Criminales desmantelando la sanidad (han empezado por Cataluña)

[NosTrasladamus]

Luego no hay dinero para los tratamientos, pero eso sí, la gestión privada es muchísimo más eficiente  ... 

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2013/02/unl_gerent_de_l_hospital_de_sant_pau_va_cobrar_140_000_euros_anuals_durant_set_anys_sense_treballar_33708.php

Un gerente del Hospital de Sant Pau cobró 140.000 euros anuales durante siete años sin trabajar

Ricard Gutiérrez Martí, gerente del Hospital de Sant Pau entre 2001 y 2004, siguió cobrando un salario de unos 140.000 euros anuales durante siete años más después de dejar el cargo, hasta el 2011, según revela un informe de la Sindicatura de Cuentas. No fue hasta aquel 2011, a pesar de haber otro gestor ejerciendo, que la dirección dio definitivamente de baja a Gutiérrez Martí, previo pago de 158.000 euros como indemnización. La cifra de 140.000 euros es la que percibió el 2009, pero el resto de años que cobró del hospital percibió cantidades similares, según informa El País.

El texto asegura también que la Sindicatura ve "contrario al ordenamiento jurídico" la relación entre Gutierrez Martí y el hospital porque en la época en que fue gerente entre 2001 y 2004, también era miembro del patronato del hospital en representación de la Generalitat de Cataluña, una incompatibilidad de cargos contemplada por la ley. Además, el informe recoge que los gestores del hospital adjudicaron contratos de obras de forma directa sin pedir diferentes presupuestos, aplicó prórrogas tácitas prohibidas por ley y no respetaron los principios de publicidad y concurrencia en el contrato de restauración, que costó cinco millones de euros.

La dirección del hospital se ha auto calificado, en cuanto a la gestión de estos contratos, como entidad del sector privado, lo que le permite evitar controles y esquivar las exigencias que corresponden a los entes de titularidad pública, e incluso se ha declarado así en alegaciones a la Sindicatura. En cambio, aplica los recortes salariales cómo si fuera un ente público, como la supresión de la paga de Navidad, por ejemplo, y como "entidad del sector público" es como se define a su informe de gestión de 2012. Esta bipolaridad de la fundación es entendida por el comité de empresa como "fraude de ley", y ha anunciado que incorporarán este informe de la Sindicatura a los varios procesos judiciales que tienen abiertos contra los gestores del hospital.

[scytal]

Ignacio González ‘perdona’ una multa de 90.000 euros a las empresas que gestionan los análisis clínicos privatizados por Güemes

El presidente de la Comunidad de Madrid sigue con sus concesiones a la privada. Ahora, según recoge la Cadena Ser, habría decidido perdonar una multa de 90.000 euros a las empresas que gestionan los análisis clínicos privatizados por Juan José Güemes en 2009. La sanción, según el pliego de condiciones, debería haberse aplicado porque el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía ha recibido numerosas quejas de los médicos por demorarse con los resultados o por hacer pruebas no solicitadas.

Los problemas que arrastra este laboratorio, que se encarga de los análisis clínicos de los seis nuevos hospitales de la región, son numerosos. La gestión del centro corresponde a la UTE (Unión Temporal de Empresas), formada por BR Salud y el Laboratorio Balagué, aunque este último vendió su parte a Unilabs. Precisamente en esta empresa trabajaba como consejero el propio Güemes, que acabó dimitiendo por la polémica que suscitó el hecho de que esta compañía se hiciese con los análisis que él mismo había privatizado cuando estaba al frente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Según recoge la cadena en su página web, los fallos cometidos por el laboratorio han sido denunciados por los médicos durante los últimos cuatro años. Los facultativos se quejan de que el laboratorio se retrasa con la entrega de los resultados, hace pruebas que no se correspondían con las que habían solicitado e incluso denuncian que algunos análisis tuvieron que repetirse porque después de meses de espera las pruebas ya no eran útiles.

La Gerencia del laboratorio estaba al tanto de estos problemas a través de las incidencias presentadas por los médicos y pese a ello la Consejería de Sanidad no ha sancionado a las empresas privadas que gestionan este servicio porque, tal y como alega, “no están al tanto de estos casos”. El pliego de condiciones de la concesión indica que la Comunidad de Madrid está obligada a multar a la UTE si no respeta los plazos de entrega de los análisis, una “falta grave” sancionada con hasta 90.000 euros de multa.

Los problemas con los análisis han desembocado en una situación tildada por muchos médicos como preocupante, ya que “ha puesto en riesgo la vida de los pacientes”, y que incluso ha propiciado la dimisión del que fuese director del Laboratorio Central, Antonio Ballesta, que “no encontró apoyo de los gerentes para resolver esos problemas”.

Ahora Unilabs, que se ha hecho con este servicio, ha reconocido que está al tanto de las quejas de los facultativos y se ha comprometido a solventarlos. “Precisamente con nuestra llegada estamos trabajando ya para subsanarlos”, han asegurado fuentes de la empresa.

A este respecto, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que desde su departamento no se ha detectado "ni anomalía, ni fallo grave, ni negligencia" en los análisis clínicos de los seis hospitales cuya gestión está externalizada.

"La Consejería ha hablado con todos los hospitales que atiende el Laboratorio Central y no hemos detectado en ningún momento ni anomalía, ni fallo grave, ni negligencia, ni nada parecido" ha asegurado el consejero, según una declaraciones facilitadas por el departamento de Sanidad.

http://www.elboletin.com/index.php?noticia=70171&name=nacional

[Maple Leaf]

COMUNICAT: Obligats “destruir” i “retirar” de Youtube “El major robatori de la història de Catalunya”

http://youtu.be/2U_TEXr7-pc
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http://www.cafeambllet.com/press/?p=17712

COMUNICADO:
Obligados a “destruir” y “retirar” un vídeo de Youtube

Los que dicen que la justícia es lenta se equivocan. En la revista cafèambllet estamos comprobando que cuando quiere, la justícia es realmente rápida.

