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Debemos leer foros distintos, no he leído jamás aquí que pp, o VOX u otro van a arreglar el problema de la vivienda. Jamás. Pero Pedro Sánchez si dijo que lo iba a hacer, empezando por lo de construir más de 200.000 pisos VPO en régimen de alquiler.Dime cuánto se ha construido de esos anuncios. Eso tb es otra forma de estafa.
Cita de: neutron_mortgages en Ayer a las 20:03:52Debemos leer foros distintos, no he leído jamás aquí que pp, o VOX u otro van a arreglar el problema de la vivienda. Jamás. Pero Pedro Sánchez si dijo que lo iba a hacer, empezando por lo de construir más de 200.000 pisos VPO en régimen de alquiler.Dime cuánto se ha construido de esos anuncios. Eso tb es otra forma de estafa.¿He dicho que lo hemos leído, o he dicho que estamos a dos páginas de leerlo? Dime tú a mí qué política de vivienda puede llevar a cabo el psoe y/o los izquierdistas sin mayoría en el Congreso y sin apenas gobiernos en las CC.AA, que son las depositarias de las competencias en vivienda.¿No es obvio que la sociedad española no quiere acabar con la estafa de la vivienda?
Cita de: neutron_mortgages en Ayer a las 20:03:52Debemos leer foros distintos, no he leído jamás aquí que pp, o VOX u otro van a arreglar el problema de la vivienda. Jamás. Pero Pedro Sánchez si dijo que lo iba a hacer, empezando por lo de construir más de 200.000 pisos VPO en régimen de alquiler.Dime cuánto se ha construido de esos anuncios. Eso tb es otra forma de estafa.Mmm, todos los días tenemos aquí el argumentario del PP-Vox. Yo diría que de Génova directo, o desde Faes o Disenso o cualquier chiringuito similar.
Cita de: Fomento Cemento en Ayer a las 20:36:16Esto es buenísimo y se veía venir a kilómetros. Ya tienen el voto de la boomerada y de los recién llegados. Pinza completada. Remen fuerte.https://www.marca.com/tiramillas/economia/2026/05/11/confirmado-boe-gobierno-dara-600-euros-mes-propietarios-vivienda-vacia-cumplen-condicion.htmlCitarConfirmado por el BOE: el Gobierno dará 600 euros al mes para los propietarios de una vivienda vacía si cumplen esta condiciónAsí solucionarían una de las quejas más repetidas por los dueños de inmuebles sin inquilinosEl BOE https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-8872 La ayuda al propietario de 600 euros al mes está en el art.70. Es requisito ceder la vivienda a las CCAA durante 7 años para alquiler social y que el importe del alquiler no sea superior a 600 euros al mes, ¡que son compatibles con la ayuda! Hasta 1200 euros al mes y el contribuyente pagando la mitad...En los artículos anteriores aparecen además subvenciones a la construcción de pisos para alquiler social. El gobierno dará al promotor una subvención de hasta 1000 euros por m2 para que construya pisos de alquiler social y además le permitirá cobrar a los inquilinos alquileres de hasta hasta 8€/ m2 mensuales... Hasta 800 euros al mes de alquiler "social" le costará a los inquilinos un piso de 100m2 .Espero equivocarme pero esto vendría a confirmar mis peores sospechas: no habría voluntad de solucionar el problema sino solo de aplicar un 'parche temporal'. Toda la visibilidad que le dan al tema en los medios últimamente se debería solo al miedo a que la escasez de vivienda en alquiler y los altos precios frenen la llegada de inmigrantes (que es esencial para el crecimiento del PIB, el pago de la deuda y el mantenimiento del Estado del Bienestar) Lo ha dicho Funcas varias veces https://brainsre.news/funcas-alerta-crisis-vivienda-desacelerar-economia/ (...La escasez de vivienda disponible en España podría provocar una ralentización del 19% en la llegada de inmigrantes hasta 2027, lo que afectaría directamente al consumo privado y al crecimiento económico, según el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres.)Como decía, ojalá me equivoque pero sigo viendo que solo se actúa de forma 'reactiva', por urgencia y necesidades inmediatas del 'algoritmo', sin pensamiento de medio ni largo plazo.
