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Citar Tampoco deberíamos olvidar que nosotros somos ateos en un país de cultura católica, y eso es muy diferente de serlo según qué otras.Felicitaciiones. Has clausurado el debate filosofico a tiempo.Es que la observacion es muy, muy buena además.
Tampoco deberíamos olvidar que nosotros somos ateos en un país de cultura católica, y eso es muy diferente de serlo según qué otras.
Muy interesante el post de Obcad acerca de la legitimidad del sistema y su descubrimiento de que no la tiene.Al menos el componente de legitimidad otorgada se ha perdido y es una condición necesaria y suficiente para que perdure un sistema político.Es la advertencia del primer día de clase en CC Políticas y derecho Constitucional.¿En qué consiste la legitimidad otorgada? Creo que se puede resumir en el convencimiento generalizado de que un sistema tiene sentido moral, cumple sus funciones y lo hace en beneficio de la mayoría.La monarquía absoluta dejó de tenerlo en su día del mismo modo que la URSS lo perdió como antes lo perdió el franquismo. Ni sus fundamentos tenían sentido moral ni eran funcionalmente operativos. Perdieron credibilidad.Uno sospecha que lo mismo ha ocurrido con los sistemas surgidos de la revolución francesa y de su precedente, la revolución americana. El sistema lo sabe y por eso el bombardeo acerca de "derechos humanos" --de los que no resisten análisis ni confrontación con los hechos cotidianos--, el uso torticero de la palabra democracia y otros trucos semánticos para reducir constantemente la libertad de la ciudadanía y su capacidad de decisión y elección. El sistema está en una fuga hacia adelante sin saber hacia qué barranco avanza ni ser capaz de diagnosticarse: "Ya se irán dando cuenta", dicen en privado.La gente "sabe" y entiende que un sistema basado en...1. Comprar el voto con cargo al presupuesto.2. Decidiendo el ganador quién va a pagar esos votos.No puede durar muchos ciclos. Dura lo que duró la pasta aunque esta sea de humo y la coacción todopoderosa. Nos resistimos a reconocerlo porque necesitamos un Dios protector y esta forma de Estado es el último vestigio que queda del "Altísimo" tras cargarnos los anteriores. Pero es un dios falso y precario.Se trataría por tanto de buscar un nuevo dios, de construirlo. Uno que sea creíble, naturalmente. Un dios que una ciudadanía madura, de seres humanos auto-realizados, pueda aceptar sin avergonzarse de si misma.Este trabajo habrá que hacerlo y perdemos el tiempo buscando arreglos de lo que no tiene arreglo.
Cita de: Manu Oquendo en Noviembre 13, 2013, 19:15:02 pmMuy interesante el post de Obcad acerca de la legitimidad del sistema y su descubrimiento de que no la tiene.Al menos el componente de legitimidad otorgada se ha perdido y es una condición necesaria y suficiente para que perdure un sistema político.Es la advertencia del primer día de clase en CC Políticas y derecho Constitucional.¿En qué consiste la legitimidad otorgada? Creo que se puede resumir en el convencimiento generalizado de que un sistema tiene sentido moral, cumple sus funciones y lo hace en beneficio de la mayoría.La monarquía absoluta dejó de tenerlo en su día del mismo modo que la URSS lo perdió como antes lo perdió el franquismo. Ni sus fundamentos tenían sentido moral ni eran funcionalmente operativos. Perdieron credibilidad.Uno sospecha que lo mismo ha ocurrido con los sistemas surgidos de la revolución francesa y de su precedente, la revolución americana. El sistema lo sabe y por eso el bombardeo acerca de "derechos humanos" --de los que no resisten análisis ni confrontación con los hechos cotidianos--, el uso torticero de la palabra democracia y otros trucos semánticos para reducir constantemente la libertad de la ciudadanía y su capacidad de decisión y elección. El sistema está en una fuga hacia adelante sin saber hacia qué barranco avanza ni ser capaz de diagnosticarse: "Ya se irán dando cuenta", dicen en privado.La gente "sabe" y entiende que un sistema basado en...1. Comprar el voto con cargo al presupuesto.2. Decidiendo el ganador quién va a pagar esos votos.No puede durar muchos ciclos. Dura lo que duró la pasta aunque