El próximo 28 de febrero tendremos que retirar de Youtube y destruir nuestro vídeo “El mayor robo de la historia de Catalunya”.

En octubre de 2012 la revista que edito, el cafèambllet, fue condenada a pagar 10.000€ por haber colgado este vídeo en Youtube.

Un asesor de Artur Mas, de nombre Josep Maria Via, nos denunció y la máquina de la justicia se puso a trabajar.

El señor Via dice que hemos “atentado contra su honor” pero creemos que lo que más le molesta al señor via es que con nuestro vídeo dejamos en evidencia los escandalos en sanidad que protagonizan diversas personas de su entorno.

Cuando fuimos condenados, recibimos el apoyo de miles de periodistas, ciudadanos y organizaciones. La oficina parisina de Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, emitió un comunicado advirtiendo que la condena era una “moradaza” y una “clara limitación de la libertad de prensa totalmente inaceptable”.

Desde el cafèambllet presentamos un recurso y aún esperamos la respuesta. Pero el señor que nos ha denunciado pide que retiremos el vídeo aunque la sentència no sea firme… y la jueza accede. El dia dos tendremos que “retirar y destruir” (palabras textuales) nuestro vídeo

Lo hemos intentado todo, pero el dia 28 el vídeo desaparecerá.

En el vídeo explicábamos basicamente dos cosas:

La enorme opacidad en el sistema sanitario catalán.

Y como esta opacidad permite enriquecerse a unas cuantas personas.

Para ilustrar esta opacidad, explicamos el caso de los hospitales de Blanes i Calella, dónde un grupo de gestores y cargos políticos hicieron “desaparecer” segun la Sindicatura de Comptes, 2,4 millones de euros públicos. La Sindicatura nos explica que los euros se usaron , entre otras cosas, para pagar restaurantes, viages y comissiones que nunca pudieron ser acreditadas.

Uno de los participantes en esta trama descubierta por la Sinciatura es el diputado de CiU Xavier Crespo, muy conocido actualmente por su presunta relación con la  mafia rusa.

En el vídeo tambien salen otras 3 personas:

Ramon Bagó, Josep Prat y Carles Manté.

1.- A Ramon Bagó lo bautizamos como “el hombre que se contrata a si mismo con dinero público”. Bagó dirigia el consorció público Consorci Sanitari de Catalunya. Desde este puesto adjudicaba enormes cantidades de dinero público a sus propìas empresas privadas. Según el interventor del ayuntamiento, sólo en Badalona, Bagó recibió cerca de 12 millones de euros de manera irregular. La Oficina Antifrau ha dicho que ve “delito” y la Fiscalia investiga los negocios de Bagó.

2.- En el vídeo también hablábamos de Josep Prat, un señor que cobraba (en secreto) 300.000€ del ajuntamiento de Reus, no lo hacia constant en su declaración de bienes patrimoniales y dejó un agujero de cerca de 400 millones en las arcas públicas, segun descubrió la CUP de Reus.

3.- En el vídeo también salia el señor Carles Manté perque el era el president dels hospitales de Blanes y Calella, donde, recordemos, desaparecieron 2,4 millones de euros.

Actualmente estos dos señores -Josep Prat y Carles Manté- estan imputados por presunta estafa, aproiación indebida y malversación de fondos públicos.

Resulta que Prat contrató a Manté para hacer unos “informes” que costaron a los ciudadanos 800.000€. Pues bien, ni el ayuntamiento de Reus, ni los auditores ni la Fiscalia ha sido capaz a dia de hoy de encontrar estos informes. Presunta estafa, apropiación indebida y malversación.

Prat y Manté tenian que comparecer el 22 de noviembre pasado però la cita se aplazó porque el abogado de Manté alegó que tenia una compromiso el mismo dia. De esta manera consiguieron atrasar la comparecencia hasta el 19 de febrero. Pues bien, el 19 de febrero quien consiguió otro aplazamiento fue el abogado de Prat gracias a una treta legal. A dia de hoy no hay fecha para que Prat y Manté expliquen dónde són los 800.000€ que presuntamente han desaparecido de la sanidad pública.

Imaginamos que esto continuará así hasta que prescriba la “desaparición” de estos 800.000€ del pueblo. Para hacerlo tienen el asesoramiento de carisimos bien conectados  abogados. El abogado de Prat, por ejemplo, es Xavier Melero, el mismo que actualmente defiende a Jordi Pujol Ferrusola.

Esta es la justícia que tenemos. La que al mismo tiempo que juzga y condena a los que luchan contra la corrupción, deja pasar meses y años cuando se trata de los que se hacen ricos con el dinero del pueblo.

Nuestra revista ha sido juzgada y condenada. Aunque la sentencia no es firme, ahora la jueza acepta la retirada y destrucción del vídeo como “medida cautelar”, dice.

Aunque en el vídeo no hay ni un solo dato falso, ni un solo dato erroneo, el honor del asesor de Artur Mas nos obliga a destruirlo y retirarlo de Youtube.

Mientrastanto, las personas que salen en este vídeo aún no han respondido por los escandalos millonarios que destapamos. Bagó aún tiene en su bolsillo los 12 millones de euros obtenido de manera irregular en la sanidad pública.

Prat y Manté aún no han ni empezado a explicar dónde están los 800.000€ desaparecidos en la sanidad pública.

Xavier Crespo se sienta en el Parlament sin explicar donde han ido a parar los 2,4 millones de euros desaparecidos de los hospitales de Blanes y Calella. El mismo Xavier Crespo que hemos visto fotografiado dentro de un helicoptero privado dando una vuelta por Rusia. El mismo Xavier Crespo que dice que “no recurda” haber recibido regalos de los presuntos mafiosos rusos.

Ante todo esto, pero, las medidas cautelares se ponen en marcha para retirar un vídeo de Youtube donde se explica –sin ningún tipo de información erronea, sin ningún dato que no sea verdad- los escandalos en la sanidad pública protagonizados por esta gente.