Esto es buenísimo y se veía venir a kilómetros. Ya tienen el voto de la boomerada y de los recién llegados. Pinza completada. Remen fuerte.https://www.marca.com/tiramillas/economia/2026/05/11/confirmado-boe-gobierno-dara-600-euros-mes-propietarios-vivienda-vacia-cumplen-condicion.htmlCitarConfirmado por el BOE: el Gobierno dará 600 euros al mes para los propietarios de una vivienda vacía si cumplen esta condiciónAsí solucionarían una de las quejas más repetidas por los dueños de inmuebles sin inquilinos
Confirmado por el BOE: el Gobierno dará 600 euros al mes para los propietarios de una vivienda vacía si cumplen esta condiciónAsí solucionarían una de las quejas más repetidas por los dueños de inmuebles sin inquilinos
España tiene 4,7 millones de personas buscando trabajo pero el 45% de las empresas no las encuentranLa escasez de personal golpea con especial dureza a la construcción, la hostelería y el transporteLa falta de perfiles cualificados, y no de personas, explica la paradoja del mercado laboral español
El Gobierno deja más de 100 vacantes de funcionarios sin cubrir de 2024 por no convocar a aprobados sin plazaMás de 300 personas de los cuerpos C1 y C2 esperan la aprobación de la lista complementariaUna sentencia del Supremo dictaminó que las vacantes deben ofrecerse primero a funcionarios que quieran mejorar su destino[...]Pasados ya casi dos años desde su aprobación, fuentes sindicales han trasladado a elEconomista.es que unas 110 personas del Cuerpo General Administrativo renunciaron a la plaza que les había sido asignada y esas vacantes no se han cubierto todavía.[...]
El gran atasco del suelo bloquea la construcción de 1,5 millones de pisos en las grandes ciudadesEl estallido de burbuja dejó congelados proyectos que varios municipios buscan reactivar por la crisis de vivienda. El 30% de esos terrenos están en manos de los ayuntamientosBarcelona - 12 MAY 2026 - 05:45CESTLa inmobiliaria gallega Fadesa anunciaba en septiembre de 2004 un enorme proyecto en el municipio de L’Aldea (Tarragona, 4.600 habitantes) de más de 1.300 viviendas que se proponía empezar a vender sobre plano solo tres meses después de comunicarlo a bombo y platillo. En plena burbuja, varios inversores –entre ellos algunos bancos— incluso se hicieron con paquetes de pisos para luego revender por su cuenta. Más de dos décadas después, lo que fue un campo de melocotoneros sigue ocupado por edificios a medio levantar, con calles y farolas rodeadas de arbustos. Tras varios intentos fallidos de reactivar el proyecto, el alcalde del municipio, Xavier Royo, explica que un promotor local por fin está dispuesto a hacerse cargo de él. “Es un grupo que quiere construir y no especular con esos terrenos. Por ahora, estamos hablando y negociando con ellos para desencallar el proyecto”, asegura. Se llegó a pensar en darle otro uso, como el logístico. Pero al final se optó por un proyecto residencial más modesto. “La crisis de la vivienda actual nos hace pensar que ahora construir vivienda tiene sentido”, añade.Los restos del naufragio en L’Aldea de Martinsa-Fadesa, que todavía hoy es el mayor concurso de acreedores del país, son solo una muestra de lo que ha ocurrido con muchos terrenos que se activaron durante la burbuja de comienzos de siglo. Muchos de esos solares pasaron a entidades, bancos y fondos sin capacidad o interés para seguir construyendo. Otros forman parte de los bancos públicos de suelo que poseen los ayuntamientos. Son hoy propiedad de lo que el economista y experto inmobiliario Ignacio Ezquiaga denomina “manos muertas”, en referencia a las propiedades de la Iglesia o instituciones que no circulaban y fueron desamortizadas en el siglo XIX. En un artículo elaborado para Círculo cívico de opinión, Ezquiaga señala que en todo el país hay suelo en estado avanzado de desarrollo urbanístico para siete millones de nuevas viviendas. De esos terrenos, tres millones están en zonas urbanas, mientras que 1,5 millones se hallan en las 15 principales áreas metropolitanas, entre las que están Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Y esos suelos siguen vacíos, algunos casi aparcados, en un momento de muy elevada demanda que ha llevado a otra escalada de precios.El sector inmobiliario viene quejándose de que no hay solares finalistas para construir, lo cual impide cubrir el déficit de 700.000 viviendas que, según el Banco de España, generado por el aumento de población. El informe de Ezquiaga, sin embargo, concluye que hay mucho suelo potencial que podría albergar promociones pero que permanece paralizado. Es decir, existen “cuellos de botella” que rompen la cadena de transformación del suelo en viviendas. “Si observamos su estatus urbanístico, vemos que esos terrenos llevan bloqueados más de dos décadas. Y eso