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EEUU exige a sus proveedores en España certificar que no aplican políticas de géneroLas empresas deberán certificar que no cuentan con ningún programa que promueva políticas de diversidad o inclusión de raza o género. Tienen cinco días para hacerlo o se suspenderán pagos A. Alamillos, Á. Villarino · 2025.02.19La Embajada de Estados Unidos en Madrid conmemora el primer aniversario del homicidio de George Floyd. (EFE/Archivo/Embajada de EEUU)La embajada estadounidense en España se ha puesto en los últimos días en contacto con sus proveedores para solicitarles que firmen un documento con el que certifiquen que no aplican ninguna política interna "de diversidad e inclusión" que "violen las leyes antidiscriminación" estadounidenses. La exigencia, que en principio solo afecta a las operaciones sujetas a la legislación estadounidense, es fruto de las distintas órdenes ejecutivas aprobadas por el presidente estadounidense Donald Trump, con el objetivo de erradicar las políticas de diversidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).Las empresas afectadas tienen cinco días para certificar por escrito esta nueva normativa, que afecta a todos los órganos del Gobierno federal, lo que incluye al Departamento de Estado y, por lo tanto, a sus proveedores en todo el mundo. La exigencia, en principio, solo afecta a las operaciones de los proveedores sujetas a la legislación estadounidense. Así, por ejemplo, una empresa de catering que da servicio a la embajada, pero que solo opera en España, no estaría incumpliendo la nueva exigencia aunque tuviese programas DEI para sus empleados. Si lo haría, por el contrario, una multinacional que aplique esos mismos programas en sus filiales en Estados Unidos. Consultada por El Confidencial, la embajada estadounidense declinó hacer ningún comentario al respecto.Las empresas que han recibido el requerimiento están estudiando cómo compaginar la nueva exigencia de la Administración Trump con las normativas europeas al respecto. Por ejemplo, en España, existe el Plan de Igualdad o Plan LGTB, obligatorios desde marzo del año pasado en empresas con una plantilla de más de 50 personas. Estos planes obligan a las empresas a formar a sus trabajadores en materia de prevención y sensibilización contra el acoso o las violencias sexuales.Entre los 25 decretos que Donald Trump firmó el día de su investidura, el destinado a eliminar el DEI fue especialmente publicitado, bajo el título de “acabar con los programas y preferencias DEI radicales y despilfarradoras”. Este programa de "diversidad, equidad, inclusión" sería, en la narrativa de Trump, la santísima trinidad de la ideología identitaria 'woke'. El primer resultado inmediato fue despachar a varios centenares de funcionarios dedicados a velar por la diversidad étnica y de género en las filas gubernamentales, pero los efectos se están notando ya más allá. Documento difundido por la embajada de EEUU en España (EC) Se han suspendido ya fondos y contratos internos del Gobierno federal, así como la suspensión de becas y ayudas destinadas a minorías. Asociaciones de seguimiento de la actividad legislativa de Trump han denunciado también que la prohibición ha sido tan radical y brusca que se han generado problemas de eliminación de financiación a estudios de investigación científica solo porque en su presentación de proyecto incluían la palabra "género" o "mujer".La cruzada contra todo rastro de las políticas DEI va a llegar también a las empresas privadas. Las universidades que hayan recibido, por lo menos, 1.000 millones de dólares en dotaciones financieras privadas, como es el caso de unos dos centenares de campus en todo EEUU, deberán proponer “medidas apropiadas para animar al sector privado a terminar con la discriminación y las preferencias ilegales, incluyendo DEI”. Según The Wall Street Journal, los bancos Goldman Sachs y Bank of America están siendo presionados por activistas ultraconservadores para que eliminen o reduzcan sus iniciativas DEI. Grupos como National Center for Public Policy Research, National Legal, Policy Center y la famosa Heritage Foundation argumentan que las políticas inclusivas son discriminatorias y que mantenerlas podría acarrear elevados costes legales.
El Gobierno Vasco acepta declarar a Donostia e Irun como zonas tensionadasEl Ejecutivo autonómico espera que Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Galdakao se sumen en abril a Errenteria, que fue la primera hace un mesPatricia Rodríguez · 2025.02.19Casas en el barrio de Gros, en Donostia. Sara SantosIrun será el próximo municipio en ser declarado como zona tensionada. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este miércoles la orden de inicio del expediente para que la localidad fronteriza pueda ser declarada zona tensionada. Tras un periodo de 20 días para presentar alegaciones, la orden será definitiva.Por su parte, el Ayuntamiento de San Sebastián recibió este miércoles la orden del departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco aceptando la solicitud de declaración de zona tensionada. De este modo, se someterá el procedimiento al trámite de información pública mediante su publicación en el BOPV y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa (BOG) durante un plazo de veinte días hábiles, en el que se podrán presentar alegaciones.Además, el objetivo del Ejecutivo autonómico es que «en abril» el BOE pueda publicar la declaración de Irun, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo y Galdakao como zonas tensionadas, lo que supone, junto a Errenteria –primer municipio vasco declarado como zona tensionada en materia de vivienda–, una cobertura para más del 20% de la población vasca.En el caso de Donostia, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, informó este miércoles de que el documento se firmó «la semana pasada y esperamos que la publicación (en el BOPV) se produzca en los próximos días».Asimismo, Astigarraga es otro de los municipios guipuzcoanos que ya ha iniciado los trámites para la declaración de mercado residencial tensionado. El Departamento de Vivienda ya ha abierto el expediente correspondiente y ha iniciado los contactos con el Consistorio para analizar los planes urbanísticos para tres años que la declaración lleva consigo. «Estamos dando pasos firmes y con la colaboración de municipios de todos los colores, que están reconociendo un problema en el mercado de la vivienda y con los que podremos alcanzar una regulación del mercado del alquiler que favorezca a quienes más lo necesitan», aseguró el consejero ayer en Euskadi Irratia.Las propuestas de los ayuntamientos vascos para que un municipio sea declarado zona tensionada para el alquiler deben ser analizadas y validadas por el Departamento de Vivienda del Ejecutivo de Vitoria. Es entonces cuando se abre un periodo de alegaciones. Una vez aprobada la solicitud de un consistorio, queda el trámite de elevarla al Gobierno central, que debe publicarla en el BOE.La problemática de la vivienda llevó a Errenteria a solicitar ser declarada zona tensionada y ya es el primer municipio vasco considerado como tal, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 29 de enero. Con esta medida entran en vigor en la localidad los límites a la fijación de precios de los arrendamientos que establece la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023. Aún no está elaborado el índice de referencia de los pisos para Euskadi, cuestión que se tratará este jueves en las Juntas Generales a petición de EH Bildu.