No hay medidas cautelares ni para Crespo, ni para Prat, ni para Manté… no hay medidas cautelares para Felip Puig, que aunque es un mentiroso que miente en el Parlamento dos veces seguidas sobre las balas de goma, sigue sentandose en su silla de Conseller. En cambio si hay medidas cautelares para los que destapan como algunos se hacen ricos gracias a nuestra sanidad.

El dia 28 de febrero a las 12 de la noche el vídeo que destapó los escándalos de Prat, de Manté, de Bagó y de Crespo ya no se podrá ver en nuestro país. Nos vemos ogligados a retirarlo. Pedimos disculpas a nuestros lectores. No podemos hacer nada para evitarlo.

Muchas gracias.

[pringaete]

"retirar y destruir"

JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJA

Menudos patanes.

Como si eso fuese ya posible hoy en día.

Mendrugos.

Breve tutorial para replicar minoyeh de veces el vídeo. Cada usuario se descarga el programa gratuito JDownloader o uno similar. Con este solo hace falta copiar el enlace de youtube para que descargue el contenido multimedia al ordenador en el formato que se elija (.flv, .mp4, etc).

A continuación quien quiera puede hacer una cuenta de correo electrónico chorra (memeoenloscorruptos@gmail o similar) desde un cibercafé o en una wifi pública y carga desde un pendrive el vídeo en ese ordenador para abrir una cuenta más en youtube. Se sube el vídeo. Después se difunden los enlaces.

Esto lo pueden hacer incluso los propios autores de cafeamloquesea sin que nadie les pueda identificar.

Retirar y destruir. Que cachonda la juezosauria.

[nora]

Un juzgado de Reus ordena la detención de Carles Manté y Josep Prat

La Guardia Civil ha detenido hoy al expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat y al exdirector del Servicio Catalán de la Salut (CatSalut) Carles Manté. La operación policial desarrollada hoy, en el que los investigadores han registrado los domicilios de ambos cargos sanitarios, llega un día después de que el juzgado de instrucción 3 de Reus admitiera ayer a trámite una querella presentada por el partido independiente Ara Reus contra ambos altos cargos sanitarios, que están imputados por los delitos de estafa y malversación de fondos públicos.

La investigación se centra en los pagos de 720.000 euros hechos desde Reus por Prat,  que también era el máximo directivo de la empresa municipal Innova, a Manté. El caso fue desvelado por EL PAÍS el pasado 18 de junio después de las primeras denuncias contra la gestión de Prat en Innova hechas por la CUP de Reus.

La relación entre Prat y Manté se remonta a dos décadas atrás, cuando ambos coincidieron en el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), un ente municipalista que gestiona decenas de equipamientos sanitarios en Cataluña y del que ambos han sido altos directivos. Prat, a la vez, era también el máximo ejecutivo del holding municipal de Reus, Innova. En 2003, con la llegada del primer Gobierno tripartito (PSC, ICV y ERC) al Gobierno de la Generalitat, la consejera de Salud, Marina Geli, nombró a Manté director del CatSalut. Desde este organismo, el ahora imputado entregó al CSC la gestión de un gran complejo sociosanitario, las Cotxeres de Borbó, un contrato que permitirá al CSC gestionar hasta 348,6 millones en 30 años.

En 2007, Manté fue destituido y justo entonces creó con su esposa la empresa CCM Estratègies y Salut, una pequeña consultora registrada en el domicilio de Manté y a través de la que Innova empezó a pagarle 13.000 euros mensuales por unos supuestos trabajos de "consultoría estratégica". Una auditoría interna hecha por el Ayuntamiento de Reus, sin embargo, no encontró rastro de estos trabajos y consideró que los pagos no estaban justificados. En total, entre 2007 y 2011, Manté habría cobrado 720.000 euros (IVA no incluido) desde Innova en unos pagos directamente autorizados por Prat. La operación de la Guardia Civil busca encontrar el rastro de los supuestos trabajos que habría hecho Manté par innova.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/27/catalunya/1361961574_501630.html

[NosTrasladamus]

Aunque lo llamen "empresas", "gestión privada" y hasta la palabra prohibida: "privatización", cada vez parece más claro que esto no es más que una mafia legalizada saqueando el nuestro Sistema Público de Salud:

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/03/05/los_duenos_del_gigante_sanidad_privatizada_ocultan_las_caiman_781_1012.html

Los dueños del gigante de la sanidad privatizada se ocultan en las Caimán

    El hilo societario de Capio, que gestiona en Madrid cuatro hospitales pagados con dinero público, pasa por Holanda, Luxemburgo y las Caimán
    Capio sostiene que el equipo directivo tiene "el 40% del accionariado", pero se niega a aclarar quién es dueño del 60% restante
    La empresa ha sido especialmente mimada por los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González
    Capio no explica por qué una empresa dedicada a gestionar la sanidad tiene que parapetarse tras cuatro sociedades instrumentales extranjeras



El presidente de Capio (izda), Víctor Madera, junto a Esperanza Aguirre en las obras del hospital de Móstoles. PP
Situada en el ojo del huracán desde que el Gobierno de Madrid anunció en otoño su decisión de privatizar otros seis hospitales, la empresa Capio parte como favorita en el nuevo proceso de “externalización” auspiciado por el PP. Gestora ya de cuatro hospitales integrados todos ellos en la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el gigante de la sanidad público-privada ha permanecido hasta ahora inmune a las protestas. Y, sobre todo, ha permanecido protegido por una enrevesada estructura societaria internacional de la que solo se conocía una parte: aquella que conduce a Luxemburgo. Pero el hilo, y así lo acreditan los documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre, llega hasta un territorio aún más opaco y considerado paraíso fiscal por España hasta 2005: las Islas Caimán.

