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¿Qué opciones tengo si no puedo pagar el alquiler y mi casero no quiere negociar?Fianza, depósito, aval bancario... todos los conceptos para hacer frenteelEconomista.es7:48 - 18/04/2020Si has hablado con tu arrendador para solicitarle una rebaja o un aplazamiento del pago de la renta y se ha negado al ofrecimiento, debes tener en cuenta otras opciones que enumeran desde Evolvers, si no estás en la situación de poder hacer frente al pago del alquiler.- ¿Qué garantías protegen al arrendatario?En el contrato de arrendamiento nos vamos a encontrar con garantías que tienen la finalidad de asegurar el pago de la renta. En el caso de la fianza, se trata de una garantía legal que debe ser equivalente a un mes de la renta e ingresada en el organismo competente.Sin embargo, existen otras garantías que se pactan con el arrendador. El depósito es una de ellas, siendo habitual que en los contratos de arrendamiento se estipule su devolución una vez se hubiera procedido a la entrega de la vivienda. El Código Civil desmiente la aplicación de este tipo de cláusulas al establecer que el depósito debe ser restituido al depositante cuando lo reclame, aunque en el contrato se haya fijado un plazo o tiempo determinado para su devolución.Si has constituido esta garantía en tu contrato de arrendamiento, el impago de los meses de la renta puede compensarse con el dinero depositado, sin necesidad de abandonar el inmueble. Si las partes hubieran convenido garantizar el pago de la renta mediante prenda, el propietario podría retener el dinero y compensar con esta garantía también la falta de pago.En caso de que se hubiera pactado un aval bancario, podrá el propietario ejecutarlo y cobrar las rentas pendientes, o bien contratar un seguro de impago cuyo coste no podrá repercutirse en el arrendatario.- ¿Qué obligaciones tienen los arrendadores?Cada vez es más habitual que los propietarios se comuniquen con sus inquilinos por correo electrónico, mensajes instantáneos o llamadas telefónicas. Sin embargo, para poder proceder al desahucio por impago de rentas, todos los arrendadores deben justificar la enervación del arrendatario, esto es, darle la oportunidad a su inquilino de formalizar los pagos de la renta con anterioridad a la interposición de la demanda de desahucio.La enervación debe notificarse fehacientemente mediante burofax y que transcurran, al menos, treinta días desde que el arrendatario recibe el requerimiento de pago para interponer la demanda de desahucio por impago de rentas.Es necesario tener en cuenta que actualmente con la crisis sanitaria se ha modificado la regulación. Si el arrendatario se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, puede solicitar al propietario el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta.Por su parte, el propietario tendrá la obligación de comunicar a su inquilino, en el plazo máximo de siete días laborables, las condiciones del aplazamiento o de fraccionamiento del pago de la deuda o, en su defecto, las alternativas que plantea.Si el propietario no acepta ninguna opción, entonces deberán tenerse en cuenta las garantías que se han pactado en el contrato de arrendamiento y ejecutar las mismas para compensar el impago.La cualidad de vulnerabilidad económica se rige por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM, por sus siglas), que no podrá ser superior a 1.613,52 euros al mes y ello sin tener en cuenta hijos menores al cargo de la unidad familiar u otras circunstancias especiales, como situaciones de dependencia, discapacidad o reconocimiento como víctima de violencia de género y familias numerosas, en cuyo caso el cálculo del IPREM variará.Si el propietario de la vivienda no es un gran tenedor, o una empresa pública, el aplazamiento deberá solicitarse al arrendador antes del día 2 de mayo.Si, por el contrario, el propietario posee más de diez inmuebles (sin contar garajes y trasteros), o arrienda una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, estará obligado a conceder el aplazamiento temporal del pago de la renta a sus inquilinos por un máximo de cuatro meses, o su reducción a la mitad, desde el momento en que el inquilino le acredite que se encuentra en una situación de vulnerabilidad.- ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento?Con la declaración del estado de alarma, han quedado suspendidos los plazos procesales para los procedimientos de desahucio. Los arrendadores no podrán agilizar este tipo de procedimientos, ni enervar al inquilino por impago de rentas.En el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma se establece la suspensión de los plazos de prescripción y de caducidad por lo que se interrumpen, entre otros, los plazos para recobrar y exigir el cumplimiento de los arrendamientos y cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves.Además, la legislación prevé expresamente la suspensión de los desahucios por falta de pago cuando no exista una alternativa habitacional y una prórroga de la vigencia de los contratos de arrendamiento por un máximo de seis meses más, si dicho contrato expirara dentro del periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y hasta transcurridos dos meses desde la salida de la crisis sanitaria.En definitiva, nos encontramos en una situación que debe ser comprendida, tanto desde el punto de vista del arrendador quien debe demostrar su buena fe, no pudiendo acudir a los medios legalmente articulados para resolver el contrato de arrendamiento, como desde el punto de vista del arrendatario quien debe ejecutar todas las garantías y realizar un esfuerzo económico mientras dure el COVID-19.