nos sugiere que no se trata de una situación coyuntural, sino más bien estructural. Por eso he utilizado ese concepto histórico de las manos muertas”, sostiene el economista. Si toda esa bolsa de suelo sigue atascada pese a la enorme presión del mercado es, entre otros motivos, por la fragmentación de la propiedad o la falta de financiación.El 30% de esos terrenos, según Ezquiaga, son propiedad de los ayuntamientos y proceden de las cesiones obligatorias de los promotores. Y pese a que deberían albergar vivienda de protección oficial (VPO), muchos consistorios han decidido venderlos para obtener beneficios extra, destinarlos a servicios dotacionales o simplemente abandonarlos. “Muchos no tienen capacidad para crear un promotor local o hallar un privado que acepte esas rentabilidades”, explica. Los promotores inmobiliarios coinciden en que muchos consistorios no tienen recursos para sacarlos adelante. “Hay muchos que intentan hacer una concesión, pero carecen de dinero para la licitación. Otros buscan una colaboración público-privada para desatascarlos, pero no todos son atractivos para las empresas”, explica el secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Alfredo Díaz-Araque.El 70% restante de suelo está en manos privadas, que también pueden tener sin desarrollar terrenos que debían destinarse a VPO. En total, el autor estima que en toda España quedaron hasta dos millones de casas congeladas a medida que el mercado se desmoronaba a finales de la primera década de los 2000 y las promotoras quebraban. Pasaron a manos de la Sareb, fondos de inversión o privados que no los han movido:[/b] primero, por la falta de demanda; después, porque los precios se han disparado y su viabilidad económica se ha visto comprometida.“Hay demanda para esos suelos, pero a un precio más elevado del que les permitiría obtener financiación y más alto del que les facilitaría hacer viviendas asequibles”, sostiene Ezquiaga. L’Aldea no es el único municipio de Tarragona que sufrió los estragos de la crisis. A 13 kilómetros, quedaron suelos y edificios sin acabar en Deltebre (Tarragona, 11.900 habitantes). Su teniente de alcalde encargado, Andreu Curto, explica que el Ayuntamiento ha promovido una modificación del planeamiento que permita reactivar la construcción de 25 bloques de viviendas que quedaron varados por la crisis y que podrían sumar 400 viviendas. “La emergencia por la que pasamos nos indica que esos pisos son necesarios. Además, debemos resolver ya los problemas de imagen, seguridad y salubridad que nos supone tener esos edificios a medias”, cuenta Curto. Las cicatrices de los excesos de esa época van más allá, y se ven a lo largo y ancho del Mediterráneo, de L’Ametlla de Mar (Tarragona) hasta Carboneras (Almería).La fallida ley del SueloEsos suelos en manos de la Sareb, fondos especializados que buscan altas rentabilidades –como Blackstone, Cerberus o LoneStar— o de gestores de activos —como Intrum o Aliseda— tampoco llegan a los promotores, que son quienes tienen los medios para desarrollarlos. Las inmobiliarias achacan ese obstáculo, en buena medida, a la falta de financiación. Antes del estallido de la burbuja del ladrillo, los bancos daban préstamos para comprar terrenos. Ya no. “Como los desarrollos se hacen a pulmón, los promotores buscan sobre todo suelos bien situados que estén ya casi preparados. Es más difícil que se arriesguen en terrenos que todavía requieran tiempo”, explica Díaz-Araque. Y añade que a ello no contribuye que el Congreso no haya sacado adelante una ley del Suelo sobre la que creen que hay consenso técnico. Ese proyecto buscaba aportar seguridad jurídica, evitando que años de tramitación urbanística quedasen en papel mojado por errores técnicos menores.Josep Roca Cladera, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) e investigador del Centro de Política del Suelo y Valoraciones, estudió ampliamente la cuestión durante los años de la burbuja —cuando también abundaban en el sector las quejas por la falta de suelo— y es contundente: “Nosotros nos centramos en la región metropolitana y en Cataluña y llegamos a la conclusión de que no es cierto, no falta suelo”. Roca Cladera, además, recuerda que las estadísticas de Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, arrojan que España es el país de la Unión Europea con más suelo disponible para urbanizar. “No se puede achacar el encarecimiento de la vivienda a la falta de suelo”, concluye. “Está claro que si se construyesen de golpe esos tres millones de pisos que podrían levantarse en zonas urbanas los precios se hundirían de golpe”, sostiene Ezquiaga. Pero los promotores ven complicado que esa historia pueda ocurrir, puesto que requerirían un capital, una mano de obra y unos suministros que ahora no vislumbran.
