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[...]¿En qué cabeza cabe cargarse una calle comercial a dos calles de un Patrimonio de la Humanidad por mera desidia y mal hacer? En un país civilizado los comerciantes de la calle se juntarían, metería un puro al ayuntamiento, otro a la contrata y salvarían el negocio. Aquí no.
Los magistrados del TC modifican su reglamento para permitir que sus hijos y cónyuges hereden la paga de un año tras el ceseLa ‘remuneración de transición’ se estableció en 1979En 2015 ningún exmagistrado cobraba esa remuneraciónGracias al acuerdo, se podrá cobrar de golpe o fraccionadaLos expresidentes reciben una pensión de hasta dos años El BOE recoge hoy un acuerdo del pleno del Tribunal Constitucional en el que modifica su propio reglamento. En concreto, regula la “remuneración de transición”, establecida en 1979, que cobran los magistrados que han ocupado el cargo durante más de tres años tras su cese. Esta paga, equivalente al sueldo en activo, se percibe durante un año.Gracias a este acuerdo, los magistrados podrán cobrarlo de forma global o fraccionada. Además, si fallecen durante ese año de transición, cónyuge e hijos heredan, a partes iguales, la paga que reste por percibir. Los magistrados que terminen mandato en el Tribunal Constitucional solo tienen derecho a cobrar esa paga si no realizan actividades durante ese año, en lo público o en lo privado, que supongan remuneración. Tal y como informa el propio tribunal, en 2015 ningún exmagistrado cobraba esa remuneración.Esto sí, desde julio de 2013 hasta junio de 2015, el expresidente del TC Pascual Sala cobró la pensión que, por un máximo de dos años, reciben los expresidentes. Solo durante estos seis meses de 2015, recibió 62.000 euros.Buenos días.
El 60% de los contratos de los ministerios en 2014 se adjudicaron sin concursoLa Ley de Contratos del Sector Público es clara: “La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido”.¿Se cumple? En lo que respecta a los ministerios y, en los últimos dos años, no. Tanto en 2013 como en 2014, el 60% de los contratos se adjudicaron vía negociado, la gran mayoría sin publicidad.En concreto, en el último año, de los 7.237 contratos adjudicados, solo 2.889 lo fueron vía concurso abierto y 4.301 se concedieron por negociado, 4.093 de ellos sin publicidad. El resto, un porcentaje mínimo (0,65%), se dirimió vía procedimiento restringido o normas internas.Uno de los ministerios que cuenta con un porcentaje mayor de negociados es Defensa, con casi un 71%. También es el departamento que más contratos adjudicó en 2014, un total de 2.389, frente a los 57 de Justicia o los 88 de Asuntos Exteriores y Cooperación. Este último es el que se lleva la palma en cuanto al uso del negociado, un 82% frente a un 18% de concursos. También superan la media el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (70%) y el de Presidencia (73%).Al otro lado, los ministerios en los que el número de adjudicaciones por concurso es mayor son Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (64,05% por concurso); Empleo y Seguridad Social (57,10%); y el Ministerio de Justicia (68,42%). Un avance de ¿Quién cobra la obra? Esto es solo un avance. El próximo otoño verá la luz ¿Quién cobra la obra?, el próximo proyecto de Civio, en el que vamos a analizar el uso del negociado en las administraciones públicas. Los datos de este artículo, extraídos de Contratación del Estado, son todos los contratos -a excepción de los menores- adjudicados en 2013 y 2014 por todos los ministerios. Para realizar un análisis más profundo del uso de este procedimiento, deberíamos -y lo haremos- añadir la cuantía de esas adjudicaciones y analizar, caso por caso, si se ajustan a la ley. Por desgracia, las razones que se argumentan para que un contrato específico se adjudique por negociado no son públicas, así que solo podremos escudriñar a fondo los más cuantiosos, aquellos que solo por precio no pueden entrar dentro de esta categoría.En ¿Quién cobra la obra? vamos a sumar al análisis a las comunidades autónomas, entidades locales y otros organismos públicos, utilizando varias fuentes públicas. Además vamos a ampliar la investigación a otros años, para estudiar la diferencia entre gobiernos y, lo más importante, vamos a poner luz sobre qué empresas se han llevado los contratos de obra pública en nuestro país. Son los primeros pasos de una nueva aventura. En Civio vamos a sumergirnos, de lleno, en la contratación pública, protagonista de muchos de los casos de corrupción de los últimos años.Buenos días.
