants.For all its success so far, the immigrant-led growth boom must be managed carefully. First, although Spain’s real GDP, on a purchasing power parity basis, has risen by about 6.8 per cent since 2019, in per capita terms it has grown by just 3.1 per cent. Migrants have mainly filled gaps in lower value-added sectors, including hospitality and construction. To ensure living standards also grow, Spain’s languid productivity growth needs to improve too.The IMF recommends streamlining regulations and providing tax incentives to raise the availability of long-term risk capital, particularly to boost small businesses. Upskilling initiatives would also support growth and attract further FDI in high-end service sectors, including in finance, IT consulting and engineering. Indeed, Spain’s unemployment rate is still the highest in the EU.Second, policymakers ought to anticipate broader social-economic issues that may hinder the sustainability of high immigrant flows. Most Spanish people support immigration. But if the government fails to give adequate support for access to affordable housing and public services, the openness to outsiders might dwindle. Rents are unaffordable for many and there have been episodes of unrest between locals and people of North African origin.Spain’s fragmented political environment will, however, be a big obstacle to building on its economic progress. The scandal-hit minority government of Prime Minister Pedro Sánchez has struggled to pass major legislation. This is a shame. Spain has shown other advanced economies how immigration can be an important source of economic resilience, even in a period of instability at home and abroad. To remain an exemplar, Spain needs to turn its demographic windfall into lasting prosperity.
Landlords Are Demanding Tenants' Workplace Login Details To Verify Their IncomePosted by msmash on Monday September 29, 2025 @12:40PM from the not-the-onion dept.An anonymous reader writes:CitarLandlords are using a service that logs into a potential renter's employer systems and scrapes their paystubs and other information en masse, potentially in violation of U.S. hacking laws, according to screenshots of the tool shared with 404 Media.The screenshots highlight the intrusive methods some landlords use when screening potential tenants, taking information they may not need, or legally be entitled to, to assess a renter."This is a statewide consumer-finance abuse that forces renters to surrender payroll and bank logins or face homelessness," one renter who was forced to use the tool and who saw it taking more data than was necessary for their apartment application told 404 Media. 404 Media granted the person anonymity to protect them from retaliation from their landlord or the services used.[...] "Argyle hijacked my live Workday session, stayed hidden from view, and downloaded every pay stub plus all W-4s back to 2024, each PDF seconds apart," they said. "Workday audit logs show dozens of 'Print' events from two IPs from a MAC which I do not use," they added, referring to a MAC address, a unique identifier assigned to each device on a network.
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