https://archive.ph/2UmMJCitarEl gran atasco del suelo bloquea la construcción de 1,5 millones de pisos en las grandes ciudadesEl estallido de burbuja dejó congelados proyectos que varios municipios buscan reactivar por la crisis de vivienda. El 30% de esos terrenos están en manos de los ayuntamientosBarcelona - 12 MAY 2026 - 05:45CESTLa inmobiliaria gallega Fadesa anunciaba en septiembre de 2004 un enorme proyecto en el municipio de L’Aldea (Tarragona, 4.600 habitantes) de más de 1.300 viviendas que se proponía empezar a vender sobre plano solo tres meses después de comunicarlo a bombo y platillo. En plena burbuja, varios inversores –entre ellos algunos bancos— incluso se hicieron con paquetes de pisos para luego revender por su cuenta. Más de dos décadas después, lo que fue un campo de melocotoneros sigue ocupado por edificios a medio levantar, con calles y farolas rodeadas de arbustos. Tras varios intentos fallidos de reactivar el proyecto, el alcalde del municipio, Xavier Royo, explica que un promotor local por fin está dispuesto a hacerse cargo de él. “Es un grupo que quiere construir y no especular con esos terrenos. Por ahora, estamos hablando y negociando con ellos para desencallar el proyecto”, asegura. Se llegó a pensar en darle otro uso, como el logístico. Pero al final se optó por un proyecto residencial más modesto. “La crisis de la vivienda actual nos hace pensar que ahora construir vivienda tiene sentido”, añade.Los restos del naufragio en L’Aldea de Martinsa-Fadesa, que todavía hoy es el mayor concurso de acreedores del país, son solo una muestra de lo que ha ocurrido con muchos terrenos que se activaron durante la burbuja de comienzos de siglo. Muchos de esos solares pasaron a entidades, bancos y fondos sin capacidad o interés para seguir construyendo. Otros forman parte de los bancos públicos de suelo que poseen los ayuntamientos. Son hoy propiedad de lo que el economista y experto inmobiliario Ignacio Ezquiaga denomina “manos muertas”, en referencia a las propiedades de la Iglesia o instituciones que no circulaban y fueron desamortizadas en el siglo XIX. En un artículo elaborado para Círculo cívico de opinión, Ezquiaga señala que en todo el país hay suelo en estado avanzado de desarrollo urbanístico para siete millones de nuevas viviendas. De esos terrenos, tres millones están en zonas urbanas, mientras que 1,5 millones se hallan en las 15 principales áreas metropolitanas, entre las que están Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Y esos suelos siguen vacíos, algunos casi aparcados, en un momento de muy elevada demanda que ha llevado a otra escalada de precios.El sector inmobiliario viene quejándose de que no hay solares finalistas para construir, lo cual impide cubrir el déficit de 700.000 viviendas que, según el Banco de España, generado por el aumento de población. El informe de Ezquiaga, sin embargo, concluye que hay mucho suelo potencial que podría albergar promociones pero que permanece paralizado. Es decir, existen “cuellos de botella” que rompen la cadena de transformación del suelo en viviendas. “Si observamos su estatus urbanístico, vemos que esos terrenos llevan bloqueados más de dos décadas. Y eso nos sugiere que no se trata de una situación coyuntural, sino más bien estructural. Por eso he utilizado ese concepto histórico de las manos muertas”, sostiene el economista. Si toda esa bolsa de suelo sigue atascada pese a la enorme presión del mercado es, entre otros motivos, por la fragmentación de la propiedad o la falta de financiación.El 30% de esos terrenos, según Ezquiaga, son propiedad de los ayuntamientos y proceden de las cesiones obligatorias de los promotores. Y pese a que deberían albergar vivienda de protección oficial (VPO), muchos consistorios han decidido venderlos para obtener beneficios extra, destinarlos a servicios dotacionales o simplemente abandonarlos. “Muchos no tienen capacidad para crear un promotor local o hallar un privado que acepte esas rentabilidades”, explica. Los promotores inmobiliarios coinciden en que muchos consistorios no tienen recursos para sacarlos adelante. “Hay muchos que intentan hacer una concesión, pero carecen de dinero para la licitación. Otros buscan una colaboración público-privada para desatascarlos, pero no todos son atractivos para las empresas”, explica el secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Alfredo Díaz-Araque.El 70% restante de suelo está en manos privadas, que también pueden tener sin desarrollar terrenos que debían destinarse a VPO. En total, el autor estima que en toda España quedaron hasta dos millones de casas congeladas a medida que el mercado se desmoronaba a finales de la primera década de los 2000 y las promotoras quebraban. Pasaron a manos de la Sareb, fondos de inversión o privados que no los han movido:[/b] primero, por la falta de demanda; después, porque los precios se han disparado y su viabilidad económica se ha visto comprometida.