La jueza Valcarce, el ex juez Armengol y el ex fiscal Molina son los protagonistas del programa de “Espía en el Congreso” en Radio 3w.com: un monográfico sobre la “mafia Púnica” pero en su relación con jueces y fiscales, pues esta trama ha destapado diversas corrupciones judiciales. “Si algo asombra del sumario del caso Púnica son las inquietantes relaciones de Francisco Granados, ex número dos de la Comunidad de Madrid, y su capacidad de influencia sobre algunos jueces, fiscales, abogados o policías” ha escrito la periodista Julia Pérez. Y es que las grabaciones al dirigente del Partido Popular (PP) encarcelado afloran sus nombres: la principal, la de la jueza Carmen Valcarce (de la que lograron que archivara el caso del espionaje a Ignacio González, Alfredo Prada y Manuel Cobo en Madrid) y que es la más llamativa: “La jueza del caso espionaje besó a Granados y le dijo que estaba “para servirle”, según explicó él a su mujer. Las conversaciones telefónicas del ex número dos de la CAM grabadas por la Guardia Civil muestran su influencia sobre algunos jueces, fiscales, abogados y policías. Un enviado quiso comentarle “una cosa en persona de Lesmes” que no era oficial sino “una consulta estratégica”, según consta en el sumario del caso Púnica. Con ella, José Luis González Armengol, ex decano de los jueces de Madrid y Enrique Molina, ex fiscal de la Audiencia Nacional y defensor de Francisco Granados, hoy encarcelado en la prisión de Estremera (Madrid). La jueza Carmen Valcarce Según Granados, la jueza Carmen Valcarce dijo delante de 8 abogados en los pasillos de los juzgados que él era “el mejor consejero de Justicia que había tenido la Comunidad de Madrid”, por lo que él mismo tuvo que pedirle recato. La magistrada ya desató algo más que suspicacias cuando “enterró” el “caso del espionaje” dentro del PP en la Comunidad de Madrid: “A lo largo de los interrogatorios, se suceden sus regañinas e interrupciones a los letrados de las víctimas del espionaje (el ex vicepresidente segundo regional Alfredo Prada y el vicealcalde madrileño Manuel Cobo) y a la fiscalía, sus modulaciones de preguntas y respuestas, mientras reparte bromas y muestras de simpatía con los implicados, cuya colaboración con la policía destaca, aunque los tres le admiten que mintieron en su declaración policial. Y descalifica los partes del espionaje, que tilda de “chapuza”, antes de someterlos a una pericial que revelaría que su coautor era un empleado del Gobierno de Esperanza Aguirre, al tiempo que dice compartir el mismo fastidio que los acusados por la presión mediática. Es el tono que precedió al archivo de la causa”, denunció el diario “El País” sobre esta magistrada.La “mafia” Púnica tejió una red de intereses y favores judiciales en torno suyo. En el sumario, un desconocido pide a Granados que interceda ante su esposa porque uno de sus alumnos, José Luis González Olalla, es hijo de José Luis González Armengol, ex decano de los jueces de Madrid, y que al día siguiente va a tener un examen con ella. En esas fechas, Armengol ha dejado el ejercicio activo de juez y ha sido contratado por El Corte Inglés. Granados responde: “Vale, vale, yo lo hablo con ella y la de digo que le apruebe. Sí, pero bueno que… ¡coño que vaya y que haga lo que pueda!” Granados explica en otra conversación que el chico durante el año “se ha tocado los huevos pero que el examen no lo ha hecho mal”. La esposa dice que, “aparte, es majo y educado,” y que le diga a Armengol “que está ahí para lo que necesite”. En otra conversación posterior, ella le reclama a Granados que pida a su amigo de El Corte Inglés que la contrate para dar clases. . El ex fiscal Enrique Molina “¡Eres un de los nuestros tío!”, le llega a decir su abogado defensor Enrique Molina, ex fiscal de la Audiencia Nacional, para calmarlo cuando Granados le expresa su inquietud por ser procesado en el caso del espionaje. Molina defiende también a la ex mujer del “capo” Correa (Gürtel), Carmen Rodríguez Quijano, ex asesora del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda, y también al juez Garzón, que participaba en las cacerías de la “mafia Púnica”. El ex