¡Para contentar a los usureros inmobiliarios —«pobreticos pequeños propietarios»... qué vergüenza ajena dais—, vais a sacrificar a depositantes y pensionistas! ¡Ja, ja, ja!
Alerta en el ladrillo: es el sector que más rápido destruye empleo en EspañaEl sector de la construcción fue donde más creció porcentualmente el paro registrado en marzo respecto a febrero (un histórico 23%). El ladrillo había entrado en una fase de "ajuste" antes de la pandemia
El coste de la renta mínima vital se acercará a los 5.500 millones de eurosEl Gobierno busca un pacto con las autonomías completando sus prestacionesBarcelona / Madrid - 19 ABR 2020 - 10:21 CESTLos trabajos técnicos para configurar la nueva renta mínima vital se aceleran. El Gobierno planea un ingreso familiar que beneficiará a los hogares (un millón) más que a los individuos que los componen (tres millones), según el tipo de familia, el número de hijos y su índice de pobreza. Estos componentes dibujarán un abanico tipológico de 12 casos básicos de hogar. El coste total se estima en cerca de 5.500 millones de euros anuales, una cifra que equivale a algo más de la mitad del coste de las pensiones en un solo mes y que se irá rebajando a lo largo del tiempo, a medida que la renta mínima vaya absorbiendo otras ayudas sociales.El diseño de la renta corre a cargo del ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que encabeza José Luis Escrivá, y el ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero, en contacto con otros como el de Trabajo, de Yolanda Díaz, y la vicepresidencia de Derechos Sociales, de Pablo Iglesias.El virus infectó el sueño familiar de salir adelanteLos que están en primera línea de la alerta social“Si lo mío no es una prioridad, ¿qué lo es entonces?”Editorial | Un mínimo vitalEl Gobierno confirma que el ingreso mínimo estará en mayo pero evita su presentación por un rifirrafe internoEl Ejecutivo prevé que vea la luz en mayo. La renta vital será un instrumento permanente —y no temporal—, como fijó el pacto de Gobierno del 30 de diciembre. Este preveía (punto 2.4.2) un “mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.Su esquema básico ya está consolidado, indican fuentes de la Administración. Se organizará en torno a los hogares: se distinguirán 12 tipologías básicas de familia para incorporar cualquier situación de pobreza extrema. Y se permitirá que sus beneficiarios compaginen la ayuda con un empleo durante unos meses: la idea es incentivar la incorporación de los beneficiarios al mercado laboral, en vez de disuadir de ella. También se computarán todos los ingresos por rentas del hogar y, como novedad en el panorama fiscal español, un examen del patrimonio. Esto, junto al estrecho cruce de datos entre Seguridad Social y Hacienda, intentará desde el principio evitar los fraudes y combatir la economía informal.Altos cargos de los departamentos implicados han iniciado distintas reuniones con las comunidades y los municipios. Con las autonomías, porque las competencias sociales son compartidas o concurrentes. Ellas ostentan la de la “asistencia social” (artículo 148 de la Constitución y Estatutos), y el Gobierno, la de la Seguridad Social (artículo 149).Las bases sobre las que se pretende una entente fluida son dos. Una, el respeto a las rentas de inserción autonómicas, existentes desde que en 1989 pusiera en marcha la suya, de forma pionera, el País Vasco. Hoy, las 17 comunidades y Ceuta y Melilla despliegan distintos sistemas, muy heterogéneos en criterios y cuantía (entre 300 y 726 euros mensuales), pero que han sido muy útiles contra la extrema pobreza (310.000 hogares beneficiados). Totalizan ayudas por más de 1.500 millones de euros (dato de 2017). La otra base de cooperación se asienta en el carácter complementario del nuevo ingreso mínimo, hasta alcanzar determinados topes entre uno y otras, o a la inversa.En vídeo, las declaraciones del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre un plan de renta mínima de emergencia ante la pandemia. ATLASEl diseño de la gestión del ingreso vital atribuye a los municipios un rol clave, para que ejerzan como factor sobre el terreno de una suerte de “ventanilla única” de todas las ayudas sociales.El planteamiento general de la operación se orquesta sobre el estudio Los programas de rentas mínimas en España, que la Autoridad Fiscal (Airef) alumbró en junio del año pasado, cuando estaba al mando del hoy ministro de Seguridad Social. Ese punto de arranque, que ya prefiguraba el conjunto de propuestas incorporadas ahora al proyecto, está siendo actualizado en las cifras, entonces correspondientes a 2017. Y está buscando el encaje en las disponibilidades fiscales.El reciente acuerdo europeo del Eurogrupo abonando la disponibilidad del apoyo del Mecanismo de Estabilidad (Mede) para financiar los efectos directos “e indirectos” de la pandemia podría constituirse en desencadenante de la obtención de recursos.El estudio de la Airef —que también analizaba la iniciativa legislativa popular lanzada por CC OO y UGT—, aparte de respetar las rentas de inserción de las autonomías, preveía un coste total de 5.500 millones, con una mayor efectividad en la reducción de la “pobreza severa” al focalizarse más en los beneficiarios más necesitados.Y calculaba que la absorción de otras ayudas estatales no contributivas reduciría la factura en unos 2.000 millones. Como estas se irán integrando más paulatinamente en la renta vital a lo largo de una “transición pausada que permita adaptarse a las familias y a los sistemas”, indican las mismas fuentes, el coste del primer año se acercará a los 5.500 millones inicialmente proyectados, para irse reduciendo después.
Joan Clos: “El acceso a la vivienda es un problema nacional”Con unas 20.000 casas en las carteras de sus socios, el objetivo de Asval es sentarse con el Gobierno y llegar a los pequeños propietarios“Un cambio de política secular requiere de una reflexión profunda, de un consenso profundo y de una regulación a largo plazo. Esto es lo que nos gustaría hablar con el Gobierno, que creo que coincide en nuestros dos objetivos principales: aumentar el sector del alquiler y desarrollar una política de vivienda asequible”, indica el exministro. Está de acuerdo con la idea de fomentar la colaboración público-privada para, con cesiones del uso de suelo, construir edificios dedicados al alquiler de precio limitado. Sin embargo, ve menos clara la limitación de precios prometida por el Ejecutivo.CONTROL DE PRECIOS: “ES PERJUDICIAL A LARGO PLAZO”Desde hace meses, sobre el mercado de alquileres español planea la sombra del control de precios. El Ejecutivo de coalición, antes de la epidemia, anunció que este año implementaría una medida que suscita un fuerte rechazo del sector inmobiliario. Joan Clos mantiene el fondo de la crítica, aunque el tono suena más conciliador: “Funciona bien como medida de impacto a corto plazo, pero es perjudicial a medio y largo plazo”, señala. “Si tienes fiebre es como tomar una aspirina: te para un primer choque, pero a largo plazo desincentiva la inversión y sube el precio”. “Si se quiere hacer algo por la vía de la congelación de alquileres ya hay mucha discusión sobre dónde y cómo hacerlo”, añade en alusión al propósito de Asval de dialogar con el Ejecutivo sin líneas rojas.
HOW TO AVOID THE SCARS FROM A DEEP AND NASTY RECESSIONThere are many moving parts, many imponderables. We do not know how long this lockdown will be, or whether it will be followed by a second if the infection rate heads higher. We cannot know with any certainty what the behavioural effects of all this will be. The aim is to avoid permanent scarring from this unprecedented recession. We can only hope it is successful.
indica el exministro. Está de acuerdo con la idea de fomentar la colaboración público-privada para, con cesiones del uso de suelo, construir edificios dedicados al alquiler de precio limitado. Sin embargo, ve menos clara la limitación de precios prometida por el Ejecutivo.
-Joan Clos: “El acceso a la vivienda es un problema nacional”-Joan Clos preside la Asociación de propietarios de vivienda en alquiler. -Ha sido alcalde, ministro, embajador y director de la agencia dedicada al urbanismo de Naciones Unidas. Con esas credenciales llega Joan Clos (Parets del Vallés, Barcelona, 70 años) a la presidencia de Asval, la recién creada Asociación de propietarios de vivienda en alquiler. Es la pura representación del capitalismo popular.La personificación de un generación.La personificación de un mayoría natural.La personificación del sistema democrático.La personificación de un modelo empresarial.Ni habiéndolo hecho de encargo nos hubiese salido más redondo.
Siguiente tarea: ponernos en lo peor..../...