esta sea de humo y la coacción todopoderosa. Nos resistimos a reconocerlo porque necesitamos un Dios protector y esta forma de Estado es el último vestigio que queda del "Altísimo" tras cargarnos los anteriores. Pero es un dios falso y precario.Se trataría por tanto de buscar un nuevo dios, de construirlo. Uno que sea creíble, naturalmente. Un dios que una ciudadanía madura, de seres humanos auto-realizados, pueda aceptar sin avergonzarse de si misma.Este trabajo habrá que hacerlo y perdemos el tiempo buscando arreglos de lo que no tiene arreglo.No estoy nada de acuerdo. La Alemania del Este, Rumanía, Bulgaria, etc... hubieran podido seguir en 1989 varias décadas sin inmutarse de no haber sido por el bloque capitalista. Llegaron a un punto de control social y de aplastamiento de la disidencia tal que literalmente no se hacía nada sin que lo supiera el Partido, era imposible un cambio desde dentro. Si quereis ejemplos actuales, mirad Cuba y Corea del Norte... Coincide que todos ellos son comunistas pero no hablo exclusivamente de comunismo, he mencionado esos ejemplos porque el comunismo aplicado durante décadas puede acabar por tener un control total muy visible, pero hay muchos más ejemplos de países capitalistas donde el control sigue en las mismas manos que hace 100 años de forma más disimulada.Yo, por lo que he visto hasta ahora, estoy convencido que hasta que la MN no esté muerta y enterrada, hasta que los que crecieron con los Pokemon no tengan 50 años, hasta que no esté jubilado el último de los que conocieron el mundo pre-Internet, no vamos a ver una TE de verdad en España, este país ha expulsado/desactivado/aniquilado a los que querían y quieren un cambio del modelo tochopladur+solyplaya+jurgolesteban. En Cuba no pueden echar a Castro porque la mitad de su población (la que no quería a Castro) se ha largado a "Maiami", en Rumanía no podían echar a Ceaucescu hasta que Reagan dijo que ya le podían echar, en la Alemania del Este se hubieran acabado espiando entre ellos cruzadamente hasta dar nueve vueltas al país (acabando en que cada uno se tenía que espiar tres veces a sí mismos) hasta que Gorvachofffff firmó el desguace de la URSS, etc... Si en un país con telecomunicaciones intervenidas expulsas a los disidentes que pueden irse, desactivas a los que se tienen que quedar y aniquilas a los que protestan, no queda nadie que pueda hacer nada desde dentro, en la década de 1980 se dieron cuenta que ya sabían cómo llegar al punto de control social total.Ya me dirás de qué sirve la legitimación social y todo eso, con Elipidio Silva defenestrado y Blesa riéndose en la calle. LES DA IGUAL, tienen el poder (poder=capacidad de imponer la realidad, sin importar quien lleve razón)
Los banqueros quieren más reformas, pero Rajoy se juega las elecciones si se las concede"Más reformas". Esa es la consigna que en estos momentos manda en los ámbitos del poder económico. No basta con las que se han hecho hasta ahora"Si se hacen más reformas, como la laboral y la energética, la economía podría crecer hasta un 3%", acaba de decir el presidente del BBVA, Francisco González, quien, al igual que su colega Emilio Botín, ha decidido volver a la arena pública para indicar el camino que deben seguir los políticos. La CEOE también está en esa línea: nunca le pareció suficiente la reforma laboral que se aprobó hace más de un año y sus exponentes no dejan de decir que hay que ir más allá. Portavoces empresariales también piden que se den pasos adicionales en la reforma de las pensiones y que se aborde una profunda reestructuración del seguro de desempleo. Y, claro está, también opinan que hay que seguir recortando el Estado o, en palabras del presidente del BBVA, "reducir el gasto público improductivo".Sin entrar en disquisiciones sobre lo que sería "gasto público productivo" para Francisco González –un ciudadano que se fijó una pensión de 81 millones de euros y que cada año se embolsa cerca de 10, como poco–, todo indica que sus palabras de ayer expresan muy bien el estado de ánimo del poder financiero y de los dirigentes de las grandes empresas. Acuciados unos y otros por los problemas que aquejan a sus entidades –y el