“Hay demanda para esos suelos, pero a un precio más elevado del que les permitiría obtener financiación y más alto del que les facilitaría hacer viviendas asequibles”, sostiene Ezquiaga. L’Aldea no es el único municipio de Tarragona que sufrió los estragos de la crisis. A 13 kilómetros, quedaron suelos y edificios sin acabar en Deltebre (Tarragona, 11.900 habitantes). Su teniente de alcalde encargado, Andreu Curto, explica que el Ayuntamiento ha promovido una modificación del planeamiento que permita reactivar la construcción de 25 bloques de viviendas que quedaron varados por la crisis y que podrían sumar 400 viviendas. “La emergencia por la que pasamos nos indica que esos pisos son necesarios. Además, debemos resolver ya los problemas de imagen, seguridad y salubridad que nos supone tener esos edificios a medias”, cuenta Curto. Las cicatrices de los excesos de esa época van más allá, y se ven a lo largo y ancho del Mediterráneo, de L’Ametlla de Mar (Tarragona) hasta Carboneras (Almería).La fallida ley del SueloEsos suelos en manos de la Sareb, fondos especializados que buscan altas rentabilidades –como Blackstone, Cerberus o LoneStar— o de gestores de activos —como Intrum o Aliseda— tampoco llegan a los promotores, que son quienes tienen los medios para desarrollarlos. Las inmobiliarias achacan ese obstáculo, en buena medida, a la falta de financiación. Antes del estallido de la burbuja del ladrillo, los bancos daban préstamos para comprar terrenos. Ya no. “Como los desarrollos se hacen a pulmón, los promotores buscan sobre todo suelos bien situados que estén ya casi preparados. Es más difícil que se arriesguen en terrenos que todavía requieran tiempo”, explica Díaz-Araque. Y añade que a ello no contribuye que el Congreso no haya sacado adelante una ley del Suelo sobre la que creen que hay consenso técnico. Ese proyecto buscaba aportar seguridad jurídica, evitando que años de tramitación urbanística quedasen en papel mojado por errores técnicos menores.Josep Roca Cladera, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) e investigador del Centro de Política del Suelo y Valoraciones, estudió ampliamente la cuestión durante los años de la burbuja —cuando también abundaban en el sector las quejas por la falta de suelo— y es contundente: “Nosotros nos centramos en la región metropolitana y en Cataluña y llegamos a la conclusión de que no es cierto, no falta suelo”. Roca Cladera, además, recuerda que las estadísticas de Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, arrojan que España es el país de la Unión Europea con más suelo disponible para urbanizar. “No se puede achacar el encarecimiento de la vivienda a la falta de suelo”, concluye. “Está claro que si se construyesen de golpe esos tres millones de pisos que podrían levantarse en zonas urbanas los precios se hundirían de golpe”, sostiene Ezquiaga. Pero los promotores ven complicado que esa historia pueda ocurrir, puesto que requerirían un capital, una mano de obra y unos suministros que ahora no vislumbran.
El Gobierno vasco sube desde este martes el pago máximo a los propietarios que cedan su piso al alquiler socialEl programa Bizigune pagará hasta 822 euros mensuales por un piso en Bilbao, mientras que las familias con ingresos de hasta 46.463 euros podrán acceder a una renta social pagando el 30% de su sueldo11/05/2026 Actualizado a las 15:03h.El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado este lunes el decreto del 21 de abril de medidas urgentes en materia de vivienda que modifica doce disposiciones en vigor y complementa lo dispuesto en la Ley de Medidas Urgentes. Por ejemplo, el programa Bizigune, por el cual propietarios ponen su piso a disposición del Gobierno vasco a cambio de una renta tasada durante 6 años y la devolución en el mismo estado, se abre a las clases medias y la renta máxima para acceder a un piso de estas características se elevará a los 46.463,29 euros.El Gobierno vasco cobrará a los inquilinos un máximo del 30% de sus ingresos. Ello posibilitará que más demandantes se inscriban en esta modalidad. Por otro lado, los propietarios que cedan sus pisos a este programa recibirán hasta 700 euros mensuales o hasta el 95% de la renta media del alquiler del municipio si éste está declarado tensionado, lo que implica que el Gobierno vasco pagará hasta 998 euros en Donosti, hasta los 822 en Bilbao, los 731 en Irún o los 709 en Vitoria. En este sentido, Patricia Valle, directora de la sociedad Alokabide, que gestiona el programa, animó a los propietarios a sumarse al programa, «muy garantista, que implica el pago del canon 6 años y devolución de la vivienda en el mismo estado». Actualmente gestiona 7.500 viviendas y el objetivo es llegar a las 9.100, «un reto mayúsculo», según el consejero Denis Itxaso.También desde hoy, en Gaztelagun, programa creado en 2019 con el que se ayuda a los jóvenes a pagar alquileres en el mercado libre, se aumentan las rentas máximas que pueden pagar los jóvenes que solicitan la prestación hasta los 900 euros en las capitales, 800 en las áreas metropolitanas y en los municipios de más de 10.000 habitantes, y 750 euros en el resto. En