Re:PPCC: Pisitófilos Creditófagos. Otoño 2025

[Cadavre Exquis]

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13622066/10/25/eurocamara-se-enfrenta-a-bruselas-para-mitigar-los-futuros-recortes-de-la-pac.html

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13622507/11/25/china-suspende-12-meses-el-refuerzo-de-sus-controles-de-exportacion-de-tierras-raras-a-la-ue.html

Saludos.

[Cadavre Exquis]

https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/13621143/10/25/mas-sanciones-contra-rusia.html

Saludos.

[Cadavre Exquis]

https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13617163/10/25/el-abrupto-giro-de-un-buque-rebosante-de-petroleo-prohibido-destapa-el-nuevo-mapa-geopolitico-para-india-eeuu-y-rusia.html

Saludos.

[Cadavre Exquis]

https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/13622204/10/25/la-industria-automotriz-del-motor-al-software.html

https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/13622205/10/25/la-nueva-ley-de-movilidad-sostenible-del-cumplimiento-a-la-ventaja-competitiva.html

Saludos.

[asustadísimos]

SOLUCIÓN DE LA VIVIENDA: SOLO PARA VIVIR Y ESTAFA ANTICAPITALISTA.—

En octubre-2025, año histórico de Suelta & Desamparo, después de cuatro décadas ominosas, las políticas de comunicación en materia de vivienda se han quedado a las puertas del hachazo definitivo. Han trabajado como nunca antes la cuestión de que la vivienda es para vivir.

En efecto, hay que penalizar fiscalmente la adquisición de vivienda como inversión porque la vivienda es para vivir, como el pan es para comer. Yo creo que habría que empezar por que obligar a declarar el destino que tiene la vivienda sea requisito para tener acceso al registro o el catastro. Luego, sobre esta base, bastaría con retocar las demás regulaciones.

En el fracaso de Forest City, en Malasia, frente a Singapur, la clave estuvo en que el gobierno chino limitó a su población la posibilidad de gastar grandes cantidades de dinero en el extranjero.

El Gran Palomera acierta en esto de la inversión.

Además de trabajar el asunto de los límites en la inversión misma (no centrándose tanto en la de los precios de los alquileres —aunque siguiendo con ella a modo de ariete—), hacen falta dos empujoncitos adicionales. Para darlos, bastan un par de semanas, porque se trata de mera política de comunicación.

El primero es meter en el debate la posibilidad de que el problema de la vivienda se califique como estafa o, como mínimo, contrario a la moral y al orden público. Saldría así de cuajo del ámbito de las CC. AA. y las CC. LL. Las estafas son delitos perseguibles de oficio. Se rigen por el Derecho Penal, cuya competencia exclusiva es del Estado.

Estafa es todo daño económico que se perpetra con retórica engañosa: daño + engaño. Y no hace falta que el beneficiado sea el estafador mismo. Puede ser un tercero.

Comprar caro es de tontivano, de primo.

Finalmente, la segunda línea de comunicación adicional es plantear abiertamente de su naturaleza anticapitalista. Lo mejor es enunciarlo en términos yonotengoporqueístas, que son los que entienden los jugadores y ganchos de este timo: «Yo no tengo por qué financiarles ningún timojuego de dinero sin trabajar a mis empleados o a los proveedores, vía salarios o vía costes de aprovisionamientos».

Contratar un obrero es casarte con su casero.

El Gran Palomera debiera tantear estas dos cosas. Dejarlas caer. Es el momento. Gente como nosotros sabríamos sacarle el jugo al experimento. ¿No creen ustedes que tengo razón?

Esto viene de que, en el vídeo de TVE-Informe Semanal citado más arriba, mi mujer y yo no hemos visto la impotencia del pobre ante una situación general extraordinaria del país, como si tratara de la de las víctimas pasivas de las catástrofes naturales recientes o de la pandemia de cóvid misma. Hemos visto a personas frustradas, cabreadas porque han sido empobrecidas aposta y arbitrariamente, personas estafadas, desplumadas. ¿Les ha pasado a ustedes lo mismo?

[Cadavre Exquis]

https://x.com/JaimePalomera/status/1984600113524728078

Saludos.

[tomasjos]

Importante artículo de El Confidencial que explica como las privatizaciones salen más caras al ciudadano porque los costes son muy superiores en la privada, y porque los salarios son muy inferiores y hay más precariedad, obviamente el margen de ganancia y la codicia explican está situación.

Conclusión, es mentira que la privatización de servicios beneficie al ciudadano, solo beneficia a los dueños de las empresas.