mayor de ellos es el que conllevan sus deudas formidables– quieren que el Gobierno suministre al país dosis más fuertes de la receta que hasta ahora ha venido aplicando: la de los recortes y las reformas que empobrecen a los ciudadanos corrientes, mientras ellos, un reducido núcleo de personas, siguen aumentando sus ingresos.Lo malo es que su discurso coincide con las voces que llegan desde las instituciones internacionales. Más allá de las declaraciones de que "España lo está haciendo bien" y los aplausos, no poco fingidos, a la política de Rajoy, en la UE, el FMI o el BCE se cree que el Gobierno español se ha relajado un tanto en la aplicación de la política de austeridad, y esa opinión se trasluce en no pocas intervenciones oficiosas de sus representantes. Aunque la situación parece relativa y temporalmente controlada, al menos durante un tiempo que siempre puede acortarse de un día para otro, persiste la inquietud sobre el futuro del euro y sobre la estabilidad financiera de Europa, y los problemas españoles –particularmente su deuda pública y privada, que suman un 320% del PIB– son fuente principalísima de esa incertidumbre. "La situación de España es insostenible", acaba de decir la consultora presidida por el economista Nouriel Rubini, RGE Monitor.Y la solución que se sigue manejando en esos ámbitos para hacer frente a esos problemas, con matices e intenciones distintas, es, como era de esperar, la consabida de las reformas. Las hasta ahora citadas y alguna más, que tampoco se formula muy claramente. Pero todas ellas enmarcadas en un concepto que también se utiliza desde hace ya tiempo para el caso español: la devaluación interna. Es decir, el recorte de salarios y de precios . El que hasta ahora se haya producido lo primero no parece suficiente a los estrategas que opinan sobre la economía española. Tampoco a los banqueros como Francisco González, que quieren utilizar la palanca de los menores costes –de reducción de plantillas y de funcionamiento– para hacer frente a los problemas de sus entidades y de las empresas cuyo capital controlan directa o indirectamente.El problema que ahora tienen unos y otros –frente a lo que ocurría hace dos años, cuando el PP ganó las generales– es que Rajoy ya no puede atender con tanta solicitud esas demandas. Porque una nueva oleada de reformas y de recortes le podría costar demasiado cara. Las elecciones –dentro de unos meses, las europeas; en algo menos de año y medio, las municipales y regionales; y, unos meses después, las generales– empiezan a ser la gran prioridad del partido gobernante. Hasta el punto de que analistas como el citado Rubini descartan para España cualquier medida de política económica "reformadora" hasta que hayan tenido lugar esas citas electorales.El calendario político se entrecruza así con el económico como nunca lo había hecho desde que el PP ganó al PSOE en noviembre de 2011. Ciertamente, los grandes recortes y las duras reformas que se han hecho desde aquella fecha no han sido frenados por la contestación social. Rajoy no ha tenido que dar marcha atrás por culpa de la calle. Y eso también explica por qué gente como Francisco González pide ahora nueva caña en esa misma dirección. Porque él no le tiene mucho miedo a las protestas.Seguramente, tampoco Rajoy: hasta que un día se equivoque, que en esto de la contestación social no cabe hacer previsiones muy tajantes. Pero lo que ahora preocupa en el PP es su suerte electoral, su malísima posición de partida de cara a los compromisos que se avecinan. La reaparición, al menos formal y ya veremos en qué queda, de la opción socialista en el escenario debe de haberse sumado a esa inquietud: la reciente Conferencia Política del PSOE, aunque únicamente haya sido la reafirmación del liderazgo de Rubalcaba, abunda en esa dirección.En definitiva, que Rajoy está pillado. Tras meses de campaña de desenfrenado optimismo económico, ahora el mundo del dinero le dice que hay que concretar, que se deje de euforias forzadas y que apriete de nuevo el cinturón. Pero esa exigencia llega en mal momento. Pero algo tendrá que hacer. Veremos por qué opción se decanta, aunque, hoy por hoy, para él ninguna es buena.