Es allí donde tienen su sede las cinco filiales de CVC que, en última instancia, dominan Capio. Pero la verdadera incógnita sigue en pie: la de quiénes, con nombres y apellidos, están tras esas cinco empresas de papel cuya única misión es la tenencia de valores de otras compañías.

No hay explicaciones de Capio sobre el hecho insólito de que el principal operador privado de sanidad esté en manos de sociedades instrumentales con sede en un paraíso fiscal. Por indicación de los asesores de comunicación del grupo y una vez rechazada la petición de entrevista, este diario envió a Capio un cuestionario que incorporaba la siguiente pregunta: ¿qué personas físicas o jurídicas integran cada una de esas sociedades de las Islas Caimán? Ayer por la tarde, Capio remitió la siguiente respuesta: "Esta última sociedad [la luxemburguesa propiedad de las empresas domiciliadas en las Caimán] es propiedad de fondos asesorados por CVC Capital Partners y del equipo directivo de Capio. La situación accionarial fue puntualmente notificada a la Comisión Europea”.

Pese a la vaguedad de la respuesta, se infiere de ella que el médico Víctor Madera, mascarón de proa mediático del grupo y artífice del grupo ahora dominado por CVC, y los miembros de su equipo tienen acciones en el archipiélago caribeño. Dado que Capio sostiene que el equipo directivo tiene “cerca del 40%” en el accionariado del grupo, la incógnita persiste: ¿qué personas o sociedades controlan el 60% restante? No hay respuesta. Intentar desentrañar el accionariado de una empresa domiciliada en las Islas Caimán constituye una misión imposible. La historia reciente de las investigaciones sobre corrupción demuestra cómo la colonia británica da largas incluso a los jueces que solicitan información en cumplimiento de los acuerdos internacionales de cooperación judicial.

La participación accionarial de Víctor Madera y de otro directivo del grupo, Juan Carlos González Acebes, queda acreditada por los documentos de los Registros Mercantiles de España y Luxemburgo. Pero ni está claro cuál es su porcentaje real ni resulta fácil inferirlo. Los documentos de las distintas sociedades que forman parte del engranaje reseñan operaciones de canje de títulos protagonizadas por Madera y González Acebes.

Cuatro países 22 empresas

Capio no ha explicado por qué un grupo empresarial dedicado a un negocio tangible como la gestión privada de la sanidad pública y en teoría ajeno a grandes beneficios económicos necesita parapetarse tras una red de sociedades en su mayoría limitadas.

La complejidad de la trama empresarial es tal que para llegar de España a las Caimán hay que pasar antes por cuatro compañías instrumentales domiciliadas en Holanda y Luxemburgo. La red sigue complicándose hacia abajo: su cabecera en España es Capio Sanidad Holding SL, de la que cuelgan otras 12 sociedades, todas ellas participadas al 100% salvo una en la que el grupo dice poseer el 50%.

En total, el grupo opera, con fines instrumentales, en cuatro territorios -España, Holanda, Luxemburgo y la colonia británica de las Caimán- a través de nada menos que 22 sociedades. De ellas, al menos 10 poseen mero carácter instrumental. Es decir, todas salvo las que realmente tienen asociada su existencia a la gestión de centros sanitarios o residenciales concretos.

El secreto mejor guardado

La conexión entre Capio y las Islas Caimán, una colonia célebre como santuario de capitales de oscura procedencia, era el secreto mejor guardado por la compañía, la más mimada por los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González y que en 2012 facturó 562,6 millones de euros.

Tan sigilosamente se ha preservado el dato relativo a las Islas Caimán que, de hecho, la versión oficial del gigante sanitario sobre sus dueños reales siempre ha apuntado a la existencia de una multiplicidad de accionistas difícil o imposible de identificar.

Pero los papeles del Registro de Comercio de Luxemburgo sugieren que en el último escalón de la enrevesada trama societaria, es decir, tras cada una de las cinco filiales del fondo británico CVC domiciliadas en la capital del archipiélago caribeño de las Caimán, Georgetown, hay personas jurídicas –empresas- o físicas perfectamente reconocibles si Capio accediera a levantar el velo de su compleja estructura empresarial de muñeca rusa.

El dato que apunta en esa dirección es el siguiente: el capital no se distribuye a partes iguales, como ocurriría si el origen del dinero fuera aleatorio y la creación de distintas filiales obedeciera a razones de mera eficacia.

Todo lo contrario, cada una de las cinco sociedades domiciliadas en las Caimán y bautizadas como CVC European Equity Partners V LP (cada una añade a su denominación una letra, de la A a la E) ostenta un número distinto de acciones en la empresa luxemburguesa que aparece en el penúltimo eslabón societario Capio: HCI Holdings Sàrl. Lo anterior sugiere que hay accionistas concretos, con nombres y apellidos, que han decidido por sí mismos cuánto quieren invertir en el pujante negocio de Capio.

Ventajas fiscales

De las cinco sociedades de Caimán que constituyen el único eslabón conocido del grupo, la de mayor peso es la bautizada como CVC European Equty Partners V ( C ) LP, cuyos derechos accionariales suman en HCI Holdings Sàrl el 32,74% del capital social de la compañía luxemburguesa. La de menor peso accionarial es la filial caribeña marcada con la letra D: sus titulares reales copan solo el 2,32% del capital de HCI Holdings Sàrl.

Expertos en estructuras financieras consultados por infoLibre sostienen que la creación de series complejas de sociedades encadenadas suele responder a dos objetivos: el primero y esencial, ocultar la identidad de los verdaderos inversores y beneficiarios; el segundo, construir una retícula de aportaciones cruzadas y préstamos que pueden repercutir luego en una minoración de impuestos para cada una de las piezas.
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Apoyo político

De momento, la mayor ventaja obtenida por Capio no es de signo tributario sino político: la que le proporciona el apoyo del Ejecutivo madrileño, que lleva meses aferrado a una afirmación que ni siquiera ha intentado demostrar, la de que la gestión privada de los hospitales y centros de salud entraña un menor gasto público. Pero no solo no ha aportado por iniciativa propia ningún papel que permita verificar esa afirmación sino que, en contra la promesa lanzada en diciembre por el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, el Ejecutivo madrileño continúa negando a los grupos de la oposición parlamentaria la información pormenorizada del presupuesto sanitario ejecutado cada año. La ausencia de datos verificables no ha impedido a Lasquetty remachar como un axioma que la gestión privada rebaja el coste desde los 600 euros a 441 euros por habitantes.