La reinvención del Estado: el gasto público no cede y avanzan las privatizaciones https://share.google/FgIthIdNxz8HsllUy
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La reinvención del Estado: el gasto público no cede y avanzan las privatizaciones
La tarta del consumo público es imponente: casi 308.000 millones de euros. El Estado es quien formalmente lo gasta, pero quien realmente lo gestiona son empresas privadas. Supone una reinvención del Estado

La Constitución de 1812 ya advertía que “todo español sin distinción alguna” está obligado a contribuir “en proporción de sus haberes” para los gastos del Estado. Más de dos siglos después —y tras la crisis del Antiguo Régimen— nadie duda de que la Pepa (con cierto retraso respecto de Europa) abrió el camino. El gasto público, desde entonces, no ha dejado de crecer, y sirva como ejemplo que, según el historiador económico Francisco Comín, ha pasado de representar el 10% del PIB a comienzos del siglo XX al 45,5% en 2024. O lo que es lo mismo, las administraciones públicas dispusieron el año pasado de algo más de 725.420 millones de euros para gastar.
No ha sido un camino recto. Por el contrario, la travesía ha estado plagada de curvas en función de las circunstancias políticas, económicas y, por supuesto, ideológicas del país. Hasta 1975, cuando muere Franco, el gasto público en relación a la renta nacional no superó el 23,1%, según Comín, muy por debajo de los países centrales de Europa. Obviamente, porque el nivel de prestaciones públicas de la dictadura era residual en comparación con los países de nuestro entorno económico, quienes mucho antes que España ya habían levantado un poderoso sistema de prestaciones sociales. Aquí se pagaban menos impuestos, pero también la protección social dejaba mucho que desear en un Estado de bienestar que era solo incipiente. Fue en 1984 cuando por primera vez el gasto público batió la frontera del 40%, y desde entonces no ha bajado de ese nivel, con un récord histórico del 51,4% en 2020 a consecuencia del despliegue presupuestario que tuvo que hacer el Estado para combatir los efectos económicos de la pandemia. Ni que decir tiene que lo gastado el año pasado, en términos absolutos, no relativos, es la cantidad más alta jamás alcanzada, aunque hay una diferencia sustancial respecto del pasado. El Estado centralista se ha desvanecido y hoy son los entes territoriales quienes ejecutan el gasto público. Los gobiernos regionales, por ejemplo, gastan uno de cada tres euros en poder del Estado (32,8%), mientras que los ayuntamientos representan otro 11,9%. Es decir, prácticamente 45 de cada 100 euros con los que cuenta el Estado lo gastan los gobiernos regionales.
El cambio
¿Cuánto gasta la Administración central, que es habitualmente contra quien se dirige el análisis del gasto público? Pues apenas el 21,8% del PIB. Falta, como es obvio, el 33,5% de la Seguridad Social, pero este porcentaje, al contrario que el resto, no es gasto discrecional, ya que el sistema público de prestaciones sociales está obligado a cumplir los compromisos adquiridos con los pensionistas, que son quienes han financiado la mayor parte del sistema público de protección social con cotizaciones (lo que falta lo financia el Estado con impuestos). Frente al Estado centralista, el cambio que se ha producido no es solo cuantitativo, sino, sobre todo, cualitativo en relación a quién gestiona el imponente gasto público, lo que no es irrelevante en términos políticos o de eficiencia económica. Muy al contrario, hace descansar la economía política en los entes territoriales, y ocurre que, a la luz de sus amplias competencias, los destinatarios finales son las empresas privadas que contratan con las distintas administraciones. En particular, en materias como la sanidad o la educación, que precisamente suponen el grueso del gasto público. Fue en 1984 cuando el gasto batió la frontera del 40%, y desde entonces no ha bajado, con un récord histórico del 51,4% en 2020 En 2023, sin ir más lejos, el 30% del gasto de todas las administraciones públicas se destinó a sanidad, mientras que otro 25,9% fue a parar a educación. En total, casi el 56%. O lo que es lo mismo: 161.664 millones de euros. ¿Cuál es el cambio? Básicamente, uno. Si antes eran las administraciones quienes prestaban los servicios públicos de forma directa a los ciudadanos, a partir de los años 80 y 90, en un contexto de liberalización y desregulación del sistema económico, el sector público comenzó a dar un paso atrás y dejar que fueran empresas privadas quienes lo hicieran. No sólo vendiendo empresas en manos del Estado, sino también a la hora de gestionar los servicios públicos esenciales. Entre 1996 y 2015, por ejemplo, el Estado ingresó tras la venta de 76 empresas públicas (en euros constantes) 53.908 millones de euros por privatizaciones.
