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El artículo de El Confidencial de hoy interesa por la referencia al capital- trabajo de los inquilinos. Es un giro muy ppcciano.https://blogs.elconfidencial.com/espana/pesca-de-arrastre/2024-11-26/polvorin-vivienda_4010748/
El polvorín de la viviendaQuien solo dispone de capital trabajo ha de poder pagar el alquiler sin quedarse en los huesos. Hay motivos para la protesta con independencia del tono chavista del Sindicato de InquilinasPor Josep Martí Blanch · 2024.11.26Manifestación para exigir una bajada de los alquileres y en defensa del derecho a la vivienda en Barcelona. (EFE/Enric Fontcuberta)Barcelona recogió el testimonio de Madrid el pasado sábado con una gran manifestación por el abuso en el precio de los alquileres. Fue una protesta de lo más concurrida, 122.000 según los organizadores, 22.000 según la Guardia Urbana. Más allá de las divergencias en las cifras, vuelve a poner con fuerza sobre la mesa las dificultades de muchos conciudadanos, especialmente jóvenes y colectivos más precarios, para procurarse la necesidad más básica de todas junto a la alimentación: un techo bajo el que vivir.El debate tras la manifestación ha tendido hacia la caricaturización demagógica. Los convocantes, el Sindicato de Inquilinas, lo ha puesto fácil con sus exigencias, sacadas algunas del manual del chavismo más tabernario: huelga de pagos de las rentas pactadas con los propietarios, rebaja del 50% del precio del alquiler de un día par el otro, movilización obligatoria de todo el parque de viviendas sin uso y universalización del contrato indefinido como única fórmula contractual del alquiler.Del otro, aunque cada vez menos, los defensores del mercado como único mecanismo de autorregulación a través de la tan famosa como torpe mano invisible. Para estos es igual cuánta gente vayamos dejando por el camino y que debamos cerrar los ojos a la condena de las nuevas generaciones de españoles, al menos de los que no hayan tenido la suerte de nacer en el seno de una familia patrimonializada, obligadas a correr toda la vida detrás de una zanahoria imposible.Entre esas dos posturas, aquellos que, con independencia de su situación personal, ansían la recuperación de una de las cláusulas del contrato social que hemos perdido por el camino. Que la gente que sólo dispone de capital trabajo puede pagar el alquiler sin quedarse en los huesos y que, con el sacrificio inevitable que siempre ha acompañado la compra en la mayoría de las familias, algún día puedan acceder a la propiedad de su vivienda si así se lo proponen.No es una broma lo que tenemos entre manos. El 45% de los españoles que viven de alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del 2022 citados en el Informe Anual del Banco de España de 2023, cifra que nos convierte en el país que lidera este triste porcentaje (el de la media UE27 es ligeramente superior al 30%). Algo tendrá que ver que España cuente en la actualidad sólo con 300.000 viviendas de propiedad estatal destinadas al alquiler social, el 1% del total frente al 7% de media de la UE. Y que deban construirse 1,5 millones de nuevos hogares para poder equipararnos a esa media. Los datos, también del Banco de España, hablan por sí solos.Pero también lo hace la casuística con nombres y apellidos. Si uno no vive en una burbuja de clase, sabe lo que se cuece ahí fuera con independencia de que sus circunstancias sean más o menos favorables. Ayer, en una tertulia radiofónica menosprecié, creo que con razón, las exigencias chavistas del Sindicato de Inquilinas propias del populismo más soez, en el fondo y en la forma.De inmediato recibí mensajes de personas de mi entorno cercano rogándome un mínimo de empatía con quienes sufren los embates del precio del alquiler. “Tu hijo en Madrid, 1.250 euros por un piso de m* en Campamento”, “Oriol, con cáncer, con su mujer y dos hijos pequeños, en un piso de 50 metros cuadrados en el barrio de Gracia. De 1.200 € a 1.950 € mensuales a pesar de la regulación de alquileres”, “En Sort -un pueblecito de los Pirineos- no podemos alquilar nada digno por menos de 800€/mes y aquí los salarios son bajos”. Paro para no aburrirles, no añado más mensajes. Pero lo cierto es que en pocos segundos el teléfono se convirtió en un hervidero. No procedían de revolucionarios, antisistema o populistas de izquierdas. Era gente de todos los colores que las pasa canutas.El problema, grave, es ahora, pero la solución no es ni siquiera para pasado mañana. Es más, va camino de empeorar. El economista Roger Medina, del Instituto Ostrom, manejando datos del INE, del Banco de España y del Ministerio de Agenda Urbana cifra en más de 80.000 el déficit de viviendas en Cataluña en 2022 y 2023 como resultado de los nuevos hogares creados (más de 100.000) y las casas terminadas (alrededor de 20.000). Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana también presentan déficits significativos. Y la tendencia va a seguir siendo la misma. Detrás de estas cifras, la emigración, los nuevos hábitos sociales (divorcios y separaciones), los expatriados, las dificultades administrativas para la promoción de viviendas, etc.No hay solución mágica. Las instituciones, tras decenios de especulación con el suelo y la vivienda como si fueran un actor más del mercado, ensayan ahora fórmulas variadas para rebajar la inflamación pero sin garantía alguna de éxito. Por ejemplo, es pronto todavía para determinar si la intervención de los precios que ya opera en Cataluña servirá de algo. Quienes son favorables a la medida ponen el ojo en la bajada de precio del orden del 5% en las zonas tensionadas. Los críticos, en cambio, señalan la retirada de un significativo porcentaje de viviendas del parque de alquiler que hace todavía más difícil a quien lo busca encontrar piso. El tiempo dirá.En referencia a las ayudas públicas al alquiler, tanto el Sindicato de Inquilinas como la evidencia científica de algunos estudios coinciden en que son devoradas automáticamente por el incremento de los precios; con lo que se convierten más en una ayuda al propietario que al inquilino. Un berenjenal de buenas intenciones y resultados dudosos.Todo conduce al mismo sitio: pagamos ahora la falta de previsión, atención al problema y planificación de las instituciones. Y toca apretar los dientes durante mucho tiempo, pues no hay solución ni en el corto, ni en el medio y quizás tampoco en el largo plazo. Y eso, aun confiando en que los planes anunciados últimamente, sean los del Gobierno central con Pedro Sánchez vestido de promotor inmobiliario o los 50.000 pisos prometidos por Salvador Illa se harán realidad. Sólo que ese gran parque público de vivienda de alquiler, en el mejor de los casos, tardará años en ser una realidad y alterar la realidad del mercado.Mientras tanto, la brecha cada vez más amplia entre propietarios e inquilinos- se nos irá haciendo cada vez más amplia. Puede que, igual que en su día entendimos que podía existir un mercado libre de salud y educación, pero que era fundamental la existencia de un paraguas público que garantizara el acceso a estos dos bienes, es hora ya de extender esta mirada también a la vivienda y abrirnos a soluciones más ambiciosas que hasta ahora ni nos atrevíamos a contemplar. Las cosas funcionan hasta que dejan de hacerlo. Y el mercado, en el terreno de la vivienda, ha dejado de hacerlo hace tiempo. Que la UE tenga por primera vez, aunque sea de rango subalterno, un comisario de Vivienda, debiera significar que también desde las instituciones comunitarias se está en disposición de empezar a transitar por caminos heterodoxos. Ojalá. Pues parte de las soluciones la incumben a ella.
De inmediato recibí mensajes de personas de mi entorno cercano rogándome un mínimo de empatía con quienes sufren los embates del precio del alquiler. “Tu hijo en Madrid, 1.250 euros por un piso de m* en Campamento”, “Oriol, con cáncer, con su mujer y dos hijos pequeños, en un piso de 50 metros cuadrados en el barrio de Gracia. De 1.200 € a 1.950 € mensuales a pesar de la regulación de alquileres”, “En Sort -un pueblecito de los Pirineos- no podemos alquilar nada digno por menos de 800€/mes y aquí los salarios son bajos”. Paro para no aburrirles, no añado más mensajes. Pero lo cierto es que en pocos segundos el teléfono se convirtió en un hervidero. No procedían de revolucionarios, antisistema o populistas de izquierdas. Era gente de todos los colores que las pasa canutas.
Las entidades publicas no construyen viviendas porque tienen otras prioridades y pretender cargar con el problema a ciudadanos privados que han comprado una segunda vivienda con el ahorro de su trabajo. No es justo, no es digno. No se trata del mercado o el intervencionismo, se trata de una dejación del poder político que se pretende cargar sobre las espaldas del ciudadano a horrador. ¡Dejen de tocar las narices!