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La única partida de los presupuestos exenta de recortes en 2013 es, inexplicablemente, la destinada a importar crudo y gas. De Enero a Noviembre, la factura nacional de compras de combustibles ha crecido cerca del 14%, según el Ministerio de Economía.Pero según el CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el coste conjunto anual de las importaciones de petróleo y gas alcanza los 45.696 millones de euros, un 16% más que el año anterior.El ahorro de energía es desde hace muchos años una auténtica obsesión para la Comunidad Europea. La postura oficial es muy gráfica: un inmenso chorro de dinero sale de las arcas europeas e inunda los países productores. Europa se desangra por una herida que se puede taponar con políticas de ahorro energético. Se pretendía hacer de este ahorro una auténtica industria, que a la vez creara riqueza, innovación tecnológica y, por supuesto, puestos de trabajo especializados. Y apareció el sector de las energías renovables.La dependencia energética española es del 75%, según datos del propio Ministerio de Industria. Conscientes de ello, España apostó en la legislatura pasada por el ahorro energético, de forma algo descoordinada pero eficaz: fomento de las bombillas de bajo consumo, limitación de la velocidad máxima en autovías, apuesta por las energías renovables, potenciación del presupuesto del IDAE con cientos de millones de euros destinados a proyectos y planes de ahorro y eficiencia. Los particulares y las empresas, incentivados por el dinero público, se lanzaron a renovar equipos térmicos y a mejorar aislamientos. Los resultados no se hicieron esperar: el gasto eléctrico empezó a declinar sustancialmente. Una carga de profundidad en el casco de las empresas productoras e importadoras.El nuevo Gobierno ha impuesto un giro de 180 grados a la política energética. Según fuentes del sector de las energías renovables, el primer acto del nuevo director del IDAE, Fidel Pérez, un hombre del PP procedente de la fundación FAES, fue dirigir un absurdo alegato a sus nuevos subordinados, reprochando su implicación en la política de energías renovables del anterior Gobierno. Quizá cuando fue bendecido digitalmente para su nuevo puesto nadie de molestó en explicarle que las siglas IDAE corresponden a Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.El nuevo ministro de Industria anunció en marzo del año pasado que el presupuesto de inversiones del IDAE se dedicaría a algo tan rentable para el país y de tanto futuro como pagar el déficit de tarifa de las compañías eléctricas. Con decisiones como esta, es lícito preguntarse quién dirige en realidad la política energética española.El resto de la política del Ministerio de Industria es igualmente reaccionaria y contraria a cualquier noción de eficiencia energética: ha anulado todos los convenios del IDEA con las CCAA para los planes Renove de calderas, electrodomésticos y automóviles; lleva un injustificable retraso en la trasposición de las Directivas europeas de ahorro energético; ha intentado vetar la nueva directiva de eficiencia de la Comunidad Europea, haciendo un ridículo histórico; sigue, en contra del programa electoral, sin modificar un ápice el diseño del mercado eléctrico, que con la caída de la demanda favorece aún más el déficit de tarifa, que ya ha acumulado 30.000 millones de euros. Es sabido que se podría acabar con la trampa del déficit de tarifa a golpe de BOE, empezando por exigir la auditoría del coste real de generación de la energía eléctrica.Aun así, las declaraciones oficiales siempre niegan que se hayan eliminado las políticas de ahorro, en abierto contraste con la realidad de los hechos. La realidad es que el déficit de la balanza energética es cercano a los 44.000 millones de euros al año, un 12% más que en 2011, igualando el nivel record de 2008; aunque las cantidades importadas son menores que entonces, ahora el precio unitario es mucho mayor.España no ha traspuesto aún al ordenamiento español la directiva europea que obliga a los edificios “de segunda mano” a tener una etiqueta de eficiencia como la de los electrodomésticos; es el famoso Real Decreto de Certificación Energética. La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Luxemburgo por el retraso de cinco años en su aplicación. El decreto lleva meses preparado para su publicación, pero jocosamente el Ministerio de Economía y “Competitividad” se opone a esta medida, que ve como una carga más para el mercado inmobiliario, al que por otra parte ha hundido ya con sus medidas a favor de la Banca.Además, el decreto regulador del balance neto de fotovoltaica en pequeñas instalaciones a prima cero sigue paralizado. Es el también llamado Decreto de Autoconsumo Eléctrico. Según fuentes del sector, el ministerio de Industria busca fórmulas de ponerle topes para limitar el número y potencia de las instalaciones domésticas, a las que se seguirá obligando a pagar los derechos de acometida eléctrica y el término de energía, a los que se consentirá una subida sustancial.En octubre pasado, España votó en contra de la nueva directiva europea de eficiencia energética en los edificios. El Ministerio de Industria alegó que ya en 2010 nuestro país había alcanzado el objetivo, previsto para 2016, de reducir un 9% el consumo y que la nueva directiva penalizaría a España al no tener en cuenta los avances logrados antes de 2014; y que la obligación de renovar energéticamente los edificios de la administración crearía “desequilibrios en los presupuestos públicos”. Pero el mismo Ministerio sí recurre a la necesidad de reducir la dependencia exterior cuando defiende la búsqueda de gas mediante el denostado sistema del fracking hidraulico, tan dañino para el medio ambiente como probado contaminador de las aguas del subsuelo.