La Administración central (incluyendo la Seguridad Social), de esta manera, se ha reconvertido en una especie de agente económico de carácter asistencial que se limita a pagar prestaciones, pero está en trance de dejar de ser un agente económico activo. Sólo en los últimos años ha aumentado su presencia en asuntos relacionados con la seguridad y la defensa obligado por circunstancias geopolíticas. Paga pensiones, paga desempleo o paga dependencia, y al mismo tiempo gestiona funciones esenciales de un Estado como son la política exterior, la defensa o la justicia, pero quienes gestionan la cosa pública corriente son los territorios, que en los últimos años han acelerado las externalizaciones de los servicios públicos, incluso los de carácter fundamental. No es neutral esta estrategia. Un estudio del gabinete técnico de CCOO ha estimado que el coste para las arcas públicas de financiar el mismo tratamiento médico es hasta seis veces mayor en la concertada que en la pública. Por ejemplo, sostiene el sindicato de Unai Sordo, actuar sobre una hernia cuesta menos de 700 euros en la pública y casi 3.400 euros en la concertada. “Se trata”, concluye, “de una ineficiencia del gasto público que conlleva un elevado coste de oportunidad porque ese exceso de dinero utilizado de manera ineficiente se detrae de prioridades sociales”.
Familias excluidas
CCOO pone otro ejemplo. La escasez de oferta pública de Formación Profesional (FP) o de másteres universitarios excluye a muchas familias de estos servicios y les obliga a pagar más de su bolsillo o a endeudarse para acceder a la educación superior. El gasto nominal por hogar afectado en FP superior se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 euros a 2.085 euros. Igualmente, la privatización de los másteres incrementa el coste para cada hogar afectado en casi 1.600 euros.
Otro trabajo publicado por los economistas Marc Esteve (Esade) y Germà Bel (Universidad de Barcelona), en la misma línea, desmintió la premisa de que las empresas privadas ofrezcan precios más bajos y mayores índices de eficiencia a la hora de prestar servicios públicos. Así, por ejemplo, los autores analizaron los costes y la eficiencia de 61 hospitales públicos y privados. Observaron que, si bien algunas organizaciones hospitalarias del sector privado presentaban una mayor eficiencia, los costes eran menores si los servicios eran prestados por hospitales públicos. No se trata de colaboración público-privada, sino de la entrega de la gestión de determinados servicios públicos al sector privado, lo que supone una especie de reinvención del Estado, cuyas funciones van en la línea de limitarse a la regulación y a cubrir las prestaciones sociales de carácter económico. Así, por ejemplo, como pone de manifiesto un reciente análisis de CaixaBank Research, el mayor crecimiento dentro de la categoría de salud se debe a un mayor gasto en servicios hospitalarios, servicios ambulatorios y servicios de salud pública. Frente al Estado centralista, el cambio no es sólo cuantitativo, sino, sobre todo, cualitativo: ¿Quién gestiona el gasto público? Esto puede explicar que en los últimos años se haya intensificado el gasto de las familias para cubrir algunas necesidades básicas. Como publicó este periódico, los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) muestran que los hogares gastan ya un 6,6% de su presupuesto en educación, sanidad y seguros de salud.
Se trata de un gasto superior al que se realiza en actividades recreativas y culturales (el 5% del presupuesto) y el mayor porcentaje en los últimos 18 años (hasta donde abarca la serie histórica). El gasto en educación privada ha crecido un 10,4% en el último año en términos reales y en sanidad un 7%, muy por encima del 2% general que han aumentado los presupuestos familiares, lo que explica su ganancia de protagonismo. En términos corrientes, los hogares gastaron 1.377 euros de media en 2024 en sanidad, 553 en educación y 1.464 en seguros de salud, aunque los datos por comunidades autónomas y niveles de ingresos dibujan un panorama muy distinto.
El coste de la gestión privada
La tendencia hacia un mayor gasto en los servicios privados se explica por múltiples factores, pero el debate sobre su eficiencia todavía no se ha producido, pese a que este concepto es el principio rector de la contratación pública. La CNMC ha advertido que “la utilización de estas figuras plantea algunos riesgos para la competencia y la eficiencia, especialmente cuando su uso es más intenso” Esto es así, como dice la propia comisión de competencia, porque en un contrato las condiciones de eficiencia en la provisión del bien o servicio (precio, calidad, adecuación a las necesidades, etc.) “dependen del grado de competencia que exista en el mercado y el de la licitación”. Ya el propio Tribunal de Cuentas publicó un informe hace algunos años en el que señalaba que el coste medio por habitante del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos era de 42,55 euros cuando había gestión directa por parte de los ayuntamientos y de 53,90 euros cuando había por medio concierto o convenio.