fiscal presume de que tiene contratado en su bufete al hijo de un juez, según desvela en esta conversación. Se refiere al Juzgado Central de Instrucción nº 5, que admitió a trámite en el año 2013 una querella de Luxempart, accionista de Pescanova, contra nueve directivos y consejeros de la empresa gallega –entre ellos directores de auditoría, financiero y administración– y contra 5 sociedades:Enrique Molina: Me voy a enterar, me voy a enterar, voy a preguntar así como el que no quiere la cosa, porque estoy tratando el tema de Pescanova ahí. Francisco Granados: Ahhh. E: Y aprovecho una visita para preguntar por ti. F: Porque eso ehhh, ¿nos enteraríamos así de una cierta… ¿O no necesariamente? E: No se lo preguntaría a la fea que lo lleva. F: Hum… hum. E: Porque no la conozco y, y no sé cómo me puede salir, pero sí al Jefe. F: Ya. E: El hijo del Jefe trabaja conmigo. F: Ya, ya lo sé, por eso, por eso. E: Entonces se lo pregunto. Enrique Molina, sin barba, con Carmen Rodríguez, ex mujer de Correa, capo de la Gürtel Pero hay más: el periodista Luis Gómez revela que seis imputados en el caso Gürtel son defendidos por abogados que no hace mucho tiempo eran jueces y fiscales de la Audiencia Nacional; media docena de los acusados en la Operación Malaya, el ruso Kalashov, poderoso jefe mafioso y juzgado por blanqueo de capitales, el constructor Francisco Hernando, alias El Pocero… Los casos se suceden y Luis Gómez señala otro: “El fiscal Ignacio Gordillo (que intervino en casos de terrorismo de ETA) abandona la Audiencia Nacional para trabajar en un despacho de Málaga especializado en el turismo residencial. No es el único fichaje de esta naturaleza que hace dicho despacho, que publicita en su página web que tiene entre sus filas a dos ex jueces de lo Mercantil y a dos ex abogados del Estado”. Lesmes y la “consulta estratégica” a Granados: algún día deberá aclararlo Y aún más: el juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, fichó por el despacho Uría & Menéndez. A Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial, se le ha visto en varias cacerías de la “mafia Púnica” y ha defendido por dinero a todo tipo de criminales. “Dieron el salto también los fiscales Florentino Ortí (caso Banesto) al despacho de Garrigues y Luis Jordana de Pozas (casos de Mariano Rubio y Lola Flores) al de Cuatrecasas, que también fichó al juez Santiago Milans del Bosch. Fiscales de la Audiencia Nacional que han dado el salto van para la media docena: a los citados hay que sumar los de Dolores Márquez de Prado, Enrique Molina, Ignacio Peláez, Susana Landeras y el último, Ignacio Gordillo”, recuenta el periodista Luis Gómez. Los jueces y fiscales perciben 86.000 euros brutos anuales de salario base, pero a ellos les parece poco. El ex juez José Luis González Armengol El caso de la Fiscalía Anticorrupción es llamativo: tres fiscales han dejado su puesto en los últimos años: Carlos Saiz, Daniel Campos y Javier Sánchez Junco, abogado de varios imputados del “caso Bankia” y de Javier López Madrid, el “acosador” de la doctora Pinto y directivo de. Los dos primeros se sucedieron en la instrucción del caso Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón condenado a 4 años y encarcelado en la prisión de Aranjuez (Madrid). Ya ha solicitado la documentación necesaria para poder acogerse al tercer grado y salir, lo que depende del juez de vigilancia penitenciaria. Los hay tan sinceros como José Antonio Choclán Montalvo, que fue juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y solicitó la excedencia para fundar su propio despacho. Tiene entre sus clientes a Francisco Correa, el principal imputado en la Operación Gürtel: “Me fui porque creo que puedo hacer algo más y, además, porque tengo cuatro hijos”. David Jiménez Desde la prensa del régimen y desde muy distintas generaciones, las denuncias empiezan a asomar por lo escandaloso de la situación, pues raya incluso la pantomima. El nuevo director de “El Mundo”, David Jiménez, escribe: “Atar en corto a los jueces ha sido desde entonces la determinación, entre otros, de Mariano Rajoy, que cuando hace dos años tuvo que elegir entre cumplir su