Frente al silencio gubernamental, tanto la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) como la Asociación de Facultativos, líder de las protestas de los últimos meses, han difundido estudios cuyas cifras indican que, lejos de producir una merma de gasto, la “externalización” lo encarece.


El martes 26 de febrero, infoLibre pidió al departamento de comunicación de Capio una entrevista con algún directivo de la compañía para conocer su versión sobre la estructura societaria internacional del grupo. Capio respondió que ya no facilita entrevistas y comunicó al diario que debía enviar sus preguntas por escrito. El jueves 28 de febrero, las preguntas llegaron a Capio, que remitió sus respuestas ayer por la tarde mediante correo electrónico. El cuestionario cursado a Capio incluía varias preguntas sobre las cinco filiales del fondo de capital CVC domiciliadas en las Islas Caimán y que desde ese paraíso fiscal dominan al gigante de la sanidad española. ¿Qué personas físicas o jurídicas (empresas) integran cada una de esas sociedades de las Islas Caimán? ¿Qué papel cumple la sociedad luxemburguesa Theatre Directorship Services Beta Sàrl, que ostenta la presidencia de Capio Sanidad Holding SL pese a que, en teoría, no figura en su accionariado? Esas dos preguntas quedaron sin respuesta. La respuesta fue tan escueta como imprecisa: ni una palabra sobre Theatre Directorship Services Beta Sàrl ni sobre las otras dos compañías gemelas presentes en el consejo de Capio Sanidad Holding SL, las llamadas Alpha y Gama (sic). Y sobre las Islas Caimán, ninguna mención expresa. Solo una perífrasis para evitar el nombre del paraíso fiscal caribeño: "Esta última sociedad [la luxemburguesa cuyos accionistas conducen a la colonia británica caribeña] es propiedad de fondos asesorados por CVC Capital Partners y del equipo directivo de Capio".

[Republik]

Esto de la propiedad oculta de Capio es gravísimo, ya era sospechoso leer sus cuentas y encontrar tan pocos datos, pero ya llegamos a lo extremo.

Una ley de transparencia como la que hace falta, entre otras cosas debe permitir a cualquier ciudadano "desnudar" a quienes reciben contratos públicos para que cualquier plataforma cívica pueda estudiar a fondo estas compras y contratas, valorar sus beneficios, márgenes, procesos de licitación y adjudicación, ahí todo tiene que ser perfectamente visible, objetivo en lo posible y con vías para impugnación y duras sanciones en caso de sospechas de incumplimiento. No vale ya el argumento de "es el mercado, son empresas privadas" porque ni siquiera sabemos si las cosas son así, es peligrosísimo y estoy seguro de que fuera de España, donde sí que existen esquemas de participación privada en la prestación de servicios sanitarios, no se dan estas prácticas escandalosas y bananeras.

[NosTrasladamus]

No vale ya el argumento de "es el mercado, son empresas privadas" porque ni siquiera sabemos si las cosas son así, es peligrosísimo y estoy seguro de que fuera de España, donde sí que existen esquemas de participación privada en la prestación de servicios sanitarios, no se dan estas prácticas escandalosas y bananeras.

Yo no estaría tan seguro, Republik. Y es que, cuando la motivación del lucro se pone por encima de la salud y la vida de las personas, en realidad tenemos una conducta criminal. Directamente, no hay otro calificativo. Es por cosas como esta por las que, sencillamente, no podemos tolerar que los servicios de salud queden supeditados a esquemas de lucro-empresariales/o mercantiles. Si la sanidad tiene que ser deficitaria (lo cual no quiere decir despilfarrar) que lo sea cuanto haga falta, la vida de las personas no tiene precio. El que quiera ganar dinerito que se dedique a otra cosa, pero sus zarpas fuera de esta actividad QUE NO ES UN NEGOCIO. Nadie puede consentir que la codicia de unos cuantos listos provoque decenas de miles de muertes en una sociedad del primer mundo y todavía alguien pretenda seguir buscando justificaciones a estos mecanismos de enriquecimiento a costa de la vida de los demás. Aquí tenemos las consecuencias de la Tatcherización del NHS:

http://isanidad.com/noticias.aspx?Id=7392

Desde el Gobierno Británico, su ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, en una conferencia de prensa, admite que 30.000 pacientes mueren al año por un “servicio deficiente”, como publica The Times en su apertura de edición que comienza con la crisis del modelo sanitario del Reino Unido y los casos de negligencia que han ocurrido en estos meses, "Muchos pacientes mueren por falta de prevención o porque no se les ha ofrecido el mejor tratamiento", ha manifestado el ministro.
Reconoce que esto es debido a una baja calidad del sistema y los errores en la temprana detección de los problemas, siendo bajo en comparación con el resto de países que les rodean, "muchas muertes ocurren porque el sistema no está preparado para prevenir que la persona enferme, o porque el tratamiento que se le ha ofrecido no es el mejor".

Estos casos de negligencia salieron a la luz hace unos meses después de que una comisión de control (elaborado por una delegación independiente presidida por el abogado especialista en negligencias médicas Robert Francis), encargada de analizar fallos en la atención sanitaria y realizar un informe de 290 recomendaciones, hablara de “muertes innecesarias de pacientes debido a errores en la asistencia y mala praxis”, como publicó en su día The Guardian. Se habló que había primado "la consecución de objetivos económicos por encima de la calidad del servicio".

