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Fue el PP de Aznar que instauro el truculento método de contentar a todos. Por una parte se apuntaba la medalla de contener los precios de la tarifa eléctrica, a principios de la década pasada, y creaba un monstruo como método para el cálculo de la tarifa. Se trata de la lindeza que el mismo que produce es el mismo que vende y el mismo que fija el precio. El sistema que regula las subidas del recibo de la electricidad en España incluye como pieza fundamental una amañada subasta de trileros llamada subasta CESUR (Compra de Energía para el Suministro de Último Recurso) un pomposo nombre que tiene más que ver con Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como. En resumen no es sino una convención de empresas que juegan a subirse los precios durante las fechas y plazos prefijados para calcular el precio final.
Si nada se hace a finales de esta década los españolitos cargaran con una deuda de 60.000 millones de euros en parte ya titularizada, Es decir, el sindicato para consumar su expolio y que no tenga vuelta atrás ha puesto la deuda en el mercado financiero con el aval del Estado
no contentos con lo que el camarote da de si, hicieron aparecer en escena los “costes de transición a la competencia” que la prensa tradicional, muy comprensiva con el asunto y para encriptar su contenido, se le adjudicó la abreviatura de CTCs. Estos CTCs provienen de un protocolo suscrito entre el Ministerio de Industria y Energía y las “principales empresas eléctricas” suscrito el 11 de diciembre de1996. A diferencia de los comprensivos medios de comunicación lo encriptanron CTC, y los protocolizadores, que son los que entienden de verdad, los califican coloquialmente como “costes hundidos”.Veamos lo que dieron de si los “costes hundidos”, que se incrustaron dentro del “Marco Legal y Estable” establecido por el Real Decreto de 1987, conocido como el de la moratoria, utilizando la conocida “técnica de Romanones” en la que el Parlamento hace la ley a la medida y los “protocolizadores” el reglamento. Así, sin que tan siquiera exista debate parlamentario, las eléctricas recibieron, con cargo a las tarifas, y en expresión literal de la disposición transitoria sexta, que “serán repercutidos como costes permanentes del sistema a todos los consumidores de energía eléctrica”, un importe de hasta 1.988.561 millones de pesetas, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Llama la atención, ya no solo la cuantía astronómica de casi 2 billones de pesetas (12.000 millones de euros), sino también la expresión, que es literal de “costes permanentes del sistema” como si se quisieran perpetuar en una próxima tacada, como efectivamente se ha producido con el déficit tarifario.
Sabían a la perfección que todo era una invención para sacar de las arcas públicas unos imaginados “costes permanentes del sistema”. Tan sacados de la manga que la Comisión Europea no tragó con el encantamiento de los “costes de transición a la competencia” y los calificó de ayudas de Estado. El problemon viene cuando los CTCs no figuran en los presupuestos generales del Estado y si en las tarifas, por lo que afecta a su constitucionalidad.
Repito que la estructura y funcionamiento del timo me cuadra bien, pero carga todas las tintas en el fallido de la inversión en "nucelares", pero sin negar su veracidad, no me da ningún dato de esos supuestos "costes" para demostrármelo. Todo el argumentario está apuntando a nucelares sin aportar un solo dato de costes, inversiones, externalidades, devaluaciones; y no sé hasta qué punto, parte de ese expolio es aplicable a todo el entramado productor-distribuidor y no sólo al nuclear.
Lleva 18 años dedicado a demostrar que las compañías eléctricas abusan del consumidor en la factura de la luz. Antonio Moreno, un ingeniero sevillano que cobra una pensión de 980 euros, se ha convertido en un Robin Hood demasiado molesto para las grandes empresas, que ahora quieren cerrar su web y multarle con 50.000 euros. En los dos últimos años, varias reclamaciones de Moreno han hecho que las eléctricas dejen de cobrar cerca de 500 millones de euros.