los municipios declarados zona tensionada, esos límites podrán elevarse hasta el 95% del precio medio del alquiler. Además, los ingresos máximos para optar a esta ayuda se amplían hasta 30.000 euros para solicitudes individuales y 36.764 euros para dos personas. El programa incorpora el alquiler de habitaciones y subarriendo como modalidedes subvencionables (un máximo de dos ayudas por vivienda). En Alokabide, que gestiona estos programas y que espera un incremento de solicitudes de interesados desde hoy, se han actualizado los formularios, la app y otros canales. También desde mañana, se establece una reserva del 50% de las VPO para menores de 36 años.El decreto incorpora también un nuevo requisito de arraigo para acceder a los procedimientos de adjudicación en arrendamiento: será necesario acreditar un mínimo de tres años de empadronamiento en Euskadi. Otra de las novedades relevantes es la mejora del alcance del derecho subjetivo a la vivienda, una ayuda de 300 euros para las rentas más bajas. El decreto eleva en 1.000 euros los umbrales de ingresos para su reconocimiento. Y flexibiliza las condiciones para convertir locales comerciales vacíos en pisos al cambiarse el decreto de habitabilidad. Las lonjas que se podrán convertir en viviendas rondan las 7.500. Lo que se ha hecho ha sido eliminar la obligación de que sean esquineras, aunque se mantiene la superficie mínima de 35 metros cuadrados y la altura mínima de 2,6 metros. Los ayuntamientos pueden regular requisitos adicionales como salidas de humos. Además, el decreto permitirá a los mayores de 70 años que que pongan su vivienda a disposición de Bizigune acceder a un alojamiento dotacional en el que tener su autonomía pero compartir espacios con personas de otras generaciones y así afrontar la soledad no deseada.Las víctimas de violencia de género se incluirán 10 años en los cupos de adjudicación preferente. También se eliminan las ayudas para la instalación o cambio de calderas alimentadas con combustibles fósiles y se establece la obligación de la inscripción registral de limitación dispositiva de dominio de la vivienda durante 10 años, en relación con ayudas económicas por rehabilitación igual o superiores a 6.000 euros. Una limitación que impide vender, hipotecar o transmitir la propiedad durante dicho plazo. Y se crea una nueva subvención para adquisición de vivienda con destino a arrendamiento protegido. En el supuesto de que se trate de una vivienda libre que se ceda a Alokabide se podrá conceder 12.000 euros por vivienda si estas se destinan un plazo mínimo de 20 años al arrendamiento protegido con una renta máxima del 85 % del precio medio atribuible al municipio. También se permite el incremento del precio máximo de las viviendas tasadas si se acreditan costes de construcción excepcionalmente elevados.Perseguir los pagos en B en compra de VPOEn este sentido, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha lanzado una campaña informativa para recordar las medidas que se han activado para hacer frente a la estrategia habitacional y que se difundirá, hasta junio, a través de varios canales. Por ejemplo, se contempla la promoción de 7.000 viviendas de alquiler asequible hasta 2028, el despliegue de zonas tensionadas. También se crearán apartamentos intergeneracionales en Zorrozaurre y en Txurdinaga y en Intxaurrondo. Dentro del plan de vivienda, mientras, también se prevén levantes en edificios en los que se crearán otros 2.000 pisos y se ha creado una reserva estratégica de suelo.«Ya se han puesto en marcha todas las medidas contempladas en el plan de gobierno en solo dos años», ha expuesto el consejero Denis Itxaso, que ha recordado que se trabajará en el lanzamiento del seguro público Alokaplus para dar seguridad jurídica a los propietarios que dedican poner sus pisos en alquiler en el mercado libre a precios razonables (en zonas tensionadas o por debajo de los índices de referencia) y que se sumará a bonificaciones fiscales de hasta el 70% puestas en marcha por las diputaciones.El seguro se pondrá en marcha a final de año, al igual que el Fondo Social por la Vivienda, con el que el Gobierno vasco quiere apalancar hasta 2.000 millones de euros en inversiones para lanzar 10.000 viviendas asequibles adicionales. El Banco Europeo de Inversiones, el ICO e inversores vascos, que otorgará una remuneración moderada, con el objetivo de duplicar la capacidad de construcción en alquiler. El área de Vivienda, mientras, también trabaja en dar una solución a 500 viviendas de VPO en 2028 que serán desclasificadas en 2028. Además, se reforzará la lucha contra el fraude de vivienda protegida. Cada año, ha expuesto Itxaso, se producen unas 1.000 transacciones de VPO a precios tasados, como marca la ley, aunque en muchos casos, los vendedores exigen una cantidad adicional en sobre a cambio de los muebles. «Cuando se especula con VPO, deja de cumplir su principal función». El Departamento se ha reunido con las diputaciones para coordinar «mecanismos de colaboración» dirigidos a detectar estas prácticas.