Una treta legal descubierta por Botín librará a Cristina del banquilloQue la hija menor del Rey acabe yendo a juicio es altamente improbable. La llave de este vericueto jurídico la tiene el Tribunal Constitucional. La Casa Real, el Gobierno y la propia Infanta Cristina ya conocen la salida legal argumentada jurídicamente que hará posible que la hija del Rey no se siente en el banquillo de los acusados en el supuesto de ser imputada y procesada por el juez que instruye el caso Nóos.La llave de este vericueto jurídico la tiene el Tribunal Constitucional, que el próximo día 19 tendrá que decidir la vigencia de la llamada "doctrina Botín". Que, en esencia, establece que no basta sólo con la acusación popular para llevar a alguien a juicio, sino que es necesario que acuse la Fiscalía o la acusación particular en calidad de perjudicado directo.Se la conoce como "doctrina Botín" porque fueron los abogados del banquero los que ganaron dicho recurso cuando a su defendido sólo le acusaba la acusación popular. En 2007 el Tribunal Supremo dictaminó que el presidente del Banco Santander no podía ser acusado por una única acusación popular cuando ésta no era perjudicada directa. Se trataba del caso de las cesiones de crédito en el que estaban acusados Emilio Botín, otros tres ejecutivos del banco y 21 clientes.En el caso Nóos sólo existe una acusación popular, la del sindicato Manos Limpias, que desde el principio ha pedido la imputación de la Infanta. En el caso de que el Tribunal Constitucional apoye definitivamente la "doctrina Botín" la Infanta se verá beneficiada ya que ni la Fiscalía, ni el supuesto perjudicado directo (Ministerio de Hacienda), ni el Gobierno de Baleares, ni los concejales del PSOE del Ayuntamiento de Palma van a acusarla.Los únicos que volverán a pedir de nuevo su imputación son el sindicato Manos Limpias, quienes consideran que la Infanta Cristina ha participado al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin, en la empresa Aizoon; y por ser conocedora del gasto para asuntos personales del dinero público recibido por contratos en el Instituto Nóos.El precedente "Atutxa" no será suficienteLa última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Al día de hoy es muy previsible que se incline por mantener la "doctrina Botín", aunque encima de la mesa los magistrados tendrán también otra sentencia del propio Tribunal Supremo que matizó en 2008 su propia decisión anterior. Se trataba del caso Atutxa. Como hecho aislado en esa ocasión decidió condenar por desobediencia al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa tras negarse a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak.En aquella ocasión, el alto tribunal dictaminó que en los delitos que afectan a intereses colectivos, en los que no puede haber un perjudicado concreto, como es el de desobediencia, una acusación popular, que también ejercía el sindicato Manos Limpias, puede por sí sola abrir el juicio oral. Atutxa fue inhabilitado durante un año y medio para ejercer cualquier cargo público.Pero esto fue considerado casi como un hecho aislado. La "doctrina Botín" es la que puede salvar a la Infanta de sentarse en el banquillo. Aunque también es cierto que, al día de hoy, ni el fiscal, ni el abogado del Estado, ni los concejales del PSOE personados en la causa han observado delito alguno en la actuación de la Infanta. En realidad no sería la "doctrina Botín", sino el hecho de que nadie acuse. De ahí que el fiscal no entienda la insistencia del juez en imputarla cuando en realidad sólo conseguirá que haga el "paseíllo" pero nada más.