http://www.asamblealogroño.com/2013/02/06/vinculos-del-poder-politico-y-el-sector-energetico/Nada que no sepamos por aquí, pero un aplauso a los de Som Energía, no solo por extender el uso de las energías renovables y el cooperativismo, sino también por hacer labor didáctica sobre uno de los robos del siglo.Recomiendo encarecidamente el powerpoint que se puede ver en el enlace.Recordemos: NO puede haber verdadera libertad sin independencia energética y alimentaria. Saludos.
El Gobierno Rajoy difama, miente, estafa y robaNo lo dice Energías Renovables. Lo dijeron ayer en Madrid, alto y claro, durante hora y media, los más altos representantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Protermosolar (solar termoeléctrica), UNEF (sector solar fotovoltaico) y Anpier (productores e inversores en FV). Las reformas anunciadas el pasado viernes en Consejo de Ministros han sido las que han abierto la caja de los truenos en el sector, exangüe tras dos años de "política de acoso y derribo" que van a acabar en los tribunales, porque todas las asociaciones lo tienen claro: "denunciaremos ante Bruselas al gobierno", ha dicho José Miguel Villarig, presidente de APPA.El foro elegido ha sido la Asociación de la Prensa de Madrid; la sala, abarrotada de periodistas. Tras la mesa larga de ponentes, media docena de primeras espadas. Primero en abrir la boca: el presidente de APPA, José Miguel Villarig, que ha roto el hielo... abriendo fuego. Lo ha hecho sin pararse en rodeos. Desde el principio. Porque Villarig ha hablado, desde el minuto uno, de difamación –"Soria difama al sector de forma constante y confunde interesadamente a la opinión pública"-; ha hablado de estafa –"el dinero que el gobierno le está quitando con estas medidas a las renovables se lo está dando con la otra mano a las distribuidoras y a la interrumpibilidad" (es decir, a Unesa y a multinacionales como Arcelor, Atlantic Copper o Messer Ibérica de Gases)–; ha hablado de vergüenza –han sido tantos ya los cambios de regulación y las medidas retroactivas que "siente uno vergüenza cuando habla con sus socios europeos"–; ha hablado de oscurantismo -aunque el gobierno está obligado por la Ley del Sector Eléctrico a tratar con el sector, Soria "ha omitido todo contacto con nosotros" en el proceso de formulación de su reforma; y, por fin, y a modo de conclusión, ha hablado de denuncias: "denunciaremos ante Bruselas esta política de acoso y derribo".
La eólica ya es rentable en AustraliaÁrea: Medio ambiente — Lunes, 11 de Febrero de 2013Un estudio económico muestra que la energía eólica es ya más barata que la energía de origen fósil en plantas de nueva construcción.Hace no tantos días publicábamos en NeoFronteras un estudio según el cual una cuidadosa planificación de energías alternativas en los EEUU podría hacer que en un futuro que este tipo de energía fuera más económica que la energía basada en combustibles fósiles. Ahora parece que, al menos en Australia, la energía eólica ya es más barata que las procedentes de combustibles fósiles sin que se aporte ningún tipo de subvención gubernamental. El análisis que afirma esto ha sido realizado por Bloomberg New Energy Finance.El análisis tuvo en cuenta el coste de producir corriente eléctrica según distintas fuentes. Así por ejemplo, el estudio muestra que en nuevas instalaciones el coste del Megavatio hora de origen eólico es de 83 dólares americanos frente a los 143 de una planta térmica de carbón o los 116 de una térmica de gas. Todo ello si se tiene en cuenta el coste de las cuotas de emisiones de dióxido de carbono. Pero incluso dejando de lado el coste de esas cuotas, la energía eólica es un 14% más barata que el carbón y un 18% más barata que el gas. Sin embargo la energía eólica no puede competir con las plantas térmicas ya construidas y amortizadas.Según el jefe ejecutivo de New Energy Finance, Michael Liebreich, la percepción de que la energía de origen fósil es más barata que las renovables es simplemente una idea desfasada. Afirma que el hecho de que la energía eólica sea más barata que el carbón o el gas natural, en un país con recursos en energía fósil, muestra que la energía limpia es un poderoso jugador que cambiará la economía del los sistema de producción energéticos.La razón que ocurra esto se debe a que el coste de la energía eólica ha caído un 10% desde 2011 y la fotovoltaica un 29%, mientras que las energías de origen fósil han aumentado su precio.El estudio también ha detectado que los grandes bancos del país son reticentes a la hora de financiar proyectos energéticos basados en carbón. Algunos expertos New Energy Finance creen que en Australia simplemente no se van a construir más plantas térmicas de carbón o gas porque simplemente son más caras.El estudio también afirma que para 2020 la energía fotovoltaica será más barata que el carbón o el gas natural y para 2030 la biomasa o la solar térmica también serán competitivas. Se espera que antes de que termine esta década se hayan podido encontrar soluciones a la intermitencia de este tipo de energía renovables.Es sin duda una buena noticia. Si la eólica es ya más rentable no hay ninguna excusa para impedir su implantación generalizada.Copyleft: atribuir con enlace a http://neofronteras.com/?p=4031