Esos servicios, como se sabe, los cubría directamente el Estado, a través de cualquiera de sus administraciones, hasta los años 80 y 90, pero los cambios normativos han creado una configuración muy diferente del propio sector público. Se puede hablar, de hecho, de que las administraciones públicas —fundamentalmente los ayuntamientos— han dado un paso atrás en la prestación de servicios como la seguridad, el tratamiento de agua o la gestión de polideportivos municipales. No sólo adjudicando un contrato de servicios, sino también impulsando las subcontrataciones, con lo que el sector público pierde el contacto directo con la empresa que ha sido beneficiaria de la adjudicación. Actuar sobre una hernia cuesta menos de 700 euros en la sanidad pública y 3.400 en la concertada. “Es una ineficiencia", dice CCOO No es de extrañar, en este sentido, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya advirtiera que la externalización no es neutral en términos económicos. “La opción entre la ejecución directa o su externalización (...) tiene repercusiones sobre el régimen jurídico aplicable, sobre el coste de los servicios, sobre el control de su dirección y ejecución, sobre el principio de libre concurrencia y sobre el propio mercado”, sostiene en un reciente trabajo. Este proceso se ha acelerado, precisamente, en un contexto de expansión del gasto público, que no es lo mismo que el consumo público. Mientras que el gasto público incorpora los empleos en pensiones, desempleo, inversiones o el pago de los intereses de la deuda, el consumo público tiene en cuenta el gasto en servicios sanitarios o educativos o el gasto corriente necesario para que funcione la Administración. Las subvenciones, por ejemplo, son gasto público, pero no consumo público.
No hay que olvidar, según la AIReF, que la ratio de gasto público sobre PIB se ha incrementado en 2,6 puntos porcentuales de PIB entre 2019 y 2024. O en 3,4 puntos si se incluye el gasto asociado a los fondos europeos ligados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Una enorme tarta
La cantidad no es pequeña, lo que explica el interés de las empresas privadas por gestionar, normalmente a través de instrumentos como las concesiones o la firma de convenios, una enorme tarta presupuestaria que antes realizaba directamente el sector público. El año pasado, por ejemplo, el consumo público final (que incluye todas las administraciones) ascendió a 307.800 millones de euros, lo que representa un increíble aumento del 47% en el último decenio hasta suponer el 19,3% del PIB. O expresado de otra forma, el interés del sector privado por contratar con las administraciones va en aumento a la vista del enorme negocio que supone. Se puede hablar, de hecho, que para muchos sectores su mejor cliente es el propio Estado gracias a su potencia presupuestaria. Los sueldos en el sector privado son más bajos que en el público, lo que supone un ahorro importante para la Administración A las administraciones también les interesa este esquema, al menos, por tres factores. El primero es que la externalización de servicios públicos no engorda las plantillas, algo que normalmente tiene un coste político para los gobiernos. Por esta razón, prefieren subcontratar o externalizar necesidades públicas, por ejemplo en materias como la consultoría. En el caso del Gobierno central, por ejemplo, en los últimos años se ha visto obligado a firmar cientos de contratos con empresas privadas ante el colapso que han sufrido algunos departamentos a la hora de distribuir los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En particular, a través de las ‘big four' (las grandes consultoras) que han ayudado a aliviar los cuellos de botella. Es decir, es una forma de camuflar plantillas, ya que en realidad la función de distribuir los fondos europeos corresponde al Estado a través de cualquiera de sus administraciones.
El segundo motivo es que los sueldos en el sector privado son sensiblemente más bajos que en el público, lo que supone un ahorro importante, aún a costa de que las condiciones laborales son más precarias en el sector privado. Los sueldos públicos, aunque hay que tener en cuenta el llamado efecto composición (la diferente cualificación profesional) son alrededor del 25% más elevados que en el sector privado, lo que es un incentivo para externalizar servicios. Y, en tercer lugar, la externalización hace posible al sector público tener acceso a nuevas tecnologías que de otra manera se hubiera obligado a realizar costosas inversiones. Cosa distinta son los resultados de esa estrategia.