compromiso electoral de reforzar la independencia de la justicia o debilitarla en beneficio de su partido, optó por lo segundo. La decisión del presidente de instaurar la fórmula más partidista de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de que su partido la criticó durante décadas, es una de las grandes traiciones del proyecto de regeneración que Rajoy decía representar. Y así, hemos asistido bajo su mandato a la dimisión de un fiscal general del Estado harto de intromisiones, al reforzamiento de un sistema por el que las vacantes judiciales que se reparten en función de parentesco político o a la maniobra para evitar la reelección del presidente de la Sala del Supremo encargada de controlar los actos del Gobierno, gracias a los votos de los vocales del PP en el CGPJ”. Jesús Cacho Y el veterano periodista Jesús Cacho concluye: “Ni una sola de las macrocausas abiertas ahora mismo supera el filtro de la filiación política de los jueces y magistrados llamados a instruirla y/o juzgarla. Ninguna empresa o empresario inicia un periplo judicial de cierta importancia económica sin antes efectuar una cuidadosa evaluación del juzgado en el que puede caer, y de las filias o fobias políticas del potencial juez de turno. El PSOE mató a Montesquieu y el PP lo ha enterrado bien hondo. Ningún particular pide hoy Justicia sin antes invocar a los dioses de la suerte. La suerte de tropezar con un juez honrado, capaz de estudiarse adecuadamente los sumarios y dictar sentencia en conciencia. Pleitear contra un cacique local o provincial en un tribunal autonómico es intento francamente suicida. Justicia que, además, hace gala de un corporativismo atroz cuando a un periodista se le ocurre insinuar siquiera la existencia de prácticas corruptas o irregulares en los tribunales. La Justicia como una más de las anomalías de la democracia española, y no precisamente la menos importante, que reclama con toda urgencia su regeneración”.
Con 18 años, ya está a solo 5 pisos del Gran Wyoming:http://www.elconfidencial.com/espana/2015-08-01/la-sobrina-de-marjaliza-posee-14-inmuebles-con-18-anos_950233/
Trillion-Dollar World Trade Deal Aims To Make IT Products CheaperPosted by Soulskill on Monday July 27, 2015 @12:29PM from the or-to-increase-margins-for-manufacturers deptitwbennett writes:CitarA new (tentative) global trade agreement, struck on Friday at a World Trade Organization meeting in Geneva, eliminates tariffs on more than 200 kinds of IT products, ranging from smartphones, routers, and ink cartridges to video game consoles and telecommunications satellites. A full list of products covered was published by the Office of the U.S. Trade Representative, which called the ITA expansion 'great news for the American workers and businesses that design, manufacture, and export state-of-the-art technology and information products, ranging from MRI machines to semiconductors to video game consoles.' The deal covers $1.3 trillion worth of global trade, about 7 percent of total trade today. The deal has approval from 49 countries, and is waiting on just a handful more before it becomes official
A new (tentative) global trade agreement, struck on Friday at a World Trade Organization meeting in Geneva, eliminates tariffs on more than 200 kinds of IT products, ranging from smartphones, routers, and ink cartridges to video game consoles and telecommunications satellites. A full list of products covered was published by the Office of the U.S. Trade Representative, which called the ITA expansion 'great news for the American workers and businesses that design, manufacture, and export state-of-the-art technology and information products, ranging from MRI machines to semiconductors to video game consoles.' The deal covers $1.3 trillion worth of global trade, about 7 percent of total trade today. The deal has approval from 49 countries, and is waiting on just a handful more before it becomes official
great news for the American workers and businesses that design, manufacture, and export state-of-the-art technology and information products, ranging from MRI machines to semiconductors to video game consoles.