Ya en la primera investigación en 2009, de las cinco realizadas sobre la gestión del Hospital Mid Staffordshire, se conoció que habían muerto entre 400 y 1.200 personas más de las que se esperaba por estadística.

En las siguientes investigaciones se puso de manifiesto que faltaba personal, y el que había, no estaba suficientemente cualificado. Médicos sin experiencia se ocupaban de pacientes con cuadros críticos y complicados así como se demostró que el personal de recepción era el que tomaba la decisión de si un paciente ingresaba en cuidados intensivos o no. Tras esto, Martin Yeates, jefe ejecutivo del hospital y Toni Brisby, presidente de la fundación que gestionaba el centro, dimitieron.

[NosTrasladamus]

Capio infringe la ley para ocultar cuánto ganan sus directivos

Deloitte introdujo dos salvedades en sus auditorías de 2011 por la ausencia de datos sobre esa materia

El Real Decreto del Plan  de Contabilidad, aprobado en 2007, obliga a incluir en la memoria de las empresas sueldos y dietas de los directivos

Capio Sanidad Holding SL infringió en 2011 el Real Decreto que regula el Plan de Contabilidad de las empresas españolas, y lo hizo para no revelar las remuneraciones de sus directivos. Así consta en los dos informes elaborados ese año por Deloitte –las cuentas eran semestrales-, que introdujo sendas salvedades.

La cabecera española del grupo Capio, cuyos dueños finales se ocultan tras cinco sociedades de las Islas Caimán, eludió cumplir el artículo 23.6 del Real Decreto 1514/2007, hoy vigente y que aprueba el Plan General de Contabilidad. Deloitte hizo constar ese incumplimiento y lo reflejó en sus informes de 15 de noviembre de 2011 (cuentas del primer semestre) y en el emitido el 25 de junio de 2012 (cuentas del segundo semestre de 2011). Planteó su salvedad en los siguientes términos: “La nota 21.3 de la memoria consolidada adjunta no incluye la información requerida por la normativa vigente referente al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal de Alta Dirección, así como los anticipos y los créditos concedidos al mismo”.

En esa nota de las dos memorias semestrales de 2011 Capio se limitó a reflejar los datos relativos a los miembros del consejo de administración, pero no a los de la alta dirección del grupo. “Los miembros del consejo de administración –se lee en ambas memorias semestrales- no han percibido remuneración alguna. Asimismo el grupo no tiene concedidos créditos ni anticipos ni ha contraído obligaciones en materia de pensiones ni seguros de vida con sus administradores”.

El 28 de febrero y en el cuestionario enviado a Capio por indicación de sus portavoces, infoLibre preguntó al gigante de la sanidad privatizada por la salvedad de la que deja constancia Deloitte y solicitó información sobre a cuánto ascendieron en 2011 y 2012 esas remuneraciones. La respuesta escrita no mencionó el informe de Deloitte. Ni aclaró nada: “Las sociedades que cotizan en bolsa –dice el texto– tienen obligación de informar a sus accionistas sobre la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la alta dirección de la compañía, en quienes han depositado la responsabilidad de su inversión. En el caso de Capio Sanidad, que no cotiza en bolsa, sus accionistas no sólo conocen sino que deciden la remuneración de la alta dirección y de los miembros del consejo”.

Quiénes son los accionistas reales y últimos de la compañía de Capio, los que se parapetan tras las cinco sociedades del paraíso fiscal de las Islas Caimán continúa, por tanto, siendo una incógnita.

[visillófilas pepitófagas]

COMUNICAT: Els vídeos estan esborrats, els escándalos segueixen aquí

http://www.cafeambllet.com/press/?p=17723

[Republik]

Unas puntualizaciones respecto al exceso de mortalidad del sistema británico.

Seguramente es cierto,pero dado que la mortalidad normalizada es casi idéntica en todo el mundo desarrollado, lo que está diciendo el Ministro británico muy valientemente es que algo semejante ocurre en el resto del mundo y no se revela.

En UK el sistema sanitario del lado de contratación de personal es 100% público hasta el extremo de que los bedeles, pinches de cocina y personal de limpieza son plantilla del NHS (es el mayor prestador de servicios sanitarios del planeta y uno de los 10 mayores empleadores globales)  con todo lo que ello implica (en el derecho laboral británico parece que no mucho pero la rotación de plantillas no es alta y las remuneraciones suelen mejorar a las del mercado); así que por provisión pública no queda la cosa. ´Se dice en ciertos ambientes que los modos de gestión de emulación de la privada que se llevan por el RU pueden haber causado restricciones en la oferta, pero el RU se gasta en sanidad un dinero más que apreciable, de hecho bastante más que España.

Entonces la conclusión es que en España se deben producir muertes digamos "fuera de momento" en proporción semejante a las británicas (22.000 más o menos), sencillamente la "accountability" de nuestro sistema esconde esto bajo la mesa,como tantas otras cosas: en UK se puede saber la mortalidad por distritos, lo que genera valiosa información, en España es un secreto muy bien guardado, a veces dejan caer cifras parciales pero no hay el nivel de publicaciones del RU. Y yo ya he visto demasiados casos en mi entorno de personas que son desahuciadas en el sistema de la nacioncita X y sobreviven años gracias al de la Y,o, en casos extremos, a la privada de los EEUU, que en su parte alta tiene muy buenos indicadores: en las necrológicas uno aprecia que en USA ser un famoso actor o profesor parece proporcionar bastantes años extra de vida (suelen llegar a los 90), en realidad el truco básico es que con dinero puedes hacerte un seguimiento que está vedado a la totalidad de la población (no hay horas-médico ni horas-TAC para tanto estudio), y de la detección precoz depende, por ejemplo, salir airoso de un cáncer o mal-sobrevivir nueve meses.