 

[Saturio]

https://www.pressreader.com/spain/el-economista/20251103/page/24/textview

El porcentaje de ‘boomers’ que cobran subsidio de paro alcanza su máximo

Saludos.

En 2019 volvio a entrar en vigor (lo estuvo, creo, hasta 2012) lo que se da en llamar jubilación anticipada forzosa (más bien debería ser forzada). En casos de extinción colectiva, causas objetivas, como resultado de un proceso concursal...Se puede adelantar 4 años la edad de jubilación si se tienen 33 años cotizados. Hay que tener en cuenta que la prestación supone cotizaciones iguales a la última base de cuando se estaba en alta y el subsidio de un 150% del SMI (que ha subido bastante).
La reducción es de un 30% (empieza en un 30% con 4 años de anticipación) de la pensión que salga de calcular la base reguladora.

En muchas ocasiones si alguien tuviese posibilidad (que habría que verlo) de encontrar trabajo a los 58 o 59 años podría estar haciendo el canelo puesto que en este nuevo trabajo quizás la extinción no es por alguna de esas causas (siempre se puede pelear en los juzgados, claro) y te quedas tres meses después de haber conseguido el nuevo trabajo en la calle y sin posibilidad de anticipar la jubilación esos 4 años.

[Fomento Cemento]

Pagamos y repagamos:


https://elpais.com/economia/2025-11-03/el-futuro-proximo-de-sareb-liquidacion-y-una-deuda-de-16500-millones-que-pagara-el-contribuyente.html

Mercado inmobiliario>
El futuro próximo de Sareb: liquidación y un déficit de 16.500 millones que pagará el contribuyente
El conocido como banco malo entrará en disolución en 2027 con una cartera de 6.000 millones de activos inmobiliarios y créditos por vender


Madrid - 03 nov 2025 - 05:15CET

La factura de Sareb va a salir cara al contribuyente. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria entrará en disolución en 2027, ya que no existe la intención del Gobierno de alargar la vida al conocido como banco malo, confirman fuentes del Ministerio de Economía a este diario. Pero habrá dos consecuencias: la primera, que el Estado asumirá un agujero de 16.500 millones de euros, por la deuda de esta entidad a pagar a los tenedores de los bonos con aval del Tesoro y, además, Sareb deberá seguir funcionando en un periodo final desde 2027 -en liquidación- con alrededor de 6.000 millones de activos inmobiliarios y financieros que no haya dado tiempo a vender o traspasar a terceros, según se calcula desde el sector.

Para entender la particularidad del banco malo y de su liquidación hay que viajar al 2012. A finales de ese año se creó Sareb, que adquirió 50.781 millones de euros en activos tóxicos procedentes de las cajas de ahorro con problemas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, para lo que se endeudó en la misma cantidad a través del lanzamiento de bonos avalados por el Estado. Se le dio una vida útil de 15 años en los que tenía que liquidar esa cartera mediante ventas a terceros. Pero si en esos tres lustros no era capaz de traspasar los 50.781 millones en activos y devolver la deuda, ¿qué ocurriría? Al final sucederá el peor escenario posible, que el Tesoro tendrá que pagar a los bonistas la diferencia con lo que no se consiga recaudar, una cifra que actualmente se sitúa en unos 16.464 millones de patrimonio neto negativo, un montante que según Economía es la mejor fórmula para estimar el impacto en el aval del Estado.

Ese agujero de 16.500 millones se ha formado por la diferencia de lo que Sareb se endeudó para comprar los activos y lo que realmente consigue recaudar por las ventas, ya que el valor de mercado real es claramente inferior a lo pagado a las cajas de ahorro.

Para este análisis de cómo será la liquidación sin precedentes del banco malo, este diario ha hablado con fuentes internas de la entidad, de la Administración central y responsables de entidades financieras, empresas inmobiliarias y consultoras conocedoras de la actividad de Sareb. Actualmente, esta empresa pública está presidida por Leopoldo Puig y controlada accionarialmente por el FROB, la Autoridad de Resolución Ejecutiva dependiente del Ministerio de Economía encabezado por Carlos Cuerpo.

El responsable de una inmobiliaria recuerda las palabras de Jaime Echegoyen, expresidente de Sareb y ya fallecido, quien explicaba recurrentemente cómo sería la liquidación del banco malo: “Es como una mudanza, que después de llevarte todo, todavía queda alguna caja y cosas tiradas por el suelo”. En este caso, los objetos serán la cartera no vendida y la deuda impagada.