PP y PSOE pagan a jueces en Madrid y Andalucía Publicado agosto 4, 2015 La Comunidad de Madrid (PP) y la empresa Indra abonan a magistrados y fiscales 230.000 € Puertas giratorias y jueces pagados por políticos: la división de poderes naufraga en España y estanca la economía La Junta de Andalucía (PSOE) abona un plus de 1.300 euros al mes al presidente del tribunal encargado de investigar a los aforados, la Comunidad de Madrid (PP) paga a jueces y fiscales pero a través de un tercero: la empresa Indra. Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), cobra desde diciembre de 2010 el mismo complemento para alquiler de vivienda que reciben los altos cargos de la Junta. La ley que rige las retribuciones de los jueces estipula que solo percibirán las que abona el Ministerio de Justicia pero la Junta de Andalucía dice que este no es un complemento sino una “indemnización” por servicio, denuncia la periodista Alicia Gutiérrez. En Madrid, el periodista José Antonio Hernández afloró el mismo “bastardeo”: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan “en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña”. En total, son 32 los juristas que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros”. El juez Lorenzo del Río (Andalucía) Son ya muchas las voces que se alzan contra estas “puertas giratorias” judiciales: Rafael Jiménez Asensio (Universidad Pompeu Fabra) sostiene que el trasvase al sector privado “les permite utilizar circuitos privilegiados porque, en definitiva, no son vistos como abogados exclusivamente, sino como personas con un cierto parentesco, como miembros que han sido de la carrera”. Manuel Villoria (Transparencia Internacional) pide equipararnos a Francia, “donde la judicatura está mucho más cerrada. Allí se establece una especie de cuarentena, como sucede aquí en el caso de los políticos o altos cargos, pero en definitiva hay un comité ético que es quien regula las excedencias y cuyo incumplimiento supone un delito. Puede suceder lo que con los inspectores de Hacienda y los abogados del Estado“, añade Villoria, “con altos porcentajes de funcionarios excedentes en empresas privadas“. Y algunos fiscales y magistrados honrados ya toman medidas: “En las Juntas de fiscales“, dice un miembro de la Fiscalía Anticorrupción, “hemos propuesto que quienes se marchen no puedan llevar ni asesorar en ningún asunto vigente en el momento de salir de la fiscalía“. Y toman precauciones: “Hay fiscales que reciben a los abogados. Otros que no reciben a nadie. Yo recibo a todo el mundo, menos a ex fiscales y ex jueces”, señala otro. El juez Francisco Vieira (Andalucía) También en la prensa del régimen comienzan a vivirse situaciones de hartazgo ante esta continua mezcla de intereses entre el poder político y judicial, con esa complicidad tan favorable hacia las “puertas giratorias”. El nuevo director de “El Mundo”, David Jiménez, en un célebre artículo titulado “No es país para leyes”, subraya que “España ha entrado en una especie de viejo oeste legislativo donde cada cacique local, provincial o regional decide qué leyes son de su suficiente agrado como para molestarse en aplicarlas. La dificultad para dar la vuelta a la creencia de que las leyes no comprometen a todos por igual es que es compartida por los mismos partidos que las proponen, redactan y aprueban. Partido Popular y PSOE llevan tratando de minar la independencia judicial desde antes de que se atribuyera a Alfonso Guerra la frase “Montesquieu ha muerto” (y con él, la idea de que unos poderes deben vigilar a otros)”. El periodista David Jiménez “Produce sonrojo que, como recordaba Manuel Marraco en su crónica en este diario, la votación reprodujera “casi miméticamente la procedencia [política] del nombramiento de los vocales”. ¿Eran jueces o políticos los que votaban? Y en efecto: votaron a favor de Díez-Picazo como sustituto de José Manuel Sieira en el Tribunal Supremo los vocales nombrados a propuesta del PP: Ángeles Carmona, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea, así como el presidente, Carlos Lesmes. Y a favor de Sieira los vocales progresistas María Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo, además de Enrique Lucas, propuesto por el PNV. Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional y residente en el barrio de Chueca (Madrid), con Rajoy “Su constante intromisión nos aleja del ideal del abogado Atticus Finch en Matar a un Ruiseñor, cuando sostiene que la justicia de un verdadero Estado de Derecho “hace a un pobre el igual de un Rockefeller, a un estúpido el igual de un Einstein, y al hombre ignorante, el igual de un director de colegio”. Nuestros políticos siempre han buscado lo contrario: asegurarse un trato privilegiado, haciendo que las carreras de los magistrados dependan de sus decisiones y obligándoles a definirse políticamente para entrar en el juego de los premios y castigos. Si la estrategia no les ha salido bien del todo es porque la magnitud del saqueo de