Y es que siempre va a resolverse el problema de la demanda de servicios sanitarios mediante colas o denegación de prestaciones más o menos explícita (en UK hay un catálogo de prestaciones, en España te dice un señor con bata "no hace falta", "no hemos llegado a tiempo", "ya no vale la pena operar"), pero al final siempre es lo mismo, no hay todo  para todos y quien quiera, como Botín, exámenes semestrales hasta el último rincón de su cuerpo, debe tener su servicio médico personal, esto no habrá quien lo cambie hasta que no se abaraten mucho test sencillitos de detección de muchas patologías, y no sé cuándo llegará eso.

[scytal]

La empresa de la que es consejero Manuel Lamela gestiona el hospital que él adjudicó en su etapa al frente de la sanidad madrileña

"Sabemos que el dinero de los contribuyentes como mejor se usa es invirtiéndolo en sanidad", dijo Esperanza Aguirre durante la inauguración del hospital del Tajo (Aranjuez) el 7 de abril de 2007. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid hacía estas declaraciones flanqueada por el que en aquel momento era su consejero de Sanidad, Manuel Lamela. Él mismo había licitado y adjudicado la construcción y explotación del centro en 2005. El hospital del Tajo, con 120 camas y que presta servicio a un área de uno 80.000 pacientes, fue uno de los primeros de naturaleza semipública, construidos por la Comunidad (médicos y camas públicas y el resto de servicios privados). Un símbolo del entonces nuevo modelo sanitario de Aguirre.

La concesionaria fue un consorcio liderado por la constructora madrileña Hispánica en colaboración con Sando, Instalaciones Inabensa y Construcciones Sánchez Domínguez. El contrato, firmado por el consejero Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales (historias clínicas, celadores, seguridad, restauración, transporte, parking, etc...) a cambio de un canon anual de 9 millones de euros durante los próximos treinta años. Una suma total de 270 millones.

El hospital de Aranjuez comenzó a prestar servicio en el año 2008. Algo más tarde, en Abril de 2010 Pablo García Pozuelo propietario de Constructora Hispánica, imputado por pago de comisiones en la trama Gürtel, se vio empujado a vender el 100% de su empresa para hacer frente a los pagos con Hacienda. El comprador fue el grupo Essentium que de este modo se hizo con el contrato de gestión del hospital del Tajo. Eso sí, Essentium cambió la denominación comercial de Hispánica por "Assignia Infraestructuras" que es quien desde entonces quien junto a sus socios gestiona el hospital madrileño del Tajo y factura por ello a la Comunidad de Madrid.

Essentium, especializada en obra civil, decide entonces incorporar a un gestor sanitario para su recién creada división hospitalaria. El elegido fue Manuel Lamela Fernández. El mismo que había planificado la puesta en marcha de los hospitales público-privados en la comunidad siendo Consejero de Sanidad. El mismo que inauguró el hospital del Tajo y el mismo que licitó y adjudicó el contrato de 270 millones de euros del que ahora se beneficiará la empresa para la que trabaja. Su nombramiento como miembro del consejo de administración de "Assignia Infraestructuras" se inscribió en el registro mercantil sólo seis meses después de la compra de Hispánica.

La presidenta de Assignia Susana Monje, en conversación con la Cadena SER, ha asegurado que Manuel Lamela es un profesional de reconocido prestigio, con un profundo conocimiento del mundo sanitario y que asesora a la compañía principalmente en materia internacional. "Apenas hemos hablado de negocios en la Comunidad de Madrid" afirma Monje que insiste en que no existe incompatibilidad en el nombramiento dado que Lamela dejó la consejería de Sanidad en 2007 y el Gobierno madrileño en 2008.

Bien posicionada para nuevos contratos

El hospital de Aranjuez que gestiona Assignia es todavía semipúblico pero la comunidad lo privatizará completamente junto a otros cinco hospitales madrileños en los próximos meses. Assignia asegura que no tiene intención en entrar a competir en la prestación de servicios médicos ya que carece de experiencia en el sector, no obstante, la gestión del hospital del Tajo la convierte en candidata para las licitaciones de los servicios no asistenciales.

El pasado 5 de Marzo además de anunciar la próxima salida de los pliegos para privatizar la gestión de los hospitales, el actual consejero de Sanidad Javier Fernandez-Lasquetty aseguró que "en pocas semanas" se iniciaría la externalización de los servicios no sanitarios de los hospitales tradicionales. Según la Consejería, el proceso empezará por las cocinas. Pero esto solo será el principio.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/empresa-consejero-manuel-lamela-gestiona-hospital-adjudico-etapa-frente-sanidad-madrilena/csrcsrpor/20130402csrcsrnac_3/Tes

[maria urizar]

Dominio público » ¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?

Ángeles Maestro
Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja

Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual que en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta. Las políticas neoliberales forman parte de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia: drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, instauración de políticas de reducción del déficit —con la correspondiente disminución de presupuestos sociales—, liquidación de derechos laborales y sociales y privatizaciones.

Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a mediados de los ochenta coincidiendo con la entrada en la CEE y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013).

Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene su trabajo asegurado, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.

En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. El Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud. El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo una guía para la preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.

Se procedió a la privatización —“externalización”—  de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza, casi todos subcontratados por constructoras, y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario[1].

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC OO emitió un comunicado congratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”.

La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública

La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica.

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.

La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:

Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.
La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.

Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos: Ni una privatización más, Derogación de la Ley 15/97 y devolución  a manos públicas todo lo privatizado.

[scytal]

Los papeles de Bárcenas también ponen bajo sospecha las privatizaciones de hospitales en Madrid

La gestión privada de la Sanidad madrileña ha quedado en entredicho tras conocerse los papeles de Luis Bárcenas. Las supuestas cuentas del extesorero del PP muestran cómo las grandes constructoras que gestionan cinco hospitales de la región hicieron, presuntamente, diversos ingresos al partido. Unos movimientos que no sólo han puesto bajo sospecha estas concesiones, sino también las nuevas externalizaciones previstas por Ignacio González.