09.06.20081.- PRÓLOGOEstimado lector, si es usted uno de los 23 millones de usuarios que tiene alquilado el contador de la luz, su compañía eléctrica le lleva cobrado ilegalmente por dicho alquiler casi 350 euros de media (*), de los cuales al menos la mitad se los ha estafado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).(*) el contador instalado en las viviendas le cuesta actualmente a las compañías eléctricas menos de 18 euros.Uno de los fines de esta página web es ayudarle a recuperar la cantidad que su compañía eléctrica le ha cobrado ilegalmente por el alquiler del contador. Para ello, le facilitaré una reclamación a la que irán adjuntos los documentos que demuestran que su compañía eléctrica le ha cobrado dicha cantidad por un servicio que no le ha dado por motivos imputables única y exclusivamente al Gobierno.Gracias a un programa informático desarrollado expresamente para esta aplicación, usted sólo tendrá que teclear sus datos personales para saber la cantidad que su compañía eléctrica le ha cobrado ilegalmente y obtener una copia personalizada de dicha reclamación.A 31.12.2007, la cantidad que las compañías eléctricas llevaban cobrada ilegalmente por el alquiler de los contadores de la luz se aproximaba a 7.500 millones de euros, (incluido el IVA), de los cuales al menos la mitad han sido estafados a través del BOE. Desde el 01.01.2008, dicha cantidad se incrementa cada día en más de 600.000 euros Evidentemente, para cobrar ilegalmente 7.500 millones de euros a 23 millones de personas, incrementar cada día dicha cantidad en más de 600.000 euros y utilizar impunemente el BOE desde 1984 para estafar como mínimo la mitad de esos 7.500 millones de euros es precisa la existencia de una tupida red de corrupción que controle todos los organismos de detección y represión del fraude de los que dispone un Estado de Derecho para proteger los legítimos intereses económicos de los ciudadanos.
- Soy un individuo que ha presentado “una denuncia manifiestamente falsa (…), pues los hechos denunciados no gozan de una mínima apariencia de verosímiles, al no existir una mínima base de acreditación”, como afirma el magistrado Carlos Dívar Blanco, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4; después, presidente de la Audiencia Nacional, y, actualmente, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
En consecuencia, si los sueldos pagados por las compańías eléctricas a Felipe González y José María Aznar merecen alguna crítica, es por su manifiesta ridiculez, ya que - el sueldo anual pagado por Gas Natural-Fenosa a Felipe González (126.000 euros) - es el 0,0145% de los 867 millones de euros cobrados ilegalmente por Unión Fenosa por el alquiler de sus contadores durante los 13,4ańos que Felipe González fue presidente del Gobierno. Es decir, por cada 1.000.000 € cobrado ilegalmente gracias a Felipe González, Gas Natural-Fenosa paga a éste 145 € anuales. - es la cantidad que Gas Natural-Fenosa ingresa ilegalmente en 36 horas con el alquiler de sus contadores electromecánicos - el sueldo anual pagado por Endesa a José María Aznar (200.000 euros) - es el 0,0214% de los 936 millones de euros cobrados ilegalmente por Endesa por el alquiler de sus contadores durante los 7,9 ańos que José María Aznar fue presidente del Gobierno. Es decir, por cada 1.000.000 € cobrado ilegalmente gracias a José María Aznar, Endesa paga a éste 214 € anuales. - es la cantidad que Endesa ingresa ilegalmente en 24 horas con el alquiler de sus contadores electromecánicos.
El camino que la sociedad tiene que recorrer hasta conseguir que todos los jueces indolentes, serviles y/o prevaricadores sean expulsados de inmediato de la Administración Pública y condenados a pagar de su patrimonio personal los daños ocasionados con su indolencia, servilismo y/o prevaricación es largo y tortuoso, máxime teniendo en cuenta la kafkiana situación actual, en la que las fianzas y responsabilidades civiles impuestas a los jueces por actuaciones indebidas en el ejercicio de su función son cubiertas por un seguro de 450.000 euros contratado por el Consejo General del Poder Judicial y pagado por los contribuyentes, es decir, por las víctimas de dichas actuaciones.