La del post anterior, y lo del Prestige, y lo del metro de Valencia, y lo de Bárcenas y la Gürtel -en donde está pringada toda la plana mayor de políticos y constructores del reino-, y lo de los EREs, y lo de Fabra, los mosos, el Madrid Arena, lo de las renovables, y esto otro.... y nada, eh, todos calladitos, quietecitos y poniendo buena cara... TENEMOS LO QUE NOS MERECEMOS. http://www.elsemanaldigital.com/blog.asp?idarticulo=132165CitarUna treta legal descubierta por Botín librará a Cristina del banquilloQue la hija menor del Rey acabe yendo a juicio es altamente improbable. La llave de este vericueto jurídico la tiene el Tribunal Constitucional. La Casa Real, el Gobierno y la propia Infanta Cristina ya conocen la salida legal argumentada jurídicamente que hará posible que la hija del Rey no se siente en el banquillo de los acusados en el supuesto de ser imputada y procesada por el juez que instruye el caso Nóos.La llave de este vericueto jurídico la tiene el Tribunal Constitucional, que el próximo día 19 tendrá que decidir la vigencia de la llamada "doctrina Botín" (...)
Una treta legal descubierta por Botín librará a Cristina del banquilloQue la hija menor del Rey acabe yendo a juicio es altamente improbable. La llave de este vericueto jurídico la tiene el Tribunal Constitucional. La Casa Real, el Gobierno y la propia Infanta Cristina ya conocen la salida legal argumentada jurídicamente que hará posible que la hija del Rey no se siente en el banquillo de los acusados en el supuesto de ser imputada y procesada por el juez que instruye el caso Nóos.La llave de este vericueto jurídico la tiene el Tribunal Constitucional, que el próximo día 19 tendrá que decidir la vigencia de la llamada "doctrina Botín" (...)
Lo que está sucediendo es que nos están sometiendo a un proceso de *saqueo* CALCADO, a los procesos neoliberales que practicaron con latinoamérica con la excusa de la "crisis de la deuda" desde los 70, 80 y 90
Por cierto, no sé si se ha comentado el tema Prestige, pero corre algo por las redes sociales tal que así: - Prestige: Sin culpables - Madrid Arena: Sin culpables - Ave Santiago: Sin culpables - Metro Valencia: Sin culpables - Escraches: Multas de 40.000 euros.Para echarse a temblar.
El Gobierno tiene a punto un instrumento con el que hacer frente a las nuevas formas de protesta ciudadana en el segundo tramo de la legislatura. Las movilizaciones que arrancaron con el 15-M y que constituyen una prioridad para el Ministerio del Interior desde que el PP ganó las elecciones, caso de las concentraciones frente al Congreso o los escraches, pasarán a estar tipificados como infracciones en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto estará en la mesa del Consejo de Ministros antes de que acabe noviembre.Se trata, precisamente, de castigar con sanciones económicas las movilizaciones a las que diferentes tribunales y jueces de instrucción han dado su aval como legítimo ejercicio de la libertad de expresión.Una vez que el nuevo Código Penal elimina las faltas, las acciones que antes eran tipificadas como tal ahora pasan a ser delitos o infracciones, según su gravedad. La Constitución frena cualquier tentación de convertir en delito actos vinculados a la libertad de expresión y es ahí donde el Gobierno opta por reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y convertir esas faltas en infracciones leves, graves o muy graves.Según adelantó este miércoles el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participar, por ejemplo, en una manifestación no autorizada frente al Congreso constituirá una infracción muy grave que llevará aparejada una fuerte multa. Un portavoz de su departamento aseguró que aún no se han cerrado las cuantías de las sanciones administrativas para cada infracción.Durante el primer tramo de legislatura, la estrategia del Ministerio del Interior consistió en intentar sentar a los manifestantes en el banquillo, incluido el de la Audiencia Nacional. El 15M había nacido en la etapa socialista, así que el Ejecutivo de Mariano Rajoy encontró su primera prueba de fuego en la convocatoria del 25 de septiembre de 2012, día en el que la Plataforma En Pie y la Coordinadora 25S llamaron a "ocupar" el Congreso.Concebida como una forma de revitalizar el 15M, al