El cerco de la Sanidad se estrecha sobre el sucesor de Esperanza Aguirre. Si el presidente de la Comunidad de Madrid ya tenía en contra a toda la comunidad sanitaria por sus recortes, ahora la situación podría agravarse tras conocerse que las empresas que gestionan cinco hospitales de la región habrían donado importantes sumas de dinero al PP.

Concretamente, las constructoras que se encuentran ‘bajo sospecha’ son OHL, gestora del Hospital del Sureste (Arganda); Sacyr Vallehermoso, que se encarga de los hospitales de Coslada y Parla; y Ploder, gestora del Hospital Infanta Leonor (Vallecas). También hay quien ha señalado a FCC, con una participación minoritaria en el hospital de Torrejón.

Según algunas informaciones, estas empresas cobran a la Comunidad de Madrid 45,15 millones de euros anuales en concepto de canon. De ellos, Sacyr sería la mayor beneficiaria, ya que esta constructora se lleva cada año 27,5 millones, y según los papeles de Bárcenas el presidente de la compañía entre 2004 y 2011, Luis del Rivero, habría ingresado en las arcas del PP 380.000 euros entre 2004 y 2006.

Precisamente, según comentan algunos observadores políticos no siempre bien informados, esa es la razón de que ganase en 2005 el concurso para la gestión del Infanta Cristina de Parla y la adjudicación para la financiación, construcción y explotación del Hospital del Henares de Coslada.

Por su parte, el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, también aparece en la presunta contabilidad secreta del extesorero del PP con donaciones de 100.000 (2004), 180.000 (2006) y 250.000 euros (2008). Cuando la Comunidad adjudicó el Hospital del Sureste se comprometió a abonar un canon de cerca de diez millones de euros anuales, aunque en 2010 el Ejecutivo liderado por Esperanza Aguirre aumentó en medio millón esa partida.

Asimismo, el fundador y presidente de Ploder, Luis Gálvez, también aparece en la presunta contabilidad secreta del PP con donaciones por valor de 50.000 euros. El Hospital Infanta Leonor, al igual que el del Sureste, se benefició en 2010 del aumento del canon decretado por Aguirre.

Estas revelaciones han generado gran controversia entre la oposición, que ha exigido explicaciones a Ignacio González. Concretamente, la presidenta del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, exigió hace unos días al sucesor de Aguirre que diese la cara porque “no puede mirar hacia otro lado, ni decir que esto no es de su incumbencia”.

http://www.elboletin.com/smartphone2/index.php?noticia=69405

[NosTrasladamus]

http://www.eldiario.es/diarisanitat/CiU-PSC-comparecencias-investiga-irregularidades_6_127097321.html

CiU y PSC vetan diversas comparecencias en la comisión que investiga las irregularidades en la sanidad pública

Entre los comparecientes rechazados están dos ediles de la comarca del Maresme (uno de CiU y una del PSC), sospechosos de haber desviado dinero público a través de la entidad que controla los hospitales de Blanes y Calella

También han sido vetadas varias personas que han ayudado a destapar algunos de los escándalos como el periodista de 'Cafè amb Llet' Albano Dante-Fachín o el exmiembro de la Sindicatura de Cuentas Agustí Colom


Xavier Crespo (CiU) deberá comparecer en la comisión de investigación sobre la gestión sanitaria

El representante de CiU en la comisión de investigación sobre la gestión de la sanidad catalana, Albert Batet, lo advirtió al principio de la sesión de este lunes: "no somos la justicia". El hecho es que su grupo parlamentario, junto con el PSC, ha rechazó ayer la comparecencia de varias personas implicadas en presuntas irregularidades en el sistema de sanidad pública de Catalunya. Los representantes de ICV, Marc Vidal, y de la CUP, David Fernández, habían pedido expresamente que no se vetara a nadie, pero no ha sido así. Entre las comparecencias rechazadas están las de Carme Aragonés (concejala de Pineda de Mar por el PSC), Xavier Rius Moya (concejal de Santa Susana por CiU) así como Guadalupe Oliva, la mujer del diputado Xavier Crespo (CiU), imputado en el marco del 'caso Clotilde' de blanqueo de dinero en Lloret de Mar. Estas personas son sospechosas de haber recibido irregularmente dinero de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva cuando Crespo estaba al frente.

La Sindicatura de Cuentas catalana investigó previamente estos hechos y puso al descubierto el uso indebido de al menos 1.300.000 de euros, pero acabó archivando el caso, a pesar de las protestas de Agustí Colom, síndico propuesto por ICV y una de las personas vetadas hoy en la comisión con los votos de CiU y el PSC.

También han sido vetadas varias personas que han ayudado a desvelar irregularidades en el sistema sanitario público de Cataluña. Possiblemente los más conocidos sean los periodistas de la revista gerundense 'Cafè amb Llet', Albano Dante-Fachín y Marta Sibina. Gracias a sus investigaciones se supo que el exalcalde de Calella Ramon Bagó (CiU), presidente y principal accionista del grupo de restauración Serhs, habría obtenido para su empresa la adjudicación a dedo de contratos millonarios con hospitales catalanes. Se da la casualidad de que estos centros sanitarios pertenecen al Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), del que Bagó era directivo. No comparecerán tampoco el periodista de El País Oriol Güell o la presidenta del comité de empresa del Hospital Sant Pau, Carme Pérez, que denuncia varias irregularidades en esta institución.

Por el contrario, los principales implicados en estos casos han sido llamados a comparecer: Ramon Bagó, Xavier Crespo, Carles Manté, Josep Prat (que tenía un triple cargo: directivo del Consorci de Salut i Social de Catalunya, presidente del Institut Català de la Salut, i director general de Innova) y los ex directores del Hospital Sant Pau de Barcelona Jordi Colomer y Jordi Varela, así como el consejero de Salud Boi Ruiz y su predecesora Marina Geli.

Esta comisión parlamentaria ya se había creado durante la pasada legislatura pero había quedado desactivada por el adelanto de las elecciones. Se prevé que las primeras comparecencias -de un total de 34- empiecen dentro de tres semanas.