Aunque la liquidación no será como la de una empresa corriente y endeudada, como pudiera ser el caso en el pasado de las promotoras Martinsa-Fadesa o Reyal Urbis. En esta ocasión, el Tesoro tendrá que pagar la deuda en 2027, por lo que los últimos años de la entidad serán en limpio, sin pasivo. Los expertos consultados coinciden en que sería impensable un concurso de acreedores tradicional con quita de deuda, ya que eso supondría un default inimaginable del Reino de España al no asumir el aval.
Cuando nació Sareb, la previsión de Luis de Guindos (PP), entonces ministro de Economía, era que la absorción del ladrillo tóxico de las cajas de ahorro por parte del banco malo no tendría costes para el contribuyente y que incluso daría una rentabilidad del 15%. Pero la realidad es que la entidad presidida por Puig desde mayo ha ido dando pérdidas desde el primer día y suma 5.330 millones en números rojos desde el inicio de su actividad.

Evolución de la Sareb desde su creación


Al banco malo le queda por traspasar 18.999 millones de euros en activos, de los que 12.050 millones son inmuebles y 6.949 millones créditos al promotor fallidos (préstamos para afrontar obras en el ciclo inmobiliario anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007), según los últimos datos disponibles, los de cierre de 2024. Además, gracias a las ventas, Sareb ha cancelado 22.598 millones de deuda, por lo que le queda por pagar 28.183 millones a los bonistas (que fundamentalmente son entidades financieras y fondos).

En 2027, la deuda bruta a pagar por el Tesoro será previsiblemente aún mayor que los 16.500 millones, que se puede considerar el agujero neto, ya que a partir de esa fecha Sareb en liquidación todavía tendrá una cartera a vender por la que recibirá ingresos y, además, el Estado asumirá el nuevo parque de vivienda asequible.

La aparición de Sepes
La cancelación de la deuda por parte de Sareb además se complicó desde que a inicios de 2025 el Gobierno decidiera cambiar su política de vivienda y utilizar al banco malo como un instrumento más para crear un parque público de casas. De esta forma, en julio, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, comunicó que Sareb traspasaría de forma gratuita (una donación) 40.000 pisos y 2.400 suelos (con capacidad para construir 55.000 pisos adicionales) a otra empresa pública llamada Sepes y que será el germen de ese futuro parque residencial asequible. Ese traspaso está valorado en 5.900 millones, pero Sareb no recibirá ni un euro, por lo que no podrá amortizar deuda en una cantidad similar.

El anuncio del Gobierno de traspasar la vivienda de Sareb a Sepes, una sociedad pública hasta ahora dedicada fundamentalmente a la transformación de suelo industrial, causó perplejidad y preocupación en la plantilla del banco malo, compuesta actualmente por 280 personas. El equipo de Sareb tenía ciertas expectativas de que se prorrogase la vida de la empresa más allá de 2027 y no entendió porqué Sepes, más pequeña y sin personal preparado, va a asumir la tarea que ya realiza la compañía presidida por Puig, lo que aboca a los empleados a quedarse sin funciones y con una perspectiva con poco futuro a partir de la liquidación en 2027. El propio Puig ha trasladado a la plantilla que no habrá medidas traumáticas, pero a día de hoy no hay planes por parte del Gobierno de que Sepes asuma a esos trabajadores experimentados ni el sistema de gestión de la cartera. De momento, ni una sola vivienda ha sido transmitida a Sepes, en unas donaciones que podrían irse en parte más allá de 2027, según Economía.

El propio presidente del FROB, Álvaro López Barceló, explicó a finales de septiembre en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que Sareb será una sociedad de liquidación a partir de 2027, que deberá seguir con esa actividad de liquidación de los activos que queden en su balance. Desde el departamento de Carlos Cuerpo se explica que la entidad cambiará su estado jurídico, a lo que se podría llamar como Sareb en liquidación. “La disolución supondrá un cambio en su estado jurídico, pero no en su actividad práctica”, indican las mismas fuentes de Economía. Así, por ejemplo, dejará de contar con un consejo de administración y habrá una junta liquidadora. ¿Durante cuánto tiempo funcionará? De momento, es una incógnita, ya que los 6.000 millones en activos remanentes —calculados desde el sector— se podrían liquidar de golpe con traspasos grandes a fondos, pasarlos a otra entidad del Estado o ir vendiéndolos poco a poco.

Lo que sí parece es que Sareb seguirá contando con sus proveedores, llamados servicers en la jerga financiera, a partir de 2027. En la actualidad son las empresas Hipogés (del fondo KKR, aunque en proceso de venta a Pollen Street) y Aliseda/Anticipa (de Blackstone), los que se encargan de ayudar a la empresa pública en las transacciones. Desde Economía se asegura que lo normal será que mantenga a partir de esa fecha su modelo de gestión actual, con la externalización a esos proveedores.