menos por una parte de los convocantes, la protesta fue modulando su mensaje e incluso llegó a cambiar el ‘ocupa’ por un ‘rodea’. El Gobierno, sin embargo, no dudó y siete de sus convocantes acabaron en la Audiencia Nacional. Una vez celebrada la protesta, el resultado fue un auto del juez Santiago Pedraz que incluía una durísima crítica a los “excesos” de interpretación y actuación cometidos por la Policía y una frase que quedó grabada en la memoria de aquellos días: "No cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que estas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política".Sergio García Gómez fue uno de aquellos convocantes y su hermano integró el grupo de imputados que declaró ante Pedraz. Consultado sobre la reforma que prepara el Gobierno, tiene claro que “va en la línea de acabar con cualquier forma de expresión que le hace daño”. García Gómez ni siquiera cree que las fuertes multas vayan a acallar el descontento social. Por muy altas que sean las multas, “¿qué van a hacer cuando sean millones las personas multadas”?, se preguntan.En sucesivas convocatorias, Interior trató de llevar de nuevo a la Audiencia Nacional las convocatorias frente al Congreso, como susceptibles de violar varios artículos del apartado del Código Penal dedicado a las altas instituciones del Estado. El artículo 493 castiga con penas de hasta cinco años asaltar el Congreso, algo que nunca se produjo. Así que se reservó para su estrategia la aplicación del 494, que castiga con pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses a ”los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”.El juez Eloy Velasco se unió con motivo de otra protesta al criterio de su compañero Pedraz y más recientemente, Javier Gómez Bermúdez archivó la causa contra los activistas de Greenpeace que se encaramaron al frontispicio de la Cámara Alta.La "paz social" de Fernández DíazLa reforma es el último episodio de una estrategia que arranca en la toma de posesión de Fernández Díaz el 22 de diciembre de 2011. Aquel día, el ministro dedicó el mismo tiempo de su discurso a la lucha contra terrorismo que al mantenimiento de la “paz social”, un término utilizado habitualmente para referirse al acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos y que él eligió en sustitución del de “orden público”. Entre las primeras medidas de Fernández, estuvo la de elegir al frente de la Policía al comisario jefe de los antidisturbios en la época de Aznar.Cuatro meses después, en abril de 2012, se produjo el choque con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Jorge Fernández Díaz se lanzó a anunciar que la resistencia pasiva a los policías o la convocatoria de manifestaciones ilegales sería tipificado como delito en la reforma del Código Penal prometida por el Gobierno. Poco después, el titular de Justicia tuvo que corregirle en ambos casos. Fuentes que trabajan en el Ministerio del Interior sitúan igualmente los roces de Fernández Díaz con su primer secretario de Estado, Ignacio Ulloa, entre los motivos que provocaron la salida de éste del Ministerio. Ulloa, jurista de formación, habría rebatido las pretensiones en este ámbito de Fernández Díaz.Los escraches son otro objeto de la próxima reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Como ocurrió contra las protestas del Congreso, las denuncias del Gobierno y del PP han chocado con los tribunales. Uno de los más célebres encontronazos se produjo con ocasión del escrache de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, archivó la denuncia asegurando en su auto que los denunciados estaban amparados por el derecho de libre expresión y manifestación y que, aunque sus palabras pudieran haber ofendido o perturbado a la vicepresidenta o su familia, no violaron su derecho a la intimidad, “dado que por su carácter de persona de relevancia pública dedicada a la gestión, dicho derecho cede ante los expresados derechos colectivos.Para Rafa Mayoral, abogado de la PAH, la reforma anunciada por el ministro, no hace sino “profundizar en las restricciones de las libertades fundamentales” e insistir en errores cometidos en el pasado, como ocurrió con la ley Corcuera, de la que recuerda, “parte está derogada por el Tribunal Constitucional”. Además, según