PPCC: Pisitófilos Creditófagos. Invierno 2025

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 secretario del Tesoro de EE. UU., destroza al Gobierno de Sánchez: "En España ni siquiera pueden mantener la luz encendida"

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Sánchez regularizará a más de medio millón de inmigrantes y lo hará por Real Decreto para sortear al Congreso

Podemos anuncia este acuerdo que beneficiará a quienes acrediten cinco meses de estancia en España, hasta el 31 de diciembre de 2025. Más información: España bate un nuevo récord de población por la inmigración: 49,4 millones de habitantes

El Gobierno regularizará a más de medio millón de inmigrantes mediante un Real Decreto que evita el paso por el Congreso.

Podrán beneficiarse quienes acrediten cinco meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales relevantes.

La medida suspenderá procedimientos de expulsión por motivos administrativos y concederá un permiso de residencia de un año, renovable.

La regularización responde a una demanda apoyada por entidades sociales y amplia el plazo respecto a la iniciativa legislativa popular previa.

Hace unos días, Pedro Sánchez aseguró que en "España no sobra nadie". Ahora, Podemos ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para proceder a una regularización extraordinaria de medio millón de personas inmigrantes según los cálculos de la formación morada.

El pacto se articulará a través de un Real Decreto que aprobará el Ejecutivo y que no tiene rango de ley y que, por tanto, no necesita convalidación ante el Congreso.

La regularización beneficiará a todas aquellas personas que acrediten cinco meses de estancia en España, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Serán todos aquellos que carezcan de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

"Este último requisito podrá acreditarse con documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte", afirman fuentes moradas.

A partir de ahí, se suspenderá cualquier procedimiento de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos que pesen sobre el inmigrante.

Si la resolución administrativa es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Podemos ha sido el encargado de presentar esta medida que presumen que se ha negociado "durante meses" y que lo presentan como "una medida urgente y de justicia social".

"Reconoce los derechos de cientos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista", afirman en la formación morada que presumen de esta regularización tras incidentes como el de Torre-Pacheco este pasado verano.

Desde hace meses, entidades como Cáritas, CEAL y el Servicio Jesuita a Migrantes presentaron una ILP , avalada con 600.000 firmas, buscando la regularización de medio millón de inmigrantes.

La iniciativa se admitió a trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, en abril de 2024 pero llevaba parada en su trámite parlamentario debido a que el PP cambió de estrategia y anunció que votarían en contra, si al final llegaba a pleno.

Esa ILP incluía la regularización de todos los inmigrantes hasta el 31 de diciembre de 2024 pero el acuerdo entre Gobierno y Podemos amplía un año más ese plazo.

No es la primera vez que España hace una regularización masiva. Entre febrero y mayo de 2005 sucedió con 690.000 inmigrantes gracias a un cambio que impulsó el socialista, Jesús Caldera, que fue el primer ministro de Trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero.

"España ha demostrado en el pasado que regularizar es posible y eficaz (hace aflorar empleo, reduce la economía sumergida y mejora la convivencia)", destacan desde las filas moradas.

Aunque en aquella ocasión hubo países europeos que alertaron de un posible "efecto llamada".