El presidente de una inmobiliaria explica a este diario que ve correcta la intención del Gobierno de acabar con Sareb cuanto antes, porque cree que su funcionamiento es una forma de seguir enterrando dinero, ya que una vez que el Estado cumpla con sus obligaciones de deuda, no tiene sentido darle una patada para adelante a un símbolo de una crisis inmobiliaria que se inició hace casi dos décadas y que ya está superada. Por eso, cree que un organismo como la SEPI podría hacer esa función ayudado por los servicers.

Sin consecuencia para la banca
A nivel de contabilidad nacional no se espera que la liquidación de Sareb suponga engordar el déficit público, debido a que desde 2021 Eurostat obligó a España a que contabilizara ese pasivo como deuda pública ya que estaba avalada por el Estado. Lo normal será que el Tesoro emita nueva deuda para amortizar el equivalente a los bonistas. Esa situación desde hace cuatro años supuso que el FROB acabase tomando en 2022 la mayoría accionarial del banco malo, dejando en minoría a Santander, CaixaBank, Sabadell, Kutxabank e Ibercaja, entre otros accionistas privados.

Quien ya no tendrán que asumir consecuencias de la liquidación son esas entidades financieras que quedan en el accionariado, ya que todas ellas provisionaron ya el valor de esas participaciones, que valen cero en sus balances, recuerdan las fuentes consultadas.

[CHOSEN]

Primero Venezuela, luego Nigeria...qué tendrán en común. Supongo que no será petróleo de ese que sobra y dicen que eso del peak oil es un cuento.

Si fuera por petróleo EEUU no habría invadido militarmente Europa -esto es literal-.
Y si el petróleo tiene tanta importancia... ¿que hace Europa justo en dirección contraria?
Son dos preguntas.
Solo dos, que habría que responder para no incurrir en contradicciones.
Las criptomonedas representan el 3% de toda la energía consumida por EEUU. ¿De verdad el petróleo escasea?
Para mi, creer "lo que sea" respecto del petróleo es como asumir que Marte en luna nueva trajo la primera y la segunda guerras mundiales. Guerras que por supuesto nada tuvieron que ver con el petróleo, sino con la proyección de poder.

Ni que decir tiene que el uranio es, con diferencia, muchísimo más interesante.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Nucleon.

[CHOSEN]

Es el momento. Nosotros le sacaríamos el jugo al experimiento. ¿No creen ustedes que tengo razón?

La tiene.
Pero el desamparo en EEUU (fuente del problema) no tiene la misma forma que el desamparo en un país de tradición nacional-socialista-garantista-paternalista como es España, donde la barbie-ministra de vivienda DIJO que el artefacto era el complemento a las pensiones, las cuales ya superaban el salario mediano.
Esa misma gente va a ser la que implemente la solución.
Lo digo, porque no podemos descartar que la política siga haciendo descarrilar el tren, como lleva haciendo desde que se montó la estafa.
En 1980 la gente ya comía pan y vivía en pisos.

[Saturio]

Primero Venezuela, luego Nigeria...qué tendrán en común. Supongo que no será petróleo de ese que sobra y dicen que eso del peak oil es un cuento.

Si fuera por petróleo EEUU no habría invadido militarmente Europa -esto es literal-.
Y si el petróleo tiene tanta importancia... ¿que hace Europa justo en dirección contraria?
Son dos preguntas.
Solo dos, que habría que responder para no incurrir en contradicciones.
Las criptomonedas representan el 3% de toda la energía consumida por EEUU. ¿De verdad el petróleo escasea?
Para mi, creer "lo que sea" respecto del petróleo es como asumir que Marte en luna nueva trajo la primera y la segunda guerras mundiales. Guerras que por supuesto nada tuvieron que ver con el petróleo, sino con la proyección de poder.

Ni que decir tiene que el uranio es, con diferencia, muchísimo más interesante.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Nucleon.

Si, es por el petróleo pero no por el Peak Oil.
Estados Unidos es un exportador neto de petróleo crudo (y no sé si de refinados).
Ya sabemos el problema de déficit comercial que tiene USA.
A Estados Unidos le interesa quitar competidores del mercado y que además el petróleo se venda lo más caro posible.

[Saturio]

No sé si poner esto aquí o en el hilo de la otra burbuja.

https://www.theregister.com/2025/10/29/microsoft_earnings_q1_26_openai_loss/

Microsoft just revealed that OpenAI lost more than $11.5B last quarter.

Hay que analizar los resultados trimestrales de Microsoft para encontrarlo. No es que Microsoft lo haya dicho en una nota de prensa.