Mayoral, supone “un intento infructuoso” de limitar el ejercicio de las libertades, que aventuró, los ciudadanos van a seguir ejerciendo.Proteger a la PolicíaOtra de las patas de la reforma son las infracciones que castigan determinadas conductas, aún por determinar, contra las Fuerzas de Seguridad. "El objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil Policía y fuerzas de seguridad", dijo este miércoles el ministro.Hasta ahora, muchas protestas pacíficas se saldaban con denuncias por resistencia o atentado a la autoridad, “un cajón de sastre” para la criminalización de la protesta en sí, según denuncian los activistas. Ocurre en la paralización de los desahucios emprendida por la PAH. Van 825 acciones, según recoge su página web, y ninguno de sus activistas ha sido imputado por un delito de sedición, recogido en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a aquellos que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad". De nuevo, los jueces respaldan esa iniciativa ciudadana y el juzgado sólo tramita denuncias policiales por resistencia o atentado.El Gobierno ha contabilizado 777 ciudadanos heridos en las distintas protestas celebradas en lo que va de legislatura por 253 policías. Al cumplirse el segundo aniversario del 15M, ninguno de los 447 detenidos en esa protesta o similares había sido condenado. Por el contrario, los juzgados de lo contencioso administrativo han condenado en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno en Madrid por vulnerar los derechos fundamentales de los manifestantes. Su titular, Cristina Cifuentes, vio como caía en saco roto su propuesta de "modular" el derecho de manifestación.
Cita de: saturno en Noviembre 14, 2013, 01:11:49 amCitar Tampoco deberíamos olvidar que nosotros somos ateos en un país de cultura católica, y eso es muy diferente de serlo según qué otras.Felicitaciiones. Has clausurado el debate filosofico a tiempo.Es que la observacion es muy, muy buena además.Como un ateo dijo "Soy ateo, gracias a Dios", de acuerdo a una versión; de acuerdo a otra versión, la palabras exactas fueron "¡Soy ateo, me cago en Di**!"
El Gobierno penalizará con fuertes multas las protestas que los jueces se niegan a castigarLa nueva Ley de Seguridad Ciudadana tipificará como infracciones los escraches y las manifestaciones ante el Congreso
Así es Karunel. Me acuerdo recurrentemente de las palabras del amijo Durão Barroso, en el sentido de vaticinar regímenes fascistas en la uropa sureña. Como dices, el día a día nos ha traído hasta aquí. A un estado de práctica fascista, aunque de fachada amable a los ojos de esa uropa que redobla sus esfuerzos en aras de una conducta cada vez más ignominiosa. Otrora miró para otro lado, y hoy hace lo mismo. Pero peor. Hace 77 años al menos su intelectualidad lo denunciaba, y muchos lucharon en el bando correcto. Hoy eso ni está ni se le espera. Es más, dejan hacer mientras se cumplan no se qué compromisos que nada tienen que ver con los intereses del pueblo.Y lo mismo con Portugal, Grecia, Irlanda, Hungría.....para que hablar de Rumanía o Bulgaria. Sigamos tomando como mal menor esta uropa que permite cosas que, más temprano que tarde, pueden llevarnos a situaciones que creíamos superadas. Me limito al hispanistán. Ya estamos en ello.salud
.........................Ni siquiera tienen por qué ser similares a los del pasado ni entre sí esos regímenes con formas más o menos presentables (en España los políticos más viles son los que más utilizan la muletilla "en un estado -social es opcional- de Derecho...")........................
Cita de: Republik en Noviembre 14, 2013, 13:01:30 pm.........................Ni siquiera tienen por qué ser similares a los del pasado ni entre sí esos regímenes con formas más o menos presentables (en España los políticos más viles son los que más utilizan la muletilla "en un estado -social es opcional- de Derecho...")........................No por nada la muletilla que sacas a colación es la quintaesencia de la doctrina (totalitaria a más no poder) del Positivismo Jurídico.Eso sí, la coletilla queda resultona y les permite disimular mogollón, hasta que tienen cargo en plaza y entonces ya dejan de disimular (y mucho menos, en la situación presente, de caída generalizada de caretas).