estos años lo hacía imposible y por la dignidad de magistrados dispuestos a sacrificar futuros ascensos por un concepto de la justicia más cercano al de Atticus que al de Mariano Rajoy”, concluye el periodista David Jiménez. El periodista Jesús Cacho En la misma línea, el periodista Jesús Cacho ve como cobra especial relevancia el papel de Emilio de Llera, consejero de Interior y Justicia de la Junta de Andalucía y fiscal en excedencia (34 años de ejercicio en Sevilla, donde ha llegado a ser fiscal decano de la Fiscalía Provincial). “Busque usted un juez en Sevilla que no sea amigo mío, búsquelo a ver si es capaz de encontrarlo”, respuesta del propio Llera a un periodista el pasado 14 de julio. Se cuenta en Sevilla que Llera habría estado enviando supuestos mensajes (tratándose de jueces, todo es siempre “supuesto”) a sus amigos los magistrados de la Audiencia, a fin de evitar que la confirmación de la imputación de los de IDEA fuera notificada antes de la investidura de Susana. En situación especialmente comprometida podría hallarse el magistrado Javier González, presidente de la Sección, cuya relación de amistad con De Llera es de sobra conocida”.“Así están las cosas en la Justicia española. Politizada hasta la náusea, como el viernes puso de manifiesto la publicación de un escrito remitido por la juez Alaya al CGPJ, en el que cuestiona con gran dureza la capacidad de su sucesora en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla -ese almacén nuclear donde se apilan los ERE, los cursos de formación y los avales a empresas-, María Núñez Bolaños, para asumir con “seriedad” y “rigor” esas grandes causas. Tras afirmar que “la nueva titular me genera una gran inquietud” por “sus escasos conocimientos de la jurisdicción penal”, Alaya lanza la bomba: “Me inquieta que la señora Núñez Bolaños mantenga una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera”. El ex fiscal Emilio de Llera (Junta de Andalucía) “El escándalo de los ERE andaluces vuelve a poner de manifiesto el error que para muchos supuso la cesión a las CC. AA. de las competencias de Justicia y de nuevo remite a la necesidad de devolverlas al Estado, vía reforma constitucional, si queremos de verdad recuperar calidad democrática y eficiencia económica. Fue Eduardo Torres-Dulce, entonces FGE, quien en 2012 dio la voz de alarma sobre el error en cuestión, abogando por devolver las competencias traspasadas al Estado si ello fuera posible: “Un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente podrá funcionar”, advirtió. En parecidos términos se había manifestado la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. No deja de resultar significativo, por eso, que uno de los que con más vigor se opuso entonces al debate suscitado por Torres-Dulce fuera precisamente el consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, al calificar de “proceso irreversible” la transferencia de competencias a las CC. AA. en materias tales como Educación, Sanidad o Justicia” concluye Jesús Cacho.
El gasto en pensiones se dispara un 48% desde la crisis de 2007RUBÉN J. LAPETRA04/08/2015El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Son los últimos de la actual legislatura. Las proyecciones de gasto crecen un 1,4%, hasta 264.217 millones de euros, con especial relevancia de la deuda pública, que supone el 27% del total presupuestado. Otras dos partidas destacadas son el pago de las pensiones (alcanza el 31% del total) y los subsidios por desempleo (un 4,54%). Entre las tres suponen cerca de dos tercios (62%) del conjunto de dinero que necesitará el Estado para el año que viene.También en EL ESPAÑOL: Los Presupuestos Generales de 2016, en once gráficosLas pensiones son el componente que sigue creciendo pese a que oficialmente es una partida casi congelada. Se revalorizarán un 0,25% en 2016, pero en términos absolutos crecerán un 2,8%, hasta 135.448 millones de euros. Para entenderlo de manera sencilla: 31 de cada 100 euros de las cuentas públicas se irán a pagar, el segundo mayor peso de su historia solo por detrás del que alcanzaron en 2012 (32%).La partida destinada a pensiones se ha elevado un 20% desde que en 2011 llegó al poder y un 48% desde 2007. En el mismo periodo, el número de pensiones activas se ha elevado un 11%, hasta 9,3 millones de prestaciones, mientras que la cifra de pensionistas creció en la misma proporción, hasta 8,4 millones.Las prestaciones por desempleo registran la mayor caída presupuestaria. De 2015 a 2016, el dinero destinado a los subsidios caerá un 21,6%, hasta 19.820 millones de euros. Esto ocurre por el menor número de beneficiarios de la prestación, el descenso de población y la progresiva creación de empleo registrada en el último año. En concreto, el dinero destinado al pago de la deuda pública (amortizaciones e intereses) ascenderá a 117.792 millones de euros, un 7,6% menos que en 2015. Los intereses en 2016 alcanzará los 33.500 millones de euros, equivalentes a casi el 3% del PIB.