La cosa va así. Microsoft tiene una gran proporción de las acciones de OPENAI. Según esa proporción, contablemente está obigada a integrar la información de esa filial en sus cuentas en la proporción en la que participa (más o menos, de las normas de consolidación americanas no tengo ni idea).

Como se imputa una determinada pérdida por las operaciones de la filial y sabemos la proporción de capital que tiene de OpenAI, la conclusión es que OpenAI ha perdido 11.500 millones en un trimestre. Hay quién dice que podrían ser más de 12.000.

[CHOSEN]

Si, es por el petróleo

Y por los chips, y el oro, y por el agua, y por...y por...
Se acaba antes diciendo que es /¿somos?/ un imperio depredador, y nos ahorramos inventar un motivo cada día en cada lugar del mundo. Desde Panamá o Rep.Dominicana hasta Vietnam, el petróleo no es leit motiv.
No hace falta reinventar la historia cada mes, porque nos desvía de la realidad.

[newclo]

Buenos días

Perdidísimo ando

25 páginas de retraso.
Leo los mensajes de Asustadísimos en diagonal, que los tengo en un enlace directo

https://www.transicionestructural.net/index.php?action=profile;area=showposts;u=8320

Pero me he topado con esto y tenía que traerlo, a riesgo de que ya se haya comentado o que me pidan el link... que sí, que ahora lo traigo y edito:

Bessent (Tesoro US) vuelve al ataque: dice que unos tipos de interés demasiado elevados podrían haber provocado una recesión inmobiliaria que ya habría comenzado....

(De momento lo he sacado de esos grupos de Telegram que sueltan noticias al minuto o resumen del día)

Ya saben... la culpa de Too Late Powell


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EDITO, ya tengo enlace.... muchos enlaces
Valga este:

https://gbm.com/media/noticia/bessent-dice-que-altas-tasas-de-interes-en-eeuu-pudieron-causar-la-recesion-inmobiliaria/

Bessent dice que altas tasas de interés en EEUU pudieron causar la recesión inmobiliaria
Por Andrea Shalal

2 nov (Reuters) -Algunas partes de la economía estadounidense, en particular el sector de la vivienda, podrían estar ya en recesión debido a las elevadas tasas de interés, dijo el domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiterando su llamamiento a la Reserva Federal para que acelere los recortes de tipos.

"Creo que estamos en buena forma, pero creo que hay sectores de la economía que están en recesión", dijo Bessent en el programa "State of the Union" de CNN. "Y la Fed ha causado muchos problemas de distribución con sus políticas".

Bessent dijo que, aunque la economía estadounidense en general sigue siendo sólida, las elevadas tasas hipotecarias siguen obstaculizando el mercado inmobiliario. La vivienda, dijo, se encuentra efectivamente en una recesión que está afectando más a los consumidores de gama baja, porque tienen deudas, no activos.

Las ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos se mantuvieron estables en septiembre, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

El secretario del Tesoro calificó el entorno económico general de período de transición.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el banco central podría no recortar más las tasas en su reunión de diciembre, lo que provocó duras críticas de Bessent y otros funcionarios del Gobierno de Donald Trump.

El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, que tiene permiso para no ejercer su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, dijo en una entrevista con el New York Times publicada el sábado que la Fed corría el riesgo de inducir una recesión si no bajaba rápidamente las tasas de interés.

Miran, que regresará a su puesto en la Casa Blanca en enero, fue uno de los dos gobernadores del banco central que disintieron de la decisión de la Fed de la semana pasada de bajar las tasas de interés en 25 puntos básicos, abogando en su lugar por un recorte de 50 puntos básicos, o 0,5 puntos porcentuales.

"Si se mantiene una política tan restrictiva durante un largo periodo de tiempo, se corre el riesgo de que la propia política monetaria induzca una recesión", dijo Miran en la entrevista con el New York Times, realizada el viernes. "No veo razón para correr ese riesgo si no me preocupa la inflación al alza".

Bessent se hizo eco de esa opinión, diciendo que los recortes del Gobierno de Trump al gasto público habían ayudado a reducir la relación entre el déficit y el Producto Interno Bruto al 5,9% desde el 6,4%, lo que a su vez debería ayudar a reducir la inflación. La Fed también puede ayudar si sigue bajando las tasas de interés, agregó.

"Si se contrae el gasto, la inflación disminuirá. Si la inflación disminuye, la Reserva Federal debería bajar las tasas", sostuvo.

(Reporte de Andrea Shalal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)