El Ministerio de Industria ha decidido poner en marcha la liberalización de la bombona de butano en España con un sistema de fijación de precios equivalente al que funciona en el sector eléctrico. La solución para evitar que el coste se dispare consiste en asegurar un nivel máximo y admitir un déficit de tarifa que reconozca la volatilidad en las cotizaciones del mercado internacional de materias primas.La popular bombona de butano ha ido adquiriendo un peso cada vez mayor en la economía doméstica de muchas familias como consecuencia de la crisis económica, hasta el punto de que en 2012 se han vendido en España un total de 70 millones de unidades. La política energética de los últimos Gobiernos, tanto en el caso del anterior ministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, como en el de su sucesor y actual titular del departamento, José Manuel Soria, ha facilitado un ajuste de los precios en beneficio del consumidor, con el consiguiente deterioro comercial de los márgenes para los operadores y agencias de distribución.La Asociación de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP) ha mantenido un constante tira y afloja con la Administración en su afán por conseguir un sistema aditivo de tarifas que refleje la adecuada evolución de los costes del sector. Tanto las materias primas como los fletes de transporte a las plantas envasadoras o el llamado término de comercialización inciden de manera directa en el precio final de la bombona de butano, que se ha convertido en una pesadilla para el Ministerio de Industria.El Gobierno ha resuelto hasta ahora el problema saliéndose por la tangente de una congelación de los precios de venta al público, patente en el último decreto ley sobre protección de empleados del hogar, pero que también ha servido para blindar la tarifa del butano de las inclemencias del mercado energético. A cambio, los responsables de la política industrial se han comprometido a resolver la fórmula de fijación de precios antes del próximo 1 de marzo con el fin de garantizar una actualización equitativa en el segundo trimestre del año. Una subida pendiente del 20%La que se avecina puede ser de órdago si se observa que la subida del butano que debería haber sido aprobada en enero se estima en torno al 20%, un incremento que puede ser demoledor para la mayor parte de hogares que recurren a esta fuente de energía. El Gobierno está incumpliendo deliberadamente el proceso de apertura comercial establecido a raíz de la ley de hidrocarburos de 1998 y que, entre otros aspectos, facilitó la liberalización de carburantes, actualizados hasta entonces a través del antiguo sistema de precios máximos.El nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tiene un difícil panorama por delante, pero ha llegado al cargo con la intención de cerrar cuanto antes una fórmula de precios que deberá ser sometida al informe preceptivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) antes de su aprobación definitiva en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. El proyecto que se negocia con el sector establecerá una horquilla de precios máximos y mínimos que permita ajustar con cierto equilibrio las próximas subidas de la bombona. A partir del baremo establecido, en torno a un 5%, el coste será reconocido por el Estado a las operadoras como déficit de tarifa a compensar de manera automática en las siguientes actualizaciones de precio.El Gobierno intenta conciliar los planteamientos de un sector venido a menos y en el que en los últimos cuatro años se han dado de baja cerca de la mitad de las agencias de distribución. Los operadores mayoristas están concentrados en un 90% del mercado en torno a Repsol y Cepsa, en tanto que los minoristas se extienden actualmente a un total de 200 empresas comercializadoras. No obstante, el reto político consiste en aprobar la asignatura pendiente de la liberalización sin quebrantar la maltrecha economía de un segmento social que durante mucho tiempo ha encontrado en la bombona de butano un balón de oxígeno para ajustar su factura energética.