Cita de: Manu Oquendo en Mayo 07, 2026, 20:17:49 pmLa pregunta clave --de imposible respuesta por los gobiernos socialistas desde González a Sánchez-- es cómo pudo Franco (sin IVA ni IRPF) construir 4.6 millones de viviendas sociales entre 1961 y 1975. 4.600.000. Nada menos.El resto, en mi modesta opinión, son ganas de perder el tiempo y calentar cabecitas.La única respuesta es que donde no hay mata no hay patata pero hay chorizos. Muchos.Y de momento lo que les mola es meter africanos musulmanes. En un país que se pasó 800 años echándolos.SaludosPor varios motivos. Primero, porque hacían falta, las ciudades se llenaban de "desertores del arado", aumentaba la población y el desarrollismo permitía generar más y más puestos de trabajo, la gran mayoría estables. El problema actual es un problema de precios, no de construcción. En el momento en que se arreglen los precios, volverá la construcción. Si mañana compro un coche, inmediatamente, del primer uso, el precio baja. Cuando después de diez años lo quiera vender, la rebaja irá en función de cómo conservo la chapa y pintura, de cómo he tratado la electrónica, de cómo suena el motor, del número de kilómetros, y un experto, pero de verdad, le echará un vistazo y le dirá al comprador si está cuidado más allá de lo que se ve, y ahí tendrá su precio, posiblemente, menos de la mitad. En cambio, la vivienda, se cuide o no se cuide, se pinte o no se pinte, sea más nueva o más vieja, siempre sube. Se están pidiendo precios por las que aquí en Albacete solemos llamar "casas baratas", grilleras de aquellos años sesenta, de más del doble de lo que se pedía hace una década. Casas que hoy son diez años más viejas, posiblemente con más problemas. Si los coches siempre subieran de precio a cada kilómetro efectivo, ya te digo yo que no se fabricarían más coches; nadie los mandaría a la chatarra. Para que se vuelva a construir, primero tenemos que arreglar los precios. Y antes que eso, y coincido con Asustadísimos, hay que cambiar la subjetividad de la mayoría natural. Y coincido con Tomasjos también que eso vendrá con una catástrofe colectiva. Nos hemos hecho daño todos, en mayor o menor grado, queriendo creer que eramos "ricos" sobrevalorando los inmuebles, y lo único que hemos conseguido es destrozar a tres generaciones para que después no haya nada que celebrar. Cuanto antes venga el desastre, mejor. Y tengo claro que va a ser la socialdemocracia la que gestione la transición, más que nada, por la sucesión de noticias, testimonios, pequeños y grandes dramas, propagandistas y voceros, artículos, libros y debates sobre el problema de la vivienda a los que como espectadores estamos asistiendo los últimos dieciocho meses. Para que la subjetividad colectiva impregne, primero se ha de cambiar la comunicación, algo que ya llevan tiempo haciendo, y también la memoria colectiva, muchas veces a través de problemas propios, cercanos, de familiares o amigos, o de gente que vemos en televisión. Y eso también lo estamos viendo. Cuando venga el desastre, y tengamos claro que el responsable es la vivienda, por segunda vez, nadie dirá que no a una intervención masiva en la vivienda, porque el desastre afectará a todos, por segunda vez. Y es más, a la política no le interesa la vivienda, solo hay que ver lo incómodo que es contentar a ambos espectros de la mayoría natural que simplemente vota, los propietarios y los no propietarios. Ya no hay pelotazos como los de antes, porque no hay crédito barato para trabajadores, y sus salarios son más bien magros. Todo lo contrario, la ausencia de vivienda asequible impide afianzarse en ayuntamientos o comunidades autónomas con mayorías absolutas como antes, el desgaste que sufren es creciente. A unos los entiende, y a los otros también. Pero ningún votante está contento, y así no se pueden ganar elecciones. Yo cada vez veo más vivienda en venta y en alquiler. La sensación de escasez es porque el posible comprador o arrendatario solamente busca pisos en el rango de precios que puede pagar. Y los precios actuales han dejado fuera a la gran mayoría. Los que podemos vivir con nuestros padres, teniendo un sueldo, seguimos haciéndolo. No es algo solamente mío, en mi grupo de amigos, todos los solteros, que somos mayoría, y algún divorciado, vive con sus padres. Podemos pagar un alquiler, pero entonces se nos va todo el salario en subsistir. Insisto que es un problema de precios. Que se esté acumulando necesidad de acceder a una vivienda año tras año tras más de una década de parón y no se hipoteque ni la mitad que en 2007, es una muestra del problema coyuntural existente. Mi abuelo, encofrador, pudo pagarse una vivienda en Madrid sin problemas. Mi otro abuelo, carpintero metálico, saltó tres veces de vivienda, mejorando sin tener que calentarse la cabeza. ¿Por qué? Porque los precios de la vivienda estaban adecuados a la capacidad de los salarios. Y como aquí se ha dicho más de una vez, cuando la vivienda baje, que lo hará, ese será el menor de nuestros problemas. Habrá vivienda asequible de sobra, habrá construcción, pero los problemas, que serán muchos, tendrán matices muy diferentes. Cada vez que un amigo me dice que hace falta oferta, le enseño los precios de Idealista, los de obra nueva, y le digo que, habiendo gran cantidad de obra nueva, alquiler de vivienda, de habitaciones o venta de segunda mano, por qué no se venden. En Albacete hay, solo en Idealista, 1190 pisos de segunda mano. Yo, teniendo un sueldo de 1400 mensuales estable y casi 43 años, no me quiero hipotecar más de 20 años y un máximo de 500 euros de hipoteca, porque tengo que comer, vestir, pagar suministros o tener para algún imprevisto, como un empaste o un cambio de gafas, que uso progresivas. Para un piso de 150.000 euros, aportando 30.000 euros, a 20 años y un tipo de interés fijo al 2 por ciento, me saldría a pagar 660 euros mensuales. Lo considero una barbaridad, pero si encontrara algo que está bien en Albacete, adelante, de perdidos al río. Pues bien, de las casi 1200 viviendas de segunda mano, solo podría adquirir una de entre 140 viviendas. La mayoría con más años de los que calzo, con una necesidad de reformas, y con edificios que acumularán derramas en los años venideros. Viviendas que no deberían costar ninguna más de 60.000 euros, y algunas, directamente, deberían ser derribadas para, entonces sí, construir. Insisto que el problema de la vivienda es un problema de precios, y es un problema de modelo muerto. Cuanto antes lo aceptemos, antes vendrán las reformas que permitan orientar la mirada a problemas que van a ser mucho mayores en las próximas décadas.
La pregunta clave --de imposible respuesta por los gobiernos socialistas desde González a Sánchez-- es cómo pudo Franco (sin IVA ni IRPF) construir 4.6 millones de viviendas sociales entre 1961 y 1975. 4.600.000. Nada menos.El resto, en mi modesta opinión, son ganas de perder el tiempo y calentar cabecitas.La única respuesta es que donde no hay mata no hay patata pero hay chorizos. Muchos.Y de momento lo que les mola es meter africanos musulmanes. En un país que se pasó 800 años echándolos.Saludos
Si queremos buscar culpables, lo primero que hay que distinguir son los tipos de culpabilidad.Si hablamos de culpabilidad moral, para mí es claro y evidente que el que alquila una vivienda a precios desorbitados es culpable. El que aprovecha su posición de dominio o la coyuntura para sablear al prójimo y vivir a su costa, sin aportar nada a cambio realmente, comete una inmoralidad. Vamos, que es mala persona.Por supuesto, sería caer en un buenismo infantil asumir que todo el mundo va a comportarse de acuerdo a cierta rectitud moral todo el tiempo. Para eso están las normas y la política, para controlar a esos parásitos antisociales que pretenden aprovecharse del resto. El problema aquí creo que radica en que los pseudovalores de esos aprovechados se han propagado demasiado, llegando a corromper los fundamentos morales de la sociedad misma. Por eso pienso que, hasta que no sea reconocida públicamente la inmoralidad de ciertos comportamientos, la solución (definitiva) del problema queda lejos.Dicho esto, si nos centramos en la culpabilidad política, podemos extendernos bastante. Podemos verlo desde una perspectiva histórica, empezando en los años ochenta, siguiendo por la liberalización masiva del suelo, la burbuja, el rescate bancario, la SAREB, los fondos buitre y la hotelización del inquilinato. Prácticamente todos los gobiernos desde hace cuarenta años han participado en sentar las bases del desastre que tenemos ahora.Por otro lado, como ya he insistido últimamente, reconozcamos que las competencias de vivienda están mayormente transferidas a las comunidades autónomas. La mayor parte de las normativas de vivienda son autonómicas. Eso incluye, por ejemplo, los pasos que hay que dar para aprobar un plan general de ordenación urbana o los requisitos medioambientales que hay que cumplir. También la política ejecutiva de vivienda le corresponde a los gobiernos autonómicos. Estoy convencido de que, dentro de sus competencias, podrían haber hecho muchísimo más de lo que han hecho. Y eso también se debe a las legislaturas anteriores, no solo a los gobiernos actuales.Y, si nos fijamos en los ayuntamientos, ahí nos podemos encontrar cosas terroríficas, empezando por el uso de la política urbanística para financiarse, las urbanizaciones fantasma, los solares eternos, los miles de viviendas ilegales, los planes urbanísticos de más de treinta años, los plazos legales que no se cumplen... por no hablar de los pelotazos y las recalificaciones a medida.Todo esto no quita que el gobierno central (y el congreso) podría hacer más. El estado es dueño de enormes bolsas de suelo, tiene acceso directo a las fuentes de financiación y aprueba la legislación básica. Indirectamente, además es responsable de que la financiación autonómica no se haya reformado. También hay que reconocer que las leyes que desmontaban parcialmente la hotelización del inquilinato se han aprobado recientemente.No creo, pues, que ningún nivel de la administración quede libre de culpa. Eso sí, creo que es justo que reconozcamos una buena propuesta cuando se hace, venga de donde venga. Y, a su vez, creo que cada uno es libre de opinar sobre si tal político o partido es de fiar o no lo es, o sobre si tiene intenciones espurias.Debatamos entonces sobre las propuestas y, por qué no, de si los políticos cumplen o no cumplen, pero no mezclemos las dos cosas. Eso sí, no nos traten de convencer de que la solución la tienen aquellos que no proponen nada de nada o, peor aún, de que lo que está ocurriendo es justo